Esta semana, la Justicia argentina hizo lugar a una denuncia presentada por el legislador porteño Alejandro Bodart y por el abogado ambientalista Enrique Viale contra la presidenta Cristina Fernández por la firma del decreto 929/2013. Ambos advirtieron que ese decreto beneficia a la petrolera Chevrón en sus actividades para la explotación del yacimiento en Vaca […]
Esta semana, la Justicia argentina hizo lugar a una denuncia presentada por el legislador porteño Alejandro Bodart y por el abogado ambientalista Enrique Viale contra la presidenta Cristina Fernández por la firma del decreto 929/2013. Ambos advirtieron que ese decreto beneficia a la petrolera Chevrón en sus actividades para la explotación del yacimiento en Vaca Muerta y alertaron por el riesgo ambiental que provoca la técnica de fracking.
«Se han violado leyes. El acuerdo violenta la Ley de Hidrocarburos de nuestro país, que protege al medio ambiente, y va a provocar daños irreversibles en la zona y para los pueblos originarios que la habitan», declaró el legislador de Nueva Izquierda al conocer la decisión de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la denuncia por él presentada en julio del año pasado.
En su momento, el fiscal federal Eduardo Taiano la había desestimado pero la jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió que se siguiera adelante con la causa, medida que ahora respaldó la Cámara. Taiano deberá por lo tanto elaborar un nuevo dictamen que impulse la investigación pedida por Bodart y Viale o bien será un nuevo fiscal quien deba hacerlo.
En un reciente comunicado, la asociación ecologista Amigos de la Tierra Francia afirmó que la Patagonia argentina se convirtió en el nuevo objetivo de las trasnacionales petroleras que se disputan la nueva «joya» de la industria: la formación de shale Vaca Muerta. Estos pulpos de los negocios mundiales buscan las garantías que les aseguren no solo rentabilidad sino también el marco legal adecuado que les dé seguridad jurídica. Y en ese sentido va la sanción de la ley que resolvió la expropiación del 51 % de las acciones de YPF y la firma de este decreto.
Los artículos 2 y 3 de la Ley 26.741 (mayo 2012) definieron explícitamente la integración del capital público y privado, nacional e internacional «en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales».
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país – dejando sin efecto el embargo por 19.000 millones de dólares que la justicia ecuatoriana decretó contra Chevrón – y la firma del decreto 929/2013, le acomodaron las piezas a la petrolera para que concluyera que invertir en Argentina resultaba un gran negocio.
El decreto en cuestión fue firmado por la presidenta en 2013, un día antes del acuerdo entre YPF y Chevrón. Por lo que es simple colegir que sus términos – si bien se hacen extensivos a cualquier empresa – hayan sido parte de las negociaciones con la petrolera.
La norma está destinada a empresas nacionales o extranjeras (y/o terceros asociados a ellas), que se inscriban en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que sean titulares de permisos de exploración y/o concesiones de exportación de hidrocarburos (otorgadas por el Estado Nacional, Provincial o Ciudad de Buenos Aires) y que presenten un proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos e inviertan durante los primeros 5 años del proyecto no menos de 1.000 millones de dólares.
Un rápido repaso de su contenido nos exime de mayores comentarios (1):
1 – Permiso para exportar libremente lo que produzcan
El decreto establece que el Estado no les hará ninguna retención sobre las divisas que cobren por las exportaciones que signifiquen hasta el 20% de lo que producen en hidrocarburos líquidos y gaseosos. Superado ese porcentaje se les retendrá. Por lo tanto no hay límite para que exporten lo que producen sino un monto a partir del cual se le retiene.
2 – Permiso para dejar fuera del país divisas de exportación
El decreto también habilita a estas empresas para que dejen fuera del país las divisas por la exportación del 20% de su producción.
Esta medida deja sin efecto un decreto que el Ejecutivo firmó en noviembre de 2011 (Dto. 1722) que obligaba tanto a petroleras como a mineras a liquidar en nuestro país la totalidad de las divisas provenientes de las exportaciones. En aquel momento esa medida no les causó gran perjuicio porque sus exportaciones venían en baja producto del agotamiento de los yacimientos. Y ahora, este último decreto las beneficia.
3 – Fin del desacople entre los precios nacionales e internacionales
El decreto establece en su artículo 7 que en caso de que la producción nacional de hidrocarburos no alcance a cubrir las necesidades internas de abastecimiento, si las empresas dejan en el país ese 20% que se les permite exportar sin retención, se les pagará un precio no menor al de exportación.
O sea, que el Estado les comprará el hidrocarburo a precio internacional. Si bien le abonará en pesos, el decreto les otorga el derecho prioritario a comprar divisas a precio oficial (más bajo que el paralelo).
4 – Más beneficios y más áreas de concesión
Como si estos beneficios fueran pocos, el decreto autoriza a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a otorgar otros beneficios complementarios.
Pero además establece que quienes tengan permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos, y que hayan sido incluidos en este Régimen, podrán pedirles a los poderes Ejecutivos concesiones de explotación de hidrocarburos No convencionales y también subdividirlas en nuevas áreas no convencionales. El plazo de la nueva concesión podrá ser de hasta 35 años.
5 – Sigue negando la existencia de pasivos ambientales
El decreto no hace ninguna referencia al problema de los pasivos ambientales para los cuales, se sabe, no hay manera de remediarlos completamente.
Por caso, el embargo que la justicia ecuatoriana decretó contra Chevrón fue por encontrarla culpable en aquel país de contaminación de 500 mil hectáreas, de derramar 103 millones de litros de crudo, arrojar 63.000 millones de litros de agua tóxica a ríos y afectar a 30 mil personas.
Sobre el acuerdo de YPF-Chevrón
Luego de firmar este decreto, se cerró el acuerdo entre YPF y Chevrón. Diferentes sectores políticos y sociales llamaron la atención sobre varias cláusulas que no se conocieron públicamente y que también benefician a la petrolera norteamericana. Esto en parte fue posible porque YPF siguió siendo luego, de la expropiación, una Sociedad Anónima y no una Sociedad del Estado, evadiendo de esta manera los controles públicos sobres sus operaciones.
Las llamadas «cláusulas secretas» (no secretas para quienes estuvieron presentes en su firma: la presidenta de la Nación, Cristina Fernández; el presidente de YPF, Miguel Galuccio; el ministro de Planificación, Julio de Vido; el actual ministro y entonces vice de Economía, Axel Kicillof; el gobernador neuquino Jorge Sapag; el presidente de Chevrón John Watson; y el representante de la firma para las operaciones de exploración y producción en África y América Latina, Ali Moshiri) establecerían que:
1 – En caso de incumplimientos o disputas la ley aplicable no sería la de Argentina sino la de la Nueva York.
2 – En caso de conflictos entre las empresas, la jurisdicción aplicable no sería la de los tribunales argentinos sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.
3 – YPF depositaría en sucesivas semanas 100 millones de dólares en un banco de los Estados Unidos en concepto de escrow (depósito o garantía) para que Chevrón pueda, eventualmente, cobrar de esa cuenta las futuras utilidades del negocio.
4 – La petrolera estadounidense quedaría protegida de las pérdidas financieras que pudiera sufrir ante cambios en los vientos políticos.
5 – La salida de la compañía no sólo podría concretarse sin penalización alguna sino que, además, Chevrón continuaría recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha antes de retirarse del país. En este sentido, Galuccio había dicho que «en una segunda etapa, tras el cierre de la etapa piloto, Chevrón podrá elegir si continúa con el desarrollo masivo o si se retira. En ese caso, solo tendrá derecho al 50 por ciento de la producción de los pozos perforados en la primera etapa».
Voces Internacionales contra Chevrón
El próximo 21 de mayo se ha instituido como el Día Internacional #antichevron. En nuestro país, la Red de Solidaridad con los Afectados por Chevrón, en conjunto con la Confederación Mapuche de Neuquén y la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, concentrarán en las oficinas de la petrolera en las ciudades de Buenos Aires y Neuquén. Además, en Buenos Aires se realizará una radio abierta a partir de las 15, mientras que en Neuquén la jornada se cerrará con una charla sobre el panorama petrolero actual, tras la firma del acuerdo YPF-Chevrón y el avance de los hidrocarburos No Convencionales.
Mientras, en el mundo se realizarán acciones en Ecuador, Estados Unidos, Nigeria y Rumania, que son los convocantes, y se espera que se sumen otras acciones en países como Brasil, España y Francia.
La fecha escogida es una semana antes de la junta anual de accionistas de Chevrón. Según la declaración hecha pública de los «Pueblos afectados por Chevrón en el mundo», dicha junta «se llevará a cabo en la mitad del desierto de Texas, en donde no habrá comunidades, activistas, prensa, ni nadie que incomode a la opulencia y al poder. Chevrón intenta esconderse. Solamente su Gerente General, John Watson, podrá ejercer su derecho a expresarse».
Pero, muy a su pesar, más temprano que tarde serán las voces de los afectados directos y de quienes se oponen a la impunidad de esta empresa y los poderes políticos que la apañan, quienes taladren el muro invisible de este gigante que mata.
Nota:
1) http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=467&Itemid=149.
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