Para recuperar la mayor parte posible de los U$S de los 300 millones de dólares que el Banco Nación le prestó a Vicentín, Silvina Batakis, su presidenta, dijo que en la entidad pública se analiza la posibilidad de hacer una propuesta para intentar la continuidad operativa. “Queremos evitar el desguace”, afirmó Batakis.
Sin embargo, fuentes del Nación aclararon que la iniciativa no es para que la entidad bancaria se convierta en accionista de una empresa agroindustrial, porque ello “no es posible” por estatuto. La intención sería “formar parte de una negociación más amplia”.
El período de concurrencia (cramdown) fue abierto el lunes 18 y se extenderá por 8 días hábiles.
En 2020, el presidente Alberto Fernández impulsó la intervención y eventual expropiación de la compañía, pero finalmente dio marcha atrás.
El martes 19, trabajadores de Vicentín volvieron a movilizarse en Reconquista ante el juez de la causa, Fabián Lorenzini, para pedir la homologación del plan de pagos, que incluye un pago de U$S 30.000 para cada uno de los acreedores (1290), avalando la propuesta de Vicentín que pretende quedarse con la empresa pagando unas monedas. La deuda total de la cerealera asciende a U$S 1.500 millones.
La empresa de capitales argentinos se declaró en quiebra en el 2019 un día después de que el Banco Nación, bajo la gestión macrista, le preste 300 millones de dólares. A este robo hay que sumarle la deuda con productores, cooperativas y acopiadores. Sin contar los fraudes y las maniobras de la operatoria de la empresa con la subdeclaración de exportaciones o liquidación de retenciones, así como las amenazas de despido a sus trabajadores o el no pago a sus 5.000 empleados una vez avanzada la causa.
La intervención garantizó a los Nardelli la continuidad de sus negocios. Siguieron al frente del Puerto de Rosario, de las algodoneras y la cerealera. Y desde diciembre del 2021 el mismo juez Lorenzini ordenó a la AFIP que le permitiera a la empresa realizar exportaciones.
El pasado viernes 15 la Justicia rechazó la propuesta concursal de la firma: en una nueva estafa, la cerealera propuso pagar a 12 años el 30% de los casi 1.500 millones de dólares que adeuda. Según Batakis, la empresa ofreció pagar al Banco Central “a 56 años con quita de capital y sin intereses”.
Como señaló Octavio Crivaro, candidato a Diputado Nacional del Frente de Izquierda, “Vicentín busca una nueva estafa y evitar pagar su deuda”. Deben hacerse cargo: frente a la estafa de los empresarios, hay que expropiar sus activos sin pago y garantizar los puestos de trabajo. Para avanzar en una verdadera soberanía alimentaria es necesario un verdadero control estatal del comercio exterior y re-estatizar los puertos por donde salen todas las riquezas, lo cual permitiría dotar de mayores herramientas para «combatir» la inflación: combatir la especulación, las maniobras fraudulentas y la fuga de capitales, controlando los millones de divisas que entran por exportaciones, así como un freno al traslado de los precios internacionales de los alimentos al mercado local.
Comunicado del Soead Reconquista
Compartimos comunicado completo:
Desde
el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los
Departamentos General Obligado y San Javier, Soead Reconquista; nos
vemos en la necesidad de expresar el
descontento ante los últimos sucesos que son de público conocimiento,
conforme al estado de resolución de la concursada empresa Vicentín Saic,
que empañan nuestra labor como representantes de los trabajadores.
En principio, recordar y recalcar ante nuestros representados, la sociedad y los medios de comunicación que se hacen eco de la causa; que desde hace ya tres años venimos velando y obrando en pos de conservar y preservar todos los puestos de trabajo, sosteniendo que Vicentín es uno de los principales motores de la economía regional.
En función de esto, como Sindicato hemos hecho varias observaciones a la propuesta presentada por la empresa, ya que no contemplaba la continuidad y/o estabilidad laboral del mencionado Nodo Norte. Hicimos hincapié en que se deje expreso por escrito en el expediente de la causa, lo que reunión tras reunión sólo se comprometían en palabra, que era sostener y garantizar la continuidad productiva, y buscar nuevas posibilidades para la planta de la región.
La resolución del Juez entendido en la causa pone en manifiesto esta falta de propuesta real para con los trabajadores de la región expresado en las siguientes líneas, «No contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cual será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda (Santa Fe), durante el plazo de cumplimiento del acuerdo».
Por eso mismo, ante las recientes manifestaciones vertidas en los últimos días, de la que fueron partícipes en su gran mayoría familiares y administrativos de la empresa, que poco conocimiento tienen del curso de la causa; nos sentimos en la obligación de denunciar públicamente a una de estas trabajadoras que expresó que «el Sindicato está mojado políticamente por alguien de más arriba»; en la red social de uno de los programas de información más vistos de la región. Instamos así, a que se rectifique de sus dichos que no hacen más que agraviar y deshonrar la labor de esta institución, o invitamos a que manifieste en qué sustenta semejantes afirmaciones con pruebas fehacientes.
En este marco de incertidumbre y preocupación, queremos traer un poco de tranquilidad a los trabajadores y sus familias, y expresamos que muy lejos está aún la empresa de caer en el infortunio de la quiebra, y la única posibilidad que se conduzca a esa situación, es pura y exclusiva responsabilidad de la empresa y sus directivos.
Desde el Sindicato solamente apelamos al cuidado de cada una de las fuentes de trabajo, sus salarios y la continuidad de la empresa. Las puertas del mismo están abiertas a cualquier miembro de la comunidad que desee conocer el punto de vista de este Sindicato y de su lucha constante por mantener las fuentes de ingresos de sus trabajadores y la continuidad de la empresa.
“El Estado se puede quedar con Vicentín sin poner un solo peso”
El diputado santafecino, Carlos del Frade, le pidió al gobierno nacional que “se despierte” y haga una propuesta que le permita obtener mayoría accionaria “y así empecemos la construcción de una empresa mixta donde, con la visión estratégica del Estado Nacional, se metan cooperativas, sindicatos y empresas vinculadas a la producción agroalimentaria de todo el país”.
El juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó la propuesta de Vicentín y ordenó la apertura del período de concurrencia. La nueva instancia abre la posibilidad de que acreedores, trabajadores, y otros interesados puedan quedarse con patrimonio de la firma, como cobro de la deuda.
El periodista de investigación y diputado provincial de Santa Fe, Carlos del Frade, sostuvo que el juez que siempre había fallado a favor de la empresa, esta vez “rechazó lo que más que una propuesta fue una provocación de Vicentín, ya que ofrecía pagar a los 1.268 acreedores que tiene la causa en un plazo que va de 15 a 30 años y solo el 20% de la deuda, y además dejaba sin garantía de trabajo a la cuna de Vicentín que es el nodo norte de la provincia de Santa Fe, donde empezó la empresa en 1929 en Avellaneda, Reconquista”.
Y agregó: “En su resolución Lorenzini habla de la falta de garantía de trabajo, y justo ahí (Avellaneda, Santa Fe), en estos momentos, hay una movilización a favor de Vicentín”.
“No solo estafaron, sino que fugaron 791 millones de dólares entre agosto de 2019 y enero de 2020, como quedó demostrado en la causa penal que inició el fiscal (Gerardo) Pollicita en Buenos Aires y que resolvió esto ya en julio de 2020”, explicó el diputado.
Pollicita había pedido la inhibición general de bienes del expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, en la causa que investiga presuntas irregularidades en créditos entregados durante el macrismo a la cerealera. La inhibición incluyó a 26 exfuncionarios, entre ellos el exvicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach, y de autoridades de Vicentín.
En su reciente fallo, el juez Lorenzini consideró que la propuesta de Vicentín “surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”, y que el programa “no ofrece pautas claras para los acreedores que deberán esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos”.
En ese sentido, ordenó que se establezca el cronograma definitivo para el período de concurrencia. De esta manera, la empresa pierde la exclusividad para hacer propuestas de pago a sus acreedores y abre la posibilidad de que nuevos interesados presentes ofertas de pago superadoras.
Fuentes: Radio Gráfica, Clarín, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario
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