El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanián, otorgó poder a una fuerza paralela de vigiladores privados para actuar en conjunto con la policía bonaerense frente al problema de la inseguridad. El subsecretario de Seguridad, Martín Arias Duval, le anticipó el plan recientemente al diario Infobae, uno de los medios de […]
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanián, otorgó poder a una fuerza paralela de vigiladores privados para actuar en conjunto con la policía bonaerense frente al problema de la inseguridad.
El subsecretario de Seguridad, Martín Arias Duval, le anticipó el plan recientemente al diario Infobae, uno de los medios de comunicación más interesados en hacer sensacionalismo con el tema de la seguridad. Según los dichos de Duval el objetivo de Arslanián es coordinar el trabajo para que los vigiladores «asuman su obligación legal de informar a la policía sobre cualquier hecho delictivo y hagan operativos conjuntos» con las fuerzas de seguridad oficiales
Además, los vigiladores privados que están en puestos de vigilancia callejera trabajarían en coordinación con la policía «para prevenir o reprimir delitos y confeccionarían un parte periódico sobre los hechos que observen», informó Infobae.
Arslanián ya está probando desde hace unos meses un plan piloto que conecta a las agencias privadas con las fuerzas de seguridad provinciales en la llamada Red de Alerta Temprana, que funciona en el norte del conurbano bonaerense, el área de residencias más ricas de esta provincia, las más importante del país en términos demográficos y económicos.
A pesar de que la policía de la provincia de Buenos Aires es la mayor fuerza de seguridad estatal armada del país, el ministro Arslanián aseguró la semana pasada que este cuerpo «tiene un déficit operativo de casi 16 mil hombres».
Según el ministerio de Seguridad hay 38 mil vigilantes privados legalmente habilitados y otros 7 mil que trabajarían en negro en empresas no registradas. Esto implica unos 45 mil agentes privados contra 42 mil policías bonaerenses. Hay más de 100 mil privados en todo el país y la tercera parte de ellos tienen permiso para portar armas.
La Dirección General Fiscalizadora de agencias de seguridad privada cuenta con sólo 11 inspectores para el control de las 754 agencias que funcionan en la provincia de Buenos Aires. Estos fiscales, que integran la policía provincial, realizaron inspecciones en 532 agencias en los primeros 5 meses de este año y encontraron irregularidades en el 94 por ciento de las mismas.
En este contexto la estrategia que sigue el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad aparece sumamente controvertida. El sentido de tales medidas hay que buscarlo en la urgencia con que se mueve tanto el estado provincial como el nacional para dar respuesta al problema de la inseguridad frente a la presión de sectores en el ámbito interno y externo.
Una de las principales preocupaciones para el presidente Néstor Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, son los secuestros, que en lo que va del año suman 132. La mayoría de los secuestros extorsivos y «express» se cometen en el conurbano bonaerense. Por este motivo Arslanián enviará agentes bonaerenses a instruirse en la Escuela Antisecuestros de Colombia, financiada por Estados Unidos. También se creo un Comando Especial Antisecuestros que integra a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, para trabajar en conjunto con la policía provincial de Buenos Aires.
Los resultados de las fiscalizaciones de la Dirección General indican que hay armamentos y equipos de comunicación no declarados e incluso vigiladores que portan armas sin tener autorización. Además, frente a las limitaciones y deficiencias administrativas en los procesos de habilitación y levantamiento de sumarios por infracciones, no hay nada que garantice que los vigiladores privados no estén vinculados con la comisión de delitos.
Recordemos en ese sentido que la actividad de las agencias privadas de seguridad en la mayor provincia argentina – con 14 millones de habitantes – se comenzó a regular y controlar recién en 1999, después de que las empresas Yabito y Bridees aparecieran vinculadas al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.
Otro foco de conflicto en materia de seguridad, y posible caldo de cultivo del delito, es la reestructuración de la policía bonaerense. Unos 1.500 policías están en disponibilidad y otros 800 fueron expulsados de la fuerza por comprobárseles la comisión de delitos graves. Esto deja además un nuevo espacio que puede ser ocupado por empresas privadas, aunque en principio el Ministerio de Seguridad está formando el cuerpo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires II.
La «nueva policía», como se la conoce, surgió como una necesidad de saneamiento de la estructura de la «maldita policía» bonaerense, fuertemente sospechada de corrupción en todos sus niveles jerárquicos. Esta nueva fuerza ya cuenta con unos 500 cadetes en etapa de instrucción y tiene más de 4 mil vacantes, enfrentando un gran desinterés y problemas de aptitud de los aspirantes.
Por otra parte, la participación de empresas privadas en materia de seguridad del Estado tiene un antecedente reciente en la norteña provincia de Tucumán. En marzo de este año los medios tucumanos ventilaron que el gobernador José Alperovich contrató en forma directa a la empresa israelí Security and Intelligence Advising (SIA), para garantizar la privacidad y la reserva de los actos en la Casa de Gobierno de esa provincia. La SIA posee oficinas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Israel, México y Uruguay. Es una empresa especializada en consultoría, seguridad, inteligencia y protección.
Entre las agencias de estas características que operan en Argentina pueden nombrarse a Kroll, Smith-Brandon, Trident Investigative Services y Pinkerton. La mayoría de estas se especializan también en inteligencia industrial, pero su oferta es muy variada. Venden capacitación para fuerzas de seguridad, protección de personas y de bienes. Estas empresas forman poderosas agencias de espionaje empresarial que aterrizan en el país junto con grandes empresas internacionales para quienes contar con estos nuevos detectives es visto como una inversión.
En los últimos meses la empresa norteamericana Kroll fue acusada de espiar al gobierno de Brasil. La compañía, a la que muchos asocian con la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), investigó correos electrónicos, comunicaciones telefónicas y movimientos de dos importantes ministros del gobierno de Luís Inácio Lula da Silva. Según el diario brasileño Folha de Sao Paulo, el escándalo se originó en una disputa privada. Kroll fue contratada por Brasil Telecom para investigar a la compañía telefónica Italia Telecom, con quien traba una feroz batalla legal.