En la presente semana la amenaza de cierre de la avícola Cresta Roja concluyó con un gran triunfo de los trabajadores. También se resolvieron favorablemente los conflictos salariales de los choferes de larga distancia y en el Senasa y por los despidos en Telefónica. Continúa el lock-out patronal en la Línea 60 y los despidos […]
Tal como anticipáramos en nuestro panorama sindical anterior, el lunes 20 de julio de 2015 las puertas de Cresta Roja amanecieron cerradas, impidiendo el ingreso a planta de sus trabajadores.
Inmediatamente, la cartera laboral provincial, que comanda Oscar Cuartango, dictó la conciliación obligatoria, en medio de los cortes de ruta en las cercanías a las plantas de faena de la compañía, en el Jagüel, Esteban Echeverría y Ezeiza, tras conocerse un nuevo número de despidos la semana anterior, llevando a 680 el total, peligrando seriamente al menos otros 1500 puestos.
Hacia el mes de septiembre de 2014, la empresa avícola había adoptado igual actitud. Tres meses antes, la empresa de los hermanos Rasic (que tenía un total de 3800 empleados), había presentado convocatoria de acreedores. Por ese entonces se denunciaba a sus dueños porque mientras paralizaba su principal frigorífico, mantenían funcionando su segunda planta de Cañuelas y mandaban producción propia a faenar en establecimientos de terceros. Se pidió la intervención urgente del Ministerio de Trabajo Bonaerense quien dictó una conciliación obligatoria.
De ahí en más lo que continúa es casi un año de lock-outs patronales, intentos de despidos (casi 700), persecución a los trabajadores, los pagos se realizaban en cuotas y se puso en marcha una intimidación a los trabajadores donde no faltaron escuchas a través de micrófonos y patotas relacionadas directamente con el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, fuerte personaje político de la zona, quién además militarizó la planta.
La firmeza de los trabajadores le dobló el brazo a una patronal vaciadora e impidió los intentos del Gobierno y burócratas sindicales de que acepten ofertas desventajosas
Los piquetes que se sostuvieron con firmeza desde hace una semana, a partir de romper el cerco mediático de los primeros días, amenazaron con enturbiar la campaña electoral de Daniel Scioli. Mientras los trabajadores enfrentaban los despidos y el cierre de su fuente de trabajo, el gobernador y candidato presidencial del FpV se paseaba por el país y por Cuba hablando de «la victoria del trabajo y la producción».
El hecho de que esta lucha obrera metiera la cola en la campaña oficialista obligó al Gobierno provincial y nacional a responder positivamente a las demandas de los trabajadores. Por la provincia intercedieron desde los ministros de Seguridad, Alejandro Granados, y de Trabajo, Oscar Cuartango, hasta el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, sumado a los intendentes de las localidades donde se ubican las dos plantas de Cresta Roja, Esteban Echeverría y Ezeiza.
El Gobierno de Scioli buscó de todas las formas imponer un acuerdo favorable a la patronal de Rasic Hermanos, donde se establecía un recorte en la jornada laboral y del salario de los trabajadores, lo que en promedio significaba la pérdida de entre 2 y 3 mil pesos por mes. Tuvieron que retroceder ante la firmeza de los trabajadores, que denunciaban que mientras tanto se le otorgaba a la empresa un subsidio millonario para garantizarle el alimento de los pollos, tirándole un salvavidas a la patronal con tal de sacar a los trabajadores de las rutas.
Frente a la postura conciliadora y dubitativa de los representantes de la FTIA (Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), el sindicato mayoritario dentro de la empresa, los trabajadores de las plantas de Monte Grande y Ezeiza los repudiaron y actuaron con independencia y de conjunto, por primera vez, imponiendo el bloqueo de los portones desde el jueves pasado y decidiendo cada paso a seguir en multitudinarias asambleas bajo el viento y el frío de la ruta o en los portones que custodiaban para impedir que ingresara o saliera mercadería. Ante el rechazo a la primera propuesta del tándem empresa-Gobierno, llegó una segunda a través del hijo del ministro Granados, Gastón, que también fue rechazada, que consistía en el pago de las quincenas adeudadas y los días caídos, pero cobrando el aguinaldo en cuotas.
Alrededor de las 7 de la tarde del miércoles llegó la tercera propuesta: que se paguen las quincenas adeudadas, todos los trabajadores vuelven a sus puestos sin disminución de horas de trabajo y por ende de salarios, y se paga el aguinaldo. Así fue como los trabajadores mediante la lucha no sólo lograron esas exigencias, sino que además se reincorporó a tres compañeros que habían sido despedidos con anterioridad. Sumado a esto, el jefe de Recursos Humanos fue desplazado de su cargo.
Pero la experiencia de luchas anteriores, hizo que los trabajadores no confiaran en la palabra de ningún vocero del Gobierno ni de la empresa. Por eso definieron mantener el corte de ruta y bloqueo de las puertas de las plantas hasta tanto estuviera firmada el acta donde se certificaban estos acuerdos.
La empresa trabó el acuerdo al que se había llegado el miércoles
La patronal trabó el acuerdo, volviendo a la carga con el tema de la jornada laboral. Luego de verse obligada el miércoles a retroceder con el intento de reducir la jornada a 7 horas y media, reduciendo así los salarios entre 2 y 3 mil pesos por trabajador, buscó quedarse con una porción de los mismos proponiendo que la jornada de 9 horas tenga 7 horas y media pagadas bajo convenio y que la restante hora y media se pague en negro.
Los trabajadores rechazaron esta nueva provocación manteniendo la continuidad de la lucha mediante bloqueos, cortes y nuevas medidas en ambas plantas, como concentrarse el viernes sobre la Ruta 205 y Quinta Avenida para marchar desde allí hacia el municipio de Ezeiza.
Cerca de 500 obreros se movilizaron a la municipalidad de Ezeiza junto a decenas de organizaciones solidarias exigiendo una reunión urgente con las autoridades. Al principio estas se negaron y los trabajadores respondieron con el corte de las vías del ferrocarril Roca, forzando finalmente a los funcionarios de la Municipalidad a realizar la reunión y que en la misma participen varias decenas de trabajadores, mostrando una gran disposición para evitar nuevas maniobras por parte del Gobierno y la patronal.
«Los traidores no entran nunca más»
A pocos minutos de terminada esa reunión, los trabajadores confirmaron que lograron el reconocimiento de todas sus demandas. En medio de la alegría desatada en las puertas de la municipalidad de Ezeiza los trabajadores volvieron a agradecer a todas las organizaciones y personalidades que los apoyaron, destacando el apoyo brindado por los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño así como también a las docentes de la Lista Verde y de la 9 de Abril, a la CTA Lomas, a los compañeros de la línea 60, a los aeronáuticos y a los partidos de izquierda como PTS, CS y PO.
Además, rompieron el acta que los burócratas sindicales habían firmado a sus espaldas el miércoles mientras la multitud cantaba «los traidores no entran nunca más».
El acta-acuerdo avalada por el Ministerio de Trabajo provincial contempla:
- Respetar la carga horaria, respetando las 9 horas de trabajo diarias.
- Pago de la quincena adeudada el día lunes 27.
- El aguinaldo se pagará en dos cuotas dentro del mes de agosto (días 14 y 28).
- Inicio jornada laboral día lunes 27.
Los trabajadores de Cresta Roja tenían kilos y kilos de verduras y carne para sostener su lucha que decidieron donar al fondo de lucha de los trabajadores de la Línea 60. Una enorme muestra de conciencia y solidaridad de clase.
Más triunfos por salario y despidos
Tras el anuncio de una posible medida de fuerza de los choferes de larga distancia nucleados en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA-CTA), se consiguió un aumento del 38% para los trabajadores del sector.
Fue luego de que se hiciera público el paro que iba a realizar la UCRA si a lo largo de esta semana no había respuesta favorable para los conductores de larga distancia en el marco de las paritarias del sector.
«El mes pasado se había acordado el aumento del 38% en dos cuotas para los choferes de corta y media distancia, y faltaba que se resuelva para los compañeros de larga distancia», explicó a ACTA Silverio Gómez, Secretario General de UCRA.
Por eso, tras el anuncio del plan de lucha si no había una respuesta favorable esta semana «me llamaron del Ministerio de Trabajo, donde se comprometieron que el tema estaba resuelto, y ya tenemos el acta acuerdo firmada por el Ministerio, donde se establece un aumento del 27.8% a partir de julio y el 11% a partir de diciembre. Sumarían un 38%», informó Gómez.
Luego del largo conflicto que llevó adelante la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) en el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), las partes firmaron un acuerdo que permitió descomprimir todas las protestas y normalizar la prestación de servicios de ese organismo nacional en toda la región patagónica.
Para el sindicato se trata de un avance histórico en materia de ingresos, toda vez que luego de una huelga de 10 días que contó con un acatamiento superior al 90% en todos los sectores, se logró romper el techo salarial que intentaron imponer desde el Gobierno, alcanzando un incremento promedio del 42% para todos los trabajadores.
Luego de 44 días de acampe frente al edificio de Telefónica de Argentina en demanda de la reincorporación de los 70 despedidos de la empresa tercerizada Plantel S.A. de La Plata, UETTel-CTA logró firmar un acuerdo con la empresa, y de esta manera concretó la reincorporación de los despedidos que había dado origen al conflicto.
Conflictos sin solución
A pesar de haber sido recibidos por primera vez por el Ministerio de Trabajo, reconociendo a los delegados de la Línea 60, y desmintiendo la campaña de desinformación encabezada por el empresario Pasciuto, junto al jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al titular de la UTA, Roberto Fernández, quienes habían salido por los medios diciendo que el conflicto no era gremial y merecía ser judicializado, denuncias en las que se apoya la jueza Servini de Cubría para militarizar la cabecera de Plaza Constitución y desconocer por completo la existencia de una lucha sindical organizada por la legítima y legal representación gremial de los trabajadores de la 60, las medidas judiciales se mantuvieron firmes.
No obstante, de los 35 colectivos que dispuso la jueza salgan de Constitución para hacer la pericia de las unidades fuera de la empresa, en talleres de la CNRT, fueron 15 los coches que finalmente salieron, pero en las condiciones que exigieron los trabajadores: que sean manejados por ellos y en tandas. De esa manera garantizan que no les imputen falsos daños a las unidades y que vayan saliendo a medida que retornan las inspeccionadas. Es una confirmación de la decisión obrera de sostener su lucha y evitar las maniobras y el vaciamiento.
Pasadas las 8 de la mañana del miércoles 22 de julio una delegación de más de 300 choferes de la Línea 60, apoyados por trabajadoras y trabajadores de diversas fábricas y empresas de la zona norte del Gran Buenos Aires, bloquearon casi todos los carriles de la mano a Capital de la autopista Panamericana a la altura de 197, en la localidad de General Pacheco (Tigre).
El corte se mantuvo hasta pasadas las 10 de la mañana, cuando decidieron levantarlo luego de que todos los medios de comunicación debieran dar cuenta de la protesta y volver a poner el conflicto como tema de la agenda periodística.
La medida fue en respuesta a la falta de definiciones por parte del Gobierno nacional en un conflicto por despidos y por el lock-out patronal que lleva adelante MONSA (Dota) desde hace un mes.
Una multitud volvió a acompañar el jueves con una marcha a los obreros cesanteados en la acería Acindar de Villa Constitución. La solidaridad se expresó en el marco de una nueva audiencia que mantuvieron la patronal y los trabajadores, intentando destrabar el conflicto por el despido de 12 operarios que ya lleva más de 20 días. Ante la falta de acuerdo entre las partes, se definió una nueva reunión para el próximo martes en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo provincial.
Acindar no está respetando la conciliación obligatoria dictada el 7 de julio, luego de una semana de paro. «Los trabajadores siguen despedidos, por lo que hay una parte que no está cumpliendo con la conciliación. El Ministerio de Trabajo una vez más muestra debilidad política ante grupos económicos que quieren que los trabajadores vivamos permanentemente precarizados, que estemos despedidos, que no tengamos salario, quieren generar la riqueza con mano de obra barata», aseguró Raúl Daz, secretario adjunto de la CTA-A y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Rosario.
Nuevos conflictos
Desde el jueves a las trece horas se encuentran de paro los trabajadores de Aluar en Puerto Madryn en reclamo de mejoras salariales. Alrededor de 1300 trabajadores son los que están realizando las medidas de fuerza, quienes se encuentran en los ingresos de la enorme fábrica respetando los turnos.
Las negociaciones paritarias comenzaron el primero de junio, ya que la Unión Obrera Metalúrgica desdobla las negociaciones, primero para el resto del país en marzo, y luego para esta empresa. Desde comienzos de año los obreros de Aluar vienen expresando su malestar con el pago del impuesto a las ganancias, por lo cual han realizado distintas movilizaciones. Este sería uno de los motivos fundamentales del paro, ya que no están conformes con el cobro del impuesto y el tope de aumento salarial impuesto por el Gobierno y firmado por la UOM del 27,8 %, por lo que reclaman aumentos a distintos ítems. Uno de ellos es elevar el porcentaje de zona patagónica del 10 al 15 %. La empresa se muestra intransigente ante el reclamo, de ahí la medida de parar decidida en asamblea por la inmensa mayoría de los trabajadores. En principio se dispuso un paro de cuarenta y ocho horas, para volver a trabajar durante un día y de no haber novedades volver a parar nuevamente. Desde el año 2007 que no se registraba una lucha similar en la planta.
«Se terminó la época dorada», dictaminó el senador y líder de los trabajadores petroleros, Guillermo Pereyra, quien dejó caer la frase con la contundencia de un profeta. Pereyra lo reconoció esta semana apuntando tanto a los beneficios de las empresas como a los de sus propios compañeros de sindicato. El recurso humano en los pozos, dueño de altos salarios, será una de las variables de ajuste en los próximos meses, subrayó Pereyra.
En estas semanas las empresas del sector despidieron a 180 trabajadores. Los que se suman a los 250 operarios ya cesanteados a fines de mayo por las proveedoras de servicios petroleros Schlumberger, Waetherford y Halliburton. También se registraron despidos en Santa Cruz. Varias empresas que ofrecen servicios para Pan American -entre ellas Weatherford- cesantearon casi a un centenar de operarios en el marco de un plan de reducción. Los trabajadores, liderados por Carlos Reynoso, uno de los referentes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado provincial, mantuvieron piquetes en los almacenes de YPF y Pan American en Río Gallegos, Cañadón, Caleta Olivia y Las Heras.
Salario mínimo
El martes sesionó el Consejo del Salario que estableció el nuevo mínimo, vital y móvil en $5588 a partir de agosto y en $6060 desde enero de 2016. El aumento incide en los ingresos de 300.000 trabajadores registrados que cobran el salario mínimo, pero también actúa como referencia para unos 3,8 millones de trabajadores que se encuentran no registrados, en «negro», según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
En representación de los trabajadores participaron las burocracias sumisas al Gobierno nacional. Los principales referentes presentes fueron Antonio Caló que dirige la CGT Balcarce y Hugo Yasky que encabeza la CTA oficialista.
Por su parte, el secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko, sostuvo finalizado el cónclave que fue «un honor haber participado». También participaron el criador de caballos, Andrés Rodríguez, por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Gerardo «Batallón 601» Martínez, el «buchón» de la dictadura que dirige el gremio de la Construcción.
El cierre de la reunión estuvo a cargo de Cristina Fernández. La presidenta habló de incentivo al consumo, de círculo virtuoso, de inclusión social, de la importancia que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo y de la complicada situación de Grecia donde «están vendiendo las islas». Una de las principales definiciones de la primera mandataria fue que «no va a haber en el mundo un aumento de salario como el que hubo en estos 12 años», aunque el salario mínimo será menos de la mitad de lo que cuesta la canasta familiar, que se estima en $14.000.
A la reunión del Consejo del Salario no fueron convocadas las centrales opositoras al Gobierno nacional. En rechazo a ese destrato los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), Hugo Moyano, y el de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Pablo Micheli, convocaron a una conferencia de prensa donde señalaron que el aumento es «insuficiente y lamentable».
Nuevos acuerdos paritarios
El Sindicato del Seguro se sumó a los gremios que rompieron el techo salarial impuesto por el Gobierno, acordando un 31,5% que se pagará en dos tramos, un 20% desde el 1 de julio y un 11,5% desde octubre próximo.
A pesar de la crisis que afecta principalmente a los tamberos de la industria láctea, el Centro de la Industria Lechera (CIL) y el gremio ATILRA, arribaron a un acuerdo que anualizado llegaría al 37%, lo cual provocó la renuncia de firmas como Lactear, San Ignacio, Magnasco y Remotti a la cámara empresaria y que las empresas chicas de Apymel se mantuvieran al margen de las negociaciones.
Quienes sí firmaron un acuerdo a la baja fueron los sindicalistas del SMATA. Un 5,2% para el trimestre abril-junio, lo que da un acumulado de 10,4% en lo que va de 2015 y que si se proyecta anualmente representa un 22%. Esto no impidió que Volkswagen (Córdoba) dejara de trabajar la semana pasada y Ford (Pacheco) desde el lunes comenzara un período de 15 días de «vacaciones programadas».
Mientras, el Sindicato único de trabajadores de peajes (SUTPA) que conduce el diputado massista Facundo Moyano, podría realizar esta semana un paro en Autopistas del Sol y del Oeste si el lunes la concesionaria sigue sin brindar una respuesta sobre el reclamo de 32% de aumento.
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