El abogado querellante de H.I.J.O.S y Familiares afirmó que hay un amplio consenso social para que los juicios continúen. Destacó que Argentina es respetada en el mundo por juzgar con todas las garantías y con tribunales propios. Con Lyllan Luque representaron a 90 víctimas en el megajuicio La Perla y la Ribera. Una multitud, reunida […]
El abogado querellante de H.I.J.O.S y Familiares afirmó que hay un amplio consenso social para que los juicios continúen. Destacó que Argentina es respetada en el mundo por juzgar con todas las garantías y con tribunales propios. Con Lyllan Luque representaron a 90 víctimas en el megajuicio La Perla y la Ribera.
Una multitud, reunida frente al edificio de Tribunales Federales, entre abrazos y lágrimas repitió a hasta el cansancio: ¡Por fin se hizo Justicia! Y no es para menos. Pasaron más de 40 años para que miles de personas celebren la lectura de los fallos que condenaron a 43 represores por crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado. Entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez.
A días de este hecho histórico Prensared dialogó con el abogado querellante de H.I.J.O.S y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, Claudio Orosz. «La lucha ha sido muy larga, comenzó en plena dictadura, como dije en el escenario, en una soledad absoluta. Creo que la imagen de Olga Aredes, sola, dando vueltas, en el Ingenio Ledesma, donde secuestraron a su marido que había sido intendente y médico en el ingenio azucarero, simboliza la situación», afirmó, durante una entrevista con este medio.
Junto a Lyllan Luque representan a los organismos citados en la mayoría de los juicios. Menéndez 1 (Brandalisis, 2008), Menéndez II (Albareda, Morales y Moyano, 2009), Videla-Menéndez (UP1, Gontero, 2010), Comando Radioeléctrico (Roselli, 2012), Ayala (2013), y Menéndez III (Megacausa La Perla y la Ribera, 2014). «Brandalisis», se convirtió en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que condenó a Luciano Benjamín Menéndez y al grupo de tareas. (1)
En el bufet que comparte con otros colegas, distendido, vehemente y directo, repasó el extenso proceso judicial que se inició con la Causa 31-M-87 durante la primera etapa del gobierno de Raúl Alfonsín. No obstante, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el indulto firmado por Carlos Menem, interrumpieron el proceso. Hubo que batallar largos años ante tribunales locales e internacionales para desovillar la madeja de la impunidad. En ese camino, destacó, la labor llevada adelante por María Elba Martínez y Adolfo Pérez Esquivel del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y a Horacio Verbitzky , del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También, resaltó el trabajo de la Conadep y del abogado Amalio Rey.
En los noventa se constituyó como querellante en representación de Paula Mónaco Felipe, Silvia Di Toffino y Agustín Di Toffino cuando la agrupación H.I.J.O.S aún no tenía personería.
Tras la nulidad de las leyes promovida por Néstor Kirchner en el Congreso de la Nación y la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se produjo la reapertura de las causas en todo el país. Mientras, los Organismos seguían exigiendo justicia y la Agrupación H.I.J.O.S acompañada por otras organizaciones sociales comenzaba con los escraches en los barrios donde vivían muy tranquilos los represores.
Kirchner los recibió junto a Clyde Snow, fundador del Equipo de Antropología Forense, cuyo trabajo permitió la identificación de los desaparecidos. «Por primera vez desde 1983 se produjo un acercamiento y una aceptación de nuestros planteamientos», evocó Desde el concepto de Estado terrorista analiza la autonomía del Ejército construida desde la década del cincuenta por fuera de la Constitución.
En este juicio quedó demostrada la participación de la Escuela Francesa y la enseñanza de sus métodos «no convencionales». Habla de la fuerza policíal y las continuidades en democracia. Sostiene que «Los sobrevivientes, son los mejores testigos» y critica a los que usan el discurso de los represores para demonizarlos.
Durante la dictadura «cívico militar eclesiástica» -como le gusta definir a este periodo- hizo el camino inverso que realizó su padre cuando huyó del holocausto. Se exilió en Israel. De joven, pensaba estudiar física nuclear, astronomía, o agronomía. Pero, influenciado por la figura de Gustavo Roca decidió ser abogado «para defender presos políticos» y sociales que también lo son. Cuenta que le gustaría participar en el futuro juicio por el secuestro y posterior asesinato de Claudio Román (16) exalumno del Colegio Manuel Belgrano y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
-El nuevo gobierno está desmontando políticas de estado. En relación a los derechos humanos el presidente Macri habla de «guerra sucia» y de no tener idea sobre los desaparecidos. ¿Cree que van a continuar las políticas de memoria, verdad y justicia?
Recuerdo que el presidente Néstor Kirchner nos dijo en una entrevista que no quería partidizar el proceso y que al término de su mandato sería una política de estado. En ese sentido, me parece que gobierne quien gobierne debe seguir siendo así. Porque si nos atenemos a los resultados de las elecciones donde un 75 por ciento de los habitantes de Córdoba votó a quienes gobiernan hoy obviamente que entre las 15 a 20 mil personas que estuvieron el jueves en la calle seguramente había votantes que acompañaban a los Organismos y a las víctimas. Creo que hay un sector de la población mayoritario en la Argentina que cree que así debe ser. Entonces, así como sucedió en el pasado, debe continuar ahora. Es una agenda que el pueblo argentino debe imponer.
-Quedan aún varias cuentas pendientes ¿El trabajo hacia delante avanza en esa dirección? Hasta hoy no me han echado de la secretaría de derechos humanos de la nación, pese a que todos saben con claridad cuál es mi postura política, ideológica y de derechos humanos. Los funcionarios que tienen ejecutividad sobre la posibilidad de mi trabajo me han dado claras instrucciones: continúen como hasta ahora con los juicios por crímenes de lesa humanidad. De modo que le vamos a imponer al estado y a sus agencias -ejecutivo, legislativo y judicial- la necesidad de que continúen las investigaciones a nivel del ministerio de defensa, de la complicidad bancaria y empresaria y que funcione en el poder legislativo la comisión que se votó estatuir. Entonces, ya no podremos echarle la culpa solamente al ejecutivo. Y lo digo bien claro: solamente. Es el poder legislativo el que tiene que formar una comisión bicameral para investigar la complicidad y la participación del sector empresario y financiero en los delitos de lesa humanidad.
-Ahora, para llevar adelante esas investigaciones se necesitan recursos…
Obviamente, hay que exigirle al ejecutivo que mantenga todo el apoyo para garantizar el funcionamiento y seguimiento de los juicios. Hace unos días escuchaba en tribunales que desde febrero faltaban fondos para cosas que son esenciales. Para hacer una teleconferencia o traer a los testigos hay que contar con esos recursos porque así lo ordena el código de procedimientos. Hemos tenido 581 testigos. De esto se tienen que encargar el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también el poder ejecutivo nacional que debe garantizarlo.
-Este juicio demostró que hubo Terrorismo de Estado y la existencia de un plan sistemático ¿Cómo se debe entender este concepto?
Queda más claro si usamos una terminología distinta. A mí me gusta la que propone Eduardo Luis Duhalde. Antes y hasta el 24 de marzo de 1976, funcionarios públicos, con recursos estatales, con la complicidad o la aquiescencia estatal cometían delitos de exterminio del opositor político de manera sistemática. Eran bandas policiales, militares, burócratas sindicales y de la ultraderecha peronista. Pero, había un estado y un poder judicial que a veces liberaba detenidos, a veces exigía explicaciones, a los diez días debía ponerlos a su disposición, existía el hábeas corpus y se podía pedir la opción de irse del país. Era una transición, pero se reprimía y jaqueaba al poder civil a medida que nos acercamos al golpe militar.
-¿Cuál fue el rol del Ejército?
En esta causa demostramos que el Ejército Argentino se había venido preparando de manera autonomizada sin respetar la constitución para voltear gobiernos. Lo hizo en 1955 (Perón), 1962 (Frondizi) y 1966 (Illia). Tenía un enorme poder autónomo. En 1959, en el primer piso del edificio del Comando en Jefe del Ejército funcionaba una misión francesa que les enseñaba lo aprendido en Vietnam y Argelia donde fueron derrotados. Concretamente, instruían sobre una nueva forma de guerra revolucionaria donde ya no se enfrentaban dos ejércitos vestidos. El enemigo no era externo estaba fronteras adentro y se los denominaba factores, comunistas o guerrilleros. En los setenta, lo reemplazan por subversivo, un concepto mucho más amplio que el anterior.
-¿A quiénes dirigía sus acciones?
Encuadra a los sindicalistas no comprables por empresas y funcionarios; a los estudiantes y fundamentalmente a los obreros que se separan del poder de las burocracias. Van a perseguir a las coordinadoras en lucha, comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas, formas de organización. Entonces, venían desarrollando una tesis, caracterizaban al enemigo interno y como no tenía uniforme había que obtener qué información tenía en la cabeza para accionar en su estructura que normalmente era celular, clandestina, o de superficie.
–¿Cómo obtenían esa información?
Se hacía con aditamentos criollos como la picana que funcionaba desde la época de Leopoldo Lugones. Esto se reflejaba en los reglamentos internos de los años 1968 y 1969, que luego van a ser cambiados en 1975 y 1976. (2)Lo que cambia no es la metodología ni la guerra de la información o su obtención. Se pasa de enemigo interno a subversivo porque el primero supone dos bandos claros, enfrentados; en cambio, el segundo difumina la idea del uso de la tortura para lograr la información. Desde esos años, hay un sistema que está diciendo lo que va a suceder y en la práctica sucede. Estos, son delitos de lesa humanidad. Como el enemigo interno no es un ejército, es población civil. Por otra parte, hablan de bandas de delincuentes y se los identifica con la «T» (terroristas) o la «S» de subversivo. Este método se va generalizando hasta llegar al paroxismo el 24 de marzo con la existencia de un Estado terrorista.
-A pesar del tiempo transcurrido quedan huellas metodológicas en las fuerzas militares y policiales. ¿Cómo lo analiza?
No creo que sea homogéneo ese análisis. Lo que rescato de los noventa es la ruptura por parte de Seineldín y sus promesas a Menéndez y la derrota definitiva de ese sector del ejército que implicó un querer estar lejos. Martín Balza y otras expresiones marcan un alejamiento de aquellos viejos discursos. La policía viene utilizando la picana desde 1930 y en Córdoba cuando se crea el grupo de interrogadores los policías les enseñan. A fuerza de ser sincero, la conexión que tenían con el peronismo y con los radicales en la década del 90, los lleva a ocupar los máximos puestos en la cúpula policial. Cuando Urquiza los denuncia, en 1995, había más de 100 efectivos relacionados con la dictadura. Aparte, está la cría de esa gente que si los periodistas revisan van a ver que un alto jefe relacionado con el Narcoescándalo lo visitaba semanalmente a Yanicelli. (3)
-Usando el Código de faltas la institución policial que además es endogámica puso en práctica métodos similares con los varones pobres de los barrios. ¿Cómo lo ve?
Hay una continuidad. La conexión que tenían con algunos sectores políticos del peronismo y fundamentalmente con la UCR les permitió ocupar los máximos puestos de mando en la policía de la provincia durante los 90.Fijense que el director general de investigaciones era Carlos Yanicelli. Hasta que Urquiza los denuncia, más de 100 integrantes del D2 formaban parte del personal en 1995. Hay vasos comunicantes entre los viejos y los nuevos y sin dudas es una materia pendiente de la democracia. Durante el gobierno anterior el jefe policial Julio César Suárez exhibió a los jóvenes, obscenamente, en corralitos. No importaba lo que hacían. El tema era que use gorra, que sea negro y que no baje al centro. Hay una seria sospecha de que haya un plan sistemático de encarcelamiento al joven pobre. El estado debe tomar este tema seriamente y analizar el protocolo adicional contra la tortura. Cuando hubo que poner personal para los equipos de protección de testigos no fue fácil seleccionar a quienes no tuvieran relación con esa época porque ingresan los hijos. También es cierto que aplican la picana desde 1930.Y son ellos los que les enseñaron a los militares sobre estas técnicas de interrogatorios no convencionales.
– Hace poco, Teresa Meschiatti dijo en una entrevista que no se considera ni heroína ni traidora. En cuanto a la valoración de los testigos sobrevivientes al horror son menos demonizados. ¿Cuál es su mirada?
Este tema ha sido muy fuerte en nuestros sectores y hemos librado una batalla en torno a ese discurso. Colaborador, traidor, y por algo se habrá salvado, forma parte del lenguaje de los torturadores. Recuerdo que una abogada -que por supuesto no es María Elba Martínez- decía que estábamos citando a «traidores». Es la dictadura la que tiene que explicar por qué hay sobrevivientes. Quedar vivo o no tampoco es un parámetro. Bajo tortura muchos hablaron y no sobrevivieron. Sin testigos, no hay juicio. Pese a las descalificaciones han declarado y son los mejores testigos. Si estabas en un campo de concentración no era lo mismo que una cárcel. Nadie sabía que estabas. Solo, con los torturadores que eran dueños de tu vida, de tu muerte. De tu violación, de tu abuso deshonesto, de tus gritos y de ocultar tu cuerpo. No reconocer esto es ser muy ciego. Gracias a esos testimonios se condenaron a los victimarios.
-Participó en todos los juicios ¿Qué significa en lo personal esa experiencia?
Para mí es casi un sueño realizado. Me fui al exilio, estuve un año y pico afuera en las peores condiciones. En Israel tenia mis abuelos y mis tíos pero ni siquiera teníamos un idioma en común. Vivía interno en una escuela, pero más allá de eso cuando era chico soñaba con estudiar física nuclear, astronomía o agronomía. Particularmente cuando estuve en los kibutz pensaba en volver y trabajar la tierra de manera colectiva no rentística. Pero, siguiendo el ejemplo de Gustavo Roca, una persona que me ayudó muchísimo, decidí ser abogado para defender presos políticos. Me pareció que mientras exista un sistema injusto habrá presos y casi todos los presos sociales son presos políticos. También como una manera de canalizar la enorme bronca por tantos amigos y compañeros desaparecidos como Alejandra Jaimovich, Oli, Gómez Tamis, con los que milité en el secundario. Y luego mis ex cuñados, tíos de mis hijos: Diego Raúl Hunziker y Claudia Hunziker. Fue un compromiso llevar adelante un proceso justo y condenar a los autores de los crímenes que sufrieron tantas personas. Casi fue un mandato atávico. Si bien no creo en Dios, me gusta una frase del Talmud: «Justicia, justicia buscarás». Eso he intentado hacer. Por supuesto, con un numeroso equipo de profesionales.
Notas
1- Esta causa surge fortuitamente a través de Lucila Puyol, abogada de Hijos Santa Fe, hija de Norberto Puyol, cuyos restos según las investigaciones de Beatriz Pfeiffer podrían encontrarse en el cementerio San Vicente. Al abrir la tumba encuentran los cuerpos de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Ilda Flora Palacios y Raúl Cardozo. Un segundo hecho motivó una oleada de detenciones y permitió extraditar al prófugo Guillermo (a) Nabo Barreiro residente en los EE.UU. Se activó la causa por Diego Raúl Húnziker y Juan Carlos Perchante, retirados de La Perla y asesinados en un enfrentamiento fraguado frente a la fábrica Fiat la noche del 22 al 23 de septiembre de 1976. En este juicio fueron condenados los victimarios de Puyol.
2- Román fue retirado de La Perla por orden de Menéndez, en venganza por el asesinato del cabo del Batallón 141, Jorge Bulacio. Se lo adjudicaban a Montoneros pero se supo que no fue así. Esa noche fueron asesinados Toranzo, De Breuil y Vaca Narvaja.
3- -Entre paréntesis, los códigos de los cambios. 1968 (rb8.2c ) 1969 (rb8.3) en 1975 (rc9.1,experimental) y en 1976 (rc9.1definitivo). 4- Hace referencia al exjefe de policía Rafael Sosa procesado y absuelto por el beneficio de la duda en la causa del Narcoescándalo. El expolicía Yanicelli está condenado por crímenes de lesa humanidad y alojado en la cárcel de Bower.
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