Los técnicos del FMI se encontraron con la mesa chica de la central obrera, tras un trimestre sin apariciones públicas a pesar de la ola de despidos, suspensiones y tarifazos que afectan a los trabajadores. El jueves 21, antes de finalizar su paso por la Argentina, el equipo del FMI se vio nuevamente las caras […]
Los técnicos del FMI se encontraron con la mesa chica de la central obrera, tras un trimestre sin apariciones públicas a pesar de la ola de despidos, suspensiones y tarifazos que afectan a los trabajadores.
El jueves 21, antes de finalizar su paso por la Argentina, el equipo del FMI se vio nuevamente las caras con los principales dirigentes de la central obrera.
La del jueves fue la tercera reunión entre la CGT y el FMI. Las anteriores, en agosto y noviembre del año pasado, se realizaron también en el marco de visitas trimestrales técnicas para realizar un seguimiento de las variables de la economía argentina.
En los encuentros anteriores la central obrera había planteado la necesidad de un diálogo «institucional» entre empresarios, partidos políticos, sindicatos y Gobierno para tratar la evolución del empleo mientras tenga vigencia el acuerdo con el Fondo, y advirtieron sobre la posibilidad de un «conflicto muy grave en la Argentina si el ajuste se extiende».
Luego, la CGT pidió que una parte de los desembolsos trimestrales que hará el organismo en el marco del programa de asistencia financiera sea destinada a «promoción de la actividad productiva y el mercado interno», en lugar de que se utilice únicamente para cubrir el bache fiscal.
Tras el encuentro, el integrante del binomio de conducción de la CGT, Héctor Daer, dijo que «este modelo empobrece a los trabajadores para ser competitivo» y no descartó un nuevo paro general.
«Nosotros manifestamos que el sostenimiento de este ajuste lo único que lleva es a un estrangulamiento de la economía, con todas las consecuencias que estamos viviendo», explicó Daer.
Además, el gremialista dijo que los técnicos del FMI «son conscientes que el compañero que se queda sin empleo no ingresa a otro empleo». Agregó que «ven el deterioro del empleo y se asombran con la inflación de enero».
El líder de Sanidad remarcó que le dejaron claro a los economistas que: «No somos nosotros con el salario en las paritarias los que generamos la inflación, sino el Gobierno con los aumentos de tarifas y liberando los precios de los commodities».
«El Fondo tiene que entender que los vencimientos de 2020, 2021 y 2022 hay que rediscutirlos porque son impagables», anticipó el líder cegetista y planteó que «la caída del poder adquisitivo empieza a generar que los gastos cotidianos sean dejados de lado» y que «eso marca el empobrecimiento social del país»
«Este modelo empobrece a los trabajadores para ser competitivo», sentenció Daer.
Al ser consultado sobre si hay una ola de procedimientos preventivos de crisis para encarar una reforma laboral gradual en los hechos, sostuvo: «No creo que los procedimientos de crisis sean una estrategia para hacer una reforma laboral en cuotas».
Además pidió al peronismo unido en un gran frente que le permita ganar las elecciones con una sólo opción. «Con un frente que incluya a todo el peronismo, la candidata puede ser Cristina, puede ser Lavagna o quien sea».
Por último anticipó que «si se agudizan las condiciones y no hay respuestas a temas que están dando vueltas, indefectiblemente vamos a ir a un paro general».
«Los gremios están preocupados por la situación económica»
Al término del cónclave, Roberto Cardarelli, cabeza de la misión del organismo multilateral de crédito en el país fue abordado por los periodistas apostados en el edifico del gremio de la Construcción, sede de la cumbre.
Ante la pregunta de si se reunían con dirigentes y economistas de la oposición porque prevén que el macrismo puede no ganar las elecciones, Cardarelli explicó que «es para escuchar todas las opiniones. Queremos escuchar el más grande número de ideas, opiniones, perspectivas, propuestas. Siempre lo hacemos, es normal».
Además sostuvo que los gremios «están preocupados por la situación económica, todos lo estamos. Nosotros creemos que la situación va a estar mejor en 2019, pero claro que siempre hay riesgos».
Carderelli aseguró que la Argentina verá una «recuperación gradual a partir del segundo trimestre del año».
Por último el economista ventiló algunos de los temas conversados con los popes sindicales. «Hablamos de la economía real, reformas estructurales, cómo garantizar el crecimiento de la economía argentina, que es fundamental», dijo.
«Nosotros no pedimos ninguna reforma laboral», explicó Roberto Cardarelli, y agregó: «Un mercado laboral demasiado rígido es malo y demasiado flexible también es malo».
Además Cardarelli remarcó que según su visión «cualquier reforma estructural que se quiera llevar adelante, sea de la naturaleza que sea, es más viable en un marco de crecimiento económico».
En representación de la central obrera estuvieron presentes el anfitrión, Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Enrique Salinas (UOM), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Julio Piumato (Judiciales).
«Que la CGT se reúna con el FMI no da una buena imagen»
El secretario General del gremio de Canillitas, Omar Plaini, cuestionó a los dirigentes de la Confederación General del Trabajo que mantuvieron una reunión con los técnicos que integran la misión del Fondo Monetario Internacional.
«Que la CGT se reúna con el FMI no da una buena imagen, es una muy mala señal para los trabajadores de a pie. No es la mejor imagen para la CGT que necesitamos», afirmó el dirigente gremial, cercano a Hugo Moyano.
Reforma laboral sí o no
El tratamiento y aprobación del proyecto original de reforma laboral en el Congreso nacional podría quedar como una cuenta pendiente del mandato presidencial de Cambiemos. A lo sumo, según reconocieron desde la cartera de Producción y Trabajo, aspiran a lograr consenso para un proyecto limitado que recoja los artículos vinculados con el blanqueo laboral y la posibilidad de habilitar un Fondo de Cese Laboral en algunos sectores que así lo acuerden.
Mientras, las patronales han optado por avanzar por la vía de los hechos. Para eso han recurrido al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo al que apelan a fin de imponer nuevas condiciones de trabajo. Estos recursos, de ser aprobados, por ejemplo, habilitan el pago de indemnizaciones por despido por el 50% del valor estipulado por la Ley de Contratos de Trabajo. La reducción de las indemnizaciones fue uno de los puntos más controvertidos del Proyecto de ley de reforma laboral original que fue rechazado por las protestas duramente reprimidas contra la reforma previsional de diciembre de 2017.
Además, la práctica apunta a generar planteles con bajo costo imponiendo una mayor carga de trabajo y la polifuncionalidad a los empleados que continúan trabajando. Así, bajo la amenaza de cierre, las empresas avanzarían en la aplicación de otro de los artículos de la postergada reforma laboral, el denominado «ius variandi» que concede a las patronales el derecho de modificar las condiciones de trabajo.
En los últimos días, empresas como la fábrica de neumáticos FATE, parte del grupo Madanes que gestiona ALUAR, entre otras firmas, presentó un PPC que, según denunció el sindicato SUTNA, apunta a imponer una reforma laboral en los hechos.
El mismo camino tomó Editorial Atlántida que, según denuncian los delegados de la Comisión interna del SiPreBA, persigue el propósito de imponer despidos con indemnizaciones al 50% y modificar las condiciones laborales de los trabajadores que continúen en su labor.
A contramano de la mentada «revolución de los aviones» anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la empresa Avian Líneas Aéreas, ex Macair Jet del Grupo Socma, de la familia del presidente Mauricio Macri, también dio inicio a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Producción y Trabajo, según confirmó Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
Según el portal especializado aviacionenargent
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte destacó que el crecimiento de este recurso -según la Secretaría de Trabajo, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005- «no tiene sólo que ver con la crisis económica, sino con el hecho de que hay un escenario muy favorable a los empresarios en el Ministerio de Producción y Trabajo, que los viene favoreciendo en cada procedimiento. La estrategia está al servicio de las empresas, no siempre habiendo demostrado que fuera necesaria o efectiva tal o cual medida», sentenció.
Mientras tanto, la mesa chica de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) recibió en la sede del Sindicato La Fraternidad, al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y al Secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio.
Los sindicalistas confirmaron que Sica desmintió que se trabaje en un Proyecto de Reforma Laboral para que se trate en el Congreso Nacional en el período de sesiones ordinarias. Sin embargo, el funcionario ratificó que el Gobierno continuará negociando y propiciando cambios en los Convenios colectivos de distintas ramas de la economía, en mesas de negociación sectoriales. Algo que en 2019 ya fracasó para textiles y metalúrgicos.
Sin embargo, en las últimos días se conoció el informe denominado «Leyes Para la Transformación Productiva», donde el Gobierno plantea medidas ya rechazadas por los gremios cuando se intentó llevar la reforma laboral al Congreso.
El texto, del Ministerio de Producción y Trabajo, propone una condonación de deudas por incumplimiento de la normativa laboral (blanqueo), la reducción de las indemnizaciones por despido, la eliminación de las multas que castigan el empleo no registrado, y el fondo de cese.
La presentación incluye la posibilidad de blanquear a trabajadores informales con condonación de deudas y de pagar menos multas por parte de los empleadores, que además podrán pagar menos indemnización.
«El mal llamado ‘blanqueo’ laboral que propone el gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera informal (es decir, sin vacaciones, aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores por esa situación. Se reduciría el monto de las multas que deben pagar los empleadores infractores, que ya no iría al bolsillo del trabajador sino al sistema de seguridad social.
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