Ni siquiera se hacen cumplir las leyes vigentes en materia energética, ni mucho menos se han promulgado decretos o nuevas leyes para regular este multimillonario negocio. Desde FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina) afirman que: ‘el reclamo por los precios elevados de combustibles, debe hacerse a todas las empresas petroleras, […]
Ni siquiera se hacen cumplir las leyes vigentes en materia energética, ni mucho menos se han promulgado decretos o nuevas leyes para regular este multimillonario negocio.
Desde FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina) afirman que: ‘el reclamo por los precios elevados de combustibles, debe hacerse a todas las empresas petroleras, ya que ninguna respeta los costos internos, y nos cobran el barril de petróleo argentino, como si fuera importado de Arabia Saudita.’
El comunicado de FeTERA agrega que ‘La concesión del 90% de las áreas petroleras que hoy tiene Repsol, son ilegales. El precio con que se comercializa el gas licuado, es ficticio y escandalosamente elevado. Las multinacionales se llevan más de 6.000.000.000 de dólares por año en concepto de ganancias con el petróleo y nadie puede explicar en qué beneficia eso al país.’ A esto hay que agregarle que en el caso del gas, las reservas argentinas durarán tan sólo hasta 2012.
El boicot oficial entonces se reduce a una mera declaración mediática. Incluso, el gobierno salió a despegarse del boicot efectivo realizado por sus propios aliados políticos.
Sigue siendo una buena señal que desde el gobierno se mantenga un discurso de este tipo, porque evidencia que la conciencia política colectiva de los argentinos ha alcanzado un nivel determinado desde diciembre de 2001. Pero es necesario seguir advirtiendo que aún con eso no alcanza, y que un país no se cambia con buenos discursos.
Las altisonantes declaraciones de Kirchner, lamentablemente no van acompañadas de señales concretas, que hagan presagiar que el gobierno cuenta con una verdadera política energética soberana, paso primordial para un proyecto productivo independiente para el país.
Los argentinos, conducidos por nuestras organizaciones populares, deberíamos tomar la iniciativa y modificar la realidad que el gobierno tan sólo describe. Lamentablemente carecemos de dicha conducción.
El boicot debe realizarse, pero no sólo contra la Shell, sino contra todas las multinacionales que, legal o incluso ilegalmente, obturan nuestras posibilidades de desarrollo independiente.