Las últimas semanas han sido testigo de un cambio operado al interior de parte del Poder Judicial. Los sectores corporativos han asumido un nuevo comportamiento, más propios de un partido político que de una estructura equilátera de la República. El comportamiento histórico de grandes sectores de la justicia ha estado asociado a la defensa de […]
Las últimas semanas han sido testigo de un cambio operado al interior de parte del Poder Judicial. Los sectores corporativos han asumido un nuevo comportamiento, más propios de un partido político que de una estructura equilátera de la República. El comportamiento histórico de grandes sectores de la justicia ha estado asociado a la defensa de sus propios privilegios, éste ha sido el eje de su comportamiento. Sostener beneficios económicos, tributarios, sociales, simbólicos y continuar ejerciendo una cuota generosa de poder. La corporación también ha tenido en sus manos la posibilidad de regular el ingreso a la justicia con la incorporación a dedo de familiares, amigos y cercanos, produciendo su propia reproducción; también debe imputársele el rol estratégico de interpretación de la norma ha contra pelo de los diversos procesos legislativos que la dinámica política y social ha impulsado.
La irrupción del Partido Judicial, con reminiscencias de la lógica del Partido Militar, es decir, un actor social que discurre por fuera de la dinámica democrática es una novedad. Pareciera que asistimos al paso de un criterio reivindicativo a una esfera netamente política por parte del sector. Si bien es cierto que de forma asilada muchos de sus miembros tienen un largo prontuario de generación de hechos políticos a través de la magistratura, el grado de coordinación y sistematización que presentan en la actualidad da cuanta del cambio en ciernes. Para desandar una trama de éstas características se torna necesario indagar por qué emerge a la superficie ahora?
La primera consideración se torna obvia y la entrega el contexto: los actores políticos y económicos de las derechas han concluido que es improbable un cambio de gobierno a través del proceso electoral. Antes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, consideraban como factible una victoria del FpV en primera vuelta. En consecuencia, se debía modificar la táctica escogida. La percepción de un malestar al interior de parte del Poder Judicial por los intentos de democratizarlo, sumado a la modificación de la legislación procedimental e incluso de fondo atizó los ánimos. Pero el catalizador que fue correctamente leído por los sectores opositores estuvo dado por el pase a disponibilidad de agentes y posterior disolución de la SIDE, ya que la vinculación (estado de extorsión y connivencia) entre sectores de los servicios secretos y parte de la justicia, obligó a la corporación judicial que habitualmente se caracteriza por esquivar la esfera pública a entrar en acción.
Se ha puesto el ojo en este sector por la capacidad potencial que ostenta para el objetivo deseado, erosionar o destruir al gobierno. Son conciente que la corporación judicial puede jugar un rol de cohesión y amalgama respecto del entramado opositor, y contiene los elementos para instituir una construcción simbólica que empoderar acciones destituyentes. También las élites argentinas y foráneas cuentan con que el poder judicial juega en un terreno que les es esquivo a los partidos políticos. Han encontrado allí el sustrato para darle visos de «seriedad y credibilidad» a una política de denuncias elucubrada por los monopolios mediáticos y oposición política, ya que su utilización por parte de éstos sectores ha visto limitado la capacidad de infligir daño al proyecto nacional y popular.
El Partido Judicial, ese hecho maldito de la burocracia estatal, altamente infiltrada por servicios extranjeros, también es llamado a cumplir una función de dirección intelectual, así como el hecho de presentar públicamente a una derecha republicana, al tiempo que estrangula los márgenes de una república democrática y participativa. Podría inferirse de forma subrepticia una búsqueda de quitar, de pasar al destierro a las clases populares de la política. El anverso de esta línea sería la tentativa de instituir una conducción que busque convertirse en hegemónica y re establecer la conducción de la élite liberal y occidental enmascarados como reducto de defensa de la República.
Existe un hecho que por recurrente no deja de ser trascendente, el cual se vincula con el carácter ficcional de las derechas. Su estructura ontológica requiere el encubrimiento de los intereses que defiende, de lo contrario no podría lograr que las mayorías actúen sus intereses, ya que le son ajenos. El arsenal utilizado a lo largo de la historia para distorsionar la percepción de los objetivos e intereses que persigue es amplio, y demostrada la ineficacia que emana del contexto político previo a la muerte de Nisman, han recurrido a un nuevo actor que puede re lanzar su legitimidad o mantener disimulado lo que en realidad desean. La propia irrupción del Partido Judicial consigue generar tan alboroto que dicha confusión oculta los lineamientos de los intereses que le son propios.
Ha modo de conclusión, diré que si la caracterización de la corporación judicial ha mutado de la defensa de beneficios sectoriales a instituirse como sujeto político que sintetiza lo que la oposición no logrado conseguir en la arena política, es razonable, también, modificar las acciones de contingencia frente a este cambio. Es la propia acción de estos sectores la que nos convida y facilita la utilización de la lógica política para disputar la construcción de su discurso y enfrentar sus acciones. Recordando que de los laberintos siempre se sale por arriba, quizá sea allí donde se deba ejercer la presión popular
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