El dato surge del registro nacional presentado hace unos días por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos. Allí no solo se relevaron casos de tortura en lugares de encierro, sino también hechos de […]
El dato surge del registro nacional presentado hace unos días por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos. Allí no solo se relevaron casos de tortura en lugares de encierro, sino también hechos de violencia policial en su accionar territorial. «Las cárceles y comisarías no pueden ser depósitos humanos», sostuvo en este marco el premio Nobel de la Paz, Adolfo, Pérez Esquivel.
El informe se llevó adelante en 26 unidades penales y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, en cuatro institutos de menores, una comisaría, un hospital neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires, y ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal.
En estos sitios, 1.151 víctimas describieron 3.687 hechos de malos tratos y/o torturas. Las agresiones físicas siguen siendo la práctica violenta de mayor frecuencia (expresada en modalidades de tortura como golpes y golpizas, pata-pata, puente chino, chanchito, picana) con un 84,4% de víctimas, mientras que el 62,3% de los entrevistados padeció la práctica del aislamiento. Luego, siguen la falta de asistencia a la salud (38,3%), las malas condiciones materiales de detención (33,7%) y las amenazas (31,7%).
El 95,7% de las víctimas fueron varones, pero también se relevaron 46 casos de mujeres y 4 de personas trans. A su vez, ocho de cada diez víctimas tienen entre 18 y 34 años de edad.
Específicamente en la Provincia de Buenos Aires se registraron casos en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en lugares de detención para personas menores de edad que dependen de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, en comisarías de la Policía Bonaerense, y en hospitales neuropsiquiátricos que dependen del Ministerio de Salud de la provincia.
En promedio, en los dos meses previos a la entrevista efectuada para el informe, cada víctima sufrió casi cinco de los once tipos de tortura y/o malos tratos que se toman en cuenta en el registro, lo que amplifica los efectos de cada agresión. Por ejemplo, se producen aislamientos durante los que se ejercen agresiones físicas que provocan lesiones que no son curadas, traslados gravosos que implican requisas vejatorias y pésimas condiciones materiales y alimentarias, golpizas y robos seguidos de amenazas para evitar denuncias, desvinculación familiar y traslados constantes pasando también por distintas situaciones de aislamiento.
Durante la presentación del informe, realizada en el Salón Eva Perón de la Cámara Alta bonaerense, Alcira Daroqui, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, afirmó: «La palabra de lxs detenidxs es la que nos permite develar las prácticas violentas del Estado. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) hacen visible lo que otros quieren ocultar. Por eso, el registro no es un conjunto de casos, ni tampoco reduce la tortura a las agresiones físicas, sino que comprende la multidimensionalidad de la tortura».
En el mismo marco, Francisco Mugnolo, titular de la PPN, señaló: «Nadie puede negar que en este país se tortura. Falta una acción concreta del Estado para superar la impunidad que se opera en estos ámbitos. Resulta que mientras nosotros estamos discutiendo estas cosas, hay gente en las cárceles que está sufriendo enormemente».
Hacer visible la multidimensionalidad de la tortura
El 27 de octubre comenzó el primer juicio a agentes del Servicio Penitenciaria Bonaerense por torturas estando con vida la víctima.
En junio de 2006, Fabián Sampietro, que venía siendo hostigado y trasladado de una cárcel a otra como forma de castigo por haber sido parte de una huelga de hambre y por sus denuncias de corrupción dentro del sistema penitenciario, fue trasladado desde la unidad penal 34 a la 45 de Melchor Romero. Durante varias semanas, sus allegados no supieron dónde se encontraba, pero cuando finalmente lo hallaron, Sampietro estaba en condiciones inhumanas, violentado, abusado sexualmente, y con múltiples heridas. Ocho años después, los penitenciarios Raúl Alberto Rojas, Martín Ernesto Marcos y Diego Demola están siendo juzgados por esas torturas.
En 2006 se inició la causa penal por lo sucedido ante un juzgado de Garantías, luego pasó a un juzgado Correccional bajo la figura de vejámenes. En 2010 se dio inicio al juicio oral, pero a pedido del abogado de la víctima la carátula cambió a torturas, por lo que la causa pasó al Tribunal Oral Criminal 5. La jueza entonces se declaró incompetente y con el cambio de magistrados se determinó una nueva fecha de inicio del proceso para mediados de octubre de este año. Sin embargo, se produjo una nueva postergación por falta de fiscal y el proceso estuvo a punto de reprogramarse para el año 2016; finalmente comenzó hace dos semanas.
Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, es el abogado de Fabián Sampietro, y advirtió que en las primeras audiencias del juicio los defensores de los penitenciarios hostigaron permanentemente tanto a la víctima como a los testigos, intentando dar vuelta los testimonios. Además, el propio Sampietro declaró: «hasta ahora, siendo la víctima, me han tratado como si fuera un imputado».
De todos modos, el juicio continúa y por primera vez en el ámbito de la provincia de Buenos Aires agentes penitenciarios son juzgados por las torturas cometidas contra un preso que pudo sobrevivir a los tormentos. Organizaciones de derechos humanos, como La Cantora, la APDH-La Plata y la Comisión por la Memoria, señalaron que una condena a los penitenciarios representaría un importante avance para la visibilización de una práctica sistemática de vulneración de derechos que ocurre de manera permanente en las cárceles bonaerenses y cuyos autores nunca son juzgados, al menos hasta ahora.
Fuente original: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=14610&Itemid=130