Fueron 15 muertes por mes en este país de 38 millones de habitantes, la mayoría a causa del llamado «gatillo fácil» policial, o por presunto suicidio en lugares de detención, aunque también por otras causas, dijo a IPS la abogada María del Carmen Verdú, responsable Correpi. La organización sostiene que desde la investidura del presidente […]
Fueron 15 muertes por mes en este país de 38 millones de habitantes, la mayoría a causa del llamado «gatillo fácil» policial, o por presunto suicidio en lugares de detención, aunque también por otras causas, dijo a IPS la abogada María del Carmen Verdú, responsable Correpi.
La organización sostiene que desde la investidura del presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003, los muertos por estas causas han sido 635. «Este gobierno enarbola la bandera de los derechos humanos como estrategia para captar a organismos humanitarios y sociales, pero adopta la represión policial como política de Estado», cuestionó Verdú.
Según la abogada, las situaciones de las víctimas de fuerzas de seguridad recogidas por la entidad revelan que el fenómeno «va más allá de desbordes aislados», y tampoco pueden ser atribuidas, como suele sugerir el gobierno, a «resabios de la dictadura», en alusión a la acción de ex represores del último régimen militar (1976-1983).
«Los asesinos de Lucas Ivarrola eran tres marinos jóvenes, menores de 40 años, hijos de la dictadura», remarcó. Ivarrola tenía 15 años y fue secuestrado este año en Moreno, en la oriental provincia de Buenos Aires, por tres hermanos miembros de la marina de guerra, los Romero, que lo acusaron de haberles robado un televisor.
El adolescente fue trasladado a un descampado, torturado, golpeado y baleado en la nuca. Su cuerpo apareció calcinado a pocas cuadras de su casa.
La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Kirchner no niega estos casos y los repudia con energía, pero la violencia persiste, a veces bajo su órbita y otras en distritos provinciales donde sus posibilidades de control de las fuerzas de seguridad son menores.
Este año, la violencia sumó una nueva modalidad, por ahora inclasificable: el secuestro y/o desaparición de personas que habían sido testigos en procesos contra uniformados torturadores en los años 70. Uno fue Jorge López, desaparecido en septiembre, y el otro Luis Gerez, secuestrado el miércoles y hallado con vida en la noche del viernes, tras un intenso operativo de búsqueda, con señales de haber sido torturado.
El no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también está preocupado por la violencia policial, pero sus denuncias, a veces coincidentes con las de Correpi, apuntan a limpiar las fuerzas de seguridad de agentes vinculados a la represión y capacitarlos en el respeto a los derechos humanos.
Correpi no cree en esta estrategia. Para Verdú, las sucesivas «purgas» realizadas en la desprestigiada Policía de la Provincia de Buenos Aires, con miles de uniformados separados de sus cargos, no impidieron que el distrito siguiera siendo el de mayor proporción de víctimas (47,4 por ciento según el informe de este año).
El archivo revela que el 42 por ciento de las muertes fueron perpetradas este año en comisarías y cárceles de todo el país, y en casi todos los casos las víctimas aparecieron ahorcadas. También había detenidos, sin proceso legal, que fueron apuñalados o carbonizados en incendios inducidos.
La segunda causa de las muertes es el «gatillo fácil». Sesenta y ocho por ciento de los muertos eran varones de entre 15 y 25 años de edad. Por ejemplo Jonathan Chandía, de 20 años, asesinado en la occidental provincia de Mendoza de un disparo en la nuca, en un episodio en el que la policía le atribuía un atraco.
Otro caso es el de Diego Coronel, de 21 años, muerto de un balazo en la bonaerense localidad de Adrogué, acusado por un policía provincial de intentar robarle la motocicleta. O el de Nelson Farías, 19 años, asesinado por la espalda por un agente policial de la misma provincia, al salir de una discoteca.
En otra modalidad que se repite, Juan Fleitas, de 15 años, iba pateando una botella de plástico por Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, cuando el envase hizo sonar la alarma de un automóvil. El dueño del vehículo, un policía, lo increpó y cuando el adolescente intentó huir le disparó por la espalda.
«La policía y las demás fuerzas de seguridad no tienen una política autónoma sino que cumplen con una tarea estatal de control social mediante la violencia», mientras que el gobierno las deja hacer, afirmó Verdú.