Los proyectos de desarrollo y la lucha por la tierra

 

Los desplazamientos forzosos, asesinatos y demás abusos que los Estados Unidos cometieron contra los nativos americanos, hoy conforme a su proyecto capitalista, se vienen imponiendo en distintas partes del Tercer Mundo, como México. Por lo que nos es preciso recordar que la fundación de la civilización estadounidense estuvo manchada por el robo, el asesinato y el genocidio.

Y hoy pretenden hacernos lo mismo que hicieron con los nativos americanos, de los cuales actualmente viven 2.5 millones y un millón de ellos viven en reservas. Estas reservas en total abarcan una extensión de 22.5 millones de hectáreas, o 2.3% del territorio total de Estados Unidos. Es decir, los nativos americanos fueron privados de 97.7% de sus tierras. Además, a ninguna tribu se le concedió el derecho de conservar sus tierras ancestrales y todos los habitantes fueron desarmados.

Impulsando el mismo proceder de despojo de tierras para sus grandes compañías agroindustriales, Estados Unidos desde hace años en nuestro país, mediante proyectos como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), lideran un esquema de integración geopolítica, que se exponencia a partir del éxito de la economía china. Contemplando un régimen comercial «abierto» que incluye agricultura, propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios, comercio y medioambiente, entre otros.

Y para lograr sus objetivos, ha contado en nuestra nación con el respaldo de la burguesía monopólica nacional, expresada en 2013 a través de la Coalición Empresarial para el TPP, precedida por Moisés R. Kalach, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido.

Así como por el Compite Estratégico para el TPP, encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, mismo que también ha sido consejero de Nacional Financiera, la Fundación Comunitaria de Oaxaca, del Banco Nacional de Comercio Exterior, entre otras. Además, en el Comité Estratégico para el TPP, también participan el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, presidido por Valentín Diez Morado, consejero de Banamex, Citigrup, Mexichem, Kimberly Clark de México, Grupo México, Desc Corporativo, Zara y Bodegas Vega Sicilia, así como otras tantas.

Y asimismo, contando con tal respaldo, Enrique Peña Nieto planteó la creación de zonas económicas especiales (ZEE) el 27 de noviembre de 2014, no obstante o aprovechando la conmoción nacional suscitada por la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero. El presidente anuncio 14 acciones en materia de seguridad, justicia y desarrollo económico, con la supuesta intención de que crímenes similares a la desaparición de los 43 normalistas no se repitieran (sic).

A este respecto Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, abundo que para la formulación de las Zonas Económicas Especiales se llevó a cabo una revisión muy amplia y profunda de más de 4 mil ZEE existentes en otras partes del mundo. De lo cual según indico, se aprendieron tres lecciones para que funcionen de manera adecuada: primero, que las ZEE deben desarrollarse bajo un enfoque integral para que proporcionen un «desarrollo equilibrado, incluyente y sustentable» en sus regiones. No bastando con incentivos fiscales, laborales o aduaneros, las «ZEE además deben de proveer toda la infraestructura económica (tangible e intangible), social y urbana» para que sean «atractivas» tanto para las empresas – porque según señalo, incrementan su competitividad – como para la gente, puesto que según Videgaray, mejoran su calidad de vida.

Un segundo aspecto aprendido según indico Videgaray fue la importancia de un esfuerzo público-privado, en el que el gobierno ponga las bases que atraigan y mantengan las inversiones privadas. Ya que sólo así se lograra que estas zonas propicien el desarrollo de sectores de alta productividad, con empleos mejor remunerados. Y finalmente, aprendieron que las ZEE requieren de una visión de largo plazo, debido a que estas tardarán entre cinco y diez años en comenzar a «madurar».

Sin embargo, para el impulso de las ZEE no se ha tomado en cuenta a las poblaciones que se verán directamente afectadas por sus proyectos de «desarrollo». Sino que han sido fruto del acercamiento del gobierno con el sector privado y la asistencia de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Centro de Desarrollo Internacional de Harvard.

De suerte tal que, en su paso para su aprobación en el Congreso de la Unión de nuestro país, según interpreta el Secretario de Hacienda, esta iniciativa fue enriquecida y aprobada por los legisladores, de manera que en este momento tenemos en México una gran oportunidad para aprovechar un marco legal sólido que: i) brinda certidumbre a la inversión, ii) promueve el desarrollo regional, iii) cuenta con instrumentos rectores con visión a largo plazo, iv) permite crear un paquete de estímulos «a la medida» de cada zona, y v) garantiza la trasparencia y la rendición de cuentas [1].

Pero no obstante estas bellas declamaciones, que pretenden llevar a los estados de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas a un mundo de ensueño a través de las ZEE. Nos viene a la mente el amargo recuerdo (además de los nativos norteamericanos) de que en el estado de Chiapas, a pesar de la moda ecológica, el gobierno al menos desde 1900, al igual que ahora, también se enterneció ante la miseria indígena de Chiapas, como señalo el Subcomandante Marcos. Y tuvo a bien el hecho de que a la par de dotar a la entidad de hoteles también se construyeran cárceles, cuarteles y un aeropuerto militar. Todo con la misma finalidad que hoy prevalece en las ZEE: «blindar las zonas, para que puedan llegar las materias primas y salgan los productos terminados». Según indicó Abraham Zamora, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos [2].

Y tal como ocurriera hasta antes y aun después del levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, la riqueza del estado de Chiapas siga saliendo por oleoductos, gasoductos, tendidos eléctricos, vagones de ferrocarril, por cuentas bancarias, por camiones y camionetas, por barcos y aviones, por veredas clandestinas, caminos de terracería, brechas y picadas [3]. Pero hoy mediante el esfuerzo «extraordinarios» de las ZEE.

Contexto en el que además una parte del llamado «capital humano» lo conforman niñas y niños que son explotados en minas de Chiapas para la extracción de ámbar. O en el estado de Guerrero, son empleados en cultivos ilícitos de enervantes. Según a informado el director de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Thomas Wissing [4].

Todo lo cual se ha venido imponiendo en México dentro de una visión «paternalista», que se expresa legalmente al menos desde el siglo XVI hacia los nativos, cuando los virreyes innovaron el sistema de justicia aplicado a los indios, con el fin de lograr un mejor control social y político de los pueblos. Pero al igual que entonces las autoridades españolas consideraban a los indios como «menores de edad», incapaces de defenderse jurídicamente, bajo el supuesto de que tienen una debilidad de carácter y condición, hoy en día se le siguen imponiendo «proyectos para que logren su desarrollo».

Por lo que tal parece que al igual que en 1523, cuando a los nativos se les brinda el estatus de «miserables» y la Corona decide «ampararlos» por esta condición jurídica. En estados de la república mexicana como Chiapas, la intención es que se continué con el «desarrollo» indígena a partir de que fluyan hacia países como los Estados Unidos y Canadá, maderas y frutas, ganados y hombres. Profundizando las ZEE el trabajo hechos por el TLCAN, con la intención de postrar a nuestro país, como se hizo anteriormente con las repúblicas bananeras. Por lo que desde el proyecto neoliberal se ha «rediseñado» el sureste de México para que siga siendo «competitivo» mediante la exportación de materias primas y mano de obra [5].

Más aun, los granes monopolios ubicados en Estados Unidos, tienen en mente volvernos productivos, mediante sus «proyectos de desarrollo». Pero para lo cual recurren al desplazamiento, tal como hicieron con los indios hidatsa/mandan, quienes fueron empujados hacia la reserva de Fort Berhold, debido a la construcción de la presa Garison en los años 1950. Además de que en ese mismo año, niños nativos norteamericanos, fueron obligados a abandonar sus comunidades y familias para ser colocados en internados en los que les enseñaban oficios durante cuatro años [6].

Consolidándose se la visión de productividad del Pentágono en México después de 1945, cuando al igual que el resto de América Latina, es circunscrito en la órbita del capitalismo estadounidense, consolidado y en expansión después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se ha dejado a la totalidad de los países de la región como zonas subdesarrolladas y dependientes.

Para lo cual le han servido como palanca estructuras jurídicas como la promulgada por Benito Juárez, que reivindica «el respeto al derecho ajeno», entendido el derecho a la propiedad privada. En tanto que por otro lado permite a las clases dominantes/dominadas de nuestros países, acentuar mediante los aparatos represivos (como la gendarmería en Nochixtlan, Oaxaca), la explotación y la sujeción del proletariado nacional.

De manera que en este tenor se circunscriben las declaraciones de Enrique Peña Nieto, cuando indica que ni la Reforma Educativa, ni ninguna otra ley «esta sujeta a negociación». No obstante «lamenta» los hechos ocurridos el domingo 19 de junio de 2016 en Nochixtlan, Oaxaca. A lo cual abunda que, para el gobierno lo que esta muy claro y lo que es su deber es justamente aplicar lo que esta en la legislación, el mandato que tiene la ley» [7].

Contaminación y accidentes «productivos»

Tales declaraciones, vienen reflejando que no importa que en México industrias químicas, alimentarias, cementeras, de fabricación de plásticos, así como de generación y transmisión de energía eléctrica, como las que rodean a la Ciudad de México, en un 80 por ciento. Arrastren por el aire 140 mil toneladas de emisiones contaminantes en promedio.

Además de que los llamados proyectos de desarrollo, pasan por alto las opiniones vertidas por especialistas como Sergio Sánchez, director Ejecutivo del Clean Air Institute (CAI). Quien ha indicado que la contaminación ambiental es un hecho que viven todas las ciudades de la República Mexicana y de otros países de América Latina. A partir de episodios de altas emisiones contaminantes derivadas del incremento en el transporte automotriz de combustión interna, la producción industrial, así como por las actividades comerciales y de servicios [8].

Ocurriendo entonces, que ante los intereses empresariales se vienen dejando de lado estudios como el de Global Urban Ambient Air Pollution Database, de la Organización Mundial de la Salud, que tras analizar y comparar lo niveles de partículas (PM 10 y PM 2.5 [9]), registradas en 2008 a 2013 en 795 ciudades de 67 países, ubican a la Ciudad de México y el estado de Puebla en el séptimo lugar en niveles de contaminación en el país.

Mientras que en el mismo estudio, Monterrey, Nuevo León es la ciudad más contaminada, seguida de Toluca (estado de México), Salamanca, León, Irapuato y Silao (Guanajuato). Y la Organización Mundial de la Salud ha advertido que las Particulate Matter PM, contienen sulfato, nitratos y carbón, sustancias que entran a los pulmones y al sistema cardiovascular, envenenándolos y causando graves riesgos para la salud.

De manera que ante el desinterés por estos hechos, han llegado a campear en la Ciudad de México fábricas como, Cromatos de México. Misma que de acuerdo con archivos del municipio de Tultitlan, estado de México, funcionó de 1958 a 1978. Lanzando a cielo abierto la materia prima conocida como cromita, sin que hubiera un control sobre las emisiones a la atmósfera, ni en la disposición de los residuos que eran «donados» para el relleno y aplanado de calles.

Pero en 1975, los habitantes de la zona cercana a la fábrica Cromatos comenzaron a tener problemas de salud, como perforaciones del tabique nasal, lesiones renales, ulceraciones, dermatitis, y cáncer. Pero los más afectados resultaron ser los alumnos de les escuela primaria Reforma, que se encontraban junto a la fábrica. Y ante esto eventos, la fábrica se vio obligada a cerrar por la lucha de los vecinos afectados [10].

Pero pasando por alto estos eventos, el gobierno de Enrique Peña Nieto a continuado con «proyectos productivos», como la desincorporación de la planta Clorados III, de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PVM), realizada el 30 de junio de 2013. Días antes de que el presidente anunciara la iniciativa de reforma energética, para aceptar la entrada de capital privado en PEMEX.

Resultando en que desde hace tres años el gobierno decidió entregarle en comodato a la empresa Mexichem, misma que pertenece a PVM, el Complejo Petroquímico Pajaritos. Debido a una cuestión presupuestal, según justificaron las autoridades. Y Mexichem, de Juan Antonio Valle, supuestamente inyectaría dinero fresco, mediante una inversión multimillonaria.

Sin embargo, de acuerdo con Didier Murguira Cadena, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que agrupa a 320 empelados de PEMEX disidentes del corporativo Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Conforme el paso de los meses, no se hizo patente la inversión multimillonaria prometida, sino que se continuó trabajando con el mismo equipo.

Además de que según Didier, desde que Mexichem tomó el mando de Pajaritos, los protocolos de seguridad se relajaron. Por lo que se produjo un sobre calentamiento en el área de hornos. Y debido a la falta de mantenimiento en un complejo cuyas válvulas e infraestructura, se produjeron dos explosiones en una de las tres áreas del complejo, la de Clorados III. Lo cual de acuerdo con algunas estimaciones dejo 27 muertos, 160 heridos y 18 desaparecidos, el día 20 de abril de 2016.

No obstante tal catástrofe, el presidente Peña, el día jueves 21 de abril, acudió al lugar de los hechos en medio de un impresionante cinturón de seguridad policiaco-militar, acompañado del director de PEMEX y el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Además, sólo se le permitió el acceso a medios de comunicación previamente seleccionados.

Por lo que en el exterior del complejo petroquímico, unos 150 policías de la SSP estatal, así como una treintena de militares fueron movilizados para formar varios cinturones de seguridad y así evitar que grupos de familiares de los obreros muertos, heridos o desaparecidos encararan a Peña Nieto. Sumado a esto, al final de su recorrido el presidente se subió a un helicóptero de la Marina para trasladarse al hospital de PEMEX de Minatitlan. Y sólo hasta entonces los efectivos de la SSP y de la Sedena levantaron el cerco de seguridad, para dejar entrar a mujeres a la planta de Pajaritos, para que buscaran a sus familiares [11].

Situación que empeoro para los familiares de los accidentados, debido a que dentro la lógica empresarial de volver a México «productivo» y competitivo» la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, encabezada por Carlos Romero Deschamps, permitió el desplazamiento de los trabajadores sindicalizados de PEMEX para que, de acuerdo con el Frente Nacional Petrolero, las compañías privadas del sector energético y Petróleos Mexicanos se inundarán de trabajadores terciarios.

Por lo que después del accidente, se inicio una pugna entre la empresa Mexichem, propietaria de las instalaciones y las compañías terciarias Welding, Gamza e ICA Flour, para deslindarse de la responsabilidad y el pago de indemnizaciones, daños y perjuicios a los familiares de los trabajadores fallecidos y accidentados [12].

El desmantelamiento de la producción nacional y la mayor «competitividad»

Pero los «beneficios» de la «productividad» y la «competitividad» en México, también se vienen manifestando en una desmedida importación de leche en polvo, vía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo cual ha causado que los quesos de producción nacional en México estén desapareciendo, de acuerdo con el académico Abraham Zacarías Villegas.

Zacarías Villegas dice que existen miles de pequeños queseros artesanales dispersos por todo el territorio nacional y estos elaboran quesos tradicionales. Tan sólo en Chiapas dice que por lo menos existen unas mil queserías que procesan pequeños y medianos volúmenes de leche, entre 50 mil litros. Pero además de Chiapas, en quesería tradicional también destacan Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo y Veracruz.

Pero, conforme a la «competitividad» impuesta en nuestro país, los quesos industrializados, sintéticos o de imitación son los que se presentan en los supermercados, principalmente en los urbanos. Bien empacados, atractivos por su aspecto, son puestos a disposición en muchos puntos de venta a precios accesibles, especialmente para los consumidores de escasos recursos.

En tanto que los quesos tradicionales no son muy conocidos por los mexicanos, debido a que su promoción es mínima o nula. Además son un poco más caros y no se encuentran con facilidad en los puntos de venta, siendo prácticamente inexistentes en los supermercados. Y dentro de las normas de «competitividad» son señalados como productos inocuos (riesgosos para la salud) porque se elaboran con leche cruda o «bronca», la mayor parte de estos. Pero no se cuestiona que el producto sea sintentido, industrializado o falso [13].

He igual suerte esta corriendo el mezcal, desde 2012, debido a que conforme a los proyectos de normas oficiales 186 y 006, se esta intentando prohibir el uso del término «agave» en los destilados del mezcal y por el contrario a finales de noviembre del 2015, la Secretaría de Economía presentó el proyecto de Norma Oficial Mexicana, número 199 la cual pretende imponer a los productos de mezcales tradicionales la obligación de rebautizar sus productos con el nombre genérico de «komil» y prohibirles que usen en sus etiquetas cualquier referencia a la palabra «agave». Lo cual le impediría al consumidor su identificación y por ende sería un duro golpe a la producción artesanal del destilado.

Estos hechos se presentan en un contexto en el cual, en años recientes la venta y el consumo de bebidas destiladas de distintas variedades de agaves, diferentes al tequila, ha cobrado importancia y popularidad en todo el país. Pero las grandes empresas tequileras nacionales e internacionales, no quieren compartir un mercado de destilados que, en aproximadamente un 25%, se ha reorientado al consumo de agaves distintos al tequila. Y para imponer sus condiciones, el sector empresarial nacional y extranjero, cuentan con la promulgación de la Ley de Normalización otorgada por Carlos Salinas de Gortari en 1992. Misma que les permite participar en la Norma Oficial Mexicana [14].

Dentro de esta misma lógica, el Acuerdo de Asociación Transpacifico (ATP) mediante sus disposiciones de protección de propiedad intelectual, de acuerdo con Jorge Marín, representante de Médicos sin Fronteras, forzará a los países firmantes a cambiar leyes locales que garantizan el derecho a la salud, además de que los obligara a someterse a tribunales supranacionales, en caso de que sus intereses o ganancias sean afectados. Y pero aun, servirán como antecedente para acuerdos que se lleguen a negocia en el futuro.

Debido a que la propiedad intelectual les permitirá ampliar el periodo de vigencia de las patentes más allá de los 20 años previstos en la actualidad, lo que les posibilitará retrasar o bloquear la disponibilidad de medicamentos genéricos. En este mismo sentido, José Cabrera Reséndiz, director de la Red Mexicana de Personas que viven con VIH/sida, indica que el ATP, incrementará los gastos, bloqueará la entrada de productos aleopáticos [15] genéricos innovadores o similares y reforzará el resguardo sobre los efectos adversos de los medicamentos, en aras de proteger la investigación científica [16].

Añade aun más Jorge Marín, como trágico ejemplo el caso del medicamento llamado Atripla, requerido por los enfermos de VIH/sida, que en la India cuesta un desembolso anual de 219 dólares (3 845.51694 pesos mexicanos), pero que se eleva más de diez veces en México, debido a que en nuestro país no se pueden elaborar medicamentos genéricos, por los compromisos adquiridos en el TLCAN. Por lo cual concluye Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria que, la salud es vista como un producto, las medicinas como una mercancía y las complicaciones sanitarias como una oportunidad de negocio [17].

Los proyectos «productivos» en minería

Tal embestida de la burguesía monopólica y la burguesía imperialista, además de los ejemplos dados, también se ha presentado en la industria de la transformación y la minería. En 2013 tan sólo el estado de Chihuahua capto más de 521 millones de dólares en dichos rubros. No sin que antes pasara el estado por un periodo de desestabilización y terror acometido por narco-paramilitares (como hoy ocurre en el sureste del país), para que posteriormente esta entidad norteña fuera encaminada por autoridades y empresarios, hacia la promoción de las «ventajas competitivas» en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá.

Así, en 2013 el gobernador de Chihuahua, César Duarte, sostenía que dicha entidad era un lugar muy importante en el mapa minero del país y del mundo, particularmente respecto a la producción de oro. Ubicándola en segundo lugar en el ranking mundial, con 19 mil kilogramos; plata, con 909 mil kilogramos; plomo, con 52 mil toneladas y cuarto lugar en la producción de cobre con 15 mil 603 toneladas. Y así se vanagloriaba de que las compañías mineras asentadas en ese estado, «rescataron» de la inactividad y la pobreza a reconocidos pueblos mineros, que desde años atrás esperaban el arribo de nuevas fuentes de empleo. Hechos que no parecen «apreciar» los habitantes de Choreachi, quienes han venido siendo constantemente hostigados por los proyectos mineros [18].

«Prosperidad» que también ha sido promovida desde 2013 en el estado de Chiapas, particularmente en la reserva de la biósfera El Triunfo, ubicada en lo alto de la Sierra Madre de Chiapas. No obstante haber sido declarada hace 26 años como área natural protegida, se encuentra en peligro por el número de concesiones mineras autorizadas en dicho estado, 111. Siete de las cuales se encuentran en la zona del Triunfo, que tiene 119 hectáreas.

De manera que a dos kilómetros del polígono de El Triunfo, que abraca territorios de los municipios de Ángel Albino Corzo, Acacoyagua, La Concordia, Mapastepec, Pipijiapan, Siltepec y Villa Corzo, desde 2013 se impulsaron proyectos de exploración como: Las Golondrinas, Los Cacaos, Titán, La Libertad y Cristina, de donde se planea extraer titanio, oro, cobre y barita [19].

Sin importar que la zona del Triunfo sea el hábitat de especies en peligro de extinción y algunas endémicas, como el quetzal y el pavón. Así como se encuentran en riesgo por la minería a cielo abierto especies como el tucancillo verde, el jaguar, el puma y el tapir. Además de reptiles como la nauyaca, varios anfibios y salamandras, que conviven entre enormes helechos, arborecentes, bromelias, orquídeas y palmas, también en riesgo por los proyectos «productivos» [20].

De tal manera, tan «benévolos» proyectos se vienen enfrentando con oposiciones, como le expresada en abril de este años por más de 60 comunidades de siete municipios del norte y la selva de Chiapas, así como del Frente Petenero Contra Represas de Guatemala, quienes se han pronunciado contra la construcción de la presa hidroeléctrica binacional, Boca del Cerro, en el río Usumacinta, pues señalaron que invadirán sus tierras y las comunidades serán desalojadas.

De manera que, como veníamos indicando al principio, los distintos proyectos citados están exacerbando el despojo y la lucha por la tierra. Según datos de Comisión Federal de Electricidad (CFE), la hidroeléctrica binacional Boca del Cerro es una de las cinco presas planeadas en la cuenca que divide a México de Guatemala, obras que se pretende tengan una duración de cuatro años. Pero de forma inmediata, tan sólo las primeras obras causan que desaparezca la comunidad de San Carlos Boca del Cerro, Tenosique. Debido a que ahí se planea construir oficinas y campamentos para la empresa que construye la cortina de la represa [21].

Hechos que sin lugar a dudas también han contribuido a que a lo largo de los años, de los 364 idiomas que se hablan en el país, 107 estén en peligro de desaparecer. Siendo los casos más graves el de Kiliwa, en Baja California y el ayapaneco, en Veracruz, debido a que sólo hay cuatro y ocho hablantes respectivamente.

Ya que agentes del Ministerio Público niega el servicio a quien no hable español e incluso regañan a los que no llevan intérpretes, destaca Diego Saydel García, colaborador de Radio Huayacocotla, La Voz de los Campesinos [22]. De manera que, en las luchas colectivas o individuales por sus tierras, el idioma es otro pretexto para no respetar los derechos o los acuerdos de los nativos.

Además, los habitantes de dicha zona manifiestan que el gobierno no los indemnizará por sus tierras, aumentará el costo de la vida y desaparecerán como pueblos indígenas choles y tzeltales de la región. Mientras que las ganancias generadas por los proyectos hidroeléctricos y mineros, servirán para enriquecer a las empresas extranjeras, lo cual en la actualidad es resultando de la reforma energética, impuesta a costa de los pueblos originarios y sus tierras.

Mientras que por otro lado, mediante los recursos extraídos de los estados indicados, exacciones de impuestos, sectores que han sido privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público. Han permitido que cuatro multimillonarios (Carlos Slim, German Larrea, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego) en México hayan visto aumentar su riqueza, equivalente a 2 por ciento del producto interno bruto del país, a 9 por ciento en 2014.

De suerte que vivimos en un mundo cuyas reglas están hechas para los súper ricos, afirma Tobías Hauschild, miembro de Oxfam Alemania. Otra expresión de esta situación la han dado «Los Papeles de Panamá», consistentes en una lista integrada por empresarios prominentes, políticos y celebridades de México y del mundo, que participaron en la creación de empresas dedicadas a esconder millones de dólares.

Apareciendo en la lista, Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas favoritos de Enrique Peña Nieto. Mismo que es dueño del grupo Higa y es conocido por el caso de la llamada «Casa Blanca». Y tras darse a conocer su estrecha relación con el actual mandatario en julio de 2015, Hinojosa Cantú ha movilizado más de 100 millones de dólares por varios países, por medio de Mossack Fonseca, (empresa de los papeles de Panamá)

También aparecen en los papeles de Panamá, Ramiro García Cantú, quien ha amasado una fortuna al amparo de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los nombres de Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, socios de Oceanografía, empresa también favorecida con contratos multimillonarios por PEMEX. Estos personajes aparecen como clientes de Mossack Fonseca, debido a que compraron tres compañías offshore, es decir, sociedades constituidas fuera del país e residencia, con el fin de evitar el pago de impuestos.

A estos sujetos también se suman el empresario Omar Yunes Márquez, hijo de diputado federal panista y que fuera candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Así como la empresa Altos Hornos de México (Ahmsa); Ricardo Benjamin Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca; Guillermo Cañedo White, es ejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe del Futbol (Concacaf) [23].

Sin embargo, la manera en que políticos, potentados, personalidades públicas y demás delincuentes esconden las riquezas robadas y lavan los capitales, no son consideradas «estrictamente» como ilegales. No obstante que individuos próximos a políticos destacados como parientes, amigos cercanos, socios o subordinados directos, han movido fortunas a través de la red establecida por la empresa establecida en Panamá, siendo que sus ingresos declarados no guardan ninguna correspondencia con los astronómicos montos de las operaciones.

El pasado lejano aun nos cobija, con mantos de viruela

Todos los hechos anteriores, guardan una estrecha relación con el capitalismo y los métodos utilizados por los Estados Unidos, quienes diezmaron a la población nativa de ese país con medidas como la indicada por Sir Jeffrey Amherst, comandante en jefe de las fuerzas británicas en América del Norte, quien escribió lo siguiente al coronel Henry Bouquet de Fort Pitt: «Hará bien en tratar de inocular a los indios [de viruela] por medio de mantas, así como en probar cualquier otro método que puede servir para extirpar esta execrable raza».

Así, en el mes de junio, dos comerciantes en Fort Pitt dieron mantas y un pañuelo del hospital en cuarentena de la fortaleza a dos visitantes indios de Delaware, y uno de los comerciantes escribió en su diario: «Espero que tenga el efecto deseado». La viruela ya estaba presente entre las tribus de Ohio, pero en algún momento después de este episodio, hubo otro brote en el que murieron cientos de personas.

Otro caso será el de un presunto incidente ocurrido el 20 de junio de 1837. Ese día el ejército de Estados Unidos empezó a distribuir mantas a los mandan y otros indios reunidos en Fort Clark en la actual Dakota del Norte. Las mantas habían sido tomadas de un hospital militar en St. Louis en cuarentena por viruela.

Y cuando los indios empezaron a mostraron síntomas de la enfermedad el 14 de julio, el cirujano aconsejó a los acampados a dispersarse y buscar «refugio» en los pueblos de los parientes sanos. De esta manera, la enfermedad fue propagada, los mandan fueron «prácticamente exterminados», y otras tribus sufrieron pérdidas igualmente devastadoras. Algunas cifras destacan la muerte de «100,000 o más muertes» causadas por el ejército de Estados Unidos en la pandemia de viruela de 1836 a 1840 [24].

Y de igual forma hoy en día, la «democracia» y los «proyectos productivos», han llevado la transformación de la ecología de la región fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay, que forman parte de la amazonia, donde han habitado desde hace siglos los guaraníes, autodenominados como avas. Pero que han sido desplazados mediante la violencia hacia diferentes áreas del sur.

Diversos estudios vienen indicando que en la actualidad el territorio guaraní se encuentra en gran parte destruido y bajo amenaza por los cultivos industriales de soya, caña de azúcar y la forestación con especies de árboles foráneos, como el eucalipto y el pino de la provincia argentina de Misiones. Además la construcción de distintas represas hidroeléctricas en las fronteras de los tres países: Itaipú, compartida por Brasil y Paraguay, y Yacyretá , argentino-paraguay. Ha dejado a varias aldeas de los mbya y ava guaraní, bajo el agua, a causa de los embalses de las represas construidas [25].

 

Notas

[1] La Jornada, jueves 2 de junio de 2016. «Zonas Económicas Especiales: no puede haber dos Méxicos». Por: Luis Videgaray Caso.

El pasado 29 de septiembre de 2015, el Presidente Peña Nieto envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, siendo la Cámara de Diputados la cámara de origen.

El 30 de septiembre del mismo año, la Iniciativa fue turnada a la comisión de Economía para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

El 14 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley con modificaciones en 28 artículos, y agregando 3 a los 47 propuestos por el Ejecutivo Federal.

· En lo general se aprobó con 366 votos a favor, 1 en contra y 54 abstenciones.

· En lo particular se aprobó por unanimidad, registrando 430 votos a favor.

El 15 de diciembre de 2015 la Minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial, de Población y de Desarrollo; y de Estudios Legislativos para dictaminación; con opinión de las Comisiones de Asuntos Fronterizos Sur; Especial Sur-Sureste y Especial de Productividad, de la Cámara de Senadores.

El 14 de abril de 2016, el Senado de la República aprobó la Minuta por la que se expide la Ley, donde se modificaron 20 artículos.

· En lo general se aprobó con 88 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones.

· En lo particular se aprobó con 66 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones.

El 27 de abril, la Cámara de Diputados aprobó los cambios realizados por los Senadores.

· En lo general con 389 votos a favor, ninguno en contra, y 31 abstenciones.

· En lo particular con 366 votos a favor, ninguno en contra, y 50 abstenciones.

[2] La Jornada, viernes 3 de junio de 2016.

[3] Revista Gobernabilidad, año 1, número 3.

[4] La Jornada, jueves 2 de junio de 2016.

[5] Subcomandante Marcos en: Revista Gobernabilidad, año 1, número 3.

[6] https://unmundodeluz.wordpress.com/…/el-genocidio-de-los-nativos-ame… Por: Giselle Habibi.

[7] La Jornada, martes 28 de junio de 2016.

[8] La Jornada, domingo 5 de junio de 2016.

[9] PM 10. Se denomina PM10 (del inglés Particulate Matter) pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro es menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). PM 2.5. Parecen ser un mejor indicador de la contaminación urbana que las que se venían utilizando hasta ahora, las PM10. Esto es debido a que, por un lado, su origen es antropogénico en una alta proporción, puesto que las PM2,5 en buena medida provienen de las emisiones de los vehículos diesel en la ciudad. Y los efectos que tienen sobre nuestra salud son muy graves, por su gran capacidad de penetración en las vías respiratorias. ^[

[10] La Jornada, domingo 5 de junio de 2016.

[11] Proceso, número 2060, 24 de abril de 2016.

[12] Ibíd.

[13] La Jornada, jueves 19 de mayo de 2016.

[14] La Jornada, domingo 21 de febrero de 2016.

[15] Medicina alternativa para referirse al uso médico de ingredientes activos o intervenciones físicas para tratar o suprimir los síntomas o los procesos fisiopatológicos de las enfermedades o condiciones.

[16] La Jornada, 13 de mayo de 2016.

[17] Ibíd.

[18] La Jornada, lunes 30 de septiembre de 2013.

[19] Ibíd.

[20] Ibíd.

[21] La Jornada, domingo 10 de abril de 2016.

[22] La Jornada, domingo 21 de febrero de 2016.

[23] La Jornada, sábado 7 de mayo de 2016.

[24] https://unmundodeluz.wordpress.com/…/el-genocidio-de-los-nativos-ame… Por: Giselle Habibi.

[25] Contralínea, año 8, número 168. Del 7 al 13 de febrero de 2010.

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