«Es absurdo usar el aparato del Estado para desplazar a una persona»

El juez federal Julián Ercolini citó a la procuradora Alejandra Gils Carbó para indagarla el próximo 31 de agosto. Lo hizo a pedido del fiscal Eduardo Taiano. La fecha tiene un significado doble. Ese día Gils Carbó cumplirá cinco años de gestión. Y el 31 de agosto de 2017 era el tope que imaginaban para la funcionaria los dirigentes de Cambiemos cuando enviaron proyectos al Congreso para descabezar la Procuración General de la Nación y cambiar la naturaleza del cargo.

-El Presidente dijo por radio que usted, y cito textualmente, «no tiene autoridad moral para seguir en el cargo».

-No voy a entrar en una disputa personal. Están en juego asuntos institucionales muy importantes.

-¿Cuáles?

-El Gobierno quiere quitarles autonomía a los fiscales. A todos. No solo a mí como procuradora.

-¿En qué se basa para afirmarlo?

-No hay secretos. Me baso en los proyectos en favor de un nuevo régimen orgánico que fueron fogoneados en el Congreso. Proyectos públicos. No hago una inferencia sobre la base de trascendidos. Hay un plan que funcionarios del Gobierno vienen desarrollando incluso antes de serlo. Como candidato, el actual Presidente ya decía que yo estaba obligada a renunciar. Después comenzaron los hostigamientos, públicos y solapados. Alguien hasta publicó la foto con la dirección de mi casa, que por otra parte no es secreta: hace mucho que vivo en Villa Ortúzar, como hace mucho que mis gastos entran y salen de una cuenta sueldo. Publicaron fotos de mi familia. A veces me preguntan si denuncié todo. Mi respuesta es que debo trabajar. Los ataques personales me molestan. Pero mi responsabilidad es institucional y no me van a mover de allí. Estoy pendiente de lo que necesitan los fiscales. Por ejemplo, firmé un convenio con el procurador brasileño Rodrigo Janot para el caso Odebrecht. El crimen organizado es transnacional y no tiene fronteras.

-Una de las propuestas de nuevo régimen para el Ministerio Público Fiscal proponía elegir cuatro subprocuradores.

-Eso destruiría la fortaleza actual del Ministerio Público Fiscal, que no se basa en una autoridad única de la procuración general sino en la colaboración dentro del MPF para que la institución sea más eficaz. Después otro proyecto quería que una comisión bicameral fuera el órgano de gobierno del MPF. Una distorsión de lo que establece la Constitución: el MPF es extrapoder. Tiene autonomía respecto del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Cuando los proyectos no funcionaron, porque estaba claro que no serían votados por mayoría, apareció el intento de arrinconarme en la propia Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. Comisión de seguimiento que, debo recordar, yo misma pedí que se creara. Tampoco funcionó el arrinconamiento y entonces comenzó la campaña por presuntos traslados irregulares de fiscales. Apareció el Colegio de la calle Montevideo.

-El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

-Sí, el que preside Guillermo Lipera y siempre trata de influir en las decisiones de gobierno. Obtuvo una medida cautelar pero la cámara en lo Contencioso Administrativo hizo caer esa cautelar. Es decir que no había nada malo en los concursos de la Procuración y tampoco en los traslados. Pedí ir a la comisión bicameral. Ni siquiera me dejaron. Fue en ese punto cuando, de la galera, salió la utilización de una causa judicial donde aparecen actos que ahora se invocan para un apartamiento mío. El propio Presidente asumió el cargo cuando estaba procesado.

-¿Lo dice por el cuestionamiento moral?

-Prefiero no salirme del terreno de la Constitución y las leyes. En la Argentina el juzgamiento es posible por mal desempeño, y se necesita una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores. No se puede tramitar un juicio político por opiniones de un magistrado o una magistrada.

-Sigo con Macri.

-Insisto en que no quiero entablar una disputa personal.

-El Presidente la acusa, otra vez textualmente, de haber «dilatado los procesos de corrupción del gobierno anterior y acelerar las acusaciones contra funcionarios del gobierno actual».

-Es falso.

-¿Por qué?

-Porque es sabido que la Procuración General no tiene intervención en las causas que llevan los fiscales. Solo interviene si hay recurso extraordinario y la Corte Suprema le da vista. Que la procuradora se meta en una causa está prohibido por la ley. Cuando fui fiscal, durante 20 años, siempre hice respetar ese principio jurídico. Como procuradora siempre lo respeté. Si quisiera y pudiera dar instrucciones a los fiscales no tendría hoy en el Ministerio Público a un fiscal que le pidió a un juez mi indagatoria con una construcción que a mí me parece aventurada. Le doy un dato. ¿Sabe dónde puede leerse la acusación completa del fiscal Eduardo Taiano contra mí? En la web www.fiscales.gob.ar . ¿Sabe quién decidió crear esa web? Yo. Ni presiones ni censura.

-Más Macri: «El Procurador es el que conduce la investigación de un país, es el que investiga por cuenta y orden de todos los ciudadanos las cosas que son graves, delitos graves como es la lucha contra el narcotráfico, que la hemos hecho (encarado) sin la colaboración de ella».

-Ni siquiera en el sistema acusatorio, donde el motor de las causas es el fiscal y no el juez, el procurador da directivas a los fiscales. Se encarga de la política criminal.

-¿Cómo se traduce en la práctica?

-Genera en los fiscales las mejores condiciones para investigar y les garantiza respaldo institucional. Después de la creación de la Procunar, la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, se dieron los golpes más grandes contra el narcotráfico. Fueron procesados altos funcionarios del Estado, cosa que antes no pasaba. Hablo del jefe de policía de Santa Fe, del jefe de Drogas Peligrosas de Córdoba, de la destitución del juez Raúl Reinoso de Salta por su papel en una de las zonas por donde entra la droga. Los narcos de la operación Carbón Blanco fueron condenados con penas de hasta 20 años. Todo eso habría sido imposible sin fiscales que se ponen de acuerdo y aprovechan la modernización. Y lo mismo en materia de criminalidad económica, de crímenes de lesa humanidad, de violencia institucional…

-¿Todos los fiscales tienen el mismo respaldo?

-Sí. Investiguen lo que investiguen. La causa de Los Sauces, la muerte de Nisman, Hotesur, Avianca, el Correo o lo que sea. El Presidente dijo en cambio que quiere poner a un «hombre de su confianza». Lo señalo porque él lo dijo así. Si eso es lo que se busca está claro que el objetivo no es institucional. Dicho de otra manera, si se trata de poner gente de confianza quiere decir que la institución que encabezo se vería en una posición de gran debilidad institucional. Porque además otra acusación es que soy «militante», cosa que no va acompañada de ningún fundamento. Si se combina opinión con el deseo de poner a un hombre de confianza tal vez lleguemos a deducir el objetivo buscado: quieren disciplinar y amenazar a todos los fiscales. Yo no inventé que hubo un borrador de decreto dando vueltas para sacarme de ese modo. Si se puede sacar a una procuradora por decreto también se puede sacar a un fiscal por teléfono. Es grave. El disciplinamiento comenzaría a darse en el momento en que yo cediera a las presiones. Por eso sigo trabajando.

-El juez Julián Ercolini hizo suyo el pedido de indagatoria que elevó el fiscal Taiano. Usted dijo hace un momento que la de Taiano es «una construcción aventurada». ¿Por qué?

-Surge de una acusación débil. Si uno pone como gran elemento de sospecha que hubo una modificación del pliego para comprar un inmueble con cochera y auditorio, ¿qué tendría de sospechoso? ¿Es delirante buscar cochera propia en el microcentro? Y auditorio, ¿no tienen todos los ministerios públicos? Encima ganó el que ofreció el mejor precio. Hubo más oferentes que en ninguna otra licitación. Pude haber hecho una compra directa del edificio de Perón al 600. No la hice. La licitación fue controlada por 24 funcionarios. La presunción de un delito requiere la hipótesis de que se generó un daño al Estado. No hubo ninguno. El Estado no pagó comisiones y además pagó el precio adecuado. En todo caso que investiguen por qué la inmobiliaria hizo un pago al medio hermano de un funcionario público.

-Juan Carlos Thil es medio hermano de Guillermo Bellingi.

-Sí. ¿Alguien vendió una influencia que no tenía? Que lo investiguen. Entretanto quedaron comprometidos tres funcionarios de carrera. Están hace 20 años. Mucho antes de que yo llegara. Para que recayera sobre mí alguna responsabilidad debí haber tenido un conocimiento de una operatoria ilícita y, como mínimo, debí haber dejado hacer incluso con ese conocimiento previo. Pero las cosas sucedieron al revés: el trámite de licitación es impecable. Desafío a cualquiera a encontrar un lugar en el Estado con tantos controles. Es más: la comisión bicameral tuvo el expediente apenas se realizó la primera audiencia. No puso reparos. Lo cual era lógico: no había manipulación.

-¿Usted tiene las mismas facultades que, por ejemplo, el brasileño Janot?

-No. Janot sí tiene la posibilidad de actuar en casos particulares.

-En la Argentina finalmente el Gobierno no quiso implementar el sistema acusatorio, donde como en la provincia de Buenos Aires la iniciativa queda en manos del fiscal y luego hay un juez de garantías. Si el sistema acusatorio comenzara a regir, ¿sería ilimitada la jurisdicción de la procuradora?

-No, tampoco. Mejoraría la calidad institucional, eso sí, y se vería favorecida la cooperación entre fiscales.

-De todos modos no llegó a discutirse la ley de implementación del nuevo sistema.

-No. Estaba previsto para el 1° de marzo de 2016. Pero un decreto de necesidad y urgencia aplazó todo sin fecha. En el camino me sacaron el 25 por ciento del presupuesto y tuve que devolver un edificio que serviría para la nueva estructura. Es absurdo que se ponga el aparato del Estado al servicio de desplazar una persona.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/50487-es-absurdo-usar-el-aparato-del-estado-para-desplazar-a-una-p