La presidenta electa estuvo en el Espacio de la Memoria pero también recibió al embajador de EE UU; se despidió del Senado con mucho autobombo pero a la vez pidió que los jueces paguen ganancias. En fin, una Cristina auténtica y continuista.Esa característica de política que combina una determinada línea de convivencia con los monopolios […]
La presidenta electa estuvo en el Espacio de la Memoria pero también recibió al embajador de EE UU; se despidió del Senado con mucho autobombo pero a la vez pidió que los jueces paguen ganancias. En fin, una Cristina auténtica y continuista.
Esa característica de política que combina una determinada línea de convivencia con los monopolios y las grandes potencias, por un lado, y a la vez forcejea con los representantes políticos y financieros de esos intereses, no es algo propio de Cristina de Kirchner. En este punto parece ser la continuidad de la gestión de su marido, que en estos cuatro años también aflojó bastante ante Washington -sin ir más lejos se sumó a la campaña anti Irán promovida por George Bush- pero en simultáneo mantuvo sus fricciones en torno a las recetas impuestas para políticas domésticas por la jerarquía del FMI.
Y Cristina también es así. En los viajes a Madrid, Berlín y Nueva York había dejado en claro que quiere una convivencia tranquila con el llamado Primer Mundo. Tal propósito quedó al desnudo otra vez al recibir en el Salón de la Casa de Gobierno, por primera vez, al representante norteamericano Earl A. Wayne. En esto fue más allá que su marido, quien había ordenado a los ministros abrirles sus despachos al diplomático todas las veces que lo solicitara, pero él personalmente no lo agendó nunca en Balcarce 50 ni Olivos.
Esa mayor apertura a los poderosos de la Tierra, justificada con el argumento del peronismo de 1952-1955 de que es imperioso atraer inversiones extranjeras, explica que incluso opositoras de lengua suelta como Elisa Carrió abrieran por centímetros la puerta de la tolerancia para con la nueva administración. La matrona de la Coalición Cívica dijo estar bien predispuesta por las novedades en Relaciones Exteriores e Innovación Tecnológica. Y no era un piropo a Jorge Taiana, que sigue en el Palacio San Martín, sino a esa «apertura mental» hacia las potencias, algo que ya habían elogiado exponentes de la derecha como Rosendo Fraga y Joaquín Morales Solá.
En realidad lo que buscan Wayne y el Departamento de Estado es pescar más negocios para sus multinacionales, que -según su propia propaganda- serían 450 empresas radicadas en el país con una dotación de 150.000 empleados.
El otro objetivo es ir metiendo una cuña entre el gobierno cristinista y Hugo Chávez, que ayer enfrentaba un referendo crucial en Venezuela. En esto a Wayne no le va a ir tan bien como en materia de negocios. Justamente uno de los motivos por los que el matrimonio presidencial mantiene su relación con Caracas es -además de una cierta simpatía política mutua- la financiación de más de 5.000 millones de dólares que ha recibido vía compra de títulos del Estado. También en este punto Cristina estará bien con Wayne y con Chávez, según los distintos momentos y temas. El peronismo es así.
Patti adentro
A diferencia de muchos detractores, entre ellos Carrió, que estuvieron de un modo u otro con la dictadura y posteriormente con las leyes de impunidad y los indultos, Néstor Kirchner y su mujer, sin ser ningunos campeones de los derechos humanos, ni antes ni ahora, han tenido una política abarcativa de esos derechos. Sobre todo conjugados en tiempo pasado en discursos de actualidad.
La cresta del gobierno estuvo días atrás en el acto de la ex Esma, convertida ahora en Espacio de la Memoria (dicho sea de paso, esa iniciativa positiva ha creado una contradicción a Hebe de Bonafini, refractaria hasta ahora a las exhumaciones, monumentos y homenajes a los desaparecidos).
La presencia de los Kirchner en aquél acto los asoció con los juicios en curso o a punto de elevarse a audiencias por violaciones a los derechos humanos. Por caso, en una de las causas se está juzgando al ex prefecto Héctor Febres, acusado de torturas en cuatro casos (en otros expedientes las acusaciones en su contra superan el centenar) y allí se aguarda sentencia para el 14 de diciembre.
Otra novedad interesante es que Sergio Torres, subrogante de Guillermo Montenegro, decidió elevar a juicio la causa por el «Plan Cóndor», un instrumento represivo ideado por las dictaduras del Cono Sur con el aval del Departamento de Estado conducido por Henry Kissinger. El ex dictador Jorge R. Videla y un lote de caracterizados represores, diecisiete en total, tendrán que rendir cuentas sobre ese mecanismo de persecución y muerte allende las fronteras, que incluso atentó en Washington matando al socialista chileno Orlando Letelier y su secretaria estadounidense Ronnie Moffit.
A propósito, suena contradictorio que Cristina se aferre tanto al discurso de los derechos humanos y que, por otra parte, el 28 de setiembre de este año, se haya reunido en la Reserva Federal con ejecutivos de bancos y consultoras estadounidenses, entre ellos Kissinger. Este tuvo la franqueza o caradurez de pedirle que explicara las relaciones con Chávez.
En este capítulo de la lucha contra la impunidad es destacable que el represor Luis Patti siga detenido en Marcos Paz, acusado por el juez de San Martín de secuestros, torturas y desapariciones de siete personas durante la dictadura. La detención del ex subcomisario, presentado por sus familiares y defensores como preso por orden K, excede largamente la actuación gubernamental y tiene su base en la incansable lucha de los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas.
En todo caso la duda es hasta qué punto se podrá avanzar con esa política de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado si al mismo tiempo se mantiene el 100 por ciento de las autoridades de las Fuerzas Armadas. Así lo dispuso la presidente electa y comunicó la ministra Nilda Garré. ¿O el único oficial para pasar a retiro era Osvaldo Montero, de la jefatura de Inteligencia? Este fue acusado de complotar junto a Aníbal Fernández para que éste llegara a Defensa y mejorara la situación de los militares que están entre los 250 detenidos por cargos de represión.
Clase media casquivana
En su despedida del Senado, el miércoles, la mandataria electa expresó: «nos falta todavía algo que debemos los dos poderes a los ciudadanos, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo; esto es, que finalmente los jueces paguen el impuesto a las ganancias, como corresponde a todos los ciudadanos».
Esta afirmación es compartida por el 90 por ciento o más de la sociedad, y especialmente por la sufrida clase media que, sin mucha conciencia política, suele comenzar sus reclamos a la manera norteamericana diciendo: «soy un ciudadano que paga sus impuestos» (como si el que está desempleado contra su voluntad, y no puede oblarlos, no fuera ciudadano).
La coincidencia social con ese planteo de CFK tiene también motivos de peso: son 150 millones que dejan de entrarle al fisco por esa gambeta de los magistrados al impuesto de referencia.
Ante la mayoritaria adhesión al reclamo de equidad social, el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, buscó un atajo para sonreír a la tribuna sin poner un peso de su bolsillo. Dijo que le parecía bien pagar pero que el Estado debía darles una compensación a los afectados, para que no sufrieran disminución salarial. En caso contrario apelarían judicialmente y están seguros de ganar la demanda (cualquier parecido con el lobby de la corporación judicial es pura coincidencia).
En esto estuvo bien Alberto Fernández, que al descartar la compensación ironizó con que eso sería pedir que el Estado pague el impuesto en nombre de los camaristas.
Aunque hay que ver si esta iniciativa llega a convertirse en proyecto de ley, es positivo que haya comenzado por plantearse, por más que algunas señorías se molesten y los supuestos defensores de la «república» digan que es un atentado al artículo 110 de la Constitución.
Pero el operativo seducción de la clase media, en parte para atraer votos succionados por el macrismo y Carrió, tiene límites. Es que ese público se enoja con el oficialismo cuando ve televisión donde la presidenta aparece al lado de Guillermo Moreno para pactar con los supermercados determinados precios para la canasta navideña.
Es que el secretario de Comercio ha sido convertido por los diarios «serios» en el sinónimo de patotero culpable de que en cierto momento el tomate cotizara a 12 pesos el kilo o que falte el sachet de leche en las góndolas. Ese fenómeno de envenenamiento del público se repite agravado en Caracas, donde miles de estudiantes suelen marchar contra Chávez considerándolo un dictador. Aquí, salvando las distancias, a Moreno se lo ve como la encarnación del mal. Y no es así: ese funcionario pelea contra el mal inflacionario, con el gravísimo límite de que no hay política de control -con pena de multa y expropiación- sobre los 200 grupos más concentrados de la economía, la agroindustria y el sector alimenticio. Y eso no es responsabilidad del secretario de Comercio sino de K.
Donde el discurso de despedida del Senado sonó demasiado autoreferencial y complaciente fue en que ahora habría «nuevas» instituciones que han superado la mácula de 2001.
En realidad hay de todo. Por algo los dos directivos de la cámara de empresas de tickets alimentarios (Cevas) se atrevieron a intentar sobornar al hijo de Héctor Recalde si frenaba la ley que convierte esos vales en salario formal. Lo bueno es que Diputados, acicateado por esa provocación, aprobó la iniciativa de Recalde y ahora le toca votar al Senado «diferente, prestigiado por el voto popular», como exageró la senadora devenida en presidenta.