De acuerdo a la opinión de muchos especialistas en medios de comunicación, detrás del marcado interés que muestra Cristina Kirchner por «revitalizar» el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, existe un peligroso intento de «coartar» la libre expresión de los periodistas argentinos.Duras críticas presidenciales hacia los medios argentinosDurante el pasado mes de marzo, […]
De acuerdo a la opinión de muchos especialistas en medios de comunicación, detrás del marcado interés que muestra Cristina Kirchner por «revitalizar» el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, existe un peligroso intento de «coartar» la libre expresión de los periodistas argentinos.
Duras críticas presidenciales hacia los medios argentinos
Durante el pasado mes de marzo, Cristina Kirchner manifestó su disconformidad con la forma en la que los medios cubrieron el conflicto agrario que se desarrolló en la Argentina ya que, a lo largo del mismo, desde la perspectiva de la primera mandataria argentina los «generales multimediáticos además de apoyar el lock out al pueblo han hecho lock out a la información».
En efecto, Cristina Kirchner tiene la firme convicción de que los medios argentinos, que según su parecer «tienen prohibido dar buenas noticias», cumplieron un papel decisivo durante los 21 días en los que se desarrolló el conflicto agrario debido a que en él, de acuerdo a la visión de la presidenta argentina, los productores rurales fueron «acompañados no por los tanques, sino por generales de los medios, que han cambiado y tergiversado la información».
En consonancia con la primera mandataria argentina, fue el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA quién, días atrás, emitió un documento en el que planteó que a lo largo del conflicto agrario argentino existieron «expresiones de periodistas que lejos de importar afirmaciones de hechos o apreciaciones opinables, llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas, y por la supina ignorancia que revelan».
Por estos motivos es que, en el transcurso las semanas pasadas, Cristina Kirchner tomó la decisión política de «revitalizar» la labor del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión para que, según ella misma lo sostuvo, «todos tengamos la libertad de poder escuchar a todas las voces, a todos los relatos, y que además lo hagamos en un marco de democratización profunda y de rechazo a toda forma discriminatoria».
Observación y «censura» mediática
En noviembre de 2006 se fundó, en la República Argentina, el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión que está conformado por integrantes del Comité Federal de Radiodifusión, del Consejo Nacional de la Mujer, y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Este organismo público tiene, entre otras, las tareas de analizar los contenidos de las emisiones de radio y televisión que pudieran ser discriminatorios; velar por el respeto a la diversidad en consonancia con el principio de igualdad respecto a todas las personas; y promover el desarrollo y la implementación de códigos éticos dentro del ámbito de la comunicación social a través de los cuales se evite cualquier tipo de discriminación.
Ahora bien, una vez finalizado el conflicto agrario Cristina Kirchner se reunió con los actuales miembros del Observatorio, y con los integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, no para «renegar contra la libertad de opinión», según lo planteó la presidenta argentina, sino con el propósito de « reflexionar sobre quienes son los titulares de los derechos de la información y la libertad de prensa, si son los grandes medios de comunicación o los ciudadanos, que merecen que todos los relatos que una sociedad tiene acerca de sus acontecimientos sean difundidos con la misma intensidad, de la misma manera».
Por su parte, el actual vicepresidente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Damián Loretti, sostuvo que en el trabajo del Observatorio «no hay censura, se trata sólo de mecanismos de seguimiento para evitar que se vulneren los principio y garantías de los Tratados Internacionales como también Declaraciones y Principios de la Libertad de Expresión».
En contraposición a las opiniones anteriormente mencionadas son muchos los analistas que sostienen que, detrás del intento del gobierno argentino de «optimizar» la labor del Observatorio, existe un latente tentativa de «amordazar» a los periodistas disidentes de la gestión de Cristina Kirchner.
En este sentido se expresó la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual planteó que el gobierno argentino «debería dejar de lado buscar métodos sutiles de control sobre los medios a través de observatorios»; el Foro de Periodismo Argentino, que expuso su preocupación sobre «la presencia gubernamental en este instrumento con la potencial amenaza de que desde allí se presione o intente calificar o censurar a aquellos medios o periodistas que no reflejen lo que el Gobierno pretende»; y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que señaló que el Observatorio constituye «un instrumento que bajo el eufemístico objetivo de la diversidad, apunta a controlar la tarea informativa desde diversos organismos del Estado, algunos con poder punitivo como el Comité Federal de Radiodifusión».
Vigilancia y manipulación informativa
Muchos especialistas en medios de comunicación consideran que Cristina Kirchner no se encuentra realmente interesada en que se produzca, en el país que ella preside, una «democratización mediática» ya que de manera manifiesta -o latente- apoya la gestión de los medios públicos argentinos que, en no pocas ocasiones, «desinforman» a la población de su país emitiendo noticias tendenciosas siempre a favor, claro esta, del gobierno nacional argentino.
En efecto, no son pocos quienes creen que el «Canal Siete», que es un medio televisivo estatal que tiene cobertura nacional, en los últimos años se ha transformado en un «órgano oficial de difusión» de la familia Kirchner ya que, en gran parte de su programación, difunde no solo los discursos que brinda Cristina Kirchner, sino que también emite en directo los actos en los que participa el ex presidente argentino Néstor Kirchner y, como si esto fuera poco, también le brinda un importante espacio a las manifestaciones contra los «medios opositores» que encabeza el hijo de Cristina y Néstor, Máximo Kichner, a través de su agrupación «La Cámpora».
Así mismo, y en relación directa con la cobertura mediática del conflicto agrario que tanto disgustó a la presidenta argentina, el «Canal Siete» fue uno de los pocos medios que «escasamente» cubrió la multitudinaria marcha que se realizó el pasado 25 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires, en favor de los productores agrarios y en contra de las políticas gubernamentales que pone en marcha Cristina Kirchner.
Por su parte, la manifestación mencionada anteriormente tampoco fue cubierta por la Agencia Nacional de Noticias de la República Argentina -TELAM-, motivo por el cual los trabajadores de dicha institución dieron a conocer un comunicado en el que plantearon que «El 90% de los periodistas de Télam está en contra de estas prácticas que avasallan el derecho de los abonados, ofenden al intelecto humano y mancillan a la profesión, y el único logro real que consiguen es una permanente pérdida de la credibilidad».
Y, por último, también debe ser mencionado que en algunos casos resulta «escandalosa» la arbitraria forma en la que el gobierno argentino distribuye en los medios de su país la propaganda oficial ya que, según algunas denuncias judiciales recientes, la misma es repartida entre los grupos mediáticos que muestran afinidad con la gestión de Cristina Kirchner y, por el contrario, se les quita a aquellos medios que tienen la «osadía» de disentir con la presidenta argentina.
En resumen, y teniendo en cuenta la «oscilante» manera en la que el gobierno de Cristina Kirchner se relaciona con los medios de su país, son muchos los analistas políticos que sostienen que en la República Argentina, tal como lo planteó el Episcopado Latinoamericano el año pasado en relación a algunos gobiernos latinoamericanos, existe un «acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática que en ciertas ocasiones derivan en regímenes de corte neopopulista. Esto indica que no basta una democracia puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos -entre los que se encuentra la libertad de expresión- Una democracia sin valores, como los mencionados, se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo».
– Daniel E. Benadava es psicólogo.