A precios irrisorios, un empresario de la construcción compra tierras que pertenecen a los aborígenes por ley bajo serias sospechas de negociados con el gobierno chaqueño. En los 90, la provincia tenía 4 millones de hectáreas aptas para cultivo que pertenecían al Estado, mientras que en la actualidad sólo le quedan 700 mil hectáreas, ya […]
A precios irrisorios, un empresario de la construcción compra tierras que pertenecen a los aborígenes por ley bajo serias sospechas de negociados con el gobierno chaqueño. En los 90, la provincia tenía 4 millones de hectáreas aptas para cultivo que pertenecían al Estado, mientras que en la actualidad sólo le quedan 700 mil hectáreas, ya que el resto fue entregado a inversores privados.
Se llama Victorio Américo Gualtieri, más conocido por su cercanía con Eduardo Duhalde. Al mismo ritmo que el ex presidente gobernaba Buenos Aires con varios millones para obras públicas, Gualtieri se convirtió en el contratista más importante de la Argentina. Por aquellos años, el aumento de su patrimonio fue exponencial: pasó de 3 millones de pesos en 1992 a 196 millones seis años más tarde.
Pero la caída del duhaldismo parece haber fortalecido los reflejos de Gualtieri para hacer negocios con el poder y apuntó sus cañones al impenetrable chaqueño donde mantiene un conflicto con las comunidades aborígenes que rechazan el proceso de liquidación de tierras fiscales impulsado por el actual gobernador Roy Nikisch. El destino de esas tierras es en su mayoría la agricultura, previo talado de los bosques y selvas nativas. Son en total 10 mil hectáreas las que Gualtieri compró por la módica suma de 45 pesos la hectárea. Una ganga, si se tiene en cuenta que a esas tierras se le deben descontar gastos administrativos, con lo cual el precio final es de 10 pesos la hectárea.
Los expertos valúan esas tierras en 600 u 800 pesos, y en un cuarto de su extensión ya están desforestadas para usos de siembra, así que en rigor, el valor real no podría ser inferior a los 1.000 pesos.
La operación se concretó a partir de los contactos del constructor con la gobernación chaqueña, más precisamente con el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Hugo Daniel Matkovich.
Varios son los motivos que persiguen los grandes empresarios al comprar tierras en el Chaco: inversiones inmobiliarias para especular; explotación forestal; blanqueo de dinero; o narcotráfico facilitado por el escaso control del tráfico aéreo proveniente de Bolivia o Paraguay.
Pero más allá de esos motivos se trata de una región con riquezas naturales: una de ellas es la presencia de quebrachos. Por cada árbol se obtienen cinco durmientes, y cada uno se cotiza a U$S 8, lo que implica que con un solo árbol se obtienen 40 dólares, suficientes para comprar tres hectáreas.
En la superficie también hay algarrobos y otras especies autóctonas mientras que en el subsuelo se encuentra una ramificación del Acuífero Guaraní -conocido como Acuífero Toba- y hasta habría presencia de hidrocarburos no explotados.
En el detalle de las adquisiciones realizadas por los Gualtieri el 4 de enero último figura que Saverio Nicolás Gualtieri compró las parcelas 165 y 166 -con un total de 5.019 hectáreas- a un costo de 225.855 pesos, mientras que Victorio Américo Gualtieri adquirió las 4.980 hectáreas de las parcelas 2003 y 2004, a un costo de 224.100 pesos.
Según el abogado chaqueño Walter Zanuttini, en el caso de Gualtieri se violaron todas las cláusulas que existen para beneficiar a un comprador de tierras: «Hay que vivir por lo menos tres años en el lugar, ser productor o hijo de un productor, y pertenecer a una asociación sin fines de lucro. Pero aquí nadie cumple con esas normas. Aquí el proceso es truchear documentación, arreglar directamente con el Instituto de Colonización y quedarse con tierras muy productivas, que permiten entre otras cosas la obtención de soja, el elemento que hoy todos ansían en el mercado».
Por la compra de estas tierras, representantes aborígenes y militantes del Movimiento Evita que dirige Emilio Pérsico escracharon el 1º de junio a Gualtieri en las oficinas que el empresario tiene en el centro de La Plata. Además del reclamo por haber comprado tierras adjudicadas a los aborígenes, el escrache incluyó un pedido para que Gualtieri salde sus deudas con la municipalidad de Concordia, también en esa provincia.
Por otro lado, el ARI que lidera la diputada Elisa Carrió, presentó un informe que comandó la diputada provincial Alicia Terada, titulado «El escándalo de la entrega de tierra en Chaco» donde se denuncia que «la tierra pública está siendo objeto de un plan sistemático, llevado adelante desde el Instituto de Colonización de la provincia en perverso aprovechamiento y violación de las leyes».
En 2003, Victorio Américo Gualtieri fue detenido en el Aeroparque porteño acusado del delito de contrabando de explosivos. La provincia de La Pampa había rescindido un contrato con Gualtieri para la construcción del acueducto Río Colorado. Pero al suspenderse la obra en cuestión, la empresa constructora de Gualtieri se fue a otra provincia, pero no retiró todas sus instalaciones. En ellas se encontraron maquinarias, herramientas y explosivos que eran utilizados para dinamitar los terrenos proyectados para el acueducto.
Para mala fortuna del empresario, cuando los peritos de Gendarmería verificaron los elementos explosivos, que son de altísima peligrosidad, descubrieron que no estaba especificada su procedencia y que habrían ingresado al país mediante una maniobra de contrabando. Después de avanzar en la investigación, el juez Zabala citó en varias oportunidades a Gualtieri para que explique el origen de explosivos utilizados y a utilizarse en la obra, pero el empresario nunca se presentó.
Antecedentes de Gualtieri
En 1996, el ex juez de Dolores Hernán Bernasconi allanó una de las empresas de Gualtieri, ya que el empresario se resistía a ser fiscalizado y controlado por una falla en sus aportes tributarios. Pero la situación más difícil que le tocó atravesar fue en 2003, cuando fue detenido por el delito de «contrabando simple» y «tenencia de explosivos sin autorización». La detención fue celebrada entonces por el ex intendente de La Matanza y actual presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, quien recordó que el empresario «dejó en banda a muchos bonaerenses». Balestrini, para ese entonces, ya se había pasado al kirchnerismo y estaba junto al ministro de Planificación, Julio de Vido. A los pocos días del arresto que se concretó en la ciudad de Santa Rosa, el juez federal pampeano, Jorge Zabala, decidió liberarlo bajo una fianza de 50 mil pesos.
Por aquella época otro escándalo golpeó al empresario. Se supo que el cinco de septiembre de 2002, Gualtieri había recibido cinco cheques de la gobernación de la provincia de Buenos Aires por un total de 336 mil pesos y 82 mil patacones. Fueron pagos por trabajos realizados por su constructora para el saneamiento de la cuenca hídrica del Río Reconquista. La obra fue adjudicada en diciembre de 1996, cuando Duhalde conducía la provincia más grande del país.
Seprin publicó en 2001 un listado de estatización de deudas, para que eventualmente los privados no pagaran más, algo así como la versión de Cavallo de estatización de la deuda. En el mismo Gualtieri figuraba con $105.000.000…
A Gualtieri se lo vincula con una larga lista de empresas como Agua de la Costa, Deltaagro (agricultura), Savinor y Cusama (forestación), Televisora Mesopotámica, Servir Video Cable, Carolina Cable Color, TVC Puntana, Telecable Sur, Tevecon, TVC Mercedita (comunicación), Lodeza Televisión, San Francisco Cable, Teleúnica, Televisora del Este, MCM System (todos comprados por Multicanal), también en el área televisiva, y Darmont (maderera). Pese a la caída del duhaldismo, Gualtieri no parece haber perdido influencia a la hora de hacer negocios fabulosos con el poder. En este caso llevó sus prácticas comerciales hasta la provincia del Chaco. Pero hasta el momento el gobierno encabezado por el presidente Néstor Kirchner, más ocupado en atacar y provocar al Ejército, y de adelantar las elecciones para marzo del año que viene, no se dio por enterado.
Hay que destacar que «la compra de tierras masiva» no es un hecho aislado. Llama la atención que «aparece la oposición cuando se trata de empresarios argentinos» y llama mas la atención del Gobierno y de las organizaciones intermedias que no protestan cuando se trata de empresas extranjeras»
ANEXO 1
La ley 4133 fue promulgada en enero de 1995. Para la adjudicación en venta directa establece que el postulante debe acreditar tres años de actividad continua y anterior a la fecha de la promulgación de esta ley. Este requisito fundamental casi nunca ha sido cumplido, con las consecuencias nefastas que están hoy a la vista de la opinión pública.
Precios viles e irrisorios
En el año 1996 se fijaron los precios para la adjudicación en venta directa de tierra fiscales en el Impenetrable. La resolución 0002, del 2 de mayo de 1996, dictada por el presidente del Instituto, Mario A. Sacchi, fue el instrumento utilizado para fijar los precios por hectárea para los distintos departamentos territoriales del Chaco. El mantenimiento de estos precios, con nulas o ínfimas actualizaciones, ha sido el mecanismo funcional al saqueo de las tierras fiscales, que se potenciara -de manera creciente- por la burocracia y la corrupción sistémica instalada en el centro del poder político y en la estructura administrativa de Colonización. El inevitable transcurso del tiempo, más la notable influencia de la devaluación y la pesificación aplicadas desde al año 2002, envilecieron e hicieron irrisorios los precios fijados para la venta de las tierras fiscales, abriéndose de ese modo el tórrido saqueo que aún se mantiene activo y coleante.
El esquema de precios
$ 2,00 (mensura)
Hasta 250 has: $ 2,50 $ 0,50 (tierra – 20% por servicios) $ 15,00 (mensura)
Más de 250 has: $ 18,00 $ 3,00 (tierra – 20% por servicios).
Forma de pago y las mejoras
El precio de la venta debe ser cancelado en cinco años, a través de pagos anuales, más la realización de las mejoras prometidas. Sin embargo, si la mensura se efectúa anticipadamente, se realizan quitas importantes, de modo que se beneficia a los que gozan de mayor caudal económico, quiénes terminan pagando precios casi simbólicos. Contrariamente, el valor de la mensura prácticamente impide la compra a los pequeños productores radicados en los campos fiscales, con lo cual no se fomentó la radicación de los mismos y de las familias de escasos recursos.
La superficie fiscal libre
No existen datos, como tampoco ningún relevamiento medianamente serio, que permita conocer la extensión actual de la superficie fiscal libre de ocupantes. En cualquier caso, la metodología que se sigue data de 1970. Es anacrónica y funcional al desorden y a la corrupción.
Superficie fiscal ocupada
Tampoco se conoce con exactitud, y detalladamente, la extensión y localización de los campos fiscales que se encuentran habitados por simples ocupantes, por adjudicatarios en venta o por arrendatarios que no tienen título de propiedad. Este esquema también fue y es funcional a la corrupción.
Unidades economicas en El Impenetrable
Según estudios agroeconómicos, la unidad económica para la actividad agrícola es de 650 hectáreas, mientras que para la ganadería es de 1.200 hectáreas. Sin embargo, se adjudicaron en venta directa tierras fiscales en superficies de 250 ha. y 500 ha. a pequeños productores, con lo cual se entregaron lotes que no constituían una unidad económica, violándose la ley que garantiza la unidad productiva como factor fundamental para la vida y el sustento de la familia campesina. En estos casos, se ha condenado a los pequeños productores y a sus descendientes a continuar viviendo en la extrema pobreza o en la indigencia, porque se les impide encarar la explotación de una actividad primaria sustentable y mínimamente rentable.
Organigramas y funcionamiento del Instituto
Existen dos organigramas en la estructuración de las dependencias y del personal del Instituto, aplicándose alternativamente uno de los dos, según las coyunturas o las conveniencias. El funcionamiento es caótico, con un gran desorden administrativo, que resulta funcional a la corrupción sistémica que se instaló a lo largo de toda la estructura del organismo con el objeto de saquear las tierras fiscales. Actualmente el organismo cuenta con 172 empleados, un presidente (Cogno), dos vocales (señores Geijo y Silvestre) y un gerente general (ingeniero agrónomo José E. Roibon, que es el organizador de todas las operatorias). Por diversos mecanismos, fundamentalmente a través del pago de comisiones, que comprenden viáticos, pasajes, automotores y otros gastos, que durante el año 2005 superaron los 10.000 días, el Instituto funciona bajo los efectos estructurales de la corrupción. No más de 30 empleados trabajarían por fuera del sistema administrativo desordenado y corrupto. En la sede central trabajan 113 personas, de las que no más de 20 se desempeñan con transparencia, honestidad y responsabilidad, defendiendo el interés público. Se reconoce que del total de la dotación, existirían 10 personas con una situación patrimonial muy sólida y holgada, aunque perciben salarios medios según los recibos oficiales.
La organización
La organización se integró por los señores Sachi, Gasco, el ex vocal Moreno, que actualmente es el director de la Casa del Chaco y el ex vocal Puebla. Continúa con los miembros del actual directorio. El agrimensor Ciucio, ex personal del Instituto, gestiona desde afuera. Los agrimensores Robeff , Ciucio y Di Petrio son los dos profesionales que realizan la mayor cantidad de mensuras. Después aparecen los profesionales relacionados (Alvarenga, Pila, Molina, Fretes, etcétera). También actúan los agentes, grupos y sectores económicos que inician y cierran los negocios.
Las gerencias
La Gerencia de Administración está a cargo del señor Rafael R. Reynoso, que ha sido responsabilizado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas. Indefectiblemente interviene en el procedimiento y decide sobre los aspectos esenciales de las actuaciones administrativas. La Gerencia de Régimen de la Tierra se encuentra a cargo del ingeniero agrónomo Juan Francisco Alderete. Es una pieza clave y decisiva. Conoce en profundidad las actuaciones y los actos ilegales como funcionario técnico del Instituto. El agrimensor Carmelo Maciel también tendría un rol importante en el esquema trazado. La asesoría legal actúa, entre otros tramos, en la etapa de convalidación. Juan Francisco Alderete fue el autor del memorándum 0536, fechado el 2 de abril de 1998; a través de este instrumento sintetizó las mecánicas más paradigmáticas de la corrupción y del saqueo de las tierras fiscales. A instancia inmediata del entonces presidente del Instituto, ensayó una ratificación del contenido, seguida de algunas aclaraciones inconsistentes. El texto de este memorándum refleja magistralmente casi todo lo ocurrido durante muchos años en Colonización. Sin embargo, a pesar de que se conoce la existencia de este instrumento legal desde 1998, el festival de venta fraudulenta de tierras fiscales continuó cada vez con mayor intensidad.
Mercedes Maza
Es contratada de servicio a partir del año 2000. Se desempeña como encargada de la delegación de Fuerte Esperanza. Es a quien se atribuye el cobro sistemático de cuotas por adjudicación de tierras fiscales, otorgando para ello recibos informales. También cobraría comisiones por 20 días cuando se presenta en la delegación de Castelli o en la sede central del Instituto. Es puntera política de Angel Rozas. Es intocable. Estuvo y continúa vinculada con un paradigmático agente del Instituto, que activamente habría participado en el negocio de las transferencias o ventas indirectas, en las rescisiones de las adjudicaciones y en la división de las unidades productivas fiscales. Este agente, Héctor Rubén Kaluk, tuvo un desempeño tan peculiar y extraordinario que superó a todos, incluso a los más señalados. Actualmente vive en Salta, con muy buen pasar económico. En su momento gozó de la protección política del poder de turno, actuando con absoluta impunidad.
Oficina paralela del Instituto
No toda la documentación oficial se encuentra archivada en el organismo. Algunas de ellas, de fundamental importancia, están en lugares privados. En el barrio Santa Inés de la ciudad de Resistencia funciona una oficina paralela al Instituto. Se sabe que allí actuaría un agente público que se desempeña con el pleno conocimiento de la línea gerencial y de los miembros del Directorio.
Las negociaciones
La disposición de las tierras fiscales admite varias etapas de negociaciones, según la localización de las tierras, la extensión de las mismas, si se encuentran libres u ocupadas, con mejoras o sin mejoras o con mora en el pago del precio. De cualquier manera, encontramos repetidamente las siguientes operaciones: 1) El negocio de las mensuras, en manos de pocos profesionales. 2) El negocio de las transferencias o ventas indirectas. 3) El negocio permanente de las rescisiones de las adjudicaciones en venta de los campos fiscales y las posteriores ventas directas de los mismos. 4) La división de las unidades productivas en función de los incumplimientos de pagos de precios o de la realización de las mejoras por parte de los adjudicatarios; como ejemplo, citamos: una unidad productiva ganadera de 1.200 hectáreas se divide en dos porciones; la más pequeña se destina al adjudicatario en mora y la de mayor superficie se destina a las nuevas adjudicaciones en venta directa, a precios fijados por el Instituto, más el valor adicional que fija la persona o el grupo de negociación. Supongamos la venta de campo fiscal que supera la superficie total de 250 ha., que se vende a $18 la hectárea; habitualmente se le agrega $40, o más, como sobreprecio en el marco de la comercialización paralela. 5) Las estafas: Se estafa a compradores de buena fe, quiénes bajo la influencia del engaño y de la desmedida ambición propia, intentan comprar tierras fiscales a precios irrisorios, para lo cual deben efectuar un fuerte pago inicial a un intermediario (externo o interno del Instituto), que luego desaparece y la operación no se realiza. Existen varios casos denunciados bajo esta mecánica, utilizándose las oficinas de la Casa de Gobierno. 6) Los fondos: Encontramos cuatro variantes básicas en las negociaciones, que a veces se combinan: a) Un simple negocio inmobiliario, con un ahorrista o inversionista clásico. b) Un negocio forestal, en el cual se compra la tierra fiscal para directamente desmontar el bosque nativo, seguido del abandono del lote, que pasa a formar parte de los suelos desertificados. c) El negocio del blanqueo de plata negra o lavado de dinero de la corrupción o del narcotráfico, respectivamente. d) La compra de tierras fiscales para destinarlas operativamente al narcotráfico, como territorio de ingreso de drogas al país desde Bolivia y Paraguay, para ser redespachada hacia Buenos Aires y otras grandes ciudad de la Argentina y del exterior.
Concentración de la tierra y de las unidades productivas
La concentración de la tierra es un fenómeno de extraordinarias proporciones en la provincia del Chaco. El 7% de los propietarios, concentra el 70% de la superficie. Se han formado grandes latifundios, productivos e improductivos. El saqueo de las tierras fiscales ha sido funcional al modelo de concentración. Bajo ese esquema, durante la campaña agrícola 2003/2004, quedaron en pie solamente 20.000 unidades productivas, lo que refleja la extrema concentración actual de las tierras. Por ello, el 80% de la producción está concentrada en manos del 20% de los productores. Esto también explica que las 700 unidades productivas más importantes son de productores no residentes en el Chaco, porque al fenómeno de la concentración se agregó la desprovincialización de las tierras.
El caso de los Gualtieri
Victorio Américo Gualtieri y Saverio Nicolás Gualtieri: El 4 de enero de 2006 el ingeniero agrónomo y presidente del Instituto de Colonización, Roberto J. Cogno dictó la Resolución 0001, a través de la cual adjudicó en venta 4.980 has., 26as. 26cas, 81dm2. a Victorio Américo Gualtieri, a razón de $45 la hectárea. En la misma fecha, el presidente de Colonización dictó la Resolución 0002, por medio de la cual adjudicó en venta 5.019 has., 34as. 04cas a Saverio Nicolás Gualtieri, también a $45 la hectárea.
Las ventas correlacionadas suman una superficie total de 10.000 hectáreas, en clara violación de las pautas jurídicas que regulan la venta de las tierras fiscales. Estas dos operatorias, además de reflejar el fenómeno de concentración y desprovincialización de la tierra chaqueña, sintetiza los alcances del saqueo de las propiedades fiscales, que terminaron en manos de compradores paradigmáticos del escenario nacional, casi todos vinculados con el poder real de la vieja política.
Por si esto no alcanzara, el Instituto de Colonización vendió tierras de las reservas aborígenes. Esto colmó el vaso y contribuyó a consolidar y a unificar el proceso de protesta que actualmente desarrollan los pueblos originarios del Chaco, quienes finalmente predican que la provincia está administrada por un gobierno racista, que los discrimina.
Fuente: Diario Norte.