La Corte de La Haya denegó las medidas cautelares solicitadas por Uruguay, y la vez anterior hizo lo mismo con el planteo de Argentina. El gobierno uruguayo reiteró que la obra de Botnia no se detiene y que no negocia con puentes bloqueados. Los asambleístas de Gualeguaychú habían adelantado que el corte seguiría de todas […]
La Corte de La Haya denegó las medidas cautelares solicitadas por Uruguay, y la vez anterior hizo lo mismo con el planteo de Argentina. El gobierno uruguayo reiteró que la obra de Botnia no se detiene y que no negocia con puentes bloqueados. Los asambleístas de Gualeguaychú habían adelantado que el corte seguiría de todas maneras.
A primera vista, parecen cerrados todos los caminos para una negociación del conflicto. Sin embargo, si se sale del todo o nada y se observa con detenimiento, hay soluciones capaces de contemplar los intereses básicos de cada una de las partes. Con costos y concesiones, pero si no fuera así no se hablaría de negociación ni de acuerdo.
Una salida posible, que puede no ser la única, pero ya es pública, es el traslado de la planta de Botnia para el interior de Uruguay. El gobierno uruguayo la rechazó varias veces, en un contexto de posturas rígidas de todas las partes. En un marco más flexible, puede ser útil evaluar cómo serían atendidos aquí los factores en juego.
Comencemos por el lado uruguayo. El principal interés del gobierno de Vázquez es preservar el modelo de plantación de árboles y producción de celulosa, dando garantías a la inversión en el mismo. Si la fábrica de Botnia es trasladada, con compensaciones razonables para la empresa, ninguno de aquellos propósitos se vería afectado.
Y cesaría de hecho el diferendo binacional porque, más allá de las consideraciones sobre los impactos de esa fábrica en su entorno, no existe otro fundamento jurídico para cuestionar la instalación de esa planta que la violación del Tratado del Río Uruguay. Es el sustento básico de la demanda argentina ante la Corte Internacional de Justicia.
El interés primordial de la población de Gualeguaychú es evitar la vecindad de la fábrica por los impactos sobre el agua, el aire y el paisaje, que afectan su opción por una vida sin mega represas ni pasteras, junto al desarrollo del turismo y el Carnaval. Si pretendieran eliminar a todas las pasteras del Uruguay, deberían empezar por Argentina.
Es que el modelo de desarrollo de ambos países es similar. El gobierno de Kirchner y varias provincias, incluida Entre Ríos, respaldan grandes inversiones en la explotación de recursos naturales con impactos resistidos también por las poblaciones vecinas. No tienen, por tanto, una base moral para cuestionar el modelo del gobierno uruguayo.
Ninguna inversión de gran porte y larga duración puede sustentarse con un conflicto social permanente, y para una empresa trasnacional ser el centro de un litigio entre dos países es un factor de riesgo y desprestigio mayor. Botnia experimentaría un alivio si pudiera salir de esta posición sin sufrir pérdidas económicas significativas.
El mayor desafío de esta solución es el costo del traslado. Pero, si se reconocen sus ventajas para todas las partes, deberían buscar la forma de resolverlo. Una vez logrado el acuerdo, al comunicar Botnia su salida de Fray Bentos, como hizo ENCE, el corte se levantaría, sin que al gobierno argentino o al uruguayo le quede algo pendiente.
Para los ecologistas uruguayos y argentinos restarán los impactos sociales y ambientales de este modelo de desarrollo, un tema que exige una amplia discusión en nuestras sociedades. Pero el marco adecuado para este debate central no es, por cierto, el de las imposiciones y las disputas nacionales, sino el del diálogo y la paz entre iguales.