El ministro de Hacienda participó en los festejos del 50° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y allí reivindicó la política de ajuste que viene llevando adelante. «Lo que se ha hecho en estos tres años no se ha hecho nunca en la historia argentina», aseguró. El mismo día que […]
El ministro de Hacienda participó en los festejos del 50° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y allí reivindicó la política de ajuste que viene llevando adelante. «Lo que se ha hecho en estos tres años no se ha hecho nunca en la historia argentina», aseguró.
El mismo día que en el Senado discutía el Presupuesto de ajuste y miseria previsto para 2019 y acordado entre el Gobierno, el FMI y los gobernadores, Dujovne destacó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales. «En la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno«.
El ministro no se quedó ahí y se explayó alrededor del brutal recorte y ataque a los sectores populares que vienen llevando adelante, de la mano del ajuste fiscal y la megadevaluación que implicaron las corridas cambiarias: «La Argentina entre este año y el próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del PBI. El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos va a caer de 5 a 1.5 del PBI, un ajuste externo de casi 3.5 puntos. El tipo de cambio mostró un ajuste de casi 40 puntos porcentuales».
La frase del ministro indigna pero tiene parte de verdad. Un ajuste de la magnitud como el que se está llevando adelante sería imposible de realizar si el Gobierno no contara con la actitud cómplice del peronismo y de una dirigencia sindical que no opone ningún tipo de resistencia frente al saqueo, el ataque al salario, la megadevaluación, los despidos y el recorte de las partidas presupuestarias de la salud pública, la educación, la vivienda o las asignaciones sociales que el presupuesto prevé.
Mientras militarizan la Ciudad de Buenos Aires e inventan terroristas, la economía se hunde
El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec del mes de octubre arroja un 5,4 % mensual, y una inflación acumulada de 39,5 % en el año. Ningún acuerdo paritario alcanzará en diciembre la suba de precios. El incremento promedio terminaría con un 48 % de inflación, la más alta desde 1991.
El fuerte ajuste en las tarifas de gas disparó el rubro correspondiente a Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, que con 8,8 % fue el que más aumentó.
Mientras el Gobierno afirma que se desacelerará la inflación el año próximo, los tarifazos siguen su curso: durante el jueves, en audiencia pública, AySA informó que en 2019 subirá 50 % las tarifas de provisión de aguas en el Area Metropolitana de Buenos Aires. El aumento se aplicará en dos tramos: 17 % en enero y 27 % en mayo.
Hasta septiembre en relación a noviembre de 2015, la pérdida del poder de compra del salario en el sector privado registrado es de 15%. La mayor pérdida se acumula en el corriente año.
La deuda pasó de U$S 241.000 millones a fines de 2015 a U$S 327.000 millones en el segundo trimestre de este año. Para el año próximo los desembolsos de intereses de la deuda pública se incrementan 49 % en términos nominales y 10 % en términos reales. Entre el 15 % y el 20 % de lo que gasta el Estado se irá a manos de los acreedores. En simultáneo, la gran mayoría de las partidas del Presupuesto de 2019 con destino a atender necesidades sociales caen en términos reales y en algunos casos, incluso, en términos nominales.
Bono trucho
La asignación no remunerativa fijada por el Gobierno nacional para el sector privado entró en vigencia con la publicación de un Decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri y sus ministros en el Boletín Oficial.
El decreto 1043/2018 estableció «a partir del 1° de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá» a 5.000 pesos.
El 50% se pagará con los salarios de noviembre, «pagaderos en el mes de diciembre de 2018» y la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero.
Las «actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva» podrán «adecuar la implementación» de los «plazos y montos» del bono.
Además, se indicó que los sectores que acordaron un aumento adicional que compense el aumento de la inflación, según sus Convenios colectivos de trabajo, podrán pagar el bono a cuenta de ese incremento «salvo que acuerden expresamente su no absorción».
Quedaron excluidos de los alcances del bono «los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable».
También los «trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario» y del «Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares».
Asimismo, el decreto estableció «hasta el 31 de marzo de 2019, un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a DIEZ (10) días hábiles previo a hacerla efectiva».
A su vez, el Ministerio a cargo de Dante Sica, «de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo fijado en el artículo 6° del presente, las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral». Quedó exceptuado del procedimiento el personal de la Industria de la Construcción.
Para los estatales, también al margen de la normativa, se acordó el pago de un plus de $ 5.000 con los sueldos de diciembre y también un aumento extra de 5% sobre los salarios de enero y de otro tanto sobre los de febrero. Ambos porcentajes se sumarán al 15% que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) había firmado para el sector público en la primera mitad del año, a lo que le siguieron dos sumas fijas y un ajuste sobre el valor del presentismo.
La negociación que llevó adelante Dante Sica con la cúpula de la CGT y las principales Cámaras, significa para la administración de Mauricio Macri llegar a fin de año sin la amenaza de un quinto paro nacional y con una inyección de fondos a la economía real a través del bono para al menos esperanzarse con un freno a la caída de todos los indicadores. Mientras que para la Central obrera el acuerdo fue un argumento ideal para desactivar la huelga y el riesgo de una movilización callejera.
Claudio Lozano, integrante del IPyPP, sostuvo que «el salario promedio de la economía argentina, considerando todo el universo de trabajadores asciende a $ 19.734,8. Por ende, el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018, debiera ascender a $ 75.186,20».
En el informe elaborado junto a la economista Ana Rameri , los autores concluyeron que «la propuesta del Gobierno y la CGT representa apenas el 6,6% de lo que debieran recibir los trabajadores para recuperar lo perdido en un año 2018 que, en la práctica, ha producido una caída del poder adquisitivo similar a la del 2002 en el marco de la crisis y ruptura de la convertibilidad.
El bancario, Sergio Palazzo, consideró un «error» que la CGT haya levantado el paro por «un bono que no paga nadie» y adelantó que el Frente Sindical hará de todos modos una protesta por la situación económica del país.
«La CGT tiene que reactivar el salario, no desactivar el paro, no cumplieron su palabra», disparó Palazzo.
Consultado Roberto Baradel, titular del Suteba, sobre la chance de que los maestros perciban el bono de fin de año que firmó la CGT con empresarios y el Gobierno, sentenció: «el bono no lo va a cobrar la mayoría de los trabajadores. Primero el 40% de los trabajadores no registrados no lo cobra. Segundo las PyMEs ya dijeron que no lo podían pagar. Tercero las Cámaras pusieron en duda el pago o no del bono. Cuarto de los estatales los cobra sólo una parte. Por lo tanto el bono le va a llegar a un sector pequeño de los trabajadores, la mayoría no lo va a percibir».
Desde ATE Nacional, en tanto, rechazaron el bono, denunciando que a los estatales, que solo en 2018 sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del orden del 14% (CEPA), «no les sirve».
Además, quedarían afuera del bono: los/as estatales provinciales y municipales, del Poder Judicial y del Congreso, de organismos como PAMI, INCAA, ANSES, entre otros entes y empresas públicas.
Renunció Jorge Triaca: «ha realizado un trabajo fenomenal»
El ministro de Producción, Dante Sica, confirmó que tras la salida del secretario de Trabajo, Jorge Triaca, su vacante no será cubierta y que la cartera laboral degradada a secretaría quedará directamente absorbida.
La gestión Triaca termina con un poder adquisitivo para los trabajadores 18 % menor que en 2015, según la medición de la UMET. Se trata de la mayor pérdida de poder de compra desde la megadevaluación de 2002. En tanto, la desocupación ascendió, según el Indec, en el tercer trimestre del año a 9,6 %, la cifra más alta de los últimos 12 años.
Entre noviembre de 2015 y agosto de 2018 se perdieron 92.000 puestos de trabajo en la industria. Entre el segundo trimestre de 2016 y el mismo período de 2018, el 46% de los empleos generados corresponden a categorías no asalariadas entre las que se destacan monotributistas y autónomos. El 30% fueron asalariados no registrados y solo un 24% registrados. El trabajo en negro escaló desde el 33,3% de la fuerza laboral en 2015 hasta el 34,3% en 2018.
Fueron 10 los sindicatos intervenidos durante su gestión. Sobre los de obreros marítimos (SOMU) y el de vigiladores pesan denuncias de manejo irregular de fondos por parte de la intervención. Además, promovió una política de sanciones económicas para limitar el derecho de huelga de los trabajadores, como las aplicadas a Camioneros y ATE.
En el propio Ministerio de Trabajo despidió a 280 trabajadores entre enero y marzo de 2016 y en 2017 a 34 trabajadores tercerizados de limpieza por persecución sindical luego de una lucha de más de un año por retrasos en los salarios y pagos de aportes.
También atacó las herramientas disponibles para preservar el empleo como, por ejemplo, el Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), el Repro que a junio de este año sumaba 8.432 beneficiarios cuando en 2014 eran 57.104 y en la recesión de 2009 llegaron a ser 143.653.
La reducción de los costos laborales fue uno de sus objetivos estratégicos promoviendo un proyecto de reforma laboral que no pudo aplicar, pero promovía la reducción de las indemnizaciones, extender la jornada laboral, relanzar las pasantías, legalizar la contratación individual y vulnerar el alcance de los convenios colectivos.
No obstante, estimuló su reforma como en el caso de los petroleros de Vaca Muerta, los trabajadores de la TV, telefónicos y automotrices, entre otros, para lo cual contó con la colaboración de las conducciones sindicales.
Al comienzo de su gestión lanzó el programa Primer Empleo que buscaba reducir aportes patronales y eludir la Ley de Contrato de Trabajo. Una de sus iniciativas más altisonantes fue el Plan Empalme que aspiraba a crear empleo para más de 400.000 beneficiarios. A setiembre de 2018, la cantidad de trabajadores beneficiados fue de 4.620, el 1% de la propuesta inicial.
«Ha realizado un trabajo fenomenal en estos años», (sic) lo celebró Dante Sica, ahora ministro de Producción y Trabajo.
Docentes
Docentes bonaerenses convocaron a un paro para el martes próximo en rechazo al aumento salarial del 30% que les asignó el gobierno provincial, una oferta muy por debajo de la inflación anual proyectada, que se estima alrededor del 50%.
La continuidad del plan de lucha fue anunciada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que integran los sindicatos del sector, «ante la falta de respuestas de la gobernadora María Eugenia Vidal ante el conflicto salarial y educativo». De esta manera, el martes 20 se realizará la huelga con un acto central en La Plata y la protesta seguirá al día siguiente con banderazos en cada distrito en defensa de la «soberanía educativa».
Por otro lado, el Frente Docente también rechazó «categóricamente la profundización del ajuste que contiene el Proyecto del Presupuesto Provincial 2019, con reducción de partidas destinadas a Educación y el intento de imponer un techo salarial y una negociación a la baja».
«El Presupuesto no hace más que dejar plasmada la continuidad de una política adoptada por la gestión de Vidal de desfinanciar a la educación pública», alertaron los sindicatos.
Los docentes universitarios de la CONADU (H) reclaman la urgente reapertura de la paritaria salarial. «No podemos esperar hasta enero de 2019. Reclamamos un inmediato aumento salarial de emergencia de un 20-25%, por lo menos para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación, un bono de fin de año para compensar lo ya perdido y el pasaje de todas las sumas fijas al básico», sostienen.
El 22 de noviembre como medida de protesta, instalarán una carpa frente el Ministerio de Educación de la Nación en la cual sesionará el Plenario de Secretarios/as Generales para expresar estos reclamos y hacer entrega de las primeras firmas del petitorio nacional que reclama la reapertura de las paritarias.
Transporte
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) llevó adelante su Plenario de gremios integrantes en el teatro Empire de La Fraternidad, donde se resolvió por unanimidad declarar el estado de alerta y sesión permanente. Además confirmaron que realizarán el martes 27 de noviembre asambleas en los lugares de trabajo en todos los medios de transporte, en la franja horaria de 4 a 7 de la mañana. Se especula que los servicios y las operaciones se normalizarán alrededor de las 10 horas.
Por otro lado, el Secretario de Prensa de la CATT, Juan Pablo Brey, informó que el viernes se realizaron en Aeroparque las asambleas del sindicato de Aeronavegantes, en conjunto con los controladores aéreos de ATE-ANAC, ante los distintos conflictos del sector aeronáutico.
Los trabajadores de la empresa multilíneas ERSA, que maneja el 90% del transporte en Corrientes, se concentraron en las puertas de la empresa reclamando deudas salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. También denunciaron los negociados entre la empresa, el sindicato y los gobernantes.
Los Choferes Autoconvocados, como se denominan, se agruparon en el galpón de la empresa para impedir la salida de las unidades y garantizar el paro de transporte que llevan a cabo desde el miércoles a la noche. Además anunciaron que seguirá el paro hasta que se cumpla con su reclamo. En el mismo acto echaron al Secretario General de la UTA Corrientes y Senador provincial por ECO-Cambiemos, Rubén Suárez, quien se acercó al lugar a defender los intereses de la empresa.
El reclamo no se limita a aumentos y a parte del aguinaldo que se les adeuda, también exigen una correcta registración de todos los trabajadores, ya que la empresa cuenta con cientos de personas que trabajan en negro, y aseguran que no van a permitir ningún despido.
También denunciaron que existe persecución por parte de la empresa, a los que se animan a realizar reclamos, y manifestaron que tampoco se les permite presentar otra lista que compita con la de Suárez en la UTA.
Una encuesta realizada por el portal Norte de Corrientes en redes sociales brindó un apoyo mayoritario a la medida de fuerza.
Medios
La Comisión Interna de Clarín denuncia que la firma se niega a negociar cuando durante el año tuvieron solo un 18% de incremento en sus salarios.
Tras la negativa de la empresa a negociar un aumento en el salario de todo el personal, el mes pasado los trabajadores de Clarín/Agea de ambos turnos decidieron declararse en asamblea permanente y votaron por unanimidad el rechazo a la postura inamovible de la empresa y un plan de lucha progresivo.
La Argentina dio esta semana otro paso hacia la supresión de voces. Al flagelo de los despidos, la precarización laboral y salarial que afecta a miles de periodistas profesionales, la crisis y cierre de medios, y la distribución arbitraria de pauta oficial, un grupo de diputados oficialistas y justicialistas avanzaron en la revocación de normas que favorecen el acceso de las pymes periodísticas a un insumo clave: el papel.
El expediente 7073 que obtuvo dictamen el miércoles 14 en la Comisión de Comercio propone derogar artículos claves de la Ley 26.736 de Papel Prensa. Con apenas dos artículos, la norma desmonta la regulación que protege el acceso de pequeños medios al papel. El favorecido, en este caso, es la monopólica Papel Prensa S.A., propiedad de los dos principales periódicos del país: Clarín y La Nación.
Los trabajadores de la TV Pública realizaron el viernes un cese de actividades de 2 horas por turno en repudio a la actitud de la empresa de no reconocer el pago del aumento salarial firmado en 2017.
Por decisión unánime de la asamblea de Página/12, los trabajadores y trabajadoras del diario retiraron las firmas de sus notas desde el sábado y hasta que el Grupo Octubre pague el acuerdo paritario de este año, compromiso que asumió como parte de AEDBA, Cámara que comparte con otras patronales. La empresa que conduce Víctor Santa María es la única de toda la rama de prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires que no pagó la paritaria, que comenzó a regir en mayo y en los últimos días sumó su segunda cuota. La histórica AM 1070 Radio El Mundo ya no está trasmitiendo. En medio de un largo proceso de vaciamiento, dejó de pagar los servicios, le cortaron la luz y busca no pagarle las indemnizaciones a los 80 trabajadores que quedan en la calle.
Los medios radiales atraviesan un momento más que delicado. A las situaciones de Radio Del Plata, Radio Rivadavia, que atraviesa un proceso de quiebra y donde los trabajadores cobraron apenas $ 3.000, lo ocurrido con Radio América y las emisoras del Grupo Indalo, hay que sumarle otra voz que se apagó.
Estatales
En el marco de la negociación paritaria nacional, ATE anunció una jornada nacional de lucha para el 27 de noviembre. La medida es en rechazo a la firma del acuerdo salarial compuesto por un aumento del 10% en dos cuotas y el pago de una suma fija no remunerativa de $ 5.000 a efectuar en diciembre.
«El 27 de noviembre habrá una jornada nacional de lucha, con asambleas, radios abiertas y concentraciones en cada organismo del Estado Nacional y en todas las provincias de nuestro país. Vamos a pelear para defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras», manifestó Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General de ATE, frente al edificio de Alem 650, sede de la Secretaría de Trabajo.
Los trabajadores del Estado Nacional, acumulan una pérdida del poder adquisitivo cercana al 26,3% desde el 2015, como resultado de una inflación acumulada del 157% que estuvo por encima de la actualización salarial del 89,5%.
El acuerdo con el FMI avaló la decisión de establecer un techo en el gasto público para el pago de salarios del orden del 2,7% del PBI cuando actualmente, el mismo se ubica cerca del 3,2% lo que implicaría un recorte del 0,5 % del producto. Los efectos de esta exigencia ya se vienen haciendo visibles a través de despidos masivos. En este sentido, el reciente informe publicado por el Ministerio de Trabajo no disimula los resultados de la gestión hasta ahora encarada: desde el primer semestre 2016 al 2018 la reducción de la cantidad de ocupados en el Poder Ejecutivo Nacional fue de 22.732 de los cuales 8.247 puestos se verificaron en el último año destacándose la caída en la Administración Pública Central con 3.839 puestos menos.
En la madrugada del jueves, el Senado de la Nación aprobó el Proyecto de ley que insta a reincorporar a los trabajadores despedidos de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero en Córdoba, y Fray Luis Beltrán en Santa Fe.
El proyecto dispone la «reincorporación inmediata» de los 238 trabajadores cesanteados de las Fabricaciones Militares de Villa María (67), Río Tercero (87) y Fray Luis Beltrán (84), en los meses de diciembre de 2017 y agosto de 2018.
Además, en el artículo 2º promueve «la suspensión por parte del Ministerio de Defensa de toda medida de suspensión o cesantía de trabajadores de Fabricaciones Militares motivada en razones presupuestarias o derivadas del compromiso firmado con el Fondo Monetario Internacional por el plazo de 360 días».
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció que la Administración de Vialidad Nacional está por anunciar la creación de un organismo paralelo, mediante una resolución que crea iguales dependencias a las que cuenta hoy la repartición, a través del mecanismo de la Participación Público Privada (PPP).
«Estamos ante la duplicación de nuestra estructura, la contratación de licitaciones escandalosas y de personal externo con salarios muy superiores a los que tenemos los trabajadores viales actualmente, a quienes nos cerraron paritarias miserables de un promedio del 7%. Queda más que claro que el objetivo político que hay detrás es el vaciamiento, el despilfarro de recursos estatales y la privatización de nuestras funciones», argumentó Graciela Aleñá, secretaria General del gremio.
«La situación que atraviesan los trabajadores de vialidad nacional en todo el país es alarmante: a muchos les quitaron sus funciones, les dan una paritaria del 7%, anulan los adicionales y suspenden turnos de balanzas para hacer control de pesaje. El presupuesto 2019 prevé un recorte de más del 50% para realizar mantenimiento y bacheo, poniendo en riesgo la seguridad operativa de los caminos», agregó.
Cabe recordar, que el Sindicato Trabajadores Viales protagonizó el 1º de Octubre la Marcha Federal Vial con la presencia de las seccionales de Vialidad Nacional de todo el país en rechazo al «desguace privatizador».
El viernes se realizó en el Hospital Posadas una reunión abierta de solidaridad y coordinación. La iniciativa nació a través de una carta pública de Gisela Mannoia, médica psiquiatra, amenazada y perseguida por las autoridades, por hacer declaraciones a la prensa sobre los despidos a profesionales, y por pegar un cartel en su sector con los nombres de los médicos echados, tal como se había votado en una importante asamblea.
Distintos sectores de trabajadores y trabajadoras de la salud de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una importante movilización frente al Congreso de la Nación, para rechazar la reforma aprobada el 1º de noviembre en la Legislatura porteña por la cual los enfermeros y las enfermeras ya no son profesionales sino personal técnico-administrativo .
El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Jorge Yabkowski, gremio que representa a 30.000 médicos, profesionales y trabajadores de la salud de 600 hospitales de todo el país, anunció paros y marchas en varias provincias, en una conferencia conjunta con los demás áreas de salud integrantes de la CTA Autónoma, para el miércoles 21 de noviembre «contra la precarización laboral y en defensa del equipo de salud». En La Ciudad de Buenos Aires habrá una concentración a las 10:00 en Congreso para marchar a Plaza de Mayo.
Despidos y suspensiones
Según el informe de CEPA, entre septiembre y octubre de este año los despidos y suspensiones aumentaron casi siete veces en términos interanuales. Mientras este año los despidos y suspensiones totalizaron 20.872 casos, en el mismo período del año pasado fueron 3.087. El informe señala que el 74% de los casos fueron en el sector industrial.
En relación a la evolución de los despidos y suspensiones en los primeros diez meses de 2018, se señala que el total asciende a 56.969 casos, correspondiendo 15.825 casos a empleo público y 44.144 a empleo privado. Estos datos implican un promedio de 6.000 despidos y suspensiones mensuales durante los primeros diez meses de 2018.
En tanto, la Unión Industrial Argentina (UIA) informó que la pérdida de empleos se aceleró durante el mes de agosto. Específicamente 4.162 fueron los ceses respecto al mes de julio de 2018. Si se tiene en cuenta el octavo mes del año pasado se registra una caída de 32.622 asalariados. En el primer trimestre, la caída fue de 1,2%, en el segundo de 1,8% y en los últimos dos meses la pérdida fue de 2,6%.
En las últimas horas, 63 trabajadores fueron despedidos tras el cierre de supermercados en Colonia Caroya y Jesús María (Córdoba). Se trata de la empresa Súper Uno Sociedad Anónima, que posee dos comercios en cada una de esas localidades más un mayorista en la primera.
Desde la firma adujeron problemas de rentabilidad, aunque desde el Centro de Empleados de Comercio de Colonia Caroya negaron que la firma estuviera en crisis.
Intervino en el caso el Ministerio de Trabajo de la provincia, cuyo titular, Omar Sereno, convocó a una reunión de mediación.
El ministro consideró que la empresa no pidió a su cartera el procedimiento preventivo de crisis y aseguró que luego de revisar las notificaciones y documentos podría «declarar ineficaces los despidos y permitir que los trabajadores cobren el 100% de indemnización o reintegrarse en caso que la empresa continúe».
Los trabajadores de la empresa SIAM, propiedad del Grupo Newsan, denunciaron una nueva ola de despidos con 20 producidos esta semana. El miércoles 14, los delegados participaron de una audiencia de conciliación en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en la que no hubo avances. «Los abogados de la firma informaron que continuarían con la decisión de la reducción de personal que desde 2015 ya eliminó 440 puestos de trabajo», detallaron los representantes sindicales de los trabajadores de SIAM y reafirmaron su voluntad de permanecer en el acampe que vienen realizando.
La empresa Pilisar S.A, Siam, que sigue sin cumplir la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de Avellaneda, reforzó el miércoles su amedrentamiento contra los trabajadores en lucha que se encuentran enfrentando los despidos y llevando adelante un acampe pacífico en la planta.
Esa actitud dio un salto cuando se llevaron detenido al trabajador de Shell, Gustavo Michel, durante la madrugada de este sábado mientras participaba de la solidaridad con el acampe, quien ya fue liberado.
Frente a la alerta de amenaza de desalojo, organizaciones solidarias, referentes políticos, agrupaciones estudiantiles y vecinos del barrio se acercaron a las inmediaciones de la planta en Piñeyro para brindarles su apoyo y organizaron un festival el domingo en Coronel Molinedo N° 1600, Avellaneda.
Trabajadores de la empresa Metalur SA comenzaron el jueves una toma pacífica de la planta ubicada en el Parque Industrial de Quilmes para reclamar la totalidad de la indemnización por despido.
Se trata de una veintena de empleados que quedaron en la calle a horas de estrenar el bono del Gobierno, y a pesar que las empresas no podían despedir sin avisar con diez días de anticipación al Ministerio.
El Gobierno porteño decidió prorrogar al menos hasta el 5 de diciembre próximo el contrato para evitar el cierre del shopping Buenos Aires Design y, de ese modo, dar continuidad laboral a unos 700 empleados.
A partir del 6 de diciembre se harán cargo del predio la Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) y la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés.
Sin esta extensión en el convenio contractual, el centro de compras ubicado en el barrio de Recoleta debía cerrar sus puertas este domingo y lo mismo ocurriría con los 40 locales que contiene.
El martes pasado, los trabajadores del shopping realizaron una protesta frente al edificio en Pueyrredón y Avenida Libertador para reclamar la continuidad laboral.
Desconcierto e indignación causó la información de que a partir del 1º de diciembre los 21 trabajadores de Ferrocarriles que quedaban en La Pampa ya no tendrán trabajo. Ferrobaires decidió despedirlos, aparentemente sin abonar indemnización alguna dada su condición de contratados.
Los directivos de la planta Alcorta, de la Coca Cola FEMSA, despidieron a 4 activistas sindicales y abrieron la puerta a los retiros voluntarios. Los cesanteados son integrantes de la Lista Marrón, quienes fueran despedidos en el pasado y lograron su reincorporación a través de la lucha. Los trabajadores denuncian que los directivos buscan «eliminar un turno» para abaratar costos y «mantener la tasa de ganancia».
La delegación Corrientes de la UOCRA informó que el martes rubricó un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo con la empresa Intesar S.A (perteneciente al Grupo Electroingeniería) para que 460 trabajadores que fueron despedidos, cobren sus indemnizaciones en tres cuotas.
La empresa paralizó la obra de instalación de una línea de alta tensión de 500 KV desde la represa Yacyretá en Rincón Santa María (Ituzaingó) hasta Puerto Bastiani (Resistencia-Chaco), que se ejecutaba hace más de tres años y despidió a todo el personal.
El miércoles pasado comenzaron a llegar telegramas de despido a las trabajadoras de Eyelit que estaban cursando sus vacaciones adelantadas por la propia patronal.
Inmediatamente comenzaron a reunirse en el portón de la fábrica. Decidieron mantener una guardia obrera hasta tanto no se aclare su situación laboral, y resguardando que no se lleven las máquinas de la planta.
Como medida de protesta cortaron la ruta de Sumalao (Valle Viejo) frente a su fábrica.
El jueves se movilizaron a Casa de Gobierno de Catamarca para exigir una audiencia a la gobernadora. Finalmente las recibió Marcelo Rivera, Ministro de Gobierno.
Mientras, un grupo muy numeroso de trabajadores y trabajadoras de Alpargatas llegaban marchando para unírseles en el reclamo.
La empresa despidió a todo el personal argumentando una supuesta «reestructuración productiva» sin haber hecho previamente el procedimiento preventivo de crisis establecido en la Ley Nacional de Empleo (24.013) por lo que los despidos son nulos.
Por esto, el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Inspección Laboral, deben dictar de manera inmediata la conciliación obligatoria con todas las obreras en sus puestos de trabajo.
En la cerealera Tres Arroyos, ubicada en Parque Industrial de Pilar, los trabajadores denuncian que corren el riesgo de quedar en la calle 150 familias.
Cuentan que están sin cobrar la quincena, que los dejaron sin charter para llegar al Parque Industrial y que la empresa sacó hasta la empresa de seguridad.
El mediodía del pasado martes 13 de noviembre, el Centro Gallego de Buenos Aires fue escenario de una nueva protesta de socios y trabajadores que se oponen a su vaciamiento. Según denuncian, la actual intervención, encabezada por Martín Moyano Barros, adeuda salarios, aguinaldos, y redujo a la mitad el plantel de empleados.
Cuando se reactivó la institución en 2012, la planta de trabajadores alcanzaba los 1.500 puestos y había una capacidad operativa para atender 350 camas. Hoy son 600 empleados y tan sólo 20 camas funcionando.
Los trabajadores denuncian que el propio Héctor Daer, titular de la CGT y de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) respaldaría el vaciamiento que impulsa la patronal, ya que los delegados de ATSA amedrentan a enfermeros y enfermeras despedidos y a aquéllos que se organizan en el nuevo Sindicato de la Salud de la CTA Autónoma. En este marco, Daer y los delegados de ATSA hicieron la vista gorda con los recientes despidos de Marcelina Colque Silisque, Graciela Gómez, Valentinca Copaico y Julia Jaldin, candidatas a delegadas en las elecciones del 22 de noviembre que llevará adelante el gremio de la Central que encabezan Ricardo Peidro y Hugo Godoy.
No alcanzó con la toma pacífica que encararon sus trabajadores, ni tampoco con el plan de reconvención que algunos ex gerentes de la firma habían presentado a la empresa Renault para una especie de salvataje que contemple los puestos de trabajo.
Finalmente, la Metalúrgica Tandil cerró sus puertas y 100 trabajadores aceptaron la indemnización por despido que consistió en una indemnización del 110%, más un plus de tres salarios y algunos otros beneficios relacionados a la cobertura médica. Sin embargo, desde la Unión Obrera Metalúrgica criticaron la postura del intendente Miguel Lunghi (Cambiemos), considerando que «no hizo el máximo esfuerzo» para evitar el cierre de la empresa.
El pasado 12 de octubre, los operarios de la Metalúrgica de Tandil habían tomado pacíficamente la planta, en busca de una alternativa para evitar el cierre definitivo, que contó con el apoyo de gran parte de la población local.
Vecinos de la localidad bonaerense de Chivilcoy, acompañados por representantes de la CTA y de la CGT, realizaron una movilización para que se garantice la continuidad laboral de los más de 600 trabajadores de la fábrica de calzados Paquetá. Sus empleados llevan a cabo un paro al tiempo que la compañía afirma que las líneas productivas se vieron afectadas luego de que Adidas dejara de hacer pedidos.
Paritarias
El paro aceitero comenzó la tarde de este martes y se extendió hasta el miércoles por la tarde. La medida de fuerza se definió luego del ofrecimiento de las Cámaras empresarias de un pago de $ 4.000 en tres cuotas, en lugar del aumento del 13% retroactivo a septiembre que reclamaba el gremio.
A largo del día miércoles muchas de las empresas firmaron acuerdos por separado con el gremio, accediendo a un aumento en dos tramos: un 6% retroactivo a agosto y otro 6% con efecto retroactivo a septiembre. Estos acuerdos deberán refrendarse en la audiencia del próximo 20 de noviembre en Secretaría de Trabajo de la Nación.
La Asociación Bancaria advirtió que podría llevar a cabo medidas de fuerza que afecten la atención al público en entidades financieras la semana próxima. El motivo es porque una Cámara empresaria no cumple con el último acuerdo paritario en el cual se estipuló un aumento del 12%.
El gremio lanzó la advertencia luego de que fracasara una reunión que mantuvo en el Ministerio de Producción con representantes de esa cartera, del Banco Central y de ABAPPRA.
«Los representantes de la cámara ABAPPRA y del Banco Central insistieron en una propuesta no acorde con el IPC. Es inadmisible que dichas entidades pretendan aumentar solamente un 5% por octubre, cuando el resto de las entidades han acordado un 12%», manifestaron en un comunicado.
Trabajadores del gremio de la alimentación bloquearon cerca una docena de establecimientos fabriles del sector en la provincia de Buenos Aires, en demanda de la reapertura de negociaciones paritarias. Ante esta medida de fuerza, el Ministerio de Producción y Trabajo dictó la conciliación obligatoria.
Entre las empresas afectadas por los bloqueos gremiales estuvieron Arcor, Mondelez, Bimbo, Felfort, Quaker, Molinos, PepsiCo y Nestlé. El conflicto se originó porque el gremio reclama reabrir la paritaria y el bono de $ 5.000 acordado entre el Gobierno Nacional y la CGT, pero el sector empresario levantó las negociaciones.
Los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) aceptaron la propuesta del Gobierno de un incremento salarial del 32%, y «significativos avances» con relación a «residentes, violencia e infraestructura» , según informó el gremio. La oferta fue sometida al voto durante el Congreso Provincial de Delegados y aprobada por una amplia mayoría, informaron desde Cicop. «Además de la mejora salarial, avanzamos en consagrar más derechos para los residentes de la provincia de Buenos Aires, avanzando en la modificación de su reglamento», expresó la presidenta de la Cicop, Marta Márquez.
El vicepresidente de Cicop, Fernando Corsiglia, señaló que « la propuesta de recomposición salarial que se aceptó en el marco de la paritaria de la ley es de 32% promedio desde diciembre de 2017 al 1º de octubre de 2018, más alta que el 30% que había recibido como propuesta días antes en el marco de la ley 10.430 para los trabajadores del Estado en general».
En un Congreso del cual participaron Comisiones internas, delegados congresales y paritarios del Satsaid (trabajadores de televisión) se acordó un rechazo a la propuesta salarial por insuficiente.
Ley de semillas
«Esta ley de semillas es un atropello a los campesinos y pequeños productores y fundamentalmente es quitarle al pueblo el derecho a alimentarse», se escuchó en la tarde de este martes frente al edificio anexo de la Cámara de Diputados, donde organizaciones rurales y sociales se movilizaron para repudiar un nuevo intento privatizador por parte del Gobierno y las grandes corporaciones.
Según un documento difundido durante la movilización, y rubricado por más de 250 organizaciones, esta ley «avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas (sin modificación genética) impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios».
Las organizaciones denuncian, además, que el proyecto que se piensa aprobar se negoció entre el Ejecutivo, los voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural Argentina. «Las reuniones de consulta fueron una puesta en escena para plantear que la nueva ley surge del consenso de todas las partes cuando, en realidad, el proyecto nunca se hizo público», detalla el escrito.
«Reclamamos que se escuchen todas las voces, fundamentalmente la de quienes producen los alimentos», dice Carla Poth, investigadora del Conicet que integra la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas.
Para la especialista, el proyecto «va en dirección a consolidar el modelo de agronegocios que nos envenena porque enfermos somos más fáciles de dominar».
En ese sentido, el ingeniero agrónomo Raúl «Lalo» Botessi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, aclaró que «es mentira que la única manera de producción sea con veneno» y agregó: «La semilla es un bien público, es el alimento básico de los pueblos. Esta ley va a permitir que las semillas que son nuestras, pasen a ser de las grandes corporaciones y que encima se las paguemos».
Fuentes: www.infogremiales.com.ar, www.baenegocios.com, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, APU, Anred, Argentina Indymedia, Red Eco Alternativo, Clarín, Tiempo Argentino, Canal Abierto.
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