Declarar la emergencia en seguridad púbica en un país que tiene una tasa de 5,8 homicidios cada 100.000 habitantes y que se encuentra entre las 5 más bajas de América Latina y el Caribe, es por lo pronto desproporcionado. Debe ser terrible asumir una cartera y no saber qué hacer, sobre todo, cuando la campaña […]
Declarar la emergencia en seguridad púbica en un país que tiene una tasa de 5,8 homicidios cada 100.000 habitantes y que se encuentra entre las 5 más bajas de América Latina y el Caribe, es por lo pronto desproporcionado.
Debe ser terrible asumir una cartera y no saber qué hacer, sobre todo, cuando la campaña electoral de tu propio partido y con el blindaje de los medios hegemónicos, se centró en la «terrible inseguridad que nos aqueja».
Así, se propusieron políticas que lejos de generar un cambio e incidir positivamente en la cuestión real (usando estadísticas tangibles como punto de partida para una política seria), operaron sobre lo subjetivo de la sociedad generando mayor temor colectivo.
Ahora no saben qué hacer. Deben dar respuestas que estén a la altura de la «terrible gravedad de un flagelo» que fuera generado en el marco de la percepción, y por obra y gracia de la repetición mediática.
La realidad se construye, y esta construcción resulta sumamente ventajosa para el gobierno, en tanto puede aprovechar las bondades de la flexibilización de los controles en las compras del sector, y al mismo tiempo fortalecer los cuerpos dedicados a la represión de las protestas sociales que se avecinan, producto de las políticas económicas excluyentes que se implementan (y continuarán profundizando).
El archicitado Giorgio Agamben se cansó de darnos ejemplos en torno a la negación del derecho por parte del Estado hacia sus ciudadanos, con el argumento de resguardar esos mismos derechos… Con las reglas de protección aeroespacial (derribo) te quito todos los derechos constitucionales y te someto a un juicio sumarísimo con pena de muerte (inexistente en nuestra legislación), para resguardar el derecho a la vida que se supone vulneran las drogas prohibidas. Y digo suponen, porque la principal causa de muerte por adicciones en Argentina se debe al tabaco, y la segunda el alcohol… Tal vez, estaría bueno que terminemos con los subsidios a los tabacaleros y propongamos una sustitución de cultivos (concepto hiper trillado cuando se habla de coca o marihuana, pero nunca utilizado para el verdadero principal asesino por adicciones).
Nos encontramos ante una cruza siniestra de hipocresía e ignorancia que solo nos va a empujar a la restricción de nuestros derechos y libertades. Al mejor estilo orwelliano, el Ministerio de Seguridad al restringirnos garantías nos arrebata las «seguridades» que debiera garantizar.
Por otro lado, solicito que algún asesor le informe a la Ministra que el artículo 2º de la Ley de Defensa Nacional (23.554) establece, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas se emplearán para enfrentar las agresiones de origen externo. Y que el decreto reglamentario establece cuáles son esos supuestos y que ni el narcotráfico, ni el terrorismo se encuentran contemplados.
Nuestra Ministra de Seguridad, tampoco conoce el Titulo VI de la Ley de Seguridad Interior (24.059), donde se establecen los requisitos para el empleo de los elementos de combate de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad interior.
En síntesis, es solo una bravuconada inaplicable (lloverán los amparos) por parte de un gobierno que no sabe qué hacer. Con un decreto pretenden echar por tierra gran parte de nuestra Constitución Nacional. ¿Imaginan ustedes qué pensará el piloto de la Fuerza Aérea, al momento de tener apuntada a una nave no identificada y deba por «protocolo» abrir fuego? ¿Encontrará alguna familiaridad con los decretos 261/75 y 2770/75? Por las dudas, antes de decolar para patrullar que busque un abogado.
Así estamos, inventando problemas en seguridad para poder omitir los reales y verdaderamente graves (contrabando por la Aduana, lavado de dinero, trabajo esclavo, etc.). Y en ese clima fomentado por el gobierno, nos horrorizamos de nuestra seguridad y nos vamos de vacaciones con nuestros seres queridos a pasarla súper bien y relajados a Brasil, donde en promedio tienen una tasa de 25,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Pero eso sí, nos sentimos seguros, podes dejar las cosas en la playa y nadie te toca nada…
Daniel Garibaldi. Profesor-Investigador de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor en Seguridad y Prevención por la Universidad Autónoma de Barcelona y Magister en Defensa Nacional (Escuela de Defensa Nacional). Autor de tres libros en materia de seguridad y defensa.
Fuente: http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/18405-ley-de-derribo-una-bravuconada-que-asombra