Residentes de la sureña ciudad argentina de Esquel que llevan cinco años rechazando la explotación de oro a cielo abierto han sido querellados por la compañía promotora del proyecto porque difundieron su estrategia para torcer la voluntad de la comunidad.«Lo que buscan es perseguirnos, hostigarnos y desalentar nuestra resistencia, pero vamos a seguir», dijo a […]
Residentes de la sureña ciudad argentina de Esquel que llevan cinco años rechazando la explotación de oro a cielo abierto han sido querellados por la compañía promotora del proyecto porque difundieron su estrategia para torcer la voluntad de la comunidad.
«Lo que buscan es perseguirnos, hostigarnos y desalentar nuestra resistencia, pero vamos a seguir», dijo a IPS Gustavo Macayo, uno de los seis residentes de Esquel, en la austral provincia de Chubut, litigados por la empresa minera El Desquite, subsidiaria en Argentina de la compañía de capitales canadienses Meridian Gold, con sede en Estados Unidos.
La querella fue presentada hace dos años ante tribunales de Buenos Aires, que el martes citaron a las partes a una fallida audiencia de conciliación.
«Ya que la conciliación fracasó, hoy le presentamos al juez un pedido para que convoque a una audiencia de juicio oral. Veremos qué responde», dijo este miércoles a IPS el abogado de la empresa, Miguel Sarrabayrousse.
«El juez manifestó simpatías por la causa ambiental, así que no sabemos si llamará a juicio o si insistirá en que no hubo delito», como había expresado en una instancia anterior, dijo.
«Acceder de manera ilegítima a información o documentos privados viola la ley de confidencialidad», alegó Sarrabayrousse.
La audiencia no tuvo mucho sentido, observó. «El perjuicio ya está hecho, no veo posibilidad de conciliar nada, el juez habló insólitamente de evitar el litigio, evitar un conflicto en el que todos pierden, pero para mí no hay posibilidad de conciliación», dijo.
Macayo, abogado y único de los vecinos presente en la audiencia, consideró que «la instancia fue buena en general porque nos permitió dar a conocer nuestra posición y que un juez nos escuchara».
La concesión del proyecto de explotación aurífera fue otorgada por el gobierno de Chubut a El Desquite en 2002. El mineral se extraería a cielo abierto a sólo seis kilómetros de Esquel, de 40.000 habitantes, y utilizando cianuro para desprender el metal de la roca.
A partir de entonces, la comunidad creó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, que organizó marchas en la ciudad, consiguiendo que la alcaldía convocara a una consulta popular no vinculante el 23 de marzo de 2003, en la que 81 por ciento de los votantes dijeron «No» a la mina.
Las obras se suspendieron, pero la empresa nunca abandonó el proyecto.
En 2006, la justicia aceptó un recurso de amparo interpuesto por una vecina, lo que impidió a la empresa continuar con las obras hasta tanto cumpliera con el correspondiente estudio de impacto ambiental y la posterior audiencia pública. Pero la concesión otorgada no se ha revocado, y El Desquite mantiene sus depósitos y oficinas en Esquel. El litigio, además, indica que persistirá en su empeño.
En 2005, los vecinos organizados de Esquel divulgaron en una conferencia de prensa en esa ciudad grabaciones que reproducían lo dicho en una reunión de ejecutivos y asesores de El Desquite, realizada en Buenos Aires seis meses después de la consulta popular, en septiembre de 2003.
En ese encuentro a puertas cerradas en un hotel del centro de Buenos Aires, representantes de la empresa y asesores en comunicación contratados discutían una estrategia para revertir la opinión pública desfavorable a la mina mediante la cooptación de vecinos «respetados» que serían contratados como «abre puertas» frente a los más duros.
Allí se evaluó el otorgamiento de «beneficios sociales» a los vecinos y la realización de reuniones, entrevistas e informes destinados a dirigentes políticos nacionales y provinciales de los que se procuraría su apoyo público al proyecto.
Para ganar a los vecinos, los asesores de El Desquite sugirieron involucrar a organizaciones no gubernamentales «de prestigio» como la Fundación Vida Silvestre, Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) con el fin de «contrabalancear» el discurso de otras contrarias, «como Greenpeace».
«Sería importante para el desarrollo de nuestra estrategia que se las contrate para ciertas actividades», propuso un asesor que estimó conveniente contactar a FARN, dirigida por «un hombre de prestigio como el constitucionalista Daniel Sabsay», según el registro de la reunión divulgado por los vecinos y no desmentido por la empresa.
«Nunca fui contactado», dijo Sabsay a IPS y recordó que él y FARN son contrarios a la mina. «Estuve en Esquel y fui muy crítico al señalar la inexistencia de estudios de impacto ambiental, el manejo secreto de la información y las técnicas tremendamente destructivas que utilizarían», afirmó.
En 2005, FARN se presentó como «amicus curiae» (amigo del tribunal) en la causa judicial iniciada para frenar el proyecto. Esta figura se refiere a terceros, ajenos a un litigio, que ofrecen su opinión para colaborar en la resolución de un caso.
En esa intervención, la organización advirtió que el proyecto no había cumplido normas vigentes sobre estudio de impacto ambiental y mecanismos de participación ciudadana.
Sabsay justificó la difusión de la grabación por parte de los vecinos. «Se defienden como pueden de una estrategia de compra de voluntades», advirtió.
«La comunidad de Esquel actuó en forma determinante en relación a este tema y pese a todas las amenazas demostró no tener fisuras, me parece muy poco feliz que la firma siga en esta estrategia de enfrentamiento», opinó.
En la reunión grabada, los asesores aconsejaron contratar a la empresa encuestadora Catterberg y Asociados, que realiza sondeos preelectorales, para conocer la opinión de Esquel sobre la mina.
«En la encuesta buscaremos dónde está el quiebre entre aquél al que le interesa la ecología aunque se muera de hambre y aquél al que le importa el dinero y el beneficio económico y no tanto el tema ecológico», decía uno de los encargados de presentar la estrategia ante la empresa.
Entonces, otro de los presentes preguntó si el entonces gobernador de Chubut (Carlos Maestro), no debía estar prevenido de que la encuesta simularía ser un sondeo encargado por su administración, pero pagada por la minera.
La respuesta fue que la empresa encuestadora no objetaba poner a Maestro al corriente.
«Mi preocupación es que salga a la calle la información de que vamos a tratar de dar vuelta a la comunidad», expresó premonitorio uno de los ejecutivos.
En su presentación, los abogados litigantes de El Desquite reconocieron la existencia de ese encuentro.
«Los hechos denunciados forman parte de una obvia y agresiva campaña para perjudicar el prestigio y los intereses de la empresa», alegaron.
Tras el fracaso de la consulta popular, la empresa había decidido «mejorar su política de comunicación» a través de consultoras que la ayudaran a lidiar con la «falta de información» en Esquel y con la «información maliciosamente tergiversada», argumentaron.
Silvia Pérez, residente de Esquel, dijo a IPS por teléfono que la grabación fue enviada desde Buenos Aires, aunque no reveló la fuente. «Nosotros no robamos ninguna información ni violamos ningún secreto, simplemente recibimos esos audios y los difundimos, porque hablaban de nosotros», alegó.
El abogado de El Desquite admite que la grabación puede haber sido entregada a los vecinos por alguien de la firma que grabó la reunión, pero considera que al difundir el contenido participaron del delito.
El 4 de este mes, más de 400 personas llevaron a cabo la movilización número 61 contra el proyecto, dijo Pérez.
La estrategia de contrarrestar movilizaciones sociales en los tribunales «es una nueva forma de desalentar la protesta y de aleccionar a los que se movilizan», dijo a IPS la socióloga Maristella Svampa, estudiosa de estos fenómenos.
«Llevar a juicio a los que protestan es una práctica que comenzó con el Estado, ahora también es un recurso de las multinacionales», añadió.
El lunes, una empresa de capitales nacionales y extranjeros, la constructora Koad inició una demanda por daños y perjuicios contra dos vecinos de un barrio de Buenos Aires que lideran una organización contraria a una planificada edificación sin el correspondiente estudio de impacto ambiental.