Una mañana, la casi totalidad de la opinión pública argentina amaneció descubriendo que en plena capital del país, existía un parque de la nada despreciable magnitud de 130 hectáreas, el segundo en tamaño de toda Buenos Aires, llamado «Parque Indoamericano». Tal vez un puñado de vecinos, además de las autoridades municipales, tuviera preciso conocimiento de […]
Una mañana, la casi totalidad de la opinión pública argentina amaneció descubriendo que en plena capital del país, existía un parque de la nada despreciable magnitud de 130 hectáreas, el segundo en tamaño de toda Buenos Aires, llamado «Parque Indoamericano». Tal vez un puñado de vecinos, además de las autoridades municipales, tuviera preciso conocimiento de su existencia, carácter jurídico, y consecuente naturaleza pública. Pero no bastaba con verlo para deducirlo como podría hacerse fácilmente con otros tantos parques y plazas públicas porteñas por su estructuración y cuidado, aunque desigual según los casos. Ni aún los pocos que pasaron alguna vez a su vera podían sospechar que ese baldío mugriento, un verdadero basural a cielo abierto, formara parte del inventario de espacios verdes municipales. La expresión popular «tierra de nadie» podría ser su sintético y preciso significante, más allá de la inscripción catastral y de la abulia política que consintió esta situación a los largo de los años, que podría explicarse por el hecho de que se encuentra en el empobrecido y devaluado extremo sur de la ciudad. Si la inversión pública citadina es decreciente en general, al sur de la frontera social que de este a oeste traza la avenida Rivadavia, la declinación se convierte en un profundo abismo que refleja y consolida la desigualdad social.
No sucede lo mismo, en materia cognitiva, respecto a la inmigración. Todo ciudadano porteño tiene plena conciencia de la significativa afluencia extranjera porque convive con ella a diario y posiblemente disfrute de los bienes y servicios que el trabajo inmigrante produce. Encontrará inmigrantes en los supermercados, en la construcción, en el servicio doméstico, en la seguridad, pero también en los hospitales y servicios médicos domiciliarios, en las universidades, etc. Lo ha sido históricamente desde finales del siglo XIX, con algunos cambios de magnitud y mucho más marcadamente aún, de procedencia. Los empleadores de inmigrantes suelen aprovechar un excedente aún mayor, que en alguna oportunidad hemos definido como «plusvalía étnica». La vinculación entre una realidad desconocida, la del parque abandonado, y otra consabida, la del inmigrante explotado, se iluminó abruptamente como un rayo una vez que se conectaron la carga dramática del crimen de cuatro extranjeros (de entre los miles que intentaron asentarse desesperadamente en él) con el abandono político de la propiedad pública, su cuidado y gestión.
No parece razonable negar de plano la existencia de enfrentamientos reales, aunque ninguna de las especulaciones y tesis conspirativas posteriores, como la presencia de punteros de otras procedencias (macristas para el oficialismo nacional y kirchneristas para el municipal), patotas sindicales armadas, barras bravas, grupos de ultraizquierda, narcotraficantes, etc., han podido demostrar hasta ahora las responsabilidades más directas de ninguno de los señalados en la ejecución material de esta masacre. Tampoco es posible exculpar a priori a las policías federal y metropolitana que participaron en un primer momento del intento de represión, aunque una vez retiradas, la violencia y sus consecuencias recrudecieron aún más. Sólo es apreciable hasta el momento que con el incomprensible e irresponsable retroceso del Estado local y el nacional, los muertos y heridos graves pertenecen a un mismo sector: el de los ocupantes del Parque Indoamericano, un conglomerado heterogéneo de humildes de toda humildad, al borde de la indigencia, mayoritaria aunque no exclusivamente migrantes de países vecinos, que intentan una riesgosa estrategia de supervivencia, o tal vez de visibilización y reclamo.
No obstante, a los efectos de este artículo poco importa quiénes apretaron los gatillos asesinos, cosa que sí esperamos que dilucide la justicia, sino quiénes alentaron la violencia, construyeron y señalaron enemigos y pergeñaron intelectual e ideológicamente la masacre, además de poder caracterizar sociológicamente las razones del luctuoso suceso y las implicancias sobre el imaginario social y los ideales de solidaridad. Si un relato describe sintéticamente la putrefacción ideológica y cívica de esta tragedia es el de la ambulancia que logró superar la resistencia al ingreso al parque para socorrer heridos y cargó a uno de ellos, que fue inmediatamente sacado del vehículo por vecinos o militantes enardecidos rematándolo de un tiro en la cabeza. La ambulancia retornó al médico para su propia internación ante el shock emocional por el exterminio presenciado. El discurso hegemónico fratricida logró enfrentar a pobres de casitas de ladrillo hueco aún sin revocar ni terminar por dentro ni por fuera, afincadas legalmente con esfuerzo en los bordes externos del descampado, con los pobres ocupantes internos, acurrucados en tolderías anudadas de apuro en el día. Los pobres del ladrillito, la chapa y callecita asfaltada contra los pobres de la lona y el campamento sin dirección postal reconocible. Ambos recelosos, aturdidos por el odio mutuo, enfervorizados. El enfrentamiento del Parque Indoamericano del barrio de Villa Soldati es una figura sociológica cuya morfología resiste las geometrías simplistas y elude la ortogonalidad. Pero pueden trazarse algunas primeras aristas a mano alzada. La ocupación no es fruto de una manipulación de algún grupo interesado y tampoco el mero producto de la desocupación, sino el resultado de la informalidad laboral y la especulación con la renta urbana que multiplica exponencialmente un irresuelto déficit habitacional. Buena parte de los ocupantes tenía empleo, al menos temporal y en negro, y por lo tanto ingresos modestos pero reales.
La virtual ausencia de crédito hipotecario, por un lado, impide el acceso a la vivienda de buena parte de los trabajadores generando una creciente y sostenida demanda de alquiler con un consecuente incremento de los valores de la renta. La desconfianza en el sistema bancario, luego del corralito del 2002 y el bajo nivel de las tasas pasivas, por otro, ha estimulado la inversión inmobiliaria de grandes sectores económicos, como modo de resguardo y captura de renta creciente, facilitada por los incrementos de alquiler tanto como las exigencias formales y garantías para acceder a ello. El valor del metro cuadrado en cada barrio ya superó holgadamente el máximo histórico logrado en los ´90 con la plena vigencia de la convertibilidad. Por último, prevalece la tendencia hacia la demolición de las casas, particularmente las modestas, para la construcción de edificios de propiedad horizontal, incrementando exponencialmente el valor de la tierra (en proporciones muy superiores aún al de la superficie construida) y la cantidad de desalojos.
De todas formas, los sectores sociales que tomaron el parque de Villa Soldati y que hoy están tomando algunos otros predios menores en Lugano o el Gran Buenos Aires, no interactúan de manera directa con los agentes descriptos hasta aquí sino con una última capa de propietarios o usurpadores pioneros que comercia en negro con los trabajadores informales y los inmigrantes y con casi todas las fracciones más vulnerables de la población. Les alquilan piezas en inquilinatos o villas a valores exorbitantes, equivalentes o superiores al de un alquiler en los barrios privilegiados al que sólo pueden acceder los trabajadores formales, quienes además deberán involucrar codeudores de nivel socioeconómico aún mejor que el de ellos, que incluya el carácter de propietarios. Desde el punto de vista de la renta, el porcentual del alquiler en negro es excepcional. Puede llegar en ocasiones a alcanzar el 5% mensual, contra un 0,5% que en el mejor de los casos se obtendría por el alquiler legal de un departamento de categoría. En ocasiones hasta les simulan a los inquilinos intimaciones de desalojo cobrándoles también asesoramiento jurídico para supuestamente resistirlo.
No puede culparse exclusivamente al Jefe de Gobierno actual de la ciudad, el ultraderechista Macri, de algunas de las causas expuestas hasta aquí. El parque lleva quince años de inaugurado y pasaron cinco jefes de Gobierno que hicieron exactamente lo mismo que el actual: nada. La ausencia de políticas integrales respecto al déficit habitacional y la indiferencia respecto a la especulación inmobiliaria tampoco son nuevas aunque le cabe a Macri el record de subejecución presupuestaria en este área y la drástica reducción del presupuesto del Instituto de la Vivienda de 519 a 120 millones de pesos durante el 2009, lo que revela su desinterés y la orientación de sus prioridades. Pero a lo sumo el millonario agrava y profundiza un panorama de exclusión extrema históricamente instalado que los gobiernos jamás encararon. El gobierno nacional es corresponsable en lo que a las condiciones objetivas del conflicto refiere. No sólo por no haber podido encontrar caminos de redistribución del enorme crecimiento económico, particularmente para los sectores más sumergidos y excluidos de derechos elementales. Es inexplicable, además, el retiro policial y las demoras especulativas para el debilitamiento del gobierno porteño cuando iban sumándose muertos y heridos.
Pero el Jefe de Gobierno es el verdadero y único promotor intelectual de los crímenes. Encendió conscientemente la mecha racista, seguro de su previa instalación. Ya instalado el conflicto, sostuvo en lo esencial que la culpa era de los bolivianos, paraguayos y peruanos que entran libremente al país porque el gobierno no controla la inmigración, además de sugerir genéricamente el hecho de ser manipulados y dirigidos por mafias y narcotraficantes. En cualquier país con un mínimo de sensibilidad cívica, le cuesta el puesto a cualquiera que formule una boutade semejante, además de tener que dar cuenta jurídicamente por las consecuencias de ella. La xenofobia y la discriminación étnica o racial son ideas potencialmente criminales que convocan los peores miedos y prejuicios y normalmente anteceden y le dan impulso y supuesta justificación a la violencia física.
Obviamente la toma de un parque público no soluciona el problema, pero visibiliza un drama que requiere urgente solución y que Macri aprovechó para realizar una jugada de riesgo en su afán de ascenso en las encuestas: apelar al peor fascismo residual de sectores populares en los que no concita mayores simpatías para referenciarse inventando un enemigo externo e incitando a la lucha.
En la Argentina de estos días, se ponen en discusión, además de algunas soluciones habitacionales de emergencia, los anticuerpos sociales e ideológicos disponibles contra el germen ante la xenofobia, en cuyo seno, fecundan fobias más violentas aún.
Emilio Cafassi es Profesor Titular e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar