Un convenio firmado por los ministros de Educación y Agroindustria con transnacionales del sector y una cláusula del Acuerdo Nacional Minero abren la puerta a modificar la currícula
La aberrante concepción de la educación pública expresada en la ya célebre proclama de Esteban Bullrich en una conferencia de la UIA, cuando se presentó no como ministro de Educación sino como «gerente de recursos humanos», forma parte de un plan muy concreto: diseñar una escuela a imagen y semejanza del modelo de país que quiere Cambiemos, donde las palabras derecho o inclusión pierdan sentido, y el sistema educativo se convierta en un ancho campo de reclutamiento donde las empresas puedan elegir a los más capacitados. Y del mismo modo en que la historiografía oficial, mitrista, liberal, urdió la llamada «educación patriótica» y formateó luego los fundamentos doctrinarios y pedagógicos de la Argentina agroexportadora, «granero del mundo», el neoliberalismo del siglo XXI pretende avanzar en la construcción de nuevos contenidos curriculares, a tono con un modelo económico reprimarizado, extractivista, cuyos máximos beneficiarios son los agronegocios y la minería, los sectores concentrados a los que ya se les quitaron las retenciones a la exportación de sus productos, y que pasan a vertebrar el renovado axioma nacional. Repitan conmigo, chicos: «Somos el supermercado del mundo».
El 15 de junio pasado, el ahora saliente ministro a raíz de su precandidatura a senador por la alianza Cambiemos, firmó con su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile, un convenio «para fortalecer la educación agraria», que incluyó un acta compromiso con más de 45 empresas de agronegocios y entidades del sector para que se constituyan en «fuente de capacitación» para escuelas rurales.
«Pensando en que debemos convertirnos en el supermercado del mundo, recorrimos todo un camino con el ministro Buryaile y hoy la agroindustria sabe que se puede apoyar en la educación», dijo Bullrich. Su colega, también próspero descendiente de una familia de productores agropecuarios, resaltó a su turno «la sinergia del sector público y el privado» que supone el convenio, apuntando a «la cantidad de empleo y oportunidades que generan estas empresas». El acuerdo descansa básicamente en otro convenio de cooperación, rubricado ese mismo día por ambos ministerios con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la UATRE y más de 45 organizaciones y empresas del agronegocio, con el objetivo de que aporten contenidos y generen acciones en pos de «una alta capacitación en docentes y directivos de las escuelas y una mejor inserción laboral de los alumnos».
Así, la educación agraria que postula Cambiemos no quedará en manos de académicos y universitarios, ni hablar de agricultores familiares o campesinos, sino de las grandes trasnacionales como Monsanto-Bayer, Syngenta o Dow-Dupont. Estas firmas -como bien explica el último informe de Greenpeace titulado «Ley de semillas: el lobby de las empresas químicas», que identifica los vínculos con estas de 30 funcionarios del actual gobierno- «apadrinan», a través de membresías y convenios de financiamiento, a las organizaciones que se presentan ante la sociedad como entidades «sin fines de lucro» pero que ocupan un rol clave en el lobby agrario: Aapresid y Aacrea, pero también Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas) o Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología).
El convenio firmado por Bullrich y Buryaile oficializa una práctica que en realidad ya existe. Por ejemplo, el proyecto bautizado Aula Aapresid lleva cinco años recorriendo escuelas para difundir los beneficios del modelo de siembra directa. Sus objetivos: corregir «la poca, y a veces errónea, información existente acerca de las consecuencias y efectos que genera la producción agropecuaria en nuestro país», y «concientizar sobre el rol central de la Argentina como productor mundial de alimentos y la necesidad de dar respuesta a una creciente demanda de los mismos». La última visita fue al Instituto Provincial de Enseñanza Media N° 151 «Ignacio Urbizu», de Camilo Aldao, departamento de Marcos Juárez, Córdoba, el 11 de junio. El año pasado, un amparo colectivo logró frenar el programa «Mi escuela saludable», que desde 2012 había funcionado en 176 escuelas primarias porteñas, supuestamente para la promoción de buenos hábitos de alimentación, monitoreado por el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI). Entre las «empresas que brindan valiosa colaboración a ILSI Argentina», su sitio web enumera a Basf, Bayer, Dow Agro Sciencies. Monsanto y Syngenta, el oligopolio mundial de la producción de agroquímicos.
Así, las graves consecuencias para la salud de los agrotóxicos o la incidencia del modelo a gran escala de siembra directa en las recurrentes inundaciones difícilmente formen parte de los contenidos escolares. El 13 de junio pasado, un centenar de asambleas, ONG, académicos y universidades nacionales volvieron a exigir la sanción de la Ley de Humedales. «Estas catástrofes, cada vez más frecuentes, están vinculadas con el desmonte de bosques nativos y el relleno de zonas inundables para emprendimientos agropecuarios», dice la carta enviada a los diputados, y señala los peligros de «un modelo de desarrollo que en su afán productivista omite las condiciones más elementales de sustentabilidad socioambiental». Una discusión que no debería llegar a las aulas.
Minas fieles de gran corazón
El lavado de cara educativo será más arduo en la otra gran actividad extractiva que impulsa el gobierno macrista: la minería. Pero ya se puso en marcha. El mismo día 13, Mauricio Macri firmó con 14 gobernadores el nuevo Acuerdo Federal Minero. «Esto no significa sacrificar el medio ambiente, sino abrirle puertas al desarrollo», observó el presidente. El sistema educativo tendrá la dura misión de convertir esa máxima en una verdad pedagógica. El punto 3 del acuerdo, titulado «Aspectos educativos y formativos», fue prolijamente elaborado entre la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y los ministerios que conducen Esteban Bullrich y Juan José Aranguren. Explica que «con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y estos tengan fundamento científico -lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad-, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad minera.»
Varias provincias desistieron de firmar el acuerdo, sobre todo aquellas, como Chubut y La Rioja, donde la megaminería trasnacional generó importantes luchas sociales y fue prohibida por ley. Sería escandaloso que los alumnos de localidades como Famatina o Esquel -donde en 2002, el 82% de la población votó un concluyente «No a la mina»- recibieran manuales escolares laudatorios de la actividad minera.
Soslayando los pasivos ambientales que deja la actividad o repetidos incidentes como los de Veladero, Marcelo Álvarez, director de Asuntos Corporativos de la minera canadiense Goldcorp y titular de la Cámara, sintetizó las aspiraciones del sector: «Los manuales de educación de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante, cuando el país promueve su desarrollo. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería. Se podría cambiar parte de la currícula de Ciencias Naturales. Si tenemos un desarrollo minero como lo tuvo Chile, no solo se cambiará la currícula, también buscaremos generar más espacios de estudio en las universidades. No tenemos la cantidad de recursos humanos capacitados para el desarrollo minero que esperamos».
Otra vez, el Acuerdo Minero generalizaría en la educación pública una estrategia que las empresas ya practican. Desde 2013, el proyecto educativo «Un mundo de minerales», que motoriza CAEM , ya visitó 180 escuelas de todo el país, alcanzando a más de 13 mil chicos de tercero a sexto grado. Entre sus objetivos manifiestos, cita el de «transmitir con claridad la noción de que todo lo que hacemos o necesitamos está vinculado a la minería». Entre los materiales que reparte a los alumnos, está la simpática colección titulada «¡Pucha, qué tesoro!», que cuenta, por ejemplo, la historia de dos novios que se regalan anillos de compromiso, para luego explicar qué es el oro y cómo se extrae. Omite mencionar el cianuro que se utiliza para separarlo de la roca. «
En San Juan, la piedra que no quería ser extraída
En 2011, un manual de Educación Ambiental publicado por el Ministerio de Educación que conducía Alberto Sileoni, con fuertes críticas a los procedimientos contaminantes de la minería a cielo abierto, jamás llegó a repartirse en las escuelas de San Juan. El año pasado, el Ministerio de Minería provincial puso las cosas en su lugar, y editó tres libros infantiles que destacan los beneficios de la actividad. Entre ellos, Piedra y Montaña cuenta la historia de una piedra (que evidentemente contiene oro) que tiene miedo de ser extraída. «Solo así podrás transformar al mundo y beneficiar a mucha gente, convirtiéndote en autos, casas, juguetes, medicamentos, aviones, celulares. Todo lo que rodea al hombre es minería, piedra amiga», dice Montaña.
Cobre, una apuesta del Grupo Macri
La participación del Grupo Macri en el sector minero siempre fue marginal, pero el nuevo auge que impulsa el gobierno para la actividad le da nuevas perspectivas. En 1997, Franco creó Minera Geometales, apuntando a tareas de relevamiento geológico para la exploración de cobre y oro. Hoy la compañía forma parte del grupo Obras, Desarrollos y Servicios (ODS)y opera yacimientos propios en el «Anillo de Cobre El Teniente», en 5000 hectáreas del sudoeste mendocino.
Marco jurídico
La Ley General del Ambiente Nº 25.675 prevé en su artículo 14º la implementación de la «educación ambiental» como «el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible». Será complejo vertebrar en este marco jurídico los contenidos proagronegocios y promegaminería que quiere impulsar el gobierno.
Los bancos también
El sector bancario tiene un viejo proyecto en carpeta: el de incorporar a las finanzas dentro de los planes de estudio de las escuelas primarias y secundarias. En el último tiempo hubo algunas reuniones entre representantes de las cámaras que reúnen a los bancos con funcionarios para tratar el tema. Un ejemplo que se usó en esos encuentros es el caso español, en donde la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España trabajan con los ministerios de Economía y Hacienda en acciones conjuntas para difundir la educación financiera en todos los ámbitos. En la educación formal esto se ve en el programa de la materia Economía de cuarto año de la secundaria. Los estudiantes de 15 años aprenden a «saber si llegaremos a fin de mes con nuestro sueldo y si vamos a necesitar un plan de pensiones privado». La forma que buscan los banqueros para ingresar a los planes de estudio recuerda a la que se empleó para meter contenidos contra el derecho de huelga y de protesta en un manual educativo que detallaba los componentes de una noticia. Casualmente, se empleó un editorial del diario Clarín que criticaba una movilización sindical al Congreso en el año 2004 con argumentos similares a los que se emplean hoy para criticar la lucha popular.
Vidal cedió con los docentes bonaerenses
En la reunión número 14, celebrada días atrás, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal se movió del techo salarial fijado por la Nación y ofertó un 27,4% de incremento salarial a los gremios que integran el Frente de Unidad Docente bonaerense que, en esta ocasión, resolvieron poner la propuesta a consideración de las bases. La respuesta llegará en unos días. Durante el encuentro en el Ministerio de Economía, los funcionarios de la gobernadora ofrecieron una recomposición global que incluye también parte de lo perdido por la inflación en 2016 y sumas en concepto de material didáctico pagado por la Nación. En concreto, la propuesta es 2,5% por 2016, lo que lleva el salario inicial de diciembre de 9800 a 10 mil pesos; más 21,5% por 2017 con cláusula gatillo; más un 3,4% conformado por los dos montos a cuenta que el gobierno pagó en marzo y en mayo -que no serán descontados sino que formarán parte de la recomposición 2016- y dos cuotas de 800 pesos en concepto de material didáctico, a pagar en septiembre y octubre, hasta dos cargos. La suba global, según estimaron los gremios, es del 27,4 por ciento.