El Indec informó el último jueves de abril que, después de 14 meses de signo negativo, el índice de la construcción mejoró 10,8% respecto a marzo de 2016. El dato llegó al día siguiente que se conociera que la economía había caído 2,2% en febrero en la peor performance mensual desde 2012. La mejora de […]
El Indec informó el último jueves de abril que, después de 14 meses de signo negativo, el índice de la construcción mejoró 10,8% respecto a marzo de 2016.
El dato llegó al día siguiente que se conociera que la economía había caído 2,2% en febrero en la peor performance mensual desde 2012.
La mejora de la construcción, que se adiciona a la de la venta de autos y de la maquinaria agrícola, pasó a formar parte de un panorama de brotes muy pálidos.
Mientras la inflación alcanzó en abril el 2,6%, superando las previsiones más pesimistas, los rubros que más crecieron en marzo fueron los despachos de asfalto, hierro redondo para hormigón y cemento portland asociados a obras para infraestructura y se corresponden con un aumento en los puestos de trabajo en la construcción de la mano de la licitación de obras públicas por $ 175.000 millones en los últimos ocho meses (U$S 11.140 millones).
La construcción tiene la ventaja de que reacciona rápido a los estímulos y puede resucitar el trabajo si bien generalmente precario y mal remunerado.
«La prioridad es ganar las elecciones y convalidar en octubre las propuestas del gobierno. Después vamos a encarar las asignaturas pendientes», expresó el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, en una reunión en Nueva York con 30 banqueros y representantes de Wall Street, según relató Marcelo Bonelli en Clarín el pasado 21 de abril. Y concluyó: «no se puede encarar ahora el problema fiscal. Si atacamos el déficit, habrá más piquetes y la vida será imposible en Argentina».
En los primeros tres meses de este año las cuentas públicas registraron un déficit de $ 48.401 millones, un 102,5% más que el año anterior, de acuerdo a las cifras de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Mientras, las ventas de 0 Km subieron 42,5% (230.000 unidades nuevas) en el primer trimestre. Dos tercios son unidades brasileñas. Durante 2016, las terminales brasileñas le exportaron a Argentina más de 400.000 unidades. Este año, serían más de 500.000 de las 800.000 unidades cero kilómetro que se venderán en Argentina entre autos, pick-ups y utilitarios. Solo un tercio de los vehículos que se venden en las concesionarias son locales. Si bien los patentamientos de vehículos nuevos producidos en Argentina crecieron 6,8%, los importados lo hicieron a una tasa del 74%. Así la participación de los vehículos argentinos en el mercado doméstico cayó al 34,8% entre enero y marzo y la producción nacional de vehículos se contrajo un -5,9%.
En tanto, el segmento de vehículos de alta gama fue el de mayor suba en las ventas durante el primer trimestre, con un repunte del 250,2%.
Según la División Motos de la ACARA (concesionarios), entre enero y marzo se colocaron 176.605 unidades que contrastan con las 114.467 vendidas en el mismo período del año anterior. En el sector proyectan cerrar el año con cifras que oscilan entre 550.000 y 600.000 unidades. Aunque representa un alza importante respecto del año pasado, todavía está alejada del récord de 2013 con 710.000 patentamientos.
No obstante, la producción industrial en febrero registró una caída del 9% interanual y acumuló en el primer bimestre una contracción del 5%, de acuerdo al informe del Centro de Estudios de la UIA.
En marzo, por el fuerte incremento de las importaciones, la balanza comercial resultó deficitaria en U$S 941 millones, más que triplicando el rojo de U$S 274 millones de igual mes de 2016, según los datos del INDEC.
Con este resultado, en los primeros tres meses de este año, el déficit comercial asciende a U$S 1.088 millones, un 218% superior a los U$S 342 millones de iguales meses del año pasado. En cantidades, las exportaciones de marzo descendieron el 3,9%, mientras las compras al exterior se incrementaron un 10,6%, en especial en bienes de capital, bienes de consumo y vehículos.
Tampoco toca piso la caída del consumo en supermercados y almacenes: en abril retrocedió 5%. En marzo la baja había sido 5,6%. Osvaldo del Río, presidente de la consultora Scentia, comentó que debió ajustar hacia abajo su pronóstico sobre la evolución del consumo para el resto del año. En vez de una caída del 1%, ahora se orienta hacia una merma del 2% hacia fines de 2017.
Para Martín Ravazzani, economista de Ecolatina, el crecimiento presupuestado este año de 3,5% no podrá alcanzarse y se ubicará entre el 2,5% y el 2,7%. Similar proyección tiene Econométrica: 2,4%
Plan Empalme subsidia a empresarios
El miércoles 2 se publicó en el Boletín Oficial el decreto firmado por el Presidente Mauricio Macri y anunciado el 1º de mayo con el cual se pretende sumar 80.000 nuevos puestos de trabajo formal por año.
El universo de posibles beneficiarios alcanza a alrededor de un millón de personas incluidas en distintos programas del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social. El Gobierno seguirá pagando el monto del subsidio al trabajador empleado por la empresa privada hasta 24 meses. Y la empresa deberá pagar el sueldo, previa deducción del subsidio. Así el trabajador cobrará parte de su salario del Estado y parte de la empresa.
Según el Decreto el nuevo empleo deberá ubicarse por encima de la dotación de personal que tenía la empresa a diciembre de 2016. De allí que el control y la fiscalización serán claves para evitar cualquier «efecto sustitución». El nuevo trabajador podrá ser despedido por el empleador en los términos que marca la legislación laboral, pero en ese caso seguirá cobrando el plan de empleo.
Según el Diputado nacional del FIT-PO, Néstor Pitrola: «No promueve ni genera empleo. Ningún empresario toma trabajadores nuevos por más que sean subsidiados, si tiene el 40% de su capacidad productiva ociosa, tal como ocurre con la industria argentina. El «Plan Empalme» promueve una rotación de empleos más calificados, con mayor antigüedad, con mejores salarios, por otros de menor costo laboral, promueve la rotación, no la expansión del empleo, lo que requiere inversión y aumento del consumo. Lo notable, es que el marco de un Estado quebrado, los contribuyentes estaremos financiando un aumento de rentabilidad, basado en salarios de hambre, de los cuales una parte la solventa el presupuesto público mediante el plan social.»
«Nuestro programa es la reactivación económica volcando el ahorro nacional a la obra pública, la vivienda, y un plan de industrialización ferroviaria con trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo.», finalizó Pitrola.
Ley Awada
El Poder Ejecutivo prepara un Proyecto de Ley para el sector textil que según denuncian empresarios del sector favorecería a las grandes cadenas de retail como Falabella y Carrefour, y a renombradas marcas como Kosiuko, Zara y Cheeky, propiedad de la familia de la primera dama, Juliana Awada.
«Es una ley a medida de los que importan telas y tienen talleres baratos para competir con los chinos. El beneficio para el resto de la cadena es secundario», sostuvo un empresario pyme.
A la par, un alto dirigente del segmento hilandero alertó que la medida «va a ser exitosa en la medida que potencie a toda la cadena y genere un círculo virtuoso. No queremos que sea un negocio para cuatro. No queremos una Ley Awada. Esas empresas quieren comprar barato y vender lo más caro posible, no necesitan a la industria», concluyó.
Pero en el sector pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores. El presidente de la textil TN Platex, Teddy Karagozian, sostuvo el domingo pasado que este año la industria puede dar un aumento salarial del «0 por ciento», mientras advirtió sobre un «dólar aplastado» que promueve un «aumento en las importaciones». «Hoy en día, el aumento que pueden dar las industrias, no sólo la textil, es 0 por ciento», insistió. Indicó que, según cifras oficiales, en un año y medio se perdieron «entre 7 y 8 mil empleos», aunque aclaró que «hubo mucha gente con menos horas de trabajo y más gente que estuvo suspendida con el 70 % del salario».
Impuesto al salario
Según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registra el Ministerio de Trabajo, el salario promedio bruto del sector privado en enero de 2017 alcanzó los $ 23.210. De acuerdo con la nueva Ley del Impuesto a las Ganancias, el mínimo no imponible se ubicaría en los $ 27.941 brutos, por lo cual si el aumento promedio se ubicara en un 24% van a ingresar a pagar Ganancias 400.000 trabajadores más (actualmente 1.400.000).
Así las cosas, el debate por Ganancias comenzó a colarse en las paritarias. Los gremios del transporte sostienen que no han sido escuchados por el anterior ni el actual gobierno ya que están obligados a trabajar en feriados nacionales y lo hacen para pagar el impuesto ya que el trabajador no puede elegir no trabajar un feriado o no hacer horas extras porque recorre tramos largos de hasta 24 horas.
Mario Calegari, Secretario de prensa de la UTA (colectiveros) afirmó que, «más allá de las horas extra, ahora va a alcanzar a prácticamente todos los empleados del transporte. De básico tenemos $ 21.000, además de un 1,5% de antigüedad con un promedio de diez años. Van a entrar muchos compañeros».
No obstante, e n los últimos días se ha acentuado el malhumor entre los afiliados a la (UTA). ¿El motivo? La paritaria del sector. Los trabajadores del volante denuncian una pérdida en su poder de compra, estancamiento de las negociaciones, despidos arbitrarios y el vaciamiento de la obra social.
El año pasado, la UTA negoció un aumento de sueldos a 18 meses por un 29% escalonado. El problema, según indican, es que la escalada inflacionaria y el incremento en el costo de vida «ya se comió» aquel aumento y, a punto de entrar en el segundo semestre, no hay indicios de cuál será la nueva recomposición salarial.
La puja tripartita de la paritaria estaría atravesada por el reclamo de los empresarios quienes, ante la negativa del Gobierno a un nuevo aumento del boleto, han lanzado una campaña exigiendo más subsidios. En los últimos días se han visto circular colectivos con la leyenda: «Ante una actitud inflexible del Estado es indispensable reducir los servicios para sobrevivir».
El creciente malestar, entre los trabajadores, se incrementó luego de la circulación de un video en el cual el propio Fernández da su visión sobre la paritaria del sector. Se lo ve diciendo: «Los empresarios tienen un problema con el gobierno con el tema de los costos, entonces estamos ahí, ¿quién va primero, los costos o el salario? Y bueno, nosotros creemos que primero vayan los costos y después pediríamos el salario».
Federico Navarro, delegado general de la Comisión interna de Aluar-Puerto Madryn, señaló «que están afectados por el impuesto desde 2005. En 2007 se generalizó con descuentos de hasta $ 8.000. La modificación de la Ley alivianó a los que más se les retenía, pero entraron los que no pagaban, ahora paga toda la fábrica, somos 1.200. Pensamos que no corresponde el impuesto al salario, por eso en las paritarias siempre pedimos que lo absorba de alguna manera la empresa y reconozca parte de ese impuesto. Lo volveremos a hacer este año».
La carpa itinerante se mudó a Formosa
Lejos de la visibilidad que le había otorgado su permanencia en la Plaza de Congreso, sin novedades en el conflicto a nivel nacional y en particular en la Provincia de Buenos Aires donde habrá elecciones del Suteba, el sindicato mayoritario.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) calificó este martes el adelanto del Gobierno a cuenta de futuros aumentos como «migajas» y volvieron a reclamar por la devolución de los descuentos y el llamado a paritarias.
Cabe señalar que el Gobierno provincial anunció que otorgará el incremento en cumplimiento de un reciente fallo judicial y ante la advertencia sobre posibles paros por parte de los gremios.
Mientras tanto, el gobierno de María Eugenia Vidal apuesta a cerrar el conflicto después del 17 de mayo, día en el cual Roberto Baradel buscará su reelección.
La conducción del Suteba salió al cruce de la denuncia de fraude de la Lista Multicolor encabezada por Romina del Plá, Secretaria general de La Matanza, donde se concentra el padrón mayoritario.
Finalmente, tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo, se ratificó la legalidad y la transparencia de las elecciones del Suteba que se llevarán a cabo el próximo 17 de mayo.
El Ministerio de Trabajo dejó sin efecto el traslado de las impugnaciones al proceso eleccionario en curso y convocó a una nueva audiencia para el lunes con la presencia de los representantes de las dos listas provinciales, Celeste-Violeta y Multicolor, para dar tratamiento a cuestiones de interés de ambas.
Conadu y Conadu Histórica, los gremios más grandes de la educación superior, pararon toda la semana del 8 al 13 de mayo y se movilizarán en una gran «marcha federal universitaria» el martes 16.
El último ofrecimiento del Gobierno a los gremios universitarios fue de un 20% de recomposición salarial, dividida en 3 tramos de 6% más un 2% en noviembre, en carácter de jerarquización de la profesión. Todo esto con cláusula gatillo atada a la inflación medida por el Indec. Los seis gremios que participan de la paritaria reclaman una suba de 35%.
En momentos en los que el gobierno se muestra intransigente con el reclamo salarial de los docentes en todo el país, el presidente Mauricio Macri decretó la prórroga de la exención de las contribuciones patronales de las escuelas privadas. Dos varas distintas para medir la educación pública y privada.
El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas rompe el techo salarial
El presidente Mauricio Macri anunció un aumento salarial del 31% (sic) en tres cuotas para las fuerzas de seguridad, aunque para los efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional habrá una suba del «9 % por encima de la pauta» que ya habían acordado los empleados públicos.
La primera cuota será del 7%, la segunda del 10% y la última del 14%, a cobrarse en julio, agosto y septiembre respectivamente, con los sueldos del mes anterior; de esta manera, un porcentaje del aumento repercutirá en el medio aguinaldo del primer semestre del año.
En declaraciones a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, el Jefe de Estado detalló que también habrá una suba del «55 % para los jubilados» (sic) de esas fuerzas.
Asimismo, el Presidente recordó que en los últimos años a las fuerzas de seguridad «se les ha ido aumentando sistemáticamente en base a adicionales» no contributivos, lo cual generó «una inequidad muy grande» por las diferencias remunerativas entre el personal en actividad y el que se retira, lo que hace que «la jubilación pase a ser una condena» (sic).
Mediante un comunicado, se explicó que la medida «tiende a simplificar la liquidación de sueldos de Gendarmería y Prefectura, aumentarle sustancialmente sus ingresos a los retirados y pensionados y nivelar los haberes con el resto de las fuerzas de seguridad».
«Forma parte de un plan integral a desarrollase en varios años que homologará las escalas salariales de Gendarmería, Prefectura, Policía federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria», se indicó oficialmente.
Al participar del 206° aniversario de la creación del Ejército Argentino, el Jefe de Estado hizo un llamado a «cerrar la brecha» e invitó a los militares a «construir un puente para cruzarlo todos juntos».
«Sé que las Fuerzas Armadas vienen de años donde el Estado los ignoró y los abandonó. Eso trajo problemas de presupuesto, de equipamientos, de infraestructura…» , resaltó Macri en el Colegio Militar de la Nación, en la localidad bonaerense de El Palomar.
Junto al ministro de Defensa, Julio Martínez, el mandatario sostuvo que los militares también «han enfrentado problemas en los salarios, en las jerarquías» y «el no reconocimiento en forma contributiva para aquél que se tiene que jubilar».
Santa Cruz: Alicia Kirchner y Rogelio Frigerio negocian el ajuste
El miércoles pasado se iniciaron las negociaciones entre Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz perteneciente al Frente Para la Victoria (FpV), y el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para avanzar en los pormenores del «plan fiscal y financiero» mediante el cual el Estado nacional se compromete a ayudar a la provincia para obtener un préstamo del Banco Nación. Las negociaciones culminarán hoy viernes. Si bien, los detalles del acuerdo no son públicos, sí han transcendido algunas pautas generales a las que Frigerio llamó «hoja de ruta», sin las cuales, ya afirmaron fuentes del Gobierno nacional, no habrá ayuda para destrabar fondos.
Esa «hoja de ruta» incluye una serie de medidas económicas que significan una profundización del ajuste que viene llevando adelante Alicia Kirchner y que está golpeando al conjunto de los trabajadores provinciales. Además del pedido de un informe exhaustivo del estado financiero de la provincia, lo que Frigerio le pidió es que presente un plan «para reducir el déficit fiscal y equilibrar las cuentas» y una serie de reformas políticas, como la derogación de la Ley de Lemas, que posibilitó el triunfo de Alicia Kirchner, a pesar de haber salido segunda en la elección. Una de las medidas para lograr reducir el déficit fiscal sería, como era de esperar, afectar el salario de los trabajadores. Según figura en el plan presentado, el Ministerio de Economía santacruceño proyectó «un aumento salarial en 2017 de alrededor del 18% y un incremento de la recaudación tributaria provincial superior al 25%».
Esta proyección, que no es más que seguir ajustando a los trabajadores, se da en el marco de una situación en la que los estatales, docentes, judiciales y jubilados están reclamando el pago de salarios adeudados (que encima cobran en cuotas) y de una propuesta de aumento salarial a los docentes de un miserable 3%.
A la terrible que situación que viven los empleados públicos se suman los ataques que también están recibiendo trabajadores de sectores privados, como los petroleros pertenecientes a la empresa San Antonio de Las Heras, que acaba de despedir a 300 empleados, la totalidad en esa planta.
Los trabajadores provinciales siguen apostando a la lucha y a la organización contra los planes de ajuste. Prueba de esto son las persistentes medidas de lucha, como el paro general del jueves que paralizó toda la provincia, los cortes de ruta y movilizaciones en organismos públicos, entre otras medidas.
Petroleros firman convenios a la baja
La Federación de Sindicatos Unidos Petroleros Hidrocarburíferos (SUPEH), que representa a los trabajadores de YPF, avanza en una adecuación del convenio colectivo de trabajo que ata ciertos beneficios laborales al sube y baja del precio internacional del petróleo.
«Vamos a dividir el convenio en períodos de crisis, cuando el precio del barril está bajo, y de benevolencia, cuando cotice alto», confirmó el titular del SUPEH, Antonio Cassia.
La sala de reuniones del Sindicato de Petroleros Privados, fue sede del plenario de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados donde se aprobó por mayoría el acuerdo que los dos sindicatos petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge habían aceptado ante funcionarios del Gobierno nacional y representantes de las operadoras una serie de adecuaciones a los convenios colectivos de trabajo para garantizar el nivel de actividad y las fuentes de empleo.
Entre otros aspectos la adenda al convenio colectivo implica aspectos como eliminación del pago de horas de viaje a los yacimientos, trabajar con viento y realizar tareas nocturnas.
Una vez iniciado el plenario, un significativo número de afiliados trató de ingresar al recinto para pedir que no se aprobara el acuerdo ya que consideraban que «no era la mejor opción para los trabajadores».
Incluso un grupo trató de quemar cubiertas como medida de reclamo por no poder presenciar el plenario.
Tras el cónclave, el Secretario General, Jorge Avila, sostuvo: «no hay nada para festejar. No hubo aplausos no hubo nada como otras veces. Lo que nos queda es una cancha de lodo. A partir de ahora vamos a salir a defender cada cosa que venga».
«Uno tiene que explicar lo que no está preparado para hacer. Yo no estoy preparado para dar cosas, estoy preparado para pelear y defender los intereses de los trabajadores, pero también tengo que mirar el mapa que tengo para resolver los problemas y acá no hay otra alternativa que nos permita garantizar 18 perforadores, 35 workover y 33 pulling hasta diciembre», agregó.
«Nosotros tampoco tenemos un Vaca Muerta que nos garantice 10.000 puestos de trabajo, encima tenemos un barril en baja, somos la única provincia que exporta y que no tenemos los reembolsos de los puertos, por eso la actividad convencional no tiene futuro», lamentó.
Se desató una fuerte pelea entre burócratas en el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la Cuenca Neuquina que afecta la aplicación del nuevo convenio en Vaca Muerta.
Guillermo Pereyra expresó su malestar para con Marcelo Rucci por no contener -o al menos dilatar- el conflicto generado por la decisión de 127 despedidos de la empresa de servicios OPS de bloquear el acceso a varios yacimientos de YPF, poniendo el riesgo el abastecimiento de combustibles en la región y provocando fuertes pérdidas para la petrolera bajo control estatal.
Rucci es el intendente de Rincón de los Sauces y virtual número dos del sindicato, que en los últimos meses amplió su base de sustentación territorial dentro de la organización.
Su red se extendió en otros polos hidrocarburíferos como Catriel y El Orejano, el principal desarrollo de gas de YPF en Vaca Muerta. De hecho, la semana pasada, el grupo de desocupados que responde a Rucci bloqueó los accesos a ese campo de shale gas.
La medida de fuerza coincidió con el viaje de Macri a Houston para buscar inversiones para Vaca Muerta. Pereyra fue uno de los promotores de esa gira y viajó en el avión privado con el Presidente hacia Texas.
El jueves pasado, YPF reunió en Neuquén a las principales empresas de servicios -Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker, entre otras- para intimarlas a que avancen con la aplicación del convenio de Vaca Muerta. Las empresas advirtieron que era muy difícil reducir las dotaciones de servicios como establece el nuevo convenio porque los delegados gremiales se oponen. Rucci opera sobre esa grieta. La sostiene para capitalizar su liderazgo. Mientras Pereyra quedó preso de su compromiso con el Presidente para avanzar con la implementación del acuerdo de mejora de la productividad, el jefe municipal aboga por la rebeldía a ese acuerdo, que en los hechos aparece cada vez más empantanado.
Cresta Roja
Después de dos jornadas signadas por el reclamo por la falta de pago de las indemnizaciones adeudadas, una parte de los trabajadores de la avícola Cresta Roja decidieron retomar el miércoles las actividades productivas, a la espera de que en las próximas horas la compañía abone los saldos que se deben desde la administración anterior. Mientras tanto, trabajadores de la planta 2 apostaron, en una decisión tomada en asamblea, por la continuación de las medidas de fuerza, y según comentaron trabajadores de la firma se extenderán hasta el viernes, o hasta que aparezca un principio de solución.
Según denuncian los trabajadores, se les viene prometiendo el pago desde diciembre último, una deuda que involucra tanto a los trabajadores activos como a los empleados que todavía no fueron reincorporados. En un comunicado difundido el viernes pasado, los trabajadores afirmaron que la empresa incumplió con el pago de las indemnizaciones comprometidas ante la jueza y que tampoco se avanzó con las reincorporaciones, «lo que dejó sin trabajo a más de 1.000 trabajadores».
Desde la Agrupación Cresta Unida afirmaron que el viernes pasado la empresa debía abonar luego de varios acuerdos incumplidos una cuota indemnizatoria «pero la plata no estuvo» y que la propuesta que recibieron fue aplazar los acuerdos y esperar de 60 a 90 días. También remarcaron que la empresa tiene plena producción, que se distribuyen en tres turnos, por lo que plata debería estar.
Paritarias
En medio de la reapertura de las exportaciones a los EE. UU., los trabajadores del sector limonero salieron a protestar por la explotación que sufren mientras discuten la paritaria.
Trabajadores limoneros de Tucumán, donde se concentra el 90% de la producción, realizaron una protesta para advertir las precarias condiciones laborales a las que son sometidos en medio de las negociaciones paritarias, que se encuentran empantanadas.
Los más de 50.000 cosecheros y embaladores que producen la fruta, que se encuentran en negro y tercerizados en la gran mayoría de los empaques y fincas y hasta manejados por mafias de contratistas y de punteros del Estado, recibieron como oferta un 29% de aumento en 2 cuotas.
Los trabajadores tienen, en general, un salario de bolsillo de $7.684 mensuales para una jornada de ocho horas diarias (la mitad de la canasta de pobreza provincial) y un compuesto salarial mayormente variable (70%) que promueve cada vez más intensos ritmos de trabajo. Las jornadas sin problemas se estiran a trece y hasta catorce horas en las cosechas del interior.
«Durante la temporada Citrícola 2016 percibimos un sueldo promedio de solo 5.000 pesos, y además en condiciones de trabajo terribles», denunciaron los trabajadores. Toda esta situación estalló ahora durante las tratativas paritarias.
La Asociación Tucumana del Citrus fijó el techo salarial planteado por Macri y ofreció un 18 % de inicio en marzo más un 3 % en julio, monto y fecha inaceptable porque en agosto termina la temporada.
El Movimiento de Obreros Rurales 8 de Octubre, lanzó un paro. La medida puso en estado de alerta a las empresas que ofrecieron un 29 % a partir marzo dividido en fijo y variable. Lo que transforma el aumento en poco menos del 26 % para la parte variable que es la más importante por ser a destajo (por unidad cosechada).
La misma fue rechazada y se lanzó el paro cortando las principales rutas con 34 cortes y bloqueando los empaques y fábricas de las empresas más importantes: Citrícola San Miguel, Citrusvil, Argenti, Lemos, Citromax, que representan el 70 % de la producción citrícola.
El paro es por tiempo indeterminado, por el 34 % de aumento en Jornal unificado, eliminando la modalidad de fijo y variable.
El miércoles se realizó el plenario de delegados de STIA Capital (alimentación). Desde la agrupación Bordó y las Comisiones Internas de Mondelez Victoria y Pepsico sostuvieron los mandatos de las asambleas de estas plantas junto a la Mondelez Pacheco, la necesidad de resolver un plan de lucha votado en asambleas para un acuerdo paritario que no deje los salarios por debajo de la inflación, peleando por el 40%.
Desde el Consejo Directivo y la Agrupación Verde hubo negativa a discutir el monto a reclamar. En cuanto a medidas se anunció, aunque no se puso a votación, la realización de paros de dos horas por turno a comenzar ese mismo día hasta el sábado, y una movilización a la Cámara empresaria el 22/5 a las 16:00.
En Mondelez Pacheco el paro se realizó mostrando la voluntad de lucha de los trabajadores a pesar de su dirección. En Mondelez Planta Victoria el turno mañana debatió y decidió en asamblea adherir al paro convocado por el STIA. Se llevó adelante con un acatamiento del 100%, con tres ejes claros: por aumento de salario de 40%; anulación del impuesto a las ganancias y eliminación de Convenio Mantecol. En Pepsico se realizó una asamblea en el turno mañana a instancias de la Comisión Interna y se votó paro de dos horas de 10 a 12.
El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y los concesionarios del sector ratificaron la modalidad de acuerdos salariales trimestrales y acordaron una suba de 6,41% para el tramo abril-junio, que anualizada implica una mejora de 25,6%.
Con el nuevo aumento, el gremio ya acumula u na mejora de casi 13% para los primeros seis meses del año , tras los acuerdos firmados con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara de Concesionarios de Servicios del Automóvil Club Argentino (CCS). Los porcentajes también alcanzan a la División Motovehículos.
El nuevo convenio para el segundo trimestre fija que un vendedor de concesionario pasará a cobrar un salario mínimo garantizado de $ 13.206 por mes entre abril y junio.
Más conflictos por salarios y despidos
Trabajadores del molino Morixe Hnos. paralizaron por tiempo indeterminado las actividades. Denuncian deudas salariales y atrasos en los pagos, además de estar trabajando al 35% de su capacidad.
Desde la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) indicaron que la medida de fuerza se desarrolla luego de varios meses de conflicto e incluye a unos 90 trabajadores.
Los 250 empleados de la Consultora CCR se mantienen en sus puestos a fin de evitar el cierre de las actividades.
Después de que los accionistas de CCR decidieran pedir la quiebra de la filial local y tratar de cerrar sus operaciones en el país, los trabajadores de la compañía salieron en defensa de sus puestos y buscan evitar que la justicia falle a favor del pedido de la Casa matriz ubicada en Perú.
El aumento de la demanda social, la falta de inversiones y la pérdida del poder adquisitivo se agravó en La Pampa después de las históricas lluvias otoñales que provocaron inundaciones en varios sectores de la jurisdicción.
El dato más saliente de las últimas jornadas fue el cierre de la fábrica «Cerámicos Castex», una empresa con 44 años de trayectoria, que abasteció a las obras de construcción locales y en la zona. Con el cierre de la planta fabril, seis empleados -progresivamente- perdieron sus puestos laborales.
Represión a trabajadores estatales
En un acto de persecución judicial sin precedentes en la provincia de Río Negro, la Justicia Federal ordenó la captura del Secretario General de ATE.
El Juez Hugo Greca a cargo de la causa en la que se imputa al máximo referente de los estatales y de la central obrera notificó su pedido de detención a la Policía Federal Argentina (PFA) a los organismos de colaboración entre fuerzas (red ISOPRO) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Los hechos que se investigan están vinculados a las protestas realizadas por trabajadores municipales sobre la Ruta Nacional 151 a la altura del kilómetro 22 frente a la localidad de Contralmirante Cordero el año pasado y se lo acusa a Aguiar de obstruir la libre prestación de los servicios públicos, delito contemplado en el artículo 194 del Código Penal.
La seccional porteña de ATE rechazó «la agresión e intimidación con armas de fuego de fuerzas policiales en perjuicio del personal del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)», en el contexto de un reclamo gremial.
La Secretaria de Comunicación, Valeria Taramasco, explicó que en el marco de protestas gremiales, que los estatales del organismo iniciaron hace una semana en rechazo de la modificación de las condiciones laborales, «fuerzas policiales los intimidaron y agredieron con sus armas», señala en un comunicado.
La sindicalista confió que las autoridades del INPI «se niegan a recibir a los representantes gremiales y a establecer canales de diálogo» y, aunque las medidas de fuerza ya cumplieron una semana, «no hubo ni hay respuestas de los funcionarios».
Los trabajadores del organismo rechazaron la posibilidad de que se modifiquen de forma «unilateral e inconsulta» las condiciones laborales que, entre otras cosas, incluiría «la imposición de una jornada extendida, revocando un sistema que desde hace más de una década ajusta esas horas a los resultados de productividad», dijo.
El 10 de mayo, en el playón de entrada del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se llevó adelante un acto en el marco de las convocatorias impulsadas en repudio al fallo de la Corte Suprema otorgando el beneficio del 2×1 a los genocidas y que tuvo por objetivo denunciar la política del gobierno nacional que avanza en el recorte y eliminación de derechos centrales de los trabajadores y su organización sindical.
En el INTI este accionar se ha traducido en la limitación y anulación de derechos adquiridos, aumentos salariales impagos, reducción de sueldo en el personal que pasó recientemente a planta permanente, impugnación de las últimas elecciones de ATE por parte del Ministerio de Modernización desconociendo al 65% de los delegados y, como hito de esta escalada, la orden de bloqueo de los mails laborales de la totalidad de los delegados de ATE impartida por el Gerente de RR. HH., Ernesto Luna, en claro acto de censura y persecución política.
Ante la creciente preocupación por el evidente plan sistemático de criminalización de la protesta que llevan adelante de manera coordinada los actores del poder económico y del poder político de turno, la conducción de la Federación Azucarera Regional (FAR-CTA) decidió convocar a un Congreso de Trabajadores Azucareros de Salta y Jujuy para el próximo jueves 25 de mayo.
Fuentes: Tiempo Argentino, Clarín, Página 12, www.cronista.com , www.eldestapeweb.com , Resumen Latinoamericano, www.ate.org.ar , www.agenciacta.org , www.infogremiales.com.ar , La Izquierda Diario, Anred, Partido Obrero.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.