Operativo de desalojo en las Lof Kinxikew y Melo

La Confederación Mapuche de Neuquén denuncia que “decenas de familias mapuche del Lof Kinxikew y Lof Melo han sido expulsadas de sus tierras, que desde tiempo inmemorial las cobijó. Una artimaña legal de una familia belga apellidada Broers, un juez ligado su familia dueño de Inmobiliaria Buonorino, y un gobierno provincial dispuesto a prestar las fuerzas represivas concretaron un nuevo despojo de tierras mapuche”.
Compartimos el comunicado publicado por la Confederación Mapuche de Neuquén

COMUNICADO MAPUCE URGENTE
CONVOCAMOS A CONFERENCIA DE PRENSA A LAS 14:00
Casa de Gobierno (Roca y Rioja)
ACABA DE CONCRETARSE NUEVOS Y VIOLENTOS DESALOJOS A COMUNIDADES MAPUCHE
Decenas de familias mapuche del Lof Kinxikew y Lof Melo han sido expulsado de sus tierras, que desde tiempo inmemorial los cobijó. Una artimaña legal de una familia Belga apellidada Broers, un juez ligado su familia dueño de Inmobiliaria Buonorino, y un gobierno provincial dispuesto a prestar las fuerzas represivas concretaron un nuevo despojo de tierras mapuche.
Lo mas artero fue que el Ministro de Gobierno JORGE TOBARES los mantuvo engañados hasta minutos antes del desalojo, sobre que la Provincia no iba a prestar las fuerzas de represión.
Mientras se mantenía esa charla telefónica las fuerzas de GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) ingreso cortando cadenas y golpeando a las familias que se mantenía pacíficamente en resguardo de sus casas y territorio.
Ahora se dirigen al territorio de Lof Melo, donde no hay forma de comunicarse por la escasa señal. Llamamos a la cordura y conciencia del Gobernador Figueroa para que cese su política de violencia represiva ante un conflicto que exige respuesta urgente como dar seguridad territorial y respetar el Relevamiento Territorial finalizado que posee pu Lof.
Figueroa inauguró en Neuquén la violencia política, persiguiendo, criminalizando, censurando a los medios, inaugurando una de las peores épocas, alejado de todo lo que sea respetar los derechos y leyes adquiridas en décadas de lucha. Hoy en alianza con el gobierno nacional, ejecuta su política con la fuerza de la represión.
¡La Violencia debe parar! ¡Y debe imponerse el derecho y la aplicación de lo que le ordena la Constitución a Figueroa/Tobares que es resguardar la seguridad y los territorios de las comunidades y no solo de los terratenientes, empresas y corporaciones!

Empresarios insisten en despojar a las Comunidades de sus tierras ancestrales

El Lote 42, conocido como El Pedregoso, vuelve a quedar bajo una orden de desalojo. Detrás de las 625 hectáreas hay una historia que atraviesa a la familia Melo, Kinxikew, Parques Nacionales, sucesivas transferencias de propiedad, la llegada de la familia Broers, la muerte de Marcos Melo y un conflicto territorial que continúa hasta hoy.
El 20 de agosto estaba previsto un nuevo operativo de desalojo sobre el territorio que las Lof Kinxikew y Melo resguardan en el Lote Pastoril 42, en la zona de Paso Coihue, sobre la margen norte del lago Nahuel Huapi, que finalmente se concretó el día anterior.
Las comunidades vienen denunciando la medida y convocando a organizaciones y vecinos a acompañar la defensa del territorio. El conflicto judicial se remonta a 2011 y ha atravesado distintos intentos de desalojo durante los últimos años.
El Lote 42 tiene una larga historia. Para reconstruirla, esta nota toma como fuente principal el trabajo de Archivos del Sur, “El lote fantasma: la historia del lote 42 en Pedregoso, Paso Coihue, lago Nahuel Huapi”, elaborado a partir de archivos históricos, documentación de Parques Nacionales, fotografías y testimonios de la familia Melo.
El Lote 42 forma parte de la antigua Colonia Agrícola Pastoril Nahuel Huapi, creada por el Estado argentino durante el segundo gobierno de Julio Argentino Roca con el propósito de poblar la región con nuevos colonos.
Según la documentación de Parques Nacionales recuperada por Archivos del Sur, el lote fue concedido originalmente a Juan Cobos, en 1902. Esa concesión caducó en 1905. Luego pasó a Juan Maña, cuya concesión también caducó, hasta que finalmente fue concedido a Horacio Jones en 1907. La escritura se realizó en 1914 y el lote fue mensurado en 1926. Décadas después aparece otra historia. La de Marcos Melo y Celia Vergara.
Según el testimonio familiar recogido por Archivos del Sur, los Melo habitaban el Pedregoso al menos desde 1937. Allí nacieron la mayoría de sus ocho hijos y la antigua casa de la familia se transformó con el tiempo en una parada conocida para quienes transitaban la región rumbo a Bariloche o al juzgado del Nahuel Huapi.

Cuando los papeles empezaron a cambiar de manos

La historia dominial del lote tomó otro rumbo durante la década de 1950.
Archivos del Sur sostiene que, en 1952, durante la gestión de Parques Nacionales, Víctor Gonella y Federico Luth quedaron vinculados a la propiedad del Lote 42.
La investigación plantea una interpretación política de ese proceso y vincula la posición de Gonella con las autoridades de Parques Nacionales de aquel momento. También señala que el lote ya se encontraba ocupado y en posesión de la familia Melo desde 1937.
Es un punto central de la historia porque allí comienza a aparecer una tensión que atravesará las décadas siguientes:
la tierra como propiedad y la tierra como territorio habitado.
Después, los nombres continuarán cambiando.
Según la reconstrucción publicada por el diario Río Negro (“En defensa de la verdad” por un lote pastoril de Villa La Angostura), el lote pasó de Luth y Gonella a varios integrantes de la familia Glas el 29 de octubre de 1965 y, posteriormente, fue vendido a Luis Broers el 16 de diciembre de 1973.
La cadena puede resumirse así:
Jones → Gonella y Luth → familia Glas → Luis Broers.
En el Pedregoso funcionó un aserradero. El testimonio de Adrián Melo, padre de Edgardo y Lucas Melo, reconstruye la actividad forestal que se desarrolló en la zona durante las décadas de 1940 y 1950. Según su relato, se extrajeron grandes cantidades de lenga y, se descubrió que parte de la explotación había avanzado sobre otro lote, por fuera del área en la que se realizaban las tareas.
Otro elemento señalado por Archivos del Sur: la explotación forestal estaba prohibida en territorio de Parques Nacionales, tanto para pobladores precarios como para titulares de propiedades privadas.
En 1966, una denuncia por tala ilegal terminó poniendo el foco sobre Marcos Melo.
Tres guardaparques recorrieron el lote y de esa inspección surgió una denuncia contra él.
Después llegó el desalojo.

1966: el desalojo

El contexto político también había cambiado. El 28 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Arturo Illia e inició una dictadura que se prolongará hasta 1973. En ese mismo año, Parques Nacionales llevó adelante el desalojo de Marcos Melo del lugar donde había vivido durante décadas.
Archivos del Sur describe el procedimiento como un episodio confuso y señala que la denuncia por tala ilegal terminó habilitando el operativo. Meses después, Marcos Melo apareció muerto.
Marcos fue encontrado ahorcado en la misma casa donde había criado a su familia.
La investigación de Archivos del Sur recoge la versión del suicidio, pero también conserva una pregunta transmitida por la memoria familiar: si Marcos fue asesinado para “limpiar el lote de ocupantes”. No es lo mismo una hipótesis que un hecho probado.
No existe en la documentación una prueba que permita afirmar que Marcos Melo fue asesinado.
Pero tampoco se puede ignorar que esa pregunta forma parte de la memoria de su familia y de la historia oral reconstruida por Archivos del Sur.
La muerte de Marcos quedó así ligada a una historia territorial que todavía no terminó.
En las décadas siguientes, el Lote 42 quedó vinculado a la familia Broers, de origen belga.
Archivos del Sur plantea una pregunta particularmente significativa: cómo pudo la familia Broers adquirir, a fines de los años sesenta, tres lotes pastoriles —Totoral, Huemul y el 42— ubicados en una zona de Seguridad de Frontera.
La cuestión adquiere especial relevancia porque la documentación citada en otras reconstrucciones ubica la operación del Lote 42 a nombre de Luis Broers el 16 de diciembre de 1973.
El lote que había sido habitado por los Melo terminó formando parte del patrimonio de los Broers.
A fines de 2011, los hermanos Melo regresaron al lote donde había vivido su abuelo e instalaron una casilla. La respuesta llegó rápidamente.
Según Archivos del Sur, a los pocos días recibieron una orden de desalojo.
Pero aquella vuelta al territorio produjo también otro acontecimiento.
El 5 de febrero de 2012, la familia Melo y la Comunidad Quintriqueo se encontraron públicamente en el lugar.
Dos historias diferentes de despojo territorial se encontraron allí.
Según la investigación de Archivos del Sur, el encuentro terminó en un acuerdo de reconocimiento mutuo: los Melo se retiraron del predio y reconocieron la presencia histórica de la Comunidad Quintriqueo, mientras que la comunidad reconoció a su vez la historia de la familia Melo.
Ese momento es fundamental para entender el conflicto actual.
Porque la historia no quedó reducida a una disputa entre particulares.
Apareció otra dimensión: la memoria territorial de las comunidades que habitaban la región antes y después de la formación de la propiedad privada.
Desde 2011, el conflicto judicial atravesó diferentes instancias y distintos intentos de ejecución.
En 2025, las comunidades Kinxikew y Melo recibieron nuevamente una notificación de desalojo y tuvieron cinco días hábiles para abandonar el territorio. El operativo previsto para mayo de ese año finalmente no se concretó.
El conflicto volvió a activarse durante 2026.
Y ahora tiene una fecha señalada: Las comunidades Kinxikew y Melo denuncian que ese día está previsto un nuevo operativo de desalojo sobre el Lote 42, ubicado entre los kilómetros 2081 y 2083 de la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y Villa La Angostura.
La familia Melo utiliza como lema: “La historia no miente”.
Quizás el problema sea que la historia tampoco cabe entera en un título de propiedad.
Porque en el Lote 42 hay documentos que hablan de propietarios.
Hay archivos que hablan de concesiones.
Hay expedientes que hablan de desalojos.
Hay fotografías que hablan de familias.
Y hay memorias que todavía preguntan qué ocurrió con Marcos Melo.
El próximo 20 de agosto, esa historia volverá a ponerse en movimiento.
No se trata solamente de qué ocurrirá con un lote.
Se trata de qué historia sobre ese lote será reconocida.
Y cuál quedará, otra vez, afuera.
Fuente principal: Archivos del Sur, “El lote fantasma: la historia del lote 42 en Pedregoso, Paso Coihue, lago Nahuel Huapi”, investigación basada en archivos históricos, documentación de Parques Nacionales, fotografías y entrevista a Adrián Melo.
También se consultaron antecedentes periodísticos y fuentes vinculadas al conflicto judicial actual entre las Lof Kinxikew y Melo y María Cristina Broers.
Investigación original de Archivos del Sur: “El lote fantasma”
EN MODO RESISTENCIA LOF MELO Y LOF KINXIKEO
Más de 9 hojas llenas de adhesiones, parece que los Melo y Quintriqueo no están solos.
Escribir al 294 4324585
Nombre de lof u organización, como persona nombre DNI y lugar
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Ante un posible desalojo, crece la tensión por el territorio de las Lof Kinxikew y Melo
El conflicto se concentra en el Lote Pastoril 42, conocido como El Pedregoso, un predio de 625 hectáreas ubicado en Paso Coihue. La Pastoral Aborigen pidió suspender el desalojo y reclamó una salida al conflicto mediante el diálogo y la negociación.
La disputa por el territorio del Lote Pastoril 42, conocido como El Pedregoso, vuelve a generar tensión en la zona de Paso Coihue, sobre la margen norte del lago Nahuel Huapi. Según informó la Confederación Mapuche de Neuquén, está previsto para el próximo 20 de agosto un nuevo operativo de desalojo sobre el territorio que ocupan las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo.
El predio comprende unas 625 hectáreas y se encuentra atravesado por un conflicto territorial y judicial que, de acuerdo con los antecedentes difundidos por las comunidades, se remonta a 2011.
La situación involucra a las familias Melo y Kinxikew y tiene entre sus antecedentes distintos episodios vinculados con la titularidad y ocupación del territorio, además de la intervención de organismos estatales y la posterior aparición de particulares que reclamaron derechos sobre el inmueble.
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén señalaron que el Lote 42 tiene una historia marcada por sucesivas transferencias de propiedad, la participación de Parques Nacionales, la llegada de la familia Broers y el fallecimiento de Marcos Melo, acontecimientos que forman parte del extenso conflicto que todavía no encuentra una solución definitiva.
Las comunidades rechazan la medida
Ante la proximidad del operativo, las comunidades involucradas comenzaron a difundir la situación y convocaron a organizaciones y vecinos a acompañar lo que consideran una defensa de su territorio.
El planteo de fondo gira alrededor del carácter ancestral que las comunidades atribuyen al lugar y de los derechos territoriales que sostienen tener sobre esas tierras.
La disputa, sin embargo, se encuentra atravesada por cuestiones judiciales y dominiales que deberán ser consideradas en las distintas instancias correspondientes. Por ello, cualquier análisis sobre el futuro del predio requiere diferenciar los reclamos de las comunidades de las decisiones que efectivamente adopte la Justicia.
Pronunciamiento de la Pastoral Aborigen
En paralelo, el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) difundió una declaración en la que manifestó su preocupación por la orden de desalojo y reclamó que sea suspendida.
La organización religiosa sostuvo que recibió con preocupación la noticia de la medida y puso el foco especialmente en las personas que habitan el territorio.
En su pronunciamiento, EDIPA afirmó que para las comunidades indígenas “la tierra no es una mera mercancía u objeto de especulación”, sino que representa el espacio donde se desarrolla su vida, su cultura, su memoria y su futuro.
Desde la organización también advirtieron que una intervención de fuerza podría profundizar el conflicto y afectar la convivencia social en la región.
El documento de EDIPA plantea que las comunidades Lof Kinxikew y Melo han expresado, según su información, una voluntad de resolver el conflicto mediante los canales institucionales y que habrían formulado propuestas de acuerdo.
Por ese motivo, la Pastoral Aborigen hizo un llamado a las autoridades judiciales y políticas para que “se suspenda de forma inmediata la orden de desalojo prevista para el 20 de agosto”.
Además, reclamó que las partes retomen una instancia de diálogo que permita avanzar hacia una solución negociada.
“El camino no es la violencia de la expulsión, sino el encuentro fraterno”, sostuvo la organización en uno de los principales conceptos de su declaración.
La proximidad de la fecha prevista para el operativo vuelve a colocar al Lote Pastoril 42 en el centro de la discusión sobre los conflictos territoriales que involucran a comunidades mapuche en la región.
Para las comunidades, el eje está puesto en la defensa de un territorio que consideran ancestral. Para quienes sostienen posiciones jurídicas diferentes, el conflicto se encuentra atravesado por cuestiones de propiedad, ocupación y decisiones judiciales.
En ese escenario, el próximo 20 de agosto aparece como una fecha clave para determinar si finalmente se ejecuta la medida, si se dispone alguna modificación o si prosperan los pedidos para abrir una nueva instancia de diálogo.
Mientras tanto, la Confederación Mapuche de Neuquén mantiene la convocatoria a acompañar a las comunidades y EDIPA pidió priorizar la prudencia, el diálogo y una salida que evite una nueva escalada de confrontación.

El Frente Popular Darío Santillán (Corriente Plurinacional) repudia el hostigamiento policial contra las comunidades Lof Melo y Lof Kinkikew

DECLARACIÓN:
Desde el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional expresamos nuestra preocupación y nuestro más fuerte repudio ante el atropello del poder judicial de la provincia de Neuquén contra las comunidades Mapuche Lof Melo y Lof Kinxikew en Villa La Angostura, que se encuentran en estos momentos siendo hostigados y amenazados con ser desalojados de manera ilegal por fuerza federales, sin orden, sin aviso previo ni protocolo oficial para desalojos. ¡Quieren entregar los territorios para negocios inmobiliarios, y están dispuestos a pasar por encima de cualquier derecho y cualquier soberanía para efectuar la entrega! Ya lo vimos con el proyecto de ley que pretendía habilitar la extranjerización de tierras en todo el país.
Exigimos a la justicia, a las fuerzas de seguridad y al gobernador de la provincia de Neuquén Rolando Figueroa que deje de hostigar a las comunidades, y los responsabilizamos de cualquier hecho de violencia que ocurra.
Nos mantenemos en alerta y exigimos:

¡Basta de hostigamiento a las comunidades Mapuche!

¡No al desalojo de la Lof Melo y Lof Kinxikew!
El Estado nacional, provincial y los empresarios son responsables de la violencia y el despojo de los territorios y los bienes comunes.

Defender los territorios es un derecho.
Llamar a 2944495834 fiscalía de Villa La Angostura. Denunciar el desalojo ilegal a la Lof Melo y Kinxikew.

18° Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios en la “Unidad grande para la lucha”

La situación cada vez más preocupante por la que vienen atravesando distintas comunidades originarias de diferentes pueblos, a lo largo y ancho del país, exige la unidad para que la resistencia y lucha indígena tenga más efectividad. Por eso se vienen organizando diferentes encuentros, uno de los cuales tuvo lugar los recientes 15, 16 y 17 de agosto, en la ciudad de La Plata.
En este caso, el 18º Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios, fue convocado por la organización Pueblos Originarios en Lucha, a través de las Comunidades Avá Guaraní y Qom de La Plata, y la Comunidad Mocoví de Berisso.
En su convocatoria, los hermanos expresaron lo preocupante que es “la pelea de nuestros hermanos del norte, contra los desalojos, la falta de agua, contra el hambre y la represión, o en la lucha de nuestros hermanos del sur, contra los incendios intencionales de manos poderosas, amparadas por este gobierno”. Y como corresponde, enfatizaron la creciente necesidad de una “UNIDAD GRANDE PARA LA LUCHA, por la tierra y el territorio.”
Cabe destacar, que las deliberaciones tuvieron lugar en los talleres de Tierra y Territorio, Juventud, Mujeres, Cosmovisión y Leyes Vigentes, que convergieron en un documento político central.
Al mismo tiempo denunciaron la “política gubernamental, rechazando a las medidas del gobierno de Javier Milei, calificándolas como un plan de ajuste, saqueo, represión y un intento deliberado de exterminio de los pueblos preexistentes.”  Al mismo tiempo alertaron sobre un “genocidio silencioso”, reflejado en la falta de asistencia alimentaria, medicamentos y condiciones básicas en las comunidades.
Ya finalizando el Encuentro, en la mañana del lunes 17 de agosto, las delegaciones marcharon hasta el Museo de La Plata, donde realizaron un acto reiterando el reclamo de restitución de los restos de sus ancestros que durante años fueron exhibidos allí y aún se mantienen en los depósitos de dicho Museo.

Que el árbol no tape el bosque: se frenó la mayor extranjerización de tierras, pero hay vía libre contra los pueblos originarios y desalojos exprés
Por Silvina Ramírez*

Un análisis en clave jurídica y de derechos, detalla cómo el Gobierno intenta avanzar sobre las comunidades originarias para favorecer más a las empresas extractivas. La derogación de la Ley 26.160, el RIGI y un modelo que viola Derechos Humanos.
La Cámara de Senadores dio media sanción a la llamada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, a pesar de un rechazo generalizado que obligó al oficialismo a resignar el capítulo sobre extranjerización de la tierra y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, siguió adelante con dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos. En el primer caso, requiere de más condiciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble para luego expropiar; en el segundo, flexibiliza el procedimiento, lo agiliza para facilitar los desalojos.
Es probable que la discusión en Diputados llegue con otras sorpresas y otras negociaciones. De la lectura de lo aprobado, y específicamente alrededor de los desalojos, pueden extraerse consecuencias e impactos para las comunidades indígenas, siempre amenazadas, que hoy carecen de lo que es tan valiosa y ponderada para el sector empresarial, pero totalmente ignorada para el mundo indígena: la seguridad jurídica.
En primer lugar, la acción de desalojo para inmuebles urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido para juicios sumarísimos. En otras palabras, y evitando tecnicismos, los plazos se acortan, no se admiten excepciones previas, los abogados no puede presentar alegatos y las apelaciones —revisión de la medida— son restrictivas.
En segundo lugar, amplía la legitimación activa o permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede presentar la acción de desalojo. En territorios en donde los títulos siempre son oscuros, en donde la manipulación, la corrupción, y el favorecimiento para unos pocos están a la orden del día, la posibilidad de que, prácticamente, cualquier individuo pueda iniciar una causa judicial, complejiza mucho más el escenario.
Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial. Este proyecto de ley, que hoy tiene media sanción, facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes defienden sus territorios, invocando los derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente.
Una ley de tierras para un modelo que arrasa territorios
Lo que el Senado logró aprobar en una sesión atravesada por protestas en todo el país no es una medida aislada. Aunque debió ceder frente a su pretensión de liberar la extranjerización de la tierra, y modificar el destino y los plazos de las tierras incendiadas, insistió en votar el proyecto de ley para modificar la expropiación y el desalojo.
Esto debe, necesariamente, vincularse con el conjunto de acciones que viene llevando adelante de forma consistente —vale sólo pensar en el Régimen de Incentivo para Grandes Intervenciones (RIGI) y en el Súper RIGI—, y que responde a un modelo económico, una matriz productiva y energética, un modelo de desarrollo, que demanda para su consolidación de territorios despejados, territorios vacíos.
Las comunidades indígenas son uno de los principales sujetos afectados. No sólo por el desconocimiento de sus derechos, sino porque prolijamente se fue desarticulando un andamiaje que, aunque precario, permitía austeramente avanzar hacia la titulación colectiva. La derogación de la Ley de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena (26.160), es sólo una señal de los objetivos perseguidos por la actual gestión de gobierno.
No obstante, se debe insistir en el estatus que revisten las carpetas técnicas, producto del relevamiento técnico jurídico catastral que ordenó la derogada ley. Éstas son expresión de un acto administrativo del Estado con efecto jurídico. La ley invistió como autoridad de aplicación al INAI. Más allá del cambio de este instituto en el organigrama del Estado, independiente de la derogación de la ley, las carpetas técnicas fueron resultado de un trabajo con las comunidades indígenas y no pueden soslayarse, aunque parece ser la intención de la gestión de gobierno cuando va anulando, de a poco, carpetas que son problemáticas para otros intereses generados alrededor de los territorios demarcados.
Si bien la anulación de carpetas por parte del INAI, o su apertura para revisión, genera enormes incertidumbres, las carpetas que todavía no son cuestionadas revisten relevancia porque, vale la pena insistir en ello, son actos administrativos del Estado con consecuencias jurídicas. Deben utilizarse estas carpetas como herramientas que impulsen la obtención de los títulos.
Volviendo entonces al debate parlamentario alrededor de la “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, no es menor que el oficialismo se haya visto obligado a dejar de lado la extranjerización de la tierra y la reforma a la Ley del Manejo del Fuego. Resta que en Diputados la presión de organizaciones y ciudadanía —que se expresó claramente en contra de esta avanzada del gobierno— pueda finalmente hacer caer el proyecto.
Las modificaciones a la expropiación y al desalojo son también una llamada de alerta, y una pieza más para el montaje de una maquinaria que sólo pretende generar recursos económicos a costa del sufrimiento de enormes sectores de la población. Dentro de ellos, y como siempre, se encuentran las comunidades indígenas.
*Especialista en Derechos Indígenas. Docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI).

Desalojos exprés: a la carga contra las comunidades originarias
Por Santiago Brunetto

El Gobierno buscará utilizar los procesos judiciales “sumarísimos” de “desalojo exprés” para desplazar a las comunidades originarias de las tierras federales que reclaman. Con los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado a cuestas, Patricia Bullrich adelantó en el Senado que ese es el fin que buscarán darle a la nueva herramienta que, sin extranjerización ni cambio de usos de tierras incendiadas, logró sostener la aceleración de los desalojos de cara al tratamiento en Diputados. En Argentina hay más de 250 conflictos activos en tierras nacionales y provinciales, y los especialistas advierten que el nuevo procedimiento servirá también para envalentonar a los gobernadores en sus ansias de desalojar pese a que no alcance a la normativa provincial.
La resquebrajada media sanción de la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” en la Cámara Alta le dejó a la senadora oficialista algún motivo para festejar en medio de la derrota. Está más cerca de poder desalojar más fácil y lo celebró en sus redes sociales: “Basta de okupas y usurpadores”, tituló al video en el que anunciaba el fin de la Argentina del “reino del revés” en el que “si se quedaban con tu campo, esperabas”.
La publicación anterior es bastante más siniestra. En la previa al debate en el Senado, Bullrich anunció el tratamiento del proyecto con una foto del conflicto por las tierras reclamadas por el Pu Lof en Resistencia en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut. La imagen original muestra a tres activistas levantando sus puños con dos banderas negras colgadas sobre el alambrado: “Territorio mapuche”, dice una, “fuera Benetton”, dice la otra. La imagen fue captada en el marco del conflicto que en agosto de 2017 terminó en el operativo represivo de Gendarmería y el crimen de Santiago Maldonado.
Aunque pasó algo desapercibido por debajo de los usos que la nueva ley busca introducir en los desalojos de inquilinos en alquileres de casas y departamentos urbanos, uno de los objetivos principales del gobierno es utilizar el cambio de normativa para acelerar ese tipo de operativos de desalojos de comunidades originarias.
La propia Bullrich lo dejó claro en el recinto, en medio de una discusión con la senadora de la UCR, Edith Terenzi, que argumentaba que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –ley que formalmente busca reformar el proyecto– no es aplicable en las provincias que ya cuentan con normativa para desalojar.
Algo desordenada en su discurso, Bullrich se mostró apurada en aclarar: “El Código no se aplica solo en CABA, se aplica en todos los lugares donde está el Estado nacional. Por ejemplo: hay una usurpación en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. ¿Qué rige? El Código Civil y Procesal de la Nación y lo maneja la Justicia federal”.
El ejemplo no es casual. En Los Alerces radican diversos conflictos como el que protagoniza el Lof Pailako desde 2020. Allí, en la zona del paraje de guardaparques El Maitenal, Bullrich encabezó en enero de 2025 un megaoperativo tras el que anunció que “se realizó exitosamente el desalojo en el Parque Nacional Los Alerces”. Aunque lo cierto es que los y las integrantes del Lof ya se habían retirado antes pacíficamente, el conflicto, que todavía se sigue en instancias judiciales, dejó en claro la postura de la entonces ministra sobre las supuestas “dilaciones” de la Justicia para dictar los desalojos. Antes del operativo, el Ministerio de Seguridad se quejaba de que el desalojo tuvo que producirse “tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica”.
De aprobarse la ley en Diputados, los nuevos desalojos ya no deberán “agotar todas las instancias judiciales” en un contexto en el que, además, el gobierno ya derogó la emergencia territorial indígena, que mantenía suspendidos los desalojos de las comunidades hasta que se completara el nunca concretado relevamiento de sus territorios. El proyecto de “desalojos exprés” introduce ahora a los operativos en el marco de los llamados “procesos sumarísimos”, los más rápidos del sistema judicial nacional, para acelerar los procedimientos tanto en propiedades urbanas como rurales.
Para los “intrusos”, calificación en la que el Gobierno incluye a las comunidades originarias, se dispone que el denunciante podrá pedir el desalojo en cualquier momento del juicio y que el juez deberá resolver la solicitud en el plazo de sólo cinco días, incluso antes de dictar sentencia. El texto también normativiza la intervención de las fuerzas de seguridad “en caso de necesidad”, así como la autorización para el “allanamiento del domicilio y la apertura de cerraduras”.
Procesos rápidos y violentos que recuerdan a aquel operativo del 25 de noviembre de 2017 en el que fue asesinado Rafael Nahuel. Ese operativo del Grupo Albatros de la Prefectura también se produjo en el marco de un conflicto que involucraba tierras de un parque nacional, en la zona del Lof Lafken Winkul Mapu, cerca de Villa Mascardi. La excusa del operativo fue desalojar tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi y en ese caso contó con el aval de la Justicia federal, que autorizó el procedimiento.
Antes del tratamiento del proyecto en el Senado, el Consejo de Participación Indígena hizo llegar a los diputados y senadores su rechazo a la iniciativa, señalando que “profundiza situaciones históricas de desigualdad y vulneración de derechos” y advirtiendo que “la protección de la propiedad privada no puede convertirse en un mecanismo que limite, desconozca o subordine derechos indígenas reconocidos por la Constitución Nacional”.
Otras más de veinte comunidades en conjunto habían difundido un pronunciamiento público rechazando la totalidad del proyecto y, puntualmente, el apartado de los desalojos, apuntando que “facultar a los jueces civiles a dictar la restitución inmediata de un inmueble rural de forma preventiva antes de una sentencia definitiva atenta contra el derecho de defensa de las comunidades y desprotege a los pequeños productores agrarios”.
En Argentina hay actualmente más de 200 casos activos de conflictos territoriales de comunidades originarias, tanto en tierras nacionales como de las diversas jurisdicciones del país. El número se desprende del mapa elaborado por la filial argentina de Amnistía Internacional en el marco de su proyecto “territorio indígena”, que muestra que los conflictos se extienden por todo el país, aunque se concentran mayoritariamente en la Patagonia y el norte cordillerano, además de provincias como Misiones, Chaco y Santiago del Estero. En el decreto con el que derogó la emergencia territorial, el Gobierno reconoció que a diciembre de 2024 había al menos 254 hechos judicializados en todo el territorio.
En esas zonas, los conflictos se mezclan con la avanzada de los negocios agropecuarios, inmobiliarios y la deforestación de los montes. Los especialistas advierten que la desregulación de los desalojos acelerará esos procesos conflictivos.
Un informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA alerta que “en la actualidad está abierto un sinnúmero de disputas territoriales entre comunidades indígenas que buscan mantener sus derechos y empresarios nacionales y extranjeros que, apoyados por los gobiernos locales, utilizan todos los medios a su alcance para desplazarlos y apropiarse de sus espacios”. Con el proyecto “se establece la posibilidad de profundizar los desalojos, tanto de ocupantes como de tenedores precarios y/o comunitarios, algo que podría profundizar la conflictividad social en las zonas rurales de avance de la frontera agropecuaria”, agrega el informe.
Juan Francisco Mereb, docente universitario, licenciado en Geografía de la UBA y magister en Gestión Ambiental del ITBA, señala también que el proyecto de ley “tiende a profundizar este tipo de escenarios, agravando la situación”, ya que “Argentina ya tiene antecedentes de escenarios de conflictividad socioambiental por la venta de tierras priorizando el derecho de inviolabilidad de la propiedad privada por sobre los derechos de pueblos originarios, o el acceso a los cuerpos de agua, como ha sido el caso del Lago Escondido, en la provincia de Río Negro”.
Pese a que el proyecto de “desalojos exprés” atañe al Código nacional, los especialistas alertan que su aprobación podría envalentonar a los diversos gobiernos provinciales que ya llevan adelante procesos de desalojos forzados u otras acciones represivas contra comunidades originarias. El informe ejemplifica con los casos del acampe y la movilización de la comunidad wichí en Nueva Pompeya, Chaco, o el conflicto por la restitución de tierras a la comunidad diaguita en Cachi, Salta, “solo algunos de los conflictos por tierras que están en curso actualmente y todo indicaría que las tensiones y protestas tenderán a incrementarse”.
En el plano urbano, sobre el que aplicarían los mismos nuevos criterios de “desalojo exprés”, el informe advierte particularmente sobre los procesos de desalojos contra sectores populares, aquellos que mayor dificultad tienen para afrontar alquileres o regularizar situaciones conflictivas que terminan en la Justicia. Los especialistas grafican la cuestión con la política que ya viene llevando adelante el gobierno porteño, con “desalojos administrativos” que se ejercen de hecho, sin intervención de la Justicia: “Creció con fuerza el desahucio por ‘riesgo de derrumbe’, que no se presenta como un desalojo sino como una medida de protección: una inspección constata –o presume– problemas estructurales, se clausura el inmueble por seguridad y se desaloja a quienes viven ahí. La normativa lo reservaba para 11 situaciones excepcionales, pero en los hechos se volvió una herramienta de gestión cotidiana”, señala el documento.
María de la Paz Toscani, investigadora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del Conicet, explica que, con la normativa actual, desalojar a las personas de las diversas propiedades antes de que haya sentencia es “excepcional”: “Los jueces lo aplican con prudencia, porque si después el juicio se pierde el daño ya no se repara”, indica. Sobre las modificaciones que busca introducir el proyecto precisa, entre otros puntos, que “la garantía que debe dejar quien pide esa medida pasaría de un depósito de dinero en el juzgado a una promesa firmada, sin plata detrás”, mientras que “podría pedir el desalojo no ya quien tenga derecho a usar y gozar del inmueble, sino cualquiera que invoque ‘un derecho o interés legítimo afectado’”.
“Las pruebas admitidas se reducirían a papeles y peritajes, y la inspección judicial, que hoy tiene cinco días de plazo, pasaría a hacerse en 72 horas, con la obligación de anotar nombre, apellido y DNI de cada ocupante”, agrega la investigadora, también docente y doctora en Ciencias Sociales por la UBA.
Para Toscani, la reforma se inscribe en una coyuntura con “un fuerte fenómeno de desplazamiento”: “Se expulsa a la población de bajos ingresos de las zonas centrales de la Ciudad donde el suelo empieza a valer más, y se la busca reemplazar para generar usos más rentables. Aparece aquí la idea de ‘merecer la ciudad’ que tan fuertemente se marcó en la dictadura y en las distintas políticas de erradicación de villas y expulsión de sectores populares de la Ciudad”, concluye Toscani.
Actualmente, 1 de cada 3 inquilinos se encuentra en situación de emergencia habitacional, según la Encuesta Nacional Inquilina de junio de 2026, elaborada por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional. Tras la media sanción al proyecto de “desalojos exprés”, desde Inquilinos Agrupados ya adelantaron que “comenzamos a construir la movilización y toda acción política necesaria para hacer caer la ley contra las familias inquilinas”. La agrupación alertó que el proyecto impulsa “el desalojo sin garantías de defensa para tres millones de hogares inquilinos”: “En 72 horas, con una declaración del propietario, estás en la calle”, concluyeron.
En los casos de alquileres, la iniciativa prevé que las causas también se puedan incluir en “procesos sumarísimos” y que la “desocupación inmediata” podría ser decretada por el juez también en casos de falta de pago si el inquilino excede el plazo de diez días para saldar la deuda desde la intimación. En caso de vencimiento del contrato, el desalojo podría decidirse desde el día posterior al final del acuerdo.

Fuentes: Indymedia Derechos Humanos, Resumen Latinoamericano, Diario Andino, Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ, Agencia Tierra Viva, Página 12

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