Los 1.270 presos de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata iniciaron el miércoles 20 una huelga de hambre general exigiendo la regularización inmediata de sus situaciones procesales. Durante el transcurso de los días, los presos de las unidades de Olmos, Florencio Varela, Los Hornos, Magdalena, Melchor Romero, Mercedes, General Alvear, Sierra Chica, Benito […]
Los 1.270 presos de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata iniciaron el miércoles 20 una huelga de hambre general exigiendo la regularización inmediata de sus situaciones procesales. Durante el transcurso de los días, los presos de las unidades de Olmos, Florencio Varela, Los Hornos, Magdalena, Melchor Romero, Mercedes, General Alvear, Sierra Chica, Benito Juárez y de la comisaría 14 de La Plata se fueron plegando a la protesta. Hoy son más de 9.000 los detenidos que piden la aplicación de la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660, así como también la derogación de la ley 12.405 y la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal.
La ley nº 12.405, conocida también como Ley Ruckauf, permite que se aplique prisión preventiva a cualquier sospechoso de comisión de delito. La 24.660, establece una serie de salidas vigiladas para los reclusos así como también períodos de libertad condicional y asistida. La primera de estas leyes es la que explica en buena medida la superpoblación carcelaria, donde más del 70% de los detenidos no tienen condena firme y son frecuentes víctimas del hacinamiento, enfermedades, torturas y muertes. Vale recordar que estamos a pocos días de cumplirse un año de la masacre de Magdalena, cuando el Servicio Penitenciario asesinó a 33 presos de los cuales 30 no tenían sentencia firme y estaban detenidos en calidad de procesados.
Otro de los puntos del petitorio de los internos de la U 9 es que cese la prisión preventiva si transcurren dos años y no hay fallo firme. También exigen la conformación de una figura procesal destinada a sancionar a los jueces que no cumplen sus funciones demorando las fechas de fijación de audiencias, ya que los juicios orales pueden demorarse hasta cinco años.
Solá dice no tener «soluciones mágicas». Se lava las manos y responsabiliza al Poder Judicial. Los jueces de la Suprema Corte bonaerense dicen que la lentitud en el avance de las causas responde a la falta de presupuesto. Una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, representantes del Poder Legislativo provincial y del Ministerio de Justicia no logró que los presos levanten la huelga. En el medio de estas idas y vueltas tenemos hoy a más de 5.000 detenidos amenazados por las declaraciones del titular del Servicio Penitenciario Bonaerense Fernando Díaz, quien reconoció estar «intranquilo» por la huelga de hambre y por la forma en que se puede llegar a resolver esta situación: «Uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero nunca sabe cómo terminan».
El Poder Judicial, es una obviedad, no juzga con la misma vara. Es cómplice, junto con los gobiernos de turno, de encarcelar y disciplinar a los pobres mientras beneficia con el arresto domiciliario a policías y penitenciarios acusados de gatillo fácil, torturas y asesinatos en cárceles y comisarías. Algunos ejemplos recientes: la única policía condenada por la tortura seguida de muerte de Andrea Viera goza de arresto domiciliario. Lo mismo para los oficiales del SPB que torturaron a Fabián Sampietro en Melchor Romero, los policías que asesinaron a Héctor ‘Pule’ Otero, a Jorge ‘Chaco’ González, a Leandro Bazán y tantos otros, excarcelados o con otras formas de morigeración de la prisión preventiva, por no mencionar a los torturadores de la talla de Jorge «El Tigre» Acosta o Jorge Rádice, detenidos cómodamente en unidades que pertenecen a las Fuerzas Armadas, es decir, en su lugar de trabajo, y no en cárceles comunes.