A contra sentido de las autoridades que la gobiernan, la UNAM es todavía un espacio de gran actividad académica de corte humanista y centro de un importante accionar político en el país. El carácter público y gratuito, así como los diferentes programas impulsados fuera de las aulas hacia la sociedad, se deben, más que a […]
A contra sentido de las autoridades que la gobiernan, la UNAM es todavía un espacio de gran actividad académica de corte humanista y centro de un importante accionar político en el país. El carácter público y gratuito, así como los diferentes programas impulsados fuera de las aulas hacia la sociedad, se deben, más que a una preocupación institucional, a una relación de fuerzas dentro de la Universidad. La férrea resistencia de la comunidad ―principalmente estudiantil― ante las intentonas de privatización, permite que hasta el día de hoy la Máxima Casa de estudios sea una opción para miles de estudiantes de escasos recursos. Sin la lucha constante de la comunidad que le da vida, hace mucho que la UNAM habría perdido la gratuidad como conquista, convirtiéndose, como tanto añoran quienes dictan las políticas económicas en el mundo, en una institución privada donde el neoliberalismo fuese amo y señor, sin oposición alguna.
El actual rector José Narro Robles, «defensor» de la Universidad pública a fuerza de las condiciones establecidas por la huelga rebelde de 1999, termina su mandato con un saldo, para él, favorable. Bajo el maquillaje de progresista presentado en su gestión, la imagen pública que cultivó parece intocable. Salvo algunos conflictos estrictamente universitarios, como los cambios a los planes de estudio o las reformas punitivas contra los académicos, no existió durante su rectorado un problema de gran alcance mediático, ni tampoco un movimiento que pusiera en entredicho su «legitimidad» política. No obstante, la movilización social que cimbró a todo el país demandando la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tuvo repercusiones. Generó núcleos de organización entre académicos y estudiantes, posibilitó la discusión de los distintos sectores universitarios y puso de manifiesto, por un lado, que la UNAM no es el paraíso aislado de la sociedad, único, privilegiado, que tanto se afanan en presentar sus burócratas; por otra parte, develó cuán progresista resulta un rector cuyo comportamiento y declaraciones sobre Ayotzinapa no se salieron del script dictado por el gobierno peñanietista.
El próximo 24 de septiembre inicia, de manera formal, el proceso para «elegir» al nuevo rector. De más está decir que en tal proceso, gracias a las estructuras anquilosadas de gobierno que todos los funcionarios se empeñan en sostener, la comunidad universitaria no está incluida. Más allá de la antidemocrática forma en que se designa al rector ―pues una camarilla de quince personajes decide quién y bajo qué criterios―, el contexto de esta elección es trascendental por el momento político que vive el país. El avispero fue movido y tres personajes ya han expresado sus deseos de asumir la rectoría: Rosaura Ruiz, Sergio Alcocer y Francisco Bolívar Zapata. Todos ellos tienen en común una trayectoria como funcionarios universitarios, los tres son hijos de la caduca estructura de gobierno que priva en la UNAM. Tanto Alcocer como Bolívar Zapata, además de ser estrechos colaboradores de Narro, fueron empleados del mismísimo Peña Nieto. Alcocer lo era en la Secretaría de Relaciones Exteriores; Bolívar Zapata es conocido como el principal artífice de la ley Monsanto. Por su parte, Rosaura Ruiz tiene un pasado nada decoroso. Enfrentó con especial furia a los estudiantes de la Facultad de Ciencias que participaron en la huelga de 1999, después trabajó junto a Juan Ramón De la Fuente en la Secretaría de Desarrollo Institucional que, a la sazón, fue el premio obtenido por su papel durante el conflicto universitario. Sin embargo, tanto Alcocer como Bolívar Zapata llegan a la contienda de la mano de Enrique Peña Nieto.
El golden boy de Atlacomulco, fiel al viejo estilo priista que impera en su administración, juega por lo pronto con dos cartas visibles sobre la mesa. Bolívar Zapata tiene el nada elogioso honor de haber solicitado la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) para poner fin a la huelga de 1999-2000. En ese entonces se distinguió como un seguidor fiel de Francisco Barnés de Castro. Además, durante el rectorado de Juan Ramón De la Fuente, fue miembro de la Junta de Gobierno (JG). En anteriores sucesiones, como parte de las mafias universitarias, su nombre ha sido de los más sonados para ocupar el puesto que abandona José Narro. Su trayectoria, apenas nombrando a los tres rectores desde 1997 a la fecha, no puede dejar lugar a dudas de su peso. De llegar a la rectoría, la línea política a seguir sería definida desde Los Pinos.
A su vez, Sergio Alcocer sale de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como el primer abanderado peñanietista. Luego de anunciar su deseo de ser rector, desató una fuerte campaña mediática para posicionarse, presentándose sólo como un «simple» universitario. Su carrera política dentro de la Universidad lo llevó a ocupar la Secretaría General desde el 2007 hasta el año 2013, cuando fue nombrado subsecretario para América del Norte. Asimismo, se desempeñó como funcionario en la Secretaría de Energía en el gobierno de Felipe Calderón. Sin duda tiene experiencia en los juegos del poder federal, pero a la UNAM la conoce poco. En una entrevista declaró que la JG «Es una instancia que ha funcionado excepcionalmente bien en favor de la Universidad, dotándola de una estabilidad de 70 años» [1]. La JG, más que brindar estabilidad, es generadora de los no pocos conflictos suscitados dentro de la institución, y es pilar de la antidemocracia que priva en ella.
La «elección» del rector es siempre una decisión política en la que, se debe insistir, una camarilla decide por encima de la comunidad universitaria. Esta sucesión, sin embargo, define en buena medida el rumbo de la Universidad dentro del mapa político mexicano: o continúa con su carácter público, gratuito, académico y crítico, donde la resistencia social del país encuentra cobijo y espacio para la reflexión o bien, en el camino andado por el gobierno de Peña Nieto, se convierte en un punto estratégico del priismo con miras a su privatización. La preocupación de diversos sectores de la comunidad, ante el regreso del PRI más añejo y recalcitrante, no debe ser pasada por alto. Cuando se habla de una ofensiva en contra de la UNAM, como el recorte al presupuesto por ejemplo, no se trata de un lugar común. La avasallante oleada de reformas estructurales, pese a la resistencia social y el desprestigio político que representa todavía el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, muestran hasta qué punto el programa del golden boy ha logrado avanzar. Los tropezones por la corrupción que priva en su gobierno, no han impedido que continúe con su agenda. El peligro existente en Alcocer y Bolívar Zapata no se encuentra tanto en su pasado, sino en el futuro que buscan dentro de la UNAM; se finca en el proyecto político con el que comulgan y del cual son actores: el de Peña Nieto. Lo que debe preocupar a la comunidad es la aplicación a rajatabla de las políticas abiertamente privatizadoras que ya dejaron su estela de saldos negativos en el país. Nadie que eche un vistazo al México gobernado por Peña Nieto puede suponer que la educación superior, y especialmente la UNAM, no se encuentra en la mira.
Lo que se juega con esta elección tiene dos planos significativos. Por una parte, hay una cuestión simbólica. Desde el año 2000, el gobierno federal no intervenía del todo en la cuestión política universitaria. La fuerza generada por la huelga del CGH, más la «salida» de los priistas de Los pinos, permitieron tanto a De la Fuente como luego a José Narro, tener administraciones relativamente autónomas y, de hecho, en confrontación declarativa con los gobiernos panistas. Ambos rectores, cuyo pasado tricolor es inolvidable desde luego, se presentaron ante la sociedad como guerreros defensores de la UNAM pública y gratuita; haciendo caravanas con sombrero ajeno, en el terreno mediático fueron identificados como «progresistas». En ambas administraciones, la autonomía universitaria se transformó en la égida bajo la cual sus rectorados se condujeron. El gobierno federal, en los doce años de panismo, poco, muy poco, pudo intervenir en la UNAM. No es que no lo intentara, pero el fantasma del CGH, la correlación de fuerzas interna, se lo impidieron.
El segundo aspecto, íntimamente relacionado con el anterior, está en la cuestión política y la importancia de la UNAM como histórico referente de resistencia. La imposición de cualquier candidato directamente vinculado a Peña Nieto, significaría un retroceso no de la «democracia» universitaria sino de las condiciones actuales en la Universidad. El hecho de que no exista un mayor avance de las políticas neoliberales en la Máxima Casa de estudios, se debe, ni duda cabe, a la oposición de la comunidad, a la fuerza que ha generado y que mantiene, por lo pronto, limitadas las recetas privatizadoras aplicadas en otras casas de estudio y, de manera más amplia, en todo el sector educativo del país. De regresar a la UNAM, el PRI se adjudica una victoria política y simbólica, arrebatando a la sociedad mexicana un bastión fundamental del pensamiento crítico.
De tal suerte, impedir la imposición de un candidato bendecido por Peña Nieto, es de suma importancia. Hay tres aspectos fundamentales: primero porque se defiende un proyecto que, a pesar de todas las embestidas de la era neoliberal que alcanzaron su máxima expresión en 1999, continúa en pie y más que nunca necesario; segundo, al frenar la imposición de un candidato de la presidencia, se sienta un precedente de resistencia ante una decisión gubernamental y se golpea, aunque mínimamente, al tsunami neoliberal que ahoga a México; tercero, porque la UNAM puede representar un dique que contenga la ofensiva peñanietista y, al mismo tiempo, generar una alternativa que posibilite pensar más allá de los límites impuestos por la inmediatez del contexto histórico. No se trata, desde luego, de ilusionarse con otro candidato o candidata. Rosaura Ruiz, por ejemplo, no avanzó en su agenda de gobierno dentro de la Facultad de Ciencias porque la movilización de la comunidad lo impidió. No parece tener demasiadas posibilidades de ocupar la rectoría, sobre todo por la cargada priista ya anunciada, pero de ocupar el cargo no es garantía alguna para defender la Universidad, ni mucho menos de un cambio real.
Por lo pronto, hay tres cartas en el póker del poder universitario. Todo indica que, tan solo por el número de candidatos, el priismo se abalanza sobre la UNAM. Desde la JG, entre las conocidas mafias de los científicos, los ingenieros, etc., se favorecerá al que más fuerza tenga entre las tribus. Es, pues, una decisión política en la que, dentro de las estructuras institucionales, la palabra de la comunidad no vale. Sin embargo, hay posibilidades de que ésta incida verdaderamente en el proceso. Mientras más rechazo y organización se muestren, mientras más preparación exista para movilizarse, será más difícil imponer al candidato de Peña, cualquiera que sea su nombre. De imponerlo, la JG sabrá que estará inaugurando un nuevo conflicto cuya magnitud puede ser de gran alcance. La comunidad universitaria, sus trabajadores, sus académicos y sus estudiantes, han estado a la altura de la historia. Esta vez no será la excepción.
Nota:
[1] Entrevista realizada por Nurit Martínez, 28 de julio de 2015. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/
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