El presidente argentino, Néstor Kirchner, fijó ayer por decreto las pautas de aplicación de la Ley de Defensa Nacional, que define el papel de las Fuerzas Armadas, norma que fue promulgada hace más de 18 años y nunca se puso en práctica. La firma del decreto que reglamenta la ley coincidió con un momento de […]
El presidente argentino, Néstor Kirchner, fijó ayer por decreto las pautas de aplicación de la Ley de Defensa Nacional, que define el papel de las Fuerzas Armadas, norma que fue promulgada hace más de 18 años y nunca se puso en práctica.
La firma del decreto que reglamenta la ley coincidió con un momento de tensión entre el Gobierno y algunos sectores castrenses que objetaron la política de derechos humanos y reivindicaron la represión ilegal de la última dictadura militar.
La medida fue suscrita por Kirchner y la ministra de Defensa, Nilda Garré, en un acto realizado en la Casa de Gobierno al que asistieron los jefes del Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La Ley de Defensa Nacional había sido promulgada con un amplio consenso en abril de 1988, durante el primer gobierno democrático posterior a la última dictadura (1976-1983), pero su reglamentación estaba pendiente desde entonces.
El decreto firmado por Kirchner establece que el Estado Mayor Conjunto pasará a ser la instancia integradora de las modalidades de acción de las tres Fuerzas Armadas, tendrá la autoridad para impartir órdenes y se encargará del planeamiento estratégico.
Como consecuencia de ello, los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea sólo se dedicarán a alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición.
Hasta ahora, el Estado Mayor Conjunto tenía un papel secundario en la coordinación de los planes que cada fuerza armada diseñaba por su cuenta.
Las Fuerzas Armadas «serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas pertenecientes a otro/s Estado/s», dice uno de los artículos de la reglamentación.
Kirchner excluyó la utilización del instrumento militar en funciones ajenas a la defensa «usualmente conocidas bajo la denominación de nuevas amenazas», como tareas de seguridad interior.
De acuerdo con el decreto, de lo contrario se pondría «en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales».
La semana pasada, Kirchner ordenó la apertura de sumarios contra seis militares retirados que el 24 de mayo último participaron en un acto público en el que se reivindicó la represión de la última dictadura.
En ese mitin, unas 3.000 personas rindieron homenaje en una plaza del centro de Buenos Aires a los militares y civiles asesinados por la guerrilla en la década de los años 70, además de formular duras críticas al Gobierno.
Tras ese acto el gobernante advirtió de que no tolerará que los militares reivindiquen «el terrorismo de Estado» de la última dictadura.
«La gestión ministerial que encabeza Nilda Garré está poniendo las cosas en su lugar», dijo el jurista e interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Sain en alusión a la reglamentación de la ley de defensa.
«Es sabido, no sólo en la Argentina sino en el resto de los países de la región, que la autoreforma militar nunca ha sido posible. Lo mejor que puede ocurrir es que sea el poder político el que ponga las cosas en su lugar en ese sentido», apuntó.
Sain agregó que «de aquí en adelante lo que queda es toda una suerte de repensar la estructura militar y hacerla mucho más dinámica sin necesidad de estar pensando en hipótesis de conflicto. Hoy lo que se está trabajando es en el tema de vigilancia y la movilidad».