Una condena contra Cristina Kirchner se verá como la proscripción a la dirigente política más gravitante del país. Las consecuencias en el plano social son imprevisibles. Serán las de un país sin justicia.
El martes próximo el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto para la Argentina, no solamente para Cristina Kirchner y los demás acusados. Lo que resuelvan estos jueces tendrá consecuencias considerables y extendidas en el tiempo como resultado de un proceso plagado de irregularidades. Así como el ciclo de golpes militares culminó con la monstruosidad que personificaron Videla, Massera y Agosti, la obstrucción del sistema democrático por la persecución judicial conocida como lawfare iniciará otro ciclo con derivaciones dramáticas.
Habrá apelaciones y el proceso se extenderá indefinidamente para arrinconar a la expresidenta. Cristina Kirchner no tiene derechos especiales y tiene la obligación de acatar la ley como cualquier ciudadano. Es una realidad que en su caso hay un ensañamiento especial, pero ojo, porque también habrá consecuencias especiales por ese ensañamiento.
La vicepresidenta ha sido varias veces senadora, dos veces presidenta de la Nación y actualmente vicepresidenta. Son cargos electivos. Una y otra vez ganó elecciones o fue votada masivamente por millones de argentinos que se sienten expresados por ella. Es una ciudadana común, pero en su persona están representados millones de argentinos que, si resulta proscripta, serán procriptos con ella.
No es que por ese motivo tenga impunidad ante la justicia. La vicepresidenta se presentó cada vez que fue citada por los tribunales. No buscó la protección de los fueros, estuvo dos años sin cargos mientras hizo frente a las causas judiciales absurdas que montaba el juez Claudio Bonadio, con su palero, el fiscal Carlos Stornelli. Nadie puede acusarla de haber eludido la Justicia. Para cargar contra Cristina Kirchner tuvieron que buscar a Bonadio, uno de los personajes más turbios del Poder Judicial y, por esa razón, más vulnerable para las presiones por los numerosos pedidos de juicio político que tenía en la Magistratura.
El monigote judicial del lawfare
No eligieron la figura de un juez incorruptible, una especie de fiscal Ricardo Molinas, cuya sola presencia fuera garantía de imparcialidad y honestidad. Ningún juez con esas características hubiera aceptado convertirse en el monigote judicial del lawfare. Porque para emprender la campaña contra la ex presidenta había que usar trampas, aprietes, golpes bajos, darle credibilidad a acusaciones sin pruebas, montarse en el amarillismo de la prensa macrista, ser fiel a la estructura de los servicios de inteligencia que trabaja siempre para los poderosos, sin importar quién esté en el gobierno.
Y el fiscal Stornelli, la otra estrella del lawfare, ha sido una figura a la que ni pudieron presentarlo con el aura del fiscal sin miedo porque quedó entrampado en acusaciones de aprietes y extorsiones a testigos y acusado de espiar al ex esposo de su pareja. Stornelli es un fiscal que estuvo nueve meses en rebeldía porque se negaba a declarar en la causa del espía y falso abogado Marcelo D’Alessio con el que armaba las acusaciones. El que no quería presentarse era el fiscal que obligaba a comparecer a sus acusados.
El motivo por el que eligieron a estos dos personajes para causas tan importantes es evidente: había que hacer un trabajo sucio. Y mientras se sustanciaban estos expedientes con total impunidad, el trabajo sucio impune se fue convirtiendo en una práctica cada vez más común, con relaciones promiscuas entre jueces con Mauricio Macri y la premiación de funcionarios leales al macrismo con designaciones o ascensos irregulares. El foco infeccioso de las primeras causas se fue expandiendo hasta pudrir el fuero federal y la Corte.
La causa Vialidad, un ejemplo mundial de lo que no hay que hacer
La causa de Vialidad, sobre la que se tiene que expedir el tribunal este martes, ha sido un ejemplo de este funcionamiento perverso. La vicepresidenta enumeró por lo menos 20 mentiras sobre las cuales se instaló esta causa. La palabra “mentiras” expresa algo real, no es una exageración ni una metáfora: son acusaciones de la fiscalía que las defensas demostraron categóricamente que son mentiras.
El ex juez español Baltasar Garzón denunció a nivel internacional la persecución a Cristina Kirchner a través de la causa Vialidad y enumeró todas las irregularidades. «Si tiene algún valor es el valor pedagógico –dijo el juez Daniel Erbetta, de la Corte Suprema santafesina, a quien nadie podría acusar de kirchnerista–, porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez». El Grupo de Puebla, denunció también la persecución judicial contra Cristina Kirchner, la OEA y la ONU presentaron quejas en su momento por la manipulación de funcionarios judiciales durante el macrismo.
Hay un consenso internacional sobre la existencia del lawfare, sobre todo después del proceso contra Lula, en Brasil, que debió ser liberado cuando quedaron en evidencia las movidas ilegales entre los fiscales y el juez Moro. Son pruebas de la persecución orquestada por estos funcionarios y que en la Argentina han sido naturalizadas por la campaña de la corporación mediática y la cobertura que les proporcionan constitucionalistas afines como Daniel Sabsay o Roberto Gargarella. Como dijo Baltasar Garzón, la causa Vialidad “usa el derecho como arma de destrucción del oponente político”.
Para el mundo y para los argentinos en general, peronistas o antiperonistas, no existe la justicia en la Argentina. Los peronistas saben que todo lo que hagan en ese ámbito les será adverso. Y los antiperonistas se congratulan de haber colonizado jueces y fiscales porque aunque pierdan las elecciones, tienen la capacidad de impedir gobernar a los que ganen. Por esa relación perversa, la corporación judicial reclama cada vez más poder, hasta convertirse en el Partido Judicial.
Jueces y fiscales en vez de generales
A partir de 1930, para hacer política en Argentina había que saber los nombres de los jefes de cada regimiento y los resortes de poder que manejaban. Al quedar anacrónicos los golpes militares porque no ofrecían seguridad jurídica al flujo de capitales que generó la globalización neoliberal, comenzó a colonizarse el Poder Judicial y a judicializar la política. Fue un proceso ascendente, hasta la actualidad donde funciona una alianza entre el macrismo (PRO, radicales y Carrió) y el Partido Judicial.
Ahora, para intervenir en política hay que saber los nombres de los jueces y fiscales que funcionan en cada tribunal y a qué intereses responden. De ser una institución de la democracia, el esquema actual ha convertido a un sector importante del Poder Judicial en un obstáculo para la convivencia democrática.
Pero la historia demuestra que la expresión popular, sus reclamos en defensa de sus intereses, encuentra siempre la forma de hacerse escuchar y satisfacer. Con los militares, esa dinámica produjo un aumento progresivo de la violencia hasta su expresión más diabólica con el terrorismo de Estado.
Si los jueces de la causa Vialidad proscriben el martes a Cristina Kirchner en este proceso tan turbio, estarán proscribiendo a millones de argentinos. La putrefacción en el Poder Judicial tendrá que extenderse cada vez más para sostener la presión que generarán esos millones de personas fuera del sistema. Y cuanto más profunda sea la infección, la solución –la historia demostró que siempre llega– tendrá que ser más drástica. En el lawfare no hay próceres, hay funcionarios corruptos.