M.H.: Rogelio Frigerio, el Ministro del Interior, dijo que el aumento de las tarifas fue un error. Y Prat Gay, Ministro de Hacienda y Finanzas, anuncia que quiere que vuelva Repsol. ¿Qué ha significado Repsol para los argentinos en materia energética? G.L.: Repsol controló YPF entre 1999 y 2011. En 1999 hacen la llamada «oferta […]
M.H.: Rogelio Frigerio, el Ministro del Interior, dijo que el aumento de las tarifas fue un error. Y Prat Gay, Ministro de Hacienda y Finanzas, anuncia que quiere que vuelva Repsol. ¿Qué ha significado Repsol para los argentinos en materia energética?
G.L.: Repsol controló YPF entre 1999 y 2011. En 1999 hacen la llamada «oferta hostil» para controlar prácticamente el 100% del capital. Después de lo que fue durante los ´90 el proceso de desregulación petrolera en virtud del cual se terminó de desnacionalizar y vender YPF, se vendió en partes, en principio a capitales nacionales, viejas familias del mundo del petróleo fueron beneficiadas: los Gruneisen, Astra, Pluspetrol, Pérez Companc, más una serie de individuos que formaban la tecnocracia ligada a este capitalismo de Estado que hemos vivido desde el ´76 en adelante.
Cuando entran los españoles empiezan a generar un proceso de fuerte vaciamiento de la empresa que se sustentó en una política de superexplotación de los pozos que casi en un 100% había descubierto la vieja YPF estatal. A tal punto, que la tasa de explotación entre 1989 y 1995 había subido más de un 100% y desde que entran los españoles, de 1999 en adelante hasta 2005/06 sube más de un 300%, en campos descubiertos por YPF que fueron desarrollados y superexplotados por Repsol.
La contracara de esa superexplotación fue que bajo el período largo de presencia de esta gente, entre 1999 y 2011, YPF que seguía siendo la empresa dominante perdió por lo menos un 70% de la reserva de gas que tenía contrastado con 1989 y un 50% de la reserva de petróleo que tenía la empresa contrastado con ese mismo año.
Otra consecuencia de ese proceso de desinversión fue que ante esa superexplotación de yacimientos lo que se correspondía era la baja en la inversión en exploración, que es clave en el rubro a los efectos de generar nuevos descubrimientos de reservas que se puedan reponer a medida que el proceso de extracción se va generando. En general, cuando se extrae un barril de petróleo, deberían generarse las condiciones como para reponer ese barril que se extrajo, de manera que no lleguemos a un colapso luego de una cierta cantidad de años porque los yacimientos se agotan.
En los años ´80 en términos de exploración petrolera, fueron perforados entre 115 y 120 pozos por año por la vieja YPF estatal. Ya en los `90, con Repsol dentro de YPF habíamos bajado a menos de 50 pozos perforados y explorados por año, durante el dominio de Repsol en YPF vivimos una situación que no tiene parangón en la historia petrolera moderna de la Argentina, porque entre 1999 y el 2004 los pozos promedio perforados y explorados por Repsol en YPF fueron 26 en total. Y la última etapa que fue la de más feroz desinversión y repatriación de utilidades hacia el exterior que se dio entre 2004/2010 se exploran solamente entre 11 y 12 pozos.
La consecuencia de la superexplotación de los pozos ya descubiertos por YPF, la caída en picada de la inversión que realmente importa en la industria hidrocarburífera que es la que está vinculada a la obtención de nuevas reservas, la pérdida de reservas, la descapitalización brutal de la empresa, caída de casi 70% de la reserva de gas y petróleo.
Desde 1999 Repsol giró utilidades a su casa matriz por la suma de más de 16.000 millones de dólares, que es casi mil millones de dólares más que el dinero que esta empresa había puesto en 1999 para hacerse de todas las acciones: 15.000 millones de dólares, con la diferencia de que la valorización de la empresa en todo este período había sido mucho más importante y que además sus compras, de las distintas porciones de YPF, siempre eran apalancadas por préstamos de distintos consorcios de bancos españoles que a la vez formaban parte de las tenencias accionarias. Y la empresa en ese contexto incorporó como propias las reservas que YPF le había generado, a tal punto que en todo este período es YPF la que le permite a Repsol posicionarse como una empresa integrada de producción y comercialización de combustibles en el mundo.
El 80% de la valorización de Repsol durante estos años, ha tenido que ver con YPF, con lo cual llegamos a 2011 en una situación dramática donde el país en términos generales en materia de gas y petróleo se había quedado con un horizonte de reservas de 8 años en gas y no más de 10 en petróleo y en esa caída en picada de la producción de hidrocarburos, YPF de la mano de Repsol, fue la empresa que más presencia perdió, la más descapitalizada y la más saqueada. A tal punto que cuando se dio el proceso de estatización parcial, que concluyó dos años después en 2014 en un negocio redondo para Repsol que fue indemnizada en más de 5.000 millones de dólares después de haber descapitalizado y vaciado la compañía de manera escandalosa.
Incluso durante los últimos años de la presencia de Repsol entre 2008 y 2010, las utilidades que giró fueron entre un 115% y un 135% de los ejercicios anuales, lo que significa que retiró más utilidades de las que generó en cada período, vendió activos para retirar utilidades. Este es el balance que Prat Gay debe conocer.
Las fuerzas de ocupación en Haití quedaron prácticamente en manos sudamericanas
M.H.: Parece que no, porque en Madrid declaró «Repsol puede volver». Luego de este análisis podríamos agregar «los perdonamos». Fuiste asesor durante varios años del diputado Claudio Lozano y uno de los temas que te tocó tratar fue la presencia de las tropas de ocupación en Haití. No solo las argentinas sino de varias naciones de América Latina. Me gustaría que compartas con nosotros lo que trabajaste y por qué el Comité argentino de solidaridad por el fin de la ocupación de Haití insiste en el retiro definitivo de las tropas argentinas. El diputado Pablo López (FIT-PO) me hizo llegar una contestación que le hiciera el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, alrededor de este tema, diciendo que solo quedan 6 policías, gente afectada al hospital de campaña que envió la aeronáutica, alrededor del cual hemos tenido la oportunidad de discutir con el anterior Viceministro de Relaciones Exteriores, sobre la necesidad de donarlo al pueblo haitiano. Siguen alegando el tema de la misión humanitaria, del programa Prohuerta, etc. Te consulto sobre este tema porque el diputado Claudio Lozano mantuvo un rol activo durante su mandato en relación a esta problemática, no solo en el ámbito de la Cámara de Diputados de nuestro país, sino también en el ámbito del Parlasur.
G.L.: Creo que esta visión siempre la tuvimos muy clara, en principio la Argentina en cuanto a su política de defensa y su involucramiento en las relaciones internacionales de la defensa, porque esta problemática de las políticas de paz y los contingentes que andan dando vueltas por el mundo se inscriben en un ámbito que se llama en cada país «política internacional de la defensa»; por filosofía de esa política nosotros siempre sostuvimos que ninguna fuerza de seguridad o instrumento militar debe formar parte de ningún tipo de contingente armado que esté realizando algún tipo de tarea vinculada a lo que eufemísticamente se llama «imposición de la paz» o «mantenimiento de la paz» en el marco de la carta de Naciones Unidas.
Digo esto porque esa es la crítica inicial desde la que hemos trabajado durante estos últimos años, tanto en el Parlasur a través de Claudio Lozano, como en el Parlamento Nacional porque consideramos que este tipo de intervenciones, como fue el caso de la Minustah, que en realidad estaba encubriendo la materialización de una presencia, a modo de un neo-protectorado, con lo cual terminó de constituirse una presencia de carácter colonial en el Caribe aprovechando una instancia de crisis política e institucional recurrente en Haití, que por otra parte se venía arrastrando desde hacía muchos años.
No es casual que el entorno estratégico que existía en el año 2004 evidenciaba que por un lado teníamos a EE. UU., Canadá y Francia en nuestro continente y en ese contexto algunos países de la región le dimos un acuerdo para ser parte de una Misión de Paz, de manera tal que lo que terminó ocurriendo fue que Brasil y Argentina, junto a otros países del Cono sur en aquellos primeros años, pero fundamentalmente estos dos, pusieron la mayor parte del esfuerzo y despliegue de tropas, a tal punto que las fuerzas de ocupación quedaron prácticamente en manos sudamericanas. Con lo cual nuestra reflexión iba a este punto: en términos de la concepción de lo que debiera ser el empeño de una fuerza de seguridad o de una fuerza armada, nosotros no creemos que debamos formar parte de contingentes de paz de la ONU que lo que terminan haciendo es transformarse en un brazo ejecutor de las políticas de otros países.
Por lo tanto, nosotros partimos de una fuerte crítica a estos procesos y por otra parte nos resultaba inadmisible que desde Sudamérica estuviéramos realizando el esfuerzo más importante para mantener una misión que al paso de los años, no solo dejó entrever que no había cumplido en absoluto ninguno de los objetivos que se planteaban en todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que la iba renovando, sino que además fuimos partícipes de la degradación de la situación social, política y económica de Haití. Basta con recordar lo que ocurrió después del terremoto de 2010, el caso del cólera, la forma en que se ha extendido con más de 10.000 muertos a esta fecha, y varios miles de perjudicados por esa enfermedad, abusos de las fuerzas policiales y de seguridad, equívoca participación de nuestras fuerzas contra manifestaciones del pueblo haitiano que en todos estos años, que al compás del agravamiento de la crisis se ha ido sublevando pidiendo lo que evidentemente estaba claro ya en 2004, la autodeterminación y la posibilidad de organizar su vida institucional en función de sus valores e intereses.
Creo que nosotros debíamos haber estado en ese lugar, como estuvo Cuba, como ha estado Venezuela. Lamentablemente buena parte de los países del Cono Sur han sido partícipes de esta misión. Como conclusión a todo esto, nosotros deberíamos salir del entorno estratégico imperialista de los Estados Unidos, que es de lo que hemos participado. Haití hoy es un neo protectorado en los hechos y detrás de esto hay cantidad de organizaciones a modo de fundaciones, grupos de presión, las ONG que en el contexto internacional intervienen en esto tan difuso llamado «tercer sector». Esta es la manera en la que se organizan, siendo partícipes en muchos sentidos de esfuerzos administrativos y financieros a gran escala que en realidad son otro brazo más del proceso de ocupación real que hay en el territorio.
En los últimos 30 años, uno de los pilares de la política de defensa fue la conducción civil
M.H.: Cuando mencionabas el caso de Cuba y Venezuela hacés referencia a dos países que no tienen tropas en Haití y que sí han contribuido en el caso de Cuba fundamentalmente con médicos, y en el caso de Venezuela con ayuda material, combustible, construcción de carreteras, infraestructura, etc. Hoy al terminar el encuentro semanal de las Madres de Plaza de Mayo, el encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó un acto para repudiar el decreto 721/2016 que anula el control civil de las Fuerzas Armadas. Posición que han adoptado los gobiernos democráticos desde Alfonsín. Mauricio Macri ha emitido un nuevo decreto de necesidad y urgencia donde le da al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. la posibilidad de designar oficiales del Estado Mayor, autorizar cambios de destino y designar militares retirados para funciones docentes, permitiendo la autonomía del ejército para elegir y formar sus cuadros medios. ¿Cuáles son las consecuencias de un decreto de estas características? Porque más allá de este acto convocado y los pronunciamientos que han tenido los organismos de Derechos Humanos en contra de este decreto y exigiendo cárcel a los genocidas, apertura de los archivos, anulación de las leyes anti terroristas, la sociedad argentina parece no haber tomado nota.
G.L.: Yo veo dos peligros fundamentales, primero marcar que esto obra como un retroceso en una tradición de los últimos 30 años después de la recuperación de la democracia, donde uno de los pilares de la construcción de la política de defensa fue la conducción civil de la defensa, desde Alfonsín en adelante corroborado por todas las administraciones.
Teniendo en cuenta eso como marco, hay dos cosas que me preocupan mucho, una es fundamentalmente interna, porque esta autonomía implicaría, por ejemplo, que en materia de formación de cuadros militares las mismas FF. AA. y sus instituciones de formación, recobrarían una autonomía que no habían tenido en los últimos 30 años, siempre habían sido vigilados por las autoridades civiles. Me preocupa en términos de los contenidos de la formación futura de las FF. AA., pensemos que durante los últimos años venimos con una interesante reformulación de los patrones formativos donde se ha introducido en todos los niveles de oficialidad y suboficialidad, en su formación, materias vinculadas a los DD. HH., a la necesidad de rever críticamente el pasado nefasto que tuvimos en el Cono Sur, como el caso del Plan Cóndor. Todo esto fue tratado críticamente desde las áreas de formación del Ministerio de Defensa. Ahí siempre ha habido elementos fuertemente críticos.
Te diría que no me preocupa tanto lo que pasa con los actuales miembros de las FF. AA., sino que esta posibilidad, y acá va el otro elemento, de que hombres retirados de las fuerzas puedan estar en condiciones de ser tutores o responsables de los procesos formativos de las FF. AA. Eso me preocupa mucho porque habría que ver quiénes son los que podrían hacerse cargo y qué tipo de evaluación de las políticas de defensa y del entorno estratégico que tenemos, van a tener. Porque el entorno internacional con el que ligo esto es la reformulación del cuadro de prioridades que se está dando EE. UU., que está viendo con muy buenos ojos que los dos grandes países de Sudamérica, Brasil y Argentina, se han abierto a sus intereses.
Y recordemos que esta reformulación, este decreto, ocurre en el momento en que se está generando mucho ruido a partir de la visita del Presidente Obama a la Argentina hace unos meses. Tiene que ver con que la Argentina habría firmado de manera secreta algunos acuerdos que podrían ser muy inconvenientes para nuestro interés nacional, y dos de ellos estarían vinculados a la posibilidad de que se establecieran bases militares de los EE. UU., una en el Acuífero Guaraní, en el Noreste argentino, en la Triple Frontera. Siempre se ha hablado del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo internacional en la zona, pero no hay que olvidar el Acuífero Guaraní y su reserva de agua. Y después en el extremo sur, en Ushuaia. Y ahí hay que estar atentos a lo que está pasando con la base aeroespacial que los chinos han instalado en Neuquén.
Para recapitular, este decreto me parece inquietante en este contexto geoestratégico y lo que más me preocupa, que no tiene que ver con políticas de designaciones y administración hacia el interior de las Fuerzas Armadas, pero en materia formativa me parece que el Poder Ejecutivo no puede en absoluto delegar eso.
M.H.: El próximo viernes comenzás un curso sobre geopolítica de la energía que se va a extender a julio, son 4 encuentros semanales.
G.L.: Empezamos el jueves 16 de junio desde las 18:00 hasta las 20:00. Son 4 encuentros, se van a hacer en la sede de «Más derechos por más dignidad» en Hipólito Yrigoyen 1516 3º «J». La idea es abordar descriptivamente los principales conflictos que hay en el mundo, en principio está muy centrado en hidrocarburos, no aborda la agenda de la transición energética hacia la transición a fuentes renovables. Durante esos cuatro encuentros se centra en el debate sobre los hidrocarburos, lo que está pasando hoy por el conflicto creciente por la explotación de los llamados no convencionales y cómo está América Latina, que lo vamos a abordar en los últimos dos encuentros. Vemos la situación de Venezuela, Brasil, de Argentina con Vaca Muerta, en Brasil el caso del Presal, en su litoral marítimo, Venezuela la franja del Orinoco, el caso de Bolivia con el gas, el caso de Ecuador. La idea es hacer algo que salga un poco de lo académico para bajarlo y hacerlo de difusión general porque creemos que es un tema que le interesa cada vez más a mucha gente.
Energías renovables, nuclear y Río Turbio
M.H.: Mencionaste al pasar a las energías renovables, tema que ha sido instalado por el nuevo gobierno, hablan de inversiones de 1.300 millones de dólares, han lanzado una primera licitación por 1.000 MW y hablan de 5.000 puestos de trabajo que generarían las energías renovables en una primera etapa. Es un tema que no tiene mucha difusión pero es importante, porque se está hablando de generar de manera limpia, el 8% de la electricidad para el año 2017 y un 20% para el año 2025 y ya hay países en Europa como Alemania y España que prácticamente funcionan con este tipo de energía en forma mayoritaria. Te pido que nos expliques de qué se tratan estas energías, cuáles son en nuestro país y cuál sería el verdadero alcance de este proyecto.
G.L.: Empezando por el proyecto, esta es una ley que modifica otra preexistente que introducía por primera vez, hace casi una década, la posibilidad de empezar a trabajar tímidamente en la incorporación de nuevas fuentes renovables de energía para la generación de electricidad. En ese momento se orientaba a dos grandes fuentes renovables, una la eólica y la otra la solar fotovoltaica. También aparecían otras posibilidades vinculadas a la producción de energía hidráulica a través de minicentrales, que a diferencia de las grandes como Yaciretá, en un curso de agua pequeño puedan encarar un proyecto de impacto regional y con menores impactos ambientales negativos. También se ha ido hablando de otro tipo de energía que puede producirse a partir de residuos orgánicos urbanos, para la producción, por ejemplo, de gas de origen biológico o la producción de biomasa, que es poder producir desde los residuos orgánicos urbanos tanto gas como electricidad a partir de un proceso concreto y que además tiene consecuencias en la sociedad en cuanto al tratamiento de sus residuos hogareños.
Todas esas alternativas, que son las más relevantes, son las que querrían ser incentivadas por esta ley que fue modificada el año pasado y que incorporó algunos criterios interesantes. El fundamental, sin el cual no se puede avanzar, es que hay un compromiso por el cual ningún proyecto de generación de renovables que se apruebe desde el Ministerio de Energía puede serlo si no hay un componente de producción nacional de por lo menos un 30% del proyecto.
Esto va de la mano de aspectos que tiene la ley no tan positivos como la posibilidad de desgravaciones impositivas, que le dan a las empresas involucradas en estos proyectos. Entonces, se plantea que una cosa es la realidad de las grandes empresas, otra es la de muchas de las empresas que se están constituyendo al modo de lo que hoy se llama clúster de energía eólica, hay un agrupamiento de pequeñas pymes en el «clúster eólico» que ha sido uno de los impulsores de esta ley pero que ha ido de la mano justamente de que para poder generar impacto muy positivo en términos de generación de fuentes de trabajo, tendríamos que pensar en la difusión de las fuentes renovables de energía a través de un entramado de pequeñas y medianas empresas distribuidas por todo el país que sean capaces de dar soluciones descentralizadas con impacto regional.
Como hoy hay un inconveniente a gran escala con las energías renovables, porque es muy difícil poder almacenarlas durante mucho tiempo y hay que comercializarlas en el momento que se generan, se necesitarían otros elementos que no establece esta ley, que generan los marcos normativos, que permitan en todas las jurisdicciones que aquellas empresas, comercios, establecimientos rurales, incluso ciudadanos, que puedan haber incorporado una fuente alternativa de energía basada en renovables y que le sobre, puedan volcarlo al sistema, de forma tal que entre en el sistema interconectado nacional.
Son elementos que le faltarían a la ley, pero el componente más importante que destaco es la participación de pequeñas y medianas empresas nacionales que tiene que ser auditada y seriamente evaluada en términos que se cumpla. Digo esto porque la licitación que lanza el gobierno por más de 1.000 megas, va a generar mucho interés, los resultados de los proyectos ganadores los vamos a tener entre agosto y septiembre, y se van a presentar tanto empresas que actualmente están prestando servicio, de la forma que ya sabemos que lo hacen, y nuevos emprendimientos y empresas.
Aquí lo que me preocupa es que al final, los proyectos aprobados sean los vinculados a grandes intereses o inversores norteamericanos, por ejemplo. Están queriendo invertir fuertemente en energía en la región, no hay que perder de vista esto, porque una cosa es el clúster eólico que mencionaba antes y otra es una empresa norteamericana como General Electric, que pueda venir y presentarse con la intención de generar proyectos a gran escala, porque ahí lo que va a importar es lo que se reconoce por MW generado. Van a venir si el negocio les conviene y les cierra. En definitiva, para que las pymes se involucren, de entrada se necesita financiamiento estatal, sino estas energías no se desarrollan en el tiempo. Por eso la ley en principio tiene un fondo de más de 12.000 millones de pesos y tiene el componente nacional que creo que es lo que hay que tratar de corroborar que se cumpla.
M.H.: Energía nuclear, otro tema en conflicto, ha habido una paralización de las obras. Hay un reclamo de los trabajadores porque había un compromiso en cuanto a la continuidad laboral que no se ha cumplido. El gobierno anterior le había dado un fuerte impulso a la energía atómica, ¿cuál sería la política del macrismo en relación a esta fuente de energía?
G.L.: Hasta ahora, por un lado decidieron pisar los gastos en un montón de áreas, como consecuencia de eso frenaron los pagos a ingeniería civil de Atucha 3, que va a ser nuestra cuarta central pero es nuestra tercera Atucha. Y lo que quedó establecido es que van a retomar la obra a partir de diciembre de 2016/enero de 2017.
En el medio generaron un conflicto importante, en Zárate-Campana una gran cantidad de trabajadores, no solo los del ámbito nuclear sino de la construcción se vieron afectados. Por otro lado, creo que han dado pasos a través del embajador Diego Guelar en China, confirmatorios de todo lo que se había hecho hasta ahora.
Pero después lo contrasto con la visión que tiene la gente que está en el Ministerio y te diría que en principio no veo que en este Ministerio de Energía, más allá de lo críticos que hemos sido por cómo se ha manejado el tema tarifario, que haya un lobby anti nuclear. Lo que veo es que consideran que la energía nuclear, a partir de la historia que tiene la Argentina en el área de más de 70 años, podría ser una alternativa más junto con la promoción de otras renovables, el avance del gas en la matriz de generación, que es hacia dónde va este gobierno también; de manera tal de ir hacia la generación de una matriz más equilibrada.
Creo que no son pro nucleares per se, sino que han tomado la decisión de cerrar estos dos proyectos, terminarlos. Lo cual podría entenderse como algo bueno, lo que pasa es que hay que plantearse cómo va a ser la cuenta final de todo el proceso de construcción de la central, porque después viene la llamada Atucha 4. Lo digo porque el compromiso era que buena parte de los componentes iban a ser de origen nacional y que la provisión de tecnología china se iba a minimizar, porque recordemos que es una central que se va a hacer con el método productivo de uranio natural y agua pesada que es el tipo de tecnología nuclear que la Argentina desarrolló al principio de la mano de los canadienses, cuando hizo Río Tercero, que dicho sea de paso, está parada técnicamente para ser rehabilitada por 20 años más. En líneas generales, creo que en principio están obrando con buen criterio en el ámbito de la energía nuclear.
M.H.: Pasemos a Río Turbio.
G.L.: En el último año y medio he trabajado con compañeros de ATE en Río Turbio. La última información que tuve, hace más de un mes, es que están muy preocupados porque había quedado un proyecto en media sanción en Diputados, que después se trabó en el Senado a fines del año pasado, antes de la asunción de Macri y ahora hay una intervención. Hay un nuevo interventor que está generando un proceso de racionalización de la empresa y de achicamiento.
La preocupación es que no hay un horizonte de salida para la comunidad. Recordemos que había un complejo de la producción de carbón que hoy está frenado, lo que se explicaba por la producción de una carboeléctrica, había un módulo de 120 megas que se iba a complementar con otro, con lo que íbamos a tener 240 megas de producción que se iban a incorporar al sistema interconectado. Todo eso esta frenado hoy, con lo cual hay un horizonte complicado porque no se puede transformar a la comunidad de un día para el otro.
M.H.: Yo participé en el II Congreso de los trabajadores del carbón donde justamente la provincia proponía una reconversión productiva, cultivar ajo, fomentar el turismo y una serie de cuestiones por el estilo. La Universidad de Buenos Aires a través de la Facultad de Ingeniería llevó un proyecto que era de producción de combustible líquido. Finalmente se impuso el criterio de la usina. Después vino el accidente, los 14 mineros muertos y la intervención de Néstor Kirchner planteando la construcción de la central hidroeléctrica. Obra bastante controvertida, de casi 2.000 millones de dólares, y no está claro si el carbón que generaría la mina podría abastecerla.
G.L.: Lo que sucede es que se necesitan casi un millón de toneladas de carbón por año, solo para abastecer la producción del primer módulo. El tema es que si bien hay reservas por muchos años, faltan inversiones importantes en lo que es el desarrollo de la mina como para asegurar la continuidad de la extracción de carbón, que es lo que evidentemente inicialmente hay que asegurar y todo eso está frenado.
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