Violento desalojo de yerbateros: detención y represión policial

Durante la madrugada del sábado, el desalojo de la Infantería dejó un saldo de cuatro detenidos y la confiscación de tres camiones y tres tractores.

Se trata del acampe que sostienen los trabajadores y productores yerbateros en repudio al bajo precio que reciben por la yerba mate en el Cruce de San José, cerca de Posadas. “Desde que se dictó el DNU 70/23 desde la Federación de Trabajadores Agrarios de la República (FETARA) venimos reclamando tanto en Buenos Aires como acá en Misiones con movilizaciones, cortes de rutas, tractorazos. Ahora estábamos sosteniendo el acampe que es a la vera de la ruta.”, contextualizó Ana Cubilla, Secretaria General del SUOR y Secretaria Adjunta de FETARA.

En ese marco, la Infantería de la Policía de la provincia de Misiones realizó durante la madrugada del domingo un desalojo en el que se detuvo a cuatro personas, llevaron tres camiones y tres tractores y se emitieron órdenes de detención contra dirigentes de la protesta.

En el contexto del conflicto, y luego del desalojo falleció el productor Gustavo Gallardo, quien sufrió un accidente de tránsito mientras manejaba hacia su casa luego del desalojo: “Es un productor que iba desde el lugar de acampade a su casa, después de muchas semanas, la gente está muy cansada, y estaba lloviendo mucho, y tuvieron un accidente.”, informó Cubilla.

En esta línea, la dirigenta afirmó: “Entonces ya este conflicto yerbatero se cobró la vida de un productor. Si no hubiera DNU 70/23, y la desregulación del Instituto Nacional de la Sierra Mate, no hubiera habido movilización y si no hubiera movilización, el compañero no estaría cansado manejando hacia su casa después de la represión y el desalojo”.

Los trabajadores y productores yerbateros sostienen un acampe en denuncia del precio actual de la hoja verde, que asciende a $220 el kilo, lo cual no cubre los costos de producción, que es de $462 según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). También reclaman que Javier Milei nombre a un Director para el INYM. El DNU 70/2023, fue el que habilitó la desregulación del precio de la yerba, eliminando las facultades del INYM para fijar precios.

La intervención policial, amparada en una orden judicial, incluyó efectivos armados, lo que según los productores fue una clara intimidación. Además, este acto represivo no es aislado y se enmarca en un contexto de criminalización de la protesta social y de desprotección de las economías regionales.

Desde el sector yerbatero, se emitió un comunicado responsabilizando tanto al gobierno provincial como al nacional por la crisis económica que atraviesan, y por las políticas que permiten la represión en lugar del diálogo. Los yerbateros reiteran su compromiso de seguir luchando por un precio digno y por condiciones que garanticen su subsistencia.

Paro aceitero por Vicentín

La decisión de Vicentín Saic de abonar solo el 30% del salario de febrero a sus empleados provocó el anuncio de un paro nacional de trabajadores aceiteros, que ni siquiera alcanzó a iniciarse porque la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, el martes por la noche. Pero desnudó la jugada de la agroexportadora concursada, que “apura” al Poder Judicial para que resuelva el expediente mediante la homologación del acuerdo de pagos a los acreedores que tiene firmado, y que está cuestionado judicialmente.

“Ellos querían un paro nacional para tener impacto y que el poder apolítico apure a la Justicia para resolver el concurso”, dijo una fuente que participa de las negociaciones. “Pero les salió el tiro por la culata, porque la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), pidió la conciliación y los dejaron afuera”, abundó.

Efectivamente, el acta de conciliación obligatoria que evitó el paro nacional menciona a la Cámara y a algunas empresas, pero no a Vicentín. Por ese motivo, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo, mantiene la medida de fuerza que consiste en una “retención de tareas” en las plantas que la compañía administra en Ricardone y el puerto de San Lorenzo, según confirmó Martín Morales, secretario gremial de la entidad.

Conocido el anuncio del paro el martes por la tarde, la Ciara difundió un comunicado en el que señaló su “profundo rechazo a la decisión sindical de paralizar todas las actividades de la industria aceitera y exportadora del país por un conflicto sindical del que resulta absolutamente ajeno”.

“Vicentín y los sindicatos quienes deben resolver el asunto; establecer una mesa de trabajo y alcanzar los entendimientos necesarios y posibles, pero sin alterar el normal funcionamiento de toda la agroexportación”, añadió la Cámara. “Desde que entró en concurso, la Ciara le soltó la mano a Vicentín”, dijo la fuente. El comunicado agrega que “toda la Argentina está haciendo un esfuerzo sustantivo para estabilizar la economía nacional y nadie tiene derecho de poner este bien común en juego por un interés particular, por importante que pueda ser para los afectados».

Paralelamente, el juez del concurso de Vicentín, Fabián Lorenzini, firmó una resolución por la cual designó dos veedores y controladores de la administración de la empresa, sin desplazamiento del directorio. Una suerte de intervención suave. La cerealera, que está concursada desde marzo de 2020, estuvo intervenida por el juzgado civil y comercial de Reconquista hasta agosto pasado.

“Nosotros lo que pedimos el viernes (7 de marzo) en la audiencia judicial, y que lo pidieron varios, como el Grupo Grassi y el Banco Nación (que también son acreedores), es la intervención de la empresa”, dijo Morales. “Porque cuando terminó la intervención, el 31 de agosto del año pasado, empezaron los problemas de caja”, completó.

Morales recordó una frase que dijo en la audiencia del viernes 7 en el juzgado de Lorenzini, donde se reunieron las partes interesadas en el concurso preventivo de la agroexportadora: “Pongan a alguien para controlar a estos tipos, porque si no nunca va a alcanzar la plata”.

Sin embargo, el juez tomó un camino intermedio: no firmó la intervención de la administración de la empresa -atento a que el expediente está en manos de la Cámara Civil y Comercial de Rafaela, por decisión de la Corte Suprema provincial-, sino la designación de dos veedores para que pongan un ojo sobre los números.

“Se establecerá, por lo tanto, una veeduría de control y seguimiento de la administración, sin desplazamiento de los actuales directores, y por un lapso inicial de 120 días; prorrogables en virtud de las circunstancias imperantes a la fecha de su vencimiento inicial, o mediando una petición expresa del comité de acreedores en tal sentido”, dice la resolución firmada por Lorenzini.

En la audiencia del 7 de marzo, Vicentín expuso que “no contaban con la liquidez necesaria para afrontar el pago del 100% de los haberes correspondientes al mes de febrero de 2025 de su nómina salarial, cupo vencimiento operaba el día lunes 10 de marzo de 2025”. Lo cual, para el sindicato de aceiteros, se trata de una posible “extorsión” para que se defina la situación judicial.

Ante ese planteo empresarial, tanto el acreedor comercial mayoritario Grassi como los sindicatos del sector y el Banco Nación le solicitaron al juez la intervención. En la resolución del martes, Lorenzini señala que “este vaticinio -tristemente- se cumplió en el día de ayer (por el lunes) cuando la empresa en crisis anunció que abonaría solamente el 30% de los salarios de su plantilla”. Añadió en la resolución que “por lo tanto, consideramos razonable y ajustado de derecho asumir la instauración de mecanismos de seguimiento y control de la administración” de la cerealera.

El magistrado resolvió que “los expertos designados para cumplir este rol procesal concursal serán, el contador público nacional Andrés Shocrón y el doctor Guillermo Nudemberg, en mérito a su labor anterior, dado el conocimiento precedente de los negocios y operaciones de la sociedad concursada, y por su acreditada idoneidad técnica; y ostentarán un doble rol de consultores técnicos del comité de acreedores y auxiliares del tribunal”. Según lo que vean, el juez puede adoptar la decisión de intervenir a Vicentin.

Sigue el paro

La empresa se presentó a una audiencia en el ministerio de Trabajo de la provincia, de la que también participaron el Soea San Lorenzo y funcionarios de la cartera de Desarrollo Productivo de Santa Fe. “Intercambiamos opiniones y los funcionarios dijeron que iban a tratar de gestionar y ver en qué pueden colaborar para que el proceso salga adelante”, dijo Morales sobre el resultado del encuentro, que fue bastante magro.

El dirigente explicó que “sigue la retención de tareas en Vicentín” y también en Renopack -otra firma del grupo- “que no está concursada, no tiene ningún problema económico denunciado o registrado, pero también pagó solo el 30% de los salarios”.

Además, el dirigente de la conducción del Soea San Lorenzo dijo que también se retomó la medida de fuerza en la planta de biodiesel de Explora, ubicada en Puerto General San Martín, por el despido de cuatro trabajadores. La cartera laboral santafesina había dictado la conciliación obligatoria, pero al finalizar su plazo la empresa decidió mantener las cesantías, que para la organización sindical obedece a una cuestión de disciplinamiento de sus trabajadores, que reclamaron por la falta de pago de un bono contemplado en el acuerdo paritario del año pasado.

Los trabajadores también son acreedores

La firma que defaulteó 1.300 millones de dólares ahora debe sueldos.

«Yo lo dije cuando hubo tanta presión de una parte de la sociedad que decía ‘Todos somos Vicentín’: defendían a los estafadores. Bueno, este es el resultado, y no solo que no van a pagar los salarios, sino que no pagarán a nadie de los que estafaron antes de llevarse la plata quién sabe adónde», dijo Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Es que la aceitera que sigue en concurso de acreedores desde 2020 anunció el pasado fin de semana que pagaría solo el 30% de los sueldos a su personal.

Ahora, tal como el gremio advirtió el mes pasado, se cuece un paro nacional del sector ante el mal presagio de la continuidad de la empresa, ya sin contratos de fazón y actividad cero.

Hace dos semanas finalizaron los contratos de fazón que mantenían a la planta de Ricardone en actividad. Desde entonces, reina la incertidumbre.

A fines de febrero hubo una reunión entre ejecutivos de Vicentín y representantes gremiales. Allí los emisarios del directorio anticiparon este escenario.

En resumen, el directorio de Vicentín responsabiliza al concurso de acreedores y sus consecuencias por esta imposibilidad de pago. Viene de un par de reveses judiciales por su concurso de acreedores. Primero, la Corte Suprema provincial rechazó la propuesta de pago que había hecho el directorio por considerarla injusta e inconstitucional. Luego, un tribunal de segunda instancia prohibió alterar el patrimonio de la empresa concursada en lo que respecta a su principal activo, la fábrica de biodiesel Innova, con base en Timbúes. Algunos acreedores sospechaban que había un plan furtivo para desapoderar paulatinamente a Vicentín de Innova, en beneficio de su accionista mayoritaria, la multinacional Viterra (ex Glencore).

«Tuvimos una reunión con la empresa en Ricardone y nos dijeron que no sabían si el 28 de febrero podrían pagar. Que terminarían de pagar a medida que fuera entrando plata, pero no dieron ningún plazo. Y profundizaron aún más: que el problema no era solo de pago de salarios sino también la continuidad laboral por falta de producción. Porque los acreedores, que estaban dando la soja para su molienda, no le querían dar más trabajo. Y más allá de eso, si se la daban tenían que pagar por adelantado, así que estaban en una situación… es como pedirle al albañil que venga a hacer un trabajo pero que tiene traer los materiales y recién después se le va a pagar», graficó Yofra.

«La situación es complicada. Estamos pidiendo intervención al Estado nacional, que no nos atiende; y al gobierno provincial por obvias razones: el 90% de la molienda está en Santa Fe. Si esto persiste, seguramente habrá un paro nacional», confirmó el dirigente aceitero. 

«No sabemos si la situación financiera que describen es verdad, es creerles a los estafadores. No hay más incertidumbre sobre lo que vaya a pasar: ya está pasando. Estamos en manos de especuladores y con un Estado ausente, nacional y provincial. Como lo tuvimos cuando (Alberto) Fernández planteó la intervención y acá estaba (Omar) Perotti. También, como hoy, era un estado ausente», afirmó Yofra.

Habrá huelga nacional aceitera

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo anunciaron que a partir de las 6 de la mañana del miércoles 12 de marzo comenzaría una medida de fuerza conjunta en todas las plantas y puertos aceiteros del país. Es ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva salarial aceitera, el incumplimiento salarial de Vicentín SAIC y el incumplimiento de los derechos laborales en Explora SA Puerto San Martín.

Compartimos comunicado:

Ante la decisión de la CIARA y las empresas aceiteras de dilatar la negociación paritaria y las diferentes acciones en contra de las y los trabajadores que encabezan firmas como Vicentín, que no pagó los salarios, y Explora, que despidió a 2 trabajadores, iniciamos una Huelga Nacional Aceitera. Así lo definimos desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, conjuntamente con los cuerpos de delegados de las empresas aceiteras y de biodiesel de todo el país.

Vencido el 31 de diciembre de 2024 el acuerdo salarial de la paritaria aceitera hace más de dos meses que están demorando el diálogo con propuestas irrisorias o que son, directamente, una falta de respeto hacia los trabajadores que día a día producimos en las plantas de todo el país, rompiendo con la negociación que venimos realizando hace largos años. Por estas razones, esta medida es exclusiva responsabilidad de las cámaras y las empresas del sector que llevan adelante un grave e ilegal avasallamiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras.

Están intentando echar por tierra años de lucha sindical, con la cual logramos conseguir un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (artículo 116), que define al SMVM como la menor remuneración que debe percibir el trabajador en su jornada legal de trabajo de ocho horas, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

El accionar patronal, que impacta directamente sobre nuestros salarios, se parece demasiado a una revancha patronal, donde pretenden combinar el ajuste salarial y la militarización de plantas, como ocurrió en Explora. En el día de hoy, ante la Secretaría de Trabajo, Vicentín ha manifestado que tiene contratos con empresas como Bunge y ACA “por doce años, los cuales garantizan el pago de los costos de producción y los salarios. Estos contratos se harían operativos una vez homologado el acuerdo preventivo de acreedores”, acuerdo que ha sido rechazado por el Juez del concurso y por la Corte Suprema de Santa Fe.

Es claro el grosero accionar extorsivo de las empresas aceiteras, quienes utilizan a los trabajadores y sus necesidades como rehenes de sus disputas por quedarse con una torta más grande del negocio.

Por todo esto, es que decidimos iniciar una Huelga Nacional Aceitera desde las 6 horas de mañana para que terminen con la política de avasallamiento de los derechos laborales.

Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA)

Vicentín volvió a amenazar con no pagar salarios de febrero

Durante la última audiencia convocada por el juez del concurso, Vicentin expuso que enfrenta un déficit de $1.500 millones para cubrir los sueldos de febrero y su directorio culpó a la Corte Suprema de Santa Fe por frenar la homologación de su plan de pagos y no dejarla consolidar un nuevo fraude sobre los trabajadores y los productores vinculados a la empresa.

El conflicto en torno a Vicentín se agudiza. El SOEA y la Federación Aceitera anunciaron un paro nacional y de todo el complejo oleaginoso de la provincia si la empresa incumple, además de pedir la intervención judicial de la misma ante la falta de garantías en el pago de salarios. Los sindicatos vienen denunciando que la crisis y las estafas reiteradas de Vicentín, son producto del desmanejo de la empresa, que dejó de estar intervenida en septiembre pasado. Además, alertaron sobre el destino de los fondos que ingresan, como por ejemplo el 30% de la planta de Renova Timbúes (la mayor planta de procesamiento de soja del mundo) la cual Vicentín es dueña aun y deja un aproximado de U$S 15M anuales de ganancias.

Pero la cuestión es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los trabajadores y sus familias van a vivir esta incertidumbre? Son los trabajadores que vienen hace años sosteniendo la producción de la empresa a pesar de que todos los gobiernos y la justicia dejan pasar cada una de las estafas de la empresa como al Banco Nación, el vaciamiento de la fábrica y cada una de las maniobras que afecta el cobro de salarios y premios.

Por eso hay que construir una salida de fondo de y para los trabajadores. Frente a la amenaza del no pago de salarios, el paro aceitero nacional es una primera medida para responder a la prepotencia patronal como sucedió el año pasado donde con la huelga de todo el complejo oleaginoso se conquistó el aumento salarial que negaban las patronales. La única salida favorable a los trabajadores es con el paro, asambleas en cada fábrica, bloqueos, movilizaciones y construir la unidad con todos los sectores en lucha contra el ajuste y las patronales, sin esperar nada de la justicia y los distintos gobiernos que son quienes dejaron pasar cada uno de los atropellos de Vicentín.

La salida de fondo en Vicentín es echar a los estafadores y estatizar la empresa, bajo el control de sus trabajadores que son quienes la sostienen día a día. Sacando a los ladrones, se puede construir una Vicentín de los trabajadores que defienda los puestos de trabajo y ponga la producción en función de sus necesidades, de la población, del cuidado del ambiente, y no en función de un grupo empresario estafador.

Plenario solidario en la gráfica Morvillo de Avellaneda

El miércoles 5 por la tarde, se reunieron decenas de trabajadores de Morvillo, la Comisión de mujeres de los trabajadores y más de un centenar de personas solidarias en las puertas de la gráfica Morvillo. Los trabajadores anunciaron una movilización para el próximo miércoles 12 a la UIA para denunciar el cierre fraudulento que la patronal quiere imponer y además confluir con la ya conocida ronda de jubilados que se realiza todas las semanas en el Congreso de la Nación.

Entre las organizaciones solidarias que se encontraban, tomaron la palabra referentes de diversas organizaciones de izquierda, de jubilados, trabajadores docentes, de la Salud, directivos del SUTNA y del sindicato de municipales de Vicente López, trabajadores del Frente de Lucha Piquetero.

También participaron trabajadores de Madygraf (ex Donnelley) que en palabras de Marcelo «El Pollo» Ortega se dirigió a los trabajadores de Morvillo transmitiendo la solidaridad de parte de los trabajadores y trabajadoras de MadyGraf que tuvieron que enfrentar una situación similar en 2014. Comentó que, a pesar de la difícil situación económica, la asamblea de MadyGraf votó rechazar cualquier trabajo de Morvillo para apoyar la lucha de sus trabajadores y que se ponen a disposición de colaborar con los compañeros de Morvillo en la defensa de su puesto de trabajo y que si bien cada lucha es diferente y los trabajadores decidirán cuál es el camino a seguir, desde MadyGraf se ofrecen a apoyar en todo lo que puedan y aportar su experiencia en la gestión obrera en caso que los compañeros opten por esa opción, así como otros sectores en lucha como despedidos de ACUMAR, los trabajadores despedidos de Shell, Volkswagen, Pilkington, P&G que pelean contra los despidos discriminatorios y que dieron su apoyo para difundir y acompañar la lucha planteando la coordinación y dar la pelea juntos para que ningún trabajador quede en la calle, poniéndose a disposición de lo que decidan los propios trabajadores de Morvillo, también estuvieron presentes trabajadores de la lista Granate del Neumático y de la lista Violeta de Telecomunicaciones quienes donaron solidariamente $ 500,000 al fondo de lucha.

La juventud estudiantil también se hizo presente junto a estudiantes de la UBA y del Conurbano Bonaerense como la presidencia del CESACO de la UNLa, (Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria), de la UNDAV y del Centro de Veterinarias de la UBA, entre otras.

Fuentes: Comunicación CTA Autónoma, Página/12, Perfil, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario

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