-M.H.: Se cumplieron once años del incendio del taller textil clandestino de Luis Viale 1269 que dejó un saldo de una trabajadora y 5 menores fallecidos. Al cumplirse estos once años, familiares y amigos de las víctimas retoman la campaña por justicia. ¿Cuáles son las razones por las que después de once años se han […]
-M.H.: Se cumplieron once años del incendio del taller textil clandestino de Luis Viale 1269 que dejó un saldo de una trabajadora y 5 menores fallecidos. Al cumplirse estos once años, familiares y amigos de las víctimas retoman la campaña por justicia. ¿Cuáles son las razones por las que después de once años se han visto en la necesidad de retomar esta campaña?
-J.: Como siempre la razón es la inacción de la Justicia y la necesidad de movilizarse para que reaccione, como pasó el año pasado cuando los mismos jueces que en 2015 querían declarar la causa prescrita y no hacer el juicio, tuvieron que hacerlo porque la Cámara de Casación, que está por encima de estos jueces así lo indicó. A partir de ahí hicimos una campaña con la que se logró que los propios jueces vayan a visitar el taller, lo cual los sensibilizó sobremanera. Terminaron dándole 13 años de condena a los talleristas que trabajaban por cuenta y orden de dos empresarios mayores que tenían una fábrica de corte a la vuelta y que eran los dueños de la producción y del taller. Estas personas comercializan ropa al por mayor en calle Avellaneda, no se trata de marcas conocidas, de hecho ya están dadas de baja, pero sí facturaban millones y estaban en el sector hacía más de 40 años.
En el juicio logramos no solo esta pena de 13 años a los talleristas, por reducción a la servidumbre, sino que además se devuelva la causa a un juzgado de instrucción para que se investigue la responsabilidad de los dueños de la fábrica para los que el taller trabajaba que al mismo tiempo son los dueños de la propiedad. Volvió la causa al mismo juzgado de instrucción y a la misma fiscalía que había desestimado la responsabilidad de los dueños de la marca, y los jueces de primera instancia les indicaron volver a investigarlos.
Estamos a diez años de que el juzgado de instrucción dijera que los dueños de la marca no tenían nada que ver con el hecho, retomando la investigación con las complicaciones que esto implica. Hace siete meses que la Fiscalía Nº 38 de Betina Vota, con su secretaria Angela Gómez Maiorano, recibieron el expediente y no han hecho prácticamente nada.
-M.H.: ¿Quiénes son los dueños de la marca?
-J.: Jaime Geiler y Daniel Alberto Fischberg. Que once años después no han sido citados a declarar. En ningún momento han pagado ni con cinco minutos de su vida yendo a declarar ante un fiscal o un juez. La Fiscalía en este momento, luego de siete meses, ubicó a uno de los dueños de la marca, al otro no logró ubicarlo. Nosotros estamos completamente seguros de que está, lo que pasa es que no lo están buscando, conocen el paradero de toda su familia y no les han preguntado a dónde está esta persona. Hicimos investigación por internet y sin los recursos que ellos tienen, como intervenir teléfonos, hemos encontrado datos que estamos aportando y que sabemos que van a ayudar a estudiar la responsabilidad de ambos. Pero la fiscal Betina Vota no está avanzando, lo que está haciendo es una tomadura de pelo, pusieron a alguien del juzgado a buscar en internet, que evidentemente no tiene ni idea, mandan policías a la zona donde viven los dueños de la marca para que pregunten a los vecinos si los vieron. A Fischberg lo encontraron y no lo llamaron a declarar aún.
-M.H.: ¿Qué tienen pensado en relación a esta situación?
-J.: Queremos creer que la fiscal a partir de nuestra denuncia de que no está tomando en serio el tema, va a activar y a dar con el paradero de estas personas y citarlos a declaración indagatoria. Si la fiscal no hace nada, lo hablaremos con nuestra abogada y nos veremos obligados a hacer algún tipo de escrache a la fiscal para poner en evidencia que diez años después tenga que investigar a estas personas y siga negándose a hacerlo.
-M.H.: O sea que un primer paso sería la más amplia difusión de esta situación para obligar a que tome cartas en el asunto.
-J.: Sí, difusión mediática para que vea que hay respuesta de los medios e interés por este caso. Recordemos que el año pasado en la lectura de la sentencia tuvieron que sacar las sillas de la sala porque la llenamos, una sala de audiencias que no había tenido nunca más de 10 personas. Quedó gente afuera, hubo legisladores y 7 cámaras de televisión filmando. Es un caso que tuvo una repercusión importante.
-M.H.: Tal vez pensar en una conferencia de prensa puede ser una alternativa para conmover un poquito a Betina Vota, de la Fiscalía Nacional Correccional y Criminal N° 38 y también a su secretaria Angela Gómez Maiorano.
-J.: Exactamente. En principio hicimos circular una gacetilla de prensa, hablamos en varios medios, vamos a volver a insistir en esta semana y si la abogada nos informa que no hubo avances por el lado de la Fiscalía, probablemente llamemos a una conferencia de prensa en un escrache mismo, en la puerta de la Fiscalía en la calle Tucumán, porque sino el tiempo pasa y éstas son personas grandes que en el caso de ser condenadas seguramente tengan condena domiciliaria.
Lo importante de este caso y que caigan los dueños de la marca, es sentar jurisprudencia respecto a los juicios contra las otras 110 marcas que hay denunciadas y algunas más que ha encontrado la AFIP en los últimos años, 86 de esas 110 marcas están en manos del Juez Ercolini, que también tiene cajoneada la causa.
La idea es movilizar lo de Luis Viale para que presione también sobre Ercolini para avanzar. Recordemos que las marcas dicen que ellas comercializan los que producen otros, con esa excusa tratan de sacarse la responsabilidad de encima, cuando en realidad toda la bibliografía académica señala que son la cabeza de la cadena productiva, son las que deciden el precio, cómo se produce, quiénes producen y demás, por lo tanto, legalmente son responsables.
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