Verdades a medias y lo que no se dice del conflicto del gobierno con el sector agrícola

 

El gobierno nacional ha aumentado las retenciones al sector agrícola, ve desde su perspectiva la posibilidad de recaudar más, mucho más dinero, se calcula que más de mil millones de pesos. ¿En qué fundamenta el gobierno esta decisión? En que su modelo macroeconómico se basa en un tipo de cambio (1 peso 3 dólares) que beneficia al campo. De acuerdo con un trabajo del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (Ciepyc) realizado en junio de 2007, la rentabilidad del sector agrícola fue en promedio (2002-2006) un 40 por ciento superior, comparado a los últimos cuatro años de la convertibilidad (1 a 1). Incluso, durante los dos primeros años de vigencia del nuevo esquema macroeconómico, los márgenes de ganancia del sector agrícola promediaron niveles del 50 por ciento superiores que los de la convertibilidad, llegando a picos en donde superaron el 80 por ciento. Aquí radica la base fundamental del argumento del gobierno, es decir, toma una parte de la realidad, la más cercana a sus intereses y sólo ve esta parte.

 

Ahora, es turno de meternos en la base del argumento sostenido por la cúpula del sector agrícola, el cual es más simple: protestan contra el aumento de las retenciones y el nuevo esquema móvil. Confederaciones Rurales (CRA), la Federación Agraria, Coninagro y la Sociedad Rural convocaron en unidad a una protesta del sector, algo que no sucedía desde tiempos de Carlos Menem. Entre las cuatro redactaron un comunicado, el mismo afirmaba que el nuevo esquema de retenciones «…es una medida con una clara intención recaudatoria y de neto corte fiscal, que discrimina a las provincias y el interior». Mario Llambías, de Confederaciones Rurales señalo que «…el interior está siendo despojado de una cifra de 2.400 millones de dólares que se trasladará a otros sectores y a las arcas fiscales». En resumen, estas entidades protestan por el aumento de las retenciones, que traerá consigo la reducción de la tasa de ganancia de los propietarios agrícolas.

 

Como hemos desarrollado, cada parte de este conflicto ve sólo un pedazo de la realidad, la que quiere, la que más le conviene, y niega la otra parte. Por ejemplo, el gobierno se niega a reconocer que con el aumento de las retenciones persiga un fin político, este fin tiene la clara misión de hablar de superávit fiscal y no de inflación, de tener dinero para el subsidio a empresas privadas, además, claro esta, de tener dinero para mantener la burocracia parásita y el aparato de politiquería partidaria; bien sabemos que la nueva vida del PJ, versión Puerto Madero, necesita financistas y para ellos qué mejor que derrochar dinero público.

 

Por otro lado, estas entidades agrícolas que dicen hablar en nombre «del campo» y principalmente sus lideres, que hablan en nombre de la «gente de campo» y nunca se bajan de su camioneta importada, poco se les escucha reconocer que siempre han pertenecido a una clase social privilegiada, que se han enriquecido muchísimo en los últimos años, que el campo no es homogéneo y que los que más se han beneficiado son los grandes propietarios, justamente los que manejan la Sociedad Rural.

 

Estamos ante una situación, en la que pocos pueden tirar la primera piedra, ni un gobierno que recauda como nunca y se traga la plata sin beneficiar a la población, ni los grandes propietarios que se quejan porque no van a ganar «tanto dinero» como antes, mientras de todos modos, continuarán enriqueciéndose a costa del extenuante trabajo de los peones rurales. No se quiere ver la otra realidad, porque esta impondría, imputaría, haría necesario, implementar cambios estructurales, y de eso ni hablar, es palabra prohibida para una nación que siempre vivió para la exportación, para afuera y jamás pudo crecer para adentro porque para eso debería terminar con muchos intereses.

 

Permítanme compartir con ustedes, algunos datos de una reciente investigación de Maximiliano Montenegro, para el Diario Critica de la Argentina, que pinta de cuerpo entero a la política y a la oligarquía argentina. Según Montenegro, los dueños de los campos más caros del país tributan menos de impuesto inmobiliario que una jubilada del barrio de Belgrano. Por ejemplo, Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, posee 2.219 hectáreas de campo en Salto, en la franja más rica de la Provincia de Buenos Aires, con una valuación de mercado superior a los 40 millones de pesos. Paga apenas 78 pesos anuales (sí, al año) por hectárea en concepto del impuesto inmobiliario rural. Por su parte, Matilde Noble Mitre de Saguier, integrante del directorio del diario La Nación, tributa sólo 57 pesos por hectárea por su campo en Salto, donde el valor real de la hectárea ronda entre los 8 mil y los 11 mil dólares. El campo de Manuel Anchorena en Chascomús, para Rentas está registrado a 519 pesos la hectárea. Y contribuye con la ridícula suma de 8,4 pesos por hectárea.

 

Lo que paga de ABL (alumbrado, barrido y limpieza) en un bimestre una jubilada, por su departamento de dos ambientes en Belgrano, es equivalente al impuesto que le cobra el fisco de la provincia de Buenos Aires a Anchorena por 16 hectáreas durante todo un año. ¿Por qué sucede esto? Por el enorme poder que tienen los grandes terratenientes y porque nuestros representantes no tienen el valor de cambiar las cosas, siendo muchas veces cómplices y secuaces. Como nos preguntamos más arriba, ¿quién puede tirar la primera piedra?

 

Las piedras, para arrojarlas bien fuerte en protesta, deben estar en manos de los peones rurales, de los pequeños productores y de las muchas personas que tuvieron que dejar el campo por falta de empleo a causa de la concentración de tierras en pocas manos.

 

Para finalizar, después de un complejo recorrido, le dejó algunas cosas que no se dicen: nadie habla de la situación del peón, nadie discute la posibilidad de realizar una verdadera reforma agraria y ni siquiera se escuchan voces que propongan poner un tope, un máximo de cantidad de hectáreas por persona o a Sociedades Anónimas para limitar la concentración en pocas manos. No se oyen leyes que impidan la venta de tierras a corporaciones o multimillonarios extranjeros, ni que se proponga subsidiar al pequeño productor para que siga trabajando su campo y no lo arrende a un pull de siembra extranjero. Jamás escuche a algún político que proponga que con las acaudaladas sumas que recauda el Estado, éste invierta en fabricas agroindustriales para darle valor agregado a los bienes primarios y que estas fabricas sean gerenciadas cooperativamente por los trabajadores o de forma mixta con el Estado, del mismo modo se podrían comprar tierras y formar cooperativas de trabajo rural para descomprimir el hacinamiento urbano. Y por último, lo que debería ser lo primero: ¿Alguien se acuerda del cuidado del medio ambiente?

 

Pero nada de esto se dice, en cambio si, se venden a precios irrisorios tierras fiscales en el sur a los Kirchner o se permite a los más ricos pagar menos impuestos.

 

Discúlpenme, pero insisto, a quejarse peones rurales, a protestar pequeños productores, a exigir desocupados. Pero por favor, políticos y grandes terratenientes, basta de mentir, de distorsionar la realidad y de ocultar.

Para finalizar, me pregunto qué pensaran y dirán los grandes terratenientes cuando protestan los asalariados, qué hubiera dicho la cúpula de estos sectores, si las rutas hubieran sido cortadas en tiempo de traslado de los granos por desocupados, piqueteros, peones, maestros o asalariados en general. ¿Qué hubiera dicho el titular de la Sociedad Rural?

Fuentes: