Un año de padecimientos y luchas, con múltiples sufrimientos y unos pocos triunfos.
En los últimos tiempos se ha convertido casi en un lugar común hablar o escribir acerca de la insatisfacción generalizada con la política. Descreimiento, hartazgo, incertidumbre, incluso ira, son palabras que las encuestadoras y algunos “opinólogos” utilizan a diario.
En ocasiones complementan con “resignación”, para indicar que si bien puede haber algún parentesco lejano con el “que se vayan todos” de hace más de dos décadas, el repudio hacia los dirigentes políticos no deriva en movilización y activismo.
Sin necesidad de un respeto reverencial por los sondeos de opinión, cualquier observador medianamente atento puede captar la expansión de las sensaciones negativas en buena parte de la sociedad. El conjunto es muy sencillo de entender si se piensa en el declive del poder adquisitivo de los salarios, la pobreza y la continuada precarización de las condiciones de trabajo.
Y en una dirigencia sumergida en luchas por el poder ajenas a toda concepción del “bien común”.
Un año agitado
En 2023 se cumplirán cuarenta años de régimen constitucional en Argentina. Vivimos en un momento en el cual resulta patente que con la democracia no se cura, ni se come, ni se educa. Las promesas de la década de 1980 y las de los “años felices” de 2003 a 2015 aparecen hoy por completo deslucidas.
En 2022 hemos vivido un año agitado y signado por no traer mejoras de ningún tipo para las clases populares, más allá de algún paliativo pasajero y en general de corta duración. El salario real es hoy inferior al de diciembre de 2019, momento considerado “catastrófico” en las justificadas críticas a la presidencia de Mauricio Macri. El poder de compra de alimentos de los sueldos es 6,4 por ciento menor al de diciembre de 2019, según las estimaciones de CIFRA-CTA.
El “arreglo” con el Fondo Monetario Internacional y su aprobación legislativa en marzo pasado marcó a la política económica de allí en adelante. La resistencia kirchnerista hacia el “arreglo” resonó más bien como una acción simbólica, sólo orientada a fijar posición “para la galería”. Un puñado de diputados pareció salvar su responsabilidad con el voto en contra del acuerdo, pero sin plantear la disputa en el espacio público.
A través del nombramiento de Sergio Massa como ministro de Economía, con poderes ampliados, a mediados de año tomó preponderancia el ala de la coalición oficialista con vínculos más estrechos con el gran capital local e internacional.
Su antecesor, Martín Guzmán fue vilipendiado por “ajustador”. Tras su intempestiva salida del gobierno llegó la hora de los amagos de desestabilización, por parte de aquellos especuladores a los que se llama “el mercado”. Y allí las distintas ramas del oficialismo optaron por otro “ajustador”, más decidido y con múltiples “terminales” en el poder económico. Paradójico, para escribirlo en términos suaves.
La vicepresidenta y sus seguidores más cercanos afianzaron y profundizaron el “como sí” estuvieran fuera del gobierno. A despecho de seguir al frente de ámbitos estratégicos como ANSES, el PAMI o YPF. Y continuar en la conducción de ministerios significativos, con las carteras de interior y justicia a la cabeza.
En los últimos meses Cristina Fernández avanzó hacia el centro de la escena, sin ninguna claridad sobre políticas alternativas a las que se hallan en curso. Se limita en general en la invocación del “feliz” pasado de su gobierno. Y hacia el futuro hace promesas difusas, con la mira puesta en sostener el poder de decisión con vista a las elecciones presidenciales de 2023.
El atentado contra CFK fue otro hito del año. Un hecho resonante que dio lugar a movilizaciones de protesta que fueron desactivadas con rapidez. Se lo vinculó a la estigmatización judicial y extrajudicial de la vicepresidenta, con la acusación del fiscal Diego Luciani como punto alto.
Ésta marcó un nuevo momento en el hostigamiento judicial y mediático a la ex presidenta. En este campo se transitó desde la movilización masiva hacia el actual silencio expectante, ya en vísperas del veredicto de los jueces. Por razones que cuesta desentrañar se vincula la pasividad de ahora con el atentado de septiembre
El hecho es que no parece que vaya a materializarse el “quilombo” tan anunciado si “tocaban” a Cristina.
En la calle. ¿Qué pasó por abajo?
La autoconvocatoria por la deuda mantuvo un sostenido protagonismo en los primeros meses del año. La repercusión de sus acciones disminuyó cuando quedó claro que las autoridades se sometían una vez más a los dictados del FMI.
La presencia en la calle de la Unidad Piquetera se hizo una constante Sus cortes de calle y acampes conmovieron al país una y otra vez. Algunxs de sus dirigentes se convirtieron en personajes públicos de primera línea, con presencia constante en la calle y en los medios.
Y constituyeron la contracara de la actitud de asentimiento de los sectores afines al gobierno, en particular los encuadrados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (SUTEP). Con importantes cargos en el aparato estatal, alternaron la negociación con la gestión directa de políticas sociales. Recién en los últimos días retomaron la calle, con medidas que levantaron velozmente
Hace ya unos meses que comenzó una ofensiva contra los planes sociales y las organizaciones de la economía popular. Fue la propia vicepresidenta quien dio viabilidad a esa campaña, con críticas explícitas a los movimientos sociales y su rol de “intermediación”. La respaldaron los funcionarios que están al mando del área social del gobierno nacional. Y asimismo los intendentes, que quieren recuperar poder en el manejo de los planes y la manipulación de los sectores más pobres de la población.
Por lo pronto, desde el gobierno se bloquearon nuevos ingresos al “Potenciar Trabajo” y otros planes sociales. Y prosiguió el retaceo de alimentos para comedores y merenderos.
La fase más reciente de la ofensiva contra quienes perciben planes sociales ha sido la amenaza de suspender el cobro de quienes tienen alguna supuesta incompatibilidad. Este último operativo se ha montado sobre un informe de la AFIP.
Los cruces de datos y las indagaciones patrimoniales se orientan hacia los que no tienen nada o casi nada, mientras los millonarios evaden impuestos y realizan todo tipo de maniobras con total impunidad. Tal actitud provoca extendida indignación. Las organizaciones “piqueteras” independientes están en pie de lucha, frente a la persecución a las clases populares.
Otros sujetos de la represión han sido los pueblos originarios de la Patagonia. Se desenvolvieron acciones represoras en el sur, por parte de las fuerzas federales. Semanas después CFK se sumó a su modo, al reclamar la presencia de esas mismas fuerzas en el conurbano, en aras de un enfoque de “mano dura” frente al delito en esa zona.
El controlar a los pobres mientras se da carta blanca a los poderosos para sus manejos es un corolario de esta mirada. Otro lo constituyen las políticas que ajustan sobre salarios y jubilaciones mientras se incrementan los privilegios, como se ve en el “dólar soja” que ya por segunda vez en pocos meses favorece a los grandes exportadores.
En la burocracia sindical, mientras tanto, primó una política de discusión en paritarias, sin medidas de fuerza ni movilizaciones callejeras. Se repartieron entre la cercanía con el presidente o apoyo a los cuestionamientos del sector K. Lo que no varió es la lógica corporativa, que negocia pero no “golpea”.
En el campo sindical combativo, se asistió a luchas triunfantes de sobre todo dos sectores: Los trabajadores del neumático y los médicos residentes. Son conflictos que involucraron a unos pocos miles de trabajadorxs. Pero adquirieron la importancia de estar uno en el corazón de la decisiva industria automotriz y el otro en un área tan sensible como la salud, enaltecida en el discurso y vapuleada en sus ingresos.
Y en ambos casos lograron torcerle el brazo a sus empleadores: Grandes empresarios para el sindicato del neumático y la administración de la ciudad de Buenos Aires para los trabajadores de la salud.
Los políticos del sistema
La perspectiva electoral es seguida por parte de los políticos con la avidez de conservar u obtener posiciones de poder. Mientras el resto de la población transita entre la supervivencia cotidiana, las luchas sectoriales y el desinterés y hasta el desprecio por “los políticos” y sus disputas.
Tiende a recrearse el clima de “que se vayan todos”, pero con una tendencia a visualizar la salida “por derecha”. Javier Milei es percibido, por una minoría en crecimiento, como el dirigente capaz de patear el tablero, aunque no tenga otra propuesta que el total favorecimiento a los intereses del gran capital y un “antiestatalismo” delirante.
La vicepresidenta, a través de su presencia en actos públicos, espaciada pero firme, ha logrado mostrarse como la que sigue teniendo respaldo popular y votos potenciales dentro del ámbito del Frente de Todos. Podrá ser ella candidata o designar una vez más a quienes compitan, lo que está claro es que su influjo será determinante.
Desde el gobierno se ha invocado, hasta el desgaste, la existencia de una “correlación de fuerzas” desfavorable, que impediría emprender acciones autónomas frente a los factores de poder. Así se autoproclaman inocentes de sus vacilaciones y retrocesos. Y también de las medidas económicas y sociales que, dicen, no les agradan, pero consideran “inevitables”.
Quien escribe estas líneas ha decidido no extenderse por ahora acerca de la oposición de derecha y sus aliados. Sus manejos ameritan otros puntos para el balance.
Las fuerzas de izquierda tienen firme presencia en los conflictos y en las calles. Marcan una voz discrepante que no cae en la “antipolítica” y que denuncia el orden social existente. Pero no logra por ahora que sus propuestas rebasen un campo de minorías. Y queda aún atrapada por la lógica del “bicoalicionismo” que se conjura para monopolizar el espacio de debate.
La crisis es profunda, el escenario sigue abierto.
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