La Cámara Baja aprobó por 177 votos a favor y 58 en contra, el proyecto de ley de presupuesto 2017 y lo giró al Senado. La norma contempla un gasto total superior a los dos billones de pesos. Seis de cada 10, serán destinados a servicios sociales y a un ambicioso programa de obras públicas. […]
La Cámara Baja aprobó por 177 votos a favor y 58 en contra, el proyecto de ley de presupuesto 2017 y lo giró al Senado. La norma contempla un gasto total superior a los dos billones de pesos. Seis de cada 10, serán destinados a servicios sociales y a un ambicioso programa de obras públicas.
Un elemento a resaltar es que se votó además la reforma del artículo 37 para acotar los llamados superpoderes recortando, al 7,5% del gasto, la posibilidad para que el Poder Ejecutivo cambie el destino de los recursos presupuestarios.
En notas anteriores desarrollamos algunos aspectos sobre el proyecto de la llamada Ley de leyes. Vimos como se financiará su déficit de casi 500.000 millones de pesos con nueva deuda (1) y cuán difícil resultará lograr las metas de 3,5 % de crecimiento y 17 % de inflación (2).
Queremos ahora tomar un aspecto que impacta en mayor medida sobre los sectores de menores recursos en cuanto a su calidad de vida. Nos referimos a los gastos en servicios sociales que incluyen salud, educación, cultura, trabajo, vivienda, agua potable y alcantarillado, promoción y asistencia social y seguridad social.
Un análisis realizado por el equipo de trabajo del Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) aborda este aspecto desde su incidencia en términos reales, esto es, más allá de las siderales cifras nominales que se expresan en el presupuesto.
La primera conclusión es que si bien se presupuestan con un incremento del 29%, el aumento real será de 8 % si se tiene en cuenta la pauta oficial de inflación. Ese porcentaje es menor al incremento proyectado para el pago de servicios de la deuda pública (11%).
Extendiendo la evolución del gasto social al periodo 2015-2017 calculan que el incremento real resultará aún menor, 5% en tres años. «De todos modos, considerando el nuevo contexto social de mayor pobreza resulta entonces, que el gasto social en términos reales habrá disminuido, desde el año 2015 hasta el 2017 en -5,3%», expresa el informe del IPyPP.
«El aumento proyectado para el 2017 debe evaluarse en función de lo sucedido durante este año», agrega. «Se prevé que el gasto social, al finalizar el año 2016 caerá 3% en el marco de una tasa de inflación del orden del 40%», concluye.
El estudio desmenuza cómo impactará en términos reales, y no nominales, la distribución del gasto social según el fin a que se lo destina.
Salud, cae casi 3 % ; Educación y Cultura cae 2,5%, Trabajo es el que muestra la caída más pronunciada de 11%, similar baja sucede con Agua Potable y Alcantarillado.
Los que más aumentan en términos reales son : Vivienda y Urbanismo (+33,7%), Promoción y Asistencia Social (+14,8%) y Seguridad Social (+10,7%).
Para el pago a acreedores privados en concepto de intereses de deuda están previstos $ 131.321 millones de pesos cifra que representa: 3 veces el gasto que se destina a Promoción y Asistencia Social, 15 veces lo asignado a Trabajo, 1,5 veces lo destinado a Salud, 7 veces el monto presupuestado para Agua Potable y Alcantarillado. Y representa además, más del doble de lo que se asigna al programa de Reparación Histórica de haberes jubilatorios ($ 59.657 millones) junto con lo destinado a la «Pensión Universal para el adulto mayor» ($ 3.045,9 millones).
El informe analiza los dos programas más importantes de Seguridad Social: las Prestaciones Previsionales y el de Asignaciones Familiares, para los cuales el proyecto con media sanción prevé un aumento en términos reales de 15% y 5,1% respectivamente.
Respecto a las asignaciones familiares, «continúan quedando fuera de alcance de todo tipo de sistema de protección social, 2,7 millones de niños, es decir, el 21% de la población menor de 18 años», aclara.
Respecto a las prestaciones previsionales, cuyo ajuste se produce cada seis meses corriendo siempre detrás de la inflación, han perdido durante lo que va del año 10 % de su poder de compra, situación «que no parece resarcirse en los números del próximo año». En concreto «si bien el presupuesto para el año que viene prevé una mejora en el nivel general de haberes por distintas vías (movilidad jubilatoria, reparación histórica, etc) la misma apenas alcanza para recuperar lo perdido durante el año 2016», afirma.
Un aspecto importante es el vinculado al empleo público y lo que este informe analiza desde los datos del proyecto de presupuesto 2017. Para el IPPyP, a la primera ola de despidos desde el inicio de la gestión Cambiemos (cercana a los 20.000, según estimaciones del Observatorio del Derecho Social tomando la nación, las provincias y municipios) parecería que se sumaría una segunda.
Dice el Informe: «Como si lo anterior no resultara suficiente se avizora a partir de la segunda parte del año, una nueva ola de revisiones de contratos ahora con excusas renovadas. Según reuniones entre los distintos gremios con autoridades del Ministerio de Modernización e informes ministeriales internos al Poder Ejecutivo Nacional, lo que se busca como objetivo ahora es alcanzar ‘el nivel de la planta óptima’. Tal como si el espacio de trabajo conformado por el Estado fuera una gran empresa capaz de ser gestionada a partir de criterios del sector privado con metas de producción establecidas, el gobierno planea realizar evaluaciones estrictas respecto a la productividad de los trabajadores del Estado. Para ello se llevará a cabo una estrategia de reordenamiento del esquema de organización del trabajo público que incorpora, incluso, la posibilidad de realizar retiros voluntarios y la salida del ‘personal jubilable'».
En ese sentido, el Proyecto de Presupuesto 2017 expresa textualmente que: «la política de ocupación y salarios del Sector Público Nacional estará orientada a respetar los niveles de gasto que se fijen en el Presupuesto Nacional, para obtener un esquema compatible con la sustentabilidad fiscal y, en el marco de dicho proceso de negociación, los criterios a aplicar para el diseño de los distintos regímenes laborales y escalafonarios estarán alineados con los principios generales del Plan de Modernización del Estado, a los efectos de contribuir con la mejora de la gestión pública en términos de calidad y eficiencia».
Esta perspectiva suma a lo sucedido con el salario de los empleados estatales durante el año en curso que, aun sin haber finalizado muestra un retroceso de 6,4%, teniendo en cuenta los aumentos de precios proyectados y las paritarias cerradas. «Si consideramos el deterioro acumulado desde el año 2011, se concluye que la caída salarial será de aproximadamente 13%».
Para el 2017 se estipula un aumento del 17% dividido entre los meses de julio (9%) y septiembre (8%). Este incremento significa en términos reales 7,17% y un deterioro del poder de compra del -7,8%. «En concreto el Presupuesto le propone a los estatales que soporten durante ocho de los doce meses del año, una pérdida de importante magnitud en sus salarios. De esta manera se verifica que, de cumplirse las metas oficiales, la estrategia oficial desde que inició el gobierno radica lograr un retroceso salarial de los empleados públicos de entre 10% y 12%», detalla el informe del Instituto.
Cómo votó el kichenrismo y quienes votaron en contra
De los 70 integrantes del bloque FpV-PJ, 13 votaron afirmativamente, 49 en forma negativa y 8 se ausentaron. Entre los primeros están los formoseños Luis Basterra, Inés Lotto y Daniel Díaz Roig, el bonaerense Remo Carlotto (hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) y los sanjuaninos Héctor Tomas, Sandra Castro y José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista. También votaron por la afirmativa el misionero Daniel Di Stéfano, Ana Galliard y Lautaro Gervasoni (ambos por Entre Ríos), Miriam Gallardo y Mirta Soraire (Tucumán) y la chaqueña Sandra Mendoza.
Casi todos los ausentes son de la provincia de Buenos Aires: María Cristina Álvarez Rodríguez, Luis Cigogna, Diana Conti, Gustavo Arrieta, Dulce Granados (esposa del intendente de Ezeiza), María Isabel Guerin y Carlos Moreno. A ellos se les sumó la chaqueña Analía Rach Quiroga.
Los otros 49 miembros, en cambio, votaron contra el Presupuesto 2017. Quienes acompañaron esta postura fueron los diputados del Frente de Izquierda, Concertación FORJA, el Bloque Sí (Carlos Heller) y el Movimiento Solidario Popular, de Tierra del Fuego.
Notas relacionadas:
(1) Presupuesto 2017: sigue el endeudamiento
(2) Presupuesto 2017: la verdad sobre una mentira
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/gobierno/20145-el-presupuesto-2017-paso-la-prueba-en-diputados
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