La política del kirchnerismo, la crisis agraria y la salida popular

Según Guillermo Gigliani, economista del grupo Economistas de Izquierda (EDI), hay dos elementos centrales para abordar la política económica del kirchnerismo: por un lado, un notable ciclo expansivo desde la devaluación de 2002, con un crecimiento sostenido del PBI cerano al 9% anual y, por otro lado, que esta fase expansiva se destaca por sus características: elevadas ganancias y bajos salarios, lo cual cuestiona el «modelo distributivo» que se enuncia desde el gobierno. La perspectiva a largo plazo del «modelo kirchnerista» y el horizonte económico de su política económica.

Hay dos elementos centrales para abordar la política económica del kirchnerismo: por un lado, un notable ciclo expansivo desde la devaluación de 2002, con un crecimiento sostenido del PBI cerano al 9% anual y, por otro lado, que esta fase expansiva se destaca por sus características: elevadas ganancias y bajos salarios. Estas características nos permiten abordar dos de los principales hechos que sacudieron la economía en los últimos meses -la «crisis agrícola» y la inflación. En el caso de esta última, se vincula en forma directa, con el nivel del salario real. En 2007 se detuvo el proceso de recuperación del salario iniciado en 2003. En 2008, el deterioro salarial asumió proporciones mayores, sobre todo, por la decisión del gobierno de aplicar topes (19.5% anual) a las negociaciones colectivas, en un contexto de aceleración inflacionaria. Otros indicadores, como el de la pobreza, también demuestran que la política del gobierno no está guiada por una estrategia de reasignar el ingreso nacional en favor de las capas populares.

Por su parte, la derrota del gobierno en el conflicto agrario, marcó el fin del programa iniciado por Duhalde que permitió consensuar los intereses del bloque de las clases dominantes. La política del dólar alto, superávit fiscal e impulso de la demanda agregada, garantizó elevadas ganancias a las diferentes fracciones del capital, empezando por el industrial y el agrícola, pero incluyendo también al minero, al financiero y al intermediario. Más allá de los tironeos internos, las bases fundamentales de la reestructuración económica nunca fueron cuestionadas por sus principales beneficiarios. Hasta ese momento.

El proyecto de las retenciones móviles significaba para el gobierno una recaudación adicional equivalente al 0.7/0.8% del PBI (entre 2.000 y 2.300 millones de dólares). Más allá del perjuicio para las arcas oficiales, el lock out agrario y los cortes de ruta no sólo provocaron dificultades en el suministro de los alimentos sino que también resintieron los niveles de la actividad productiva. El sistema financiero también recibió impactos, ya que se aceleró la inflación, las tasas de interés ascendieron y se agravó el proceso de fuga de capitales que se había iniciado en la segunda mitad del año pasado.

Los hechos y las cifras del conflicto agrario

Los precios de las exportaciones agrícolas argentinas vienen en ascenso en los mercados mundiales, desde 2003. Este hecho, unido a la devaluación de comienzos de 2002, abrió un período de gran prosperidad para la burguesía agraria local. Aún con las retenciones, sus ganancias fueron en aumento.

Para la presidente Cristina Kirchner, la proyectada recaudación extra podía permitirle continuar afrontando un gasto público elevado, alimentado por la propia dinámica inflacionaria y por un gran componente de subsidios a las diversas fracciones del capital, que sube a un ritmo muy veloz (132%, en el primer trimestre de 2008, en términos interanuales). De esta manera, el gobierno podía fortalecer su principal instrumento de estabilización -el superávit fiscal- con la esperanza de no tener que apelar a la desaceleración de la demanda interna, a la suba de la tasa de interés o a la baja del tipo de cambio. El objetivo fiscal de corto plazo fue evidente y ello se manifestó, entre otras cosas, en la improvisación de los anuncios oficiales y en las enmiendas que se tuvieron que introducir, casi de inmediato, como la referida reducción de las alícuotas más elevadas.

Para los «hombres del campo» el alza actual de los precios agrícolas no es una cuestión coyuntural. Las proyecciones de precios elaboradas por el Banco Mundial y por la FAO arrojan niveles estables o en aumento para los próximos años y no estaban dispuestos a admitir que el gobierno les sacara un solo dólar de la renta agraria aumentada.

La revuelta agraria fue motorizada por los chacareros medianos y chicos de la pampa húmeda. Es cierto que constituyen las franjas más afectadas por el aumento impositivo, sobre todo, porque su producción tiene una reducida escala y porque afrontan precios de insumos internacionales en alza. Pero no se trata de sectores empobrecidos. En una proporción significativa, todos ellos se beneficiaron por la expansión de la soja, el dólar alto y la valorización de la tierra, al punto que sectores considerables dejaron de producir y empezaron a vivir de renta. Por otra parte, los cambios operados en la producción de la soja -mediante los arriendos, la subcontratación de servicios y de maquinaria y la expansión de los «pools de siembra» de diverso tamaño- crearon un entramado entre el gran capital rural y las capas de burguesía media y chica, que ayuda a entender su accionar unificado.

Cabe destacar que en la protesta no participaron los chacareros dedicados a los cultivos regionales extrapampeanos, ni los campesinos desalojados de sus tierras por el proceso de concentración y centralización del capital que se opera en el campo. Tampoco tuvieron una acción independiente los peones rurales, una franja de más de un millón de trabajadores, sometidos a duras condiciones de explotación y con un salario medio que no supera los 600 pesos mensuales.

La política agraria de Kirchner: ¿en contra o a favor de la soja?

El ciclo de expansión productiva del kirchnerismo estuvo signado, desde 2003 hasta nuestros días, por el aumento de la producción agrícola de tipo pampeano, en especial, de la soja. Con las deudas bancarias licuadas a partir de 2002, el dólar a 3 pesos y los precios internacionales en alza, los hombres del campo, años tras año, aumentaron la superficie sembrada y anotaron sucesivos récords de producción (en la campaña 2007/08, la cosecha alcanzó casi 100 millones de toneladas).

Durante estos 5 años, la producción de trigo se incrementó 30% (de 12,3 a 16 toneladas), la de maíz 36% y la de soja 34%, la cual alcanzó una producción de 46,5 millones de toneladas, que supera a la suma de los otros dos productos. La soja pasó a constituir la mitad de la siembra y de la cosecha y, en este proceso participaron, principalmente, los grandes productores, los pools de siembra y, adicionalmente, los consorcios de exportación y las multinacionales proveedoras de insumos, como semillas y agroquímicos. Magnates del agro, como Grobocopatel (pools de siembra) o Urquía (agroindustria), siempre figuraron en el elenco de los empresarios amigos del gobierno.

Cabe destacar que durante la década actual, además de la concentración, se intensificó la extranjerización de la propiedad rural, por las compras de grandes extensiones por parte de empresas transnacionales. El kirchnerismo nunca obstruyó, ni reglamentó ni desestimuló esta avalancha de adquisiciones externas. La contracara de este proceso fue el desplazamiento de los pequeños productores, que fueron desalojados de sus tierras.

Las «ventajas» del modelo sojero para el gobierno.

Los beneficios del modelo sojero para el gobierno de Kirchner fueron muy concretos. En primer lugar, la acumulación de reservas externas originadas por el campo le permitió a Duhalde, primero y a Kirchner, después, afrontar el pago de la deuda externa a los organismos internacionales. Incluso, en enero de 2006, el gobierno le pagó al FMI y a otras instituciones la totalidad de la deuda por adelantado. Entre comienzos de 2002 y marzo de 2008, el gobierno argentino transfirió al exterior la friolera de 28.418 millones de dólares de las reservas del Banco Central, en concepto de pagos al FMI y a otros organismos.

En segundo lugar, el flujo creciente de dólares proporcionado por las exportaciones agrícolas permitió llevar adelante la producción industrial sin afrontar problemas de divisas. En estos años, tuvo lugar un crecimiento manufacturero intensivo en importaciones, sin que estas compras crecientes de insumos y de maquinaria del exterior provocaran sobresaltos en la balanza de pagos. En 2007, el superávit comercial del sector agroindustrial (productos primarios más Manufacturas de Origen Agropecuario) fue de 28.670 millones de dólares, en tanto que el déficit generado por la burguesía industrial (déficit sectorial de las Manufacturas de Origen Industrial) trepó a 21.669 millones. De esta forma, los dólares garantizados por el modelo sojero permitieron financiar un ciclo industrial cada vez más incapaz de sustituir importaciones y de encarar procesos productivos que tuvieran un carácter más integrado, no obstante la vigencia de un tipo de cambio alto.

En tercer término, el modelo sojero no sólo constituyó la base del programa agrícola oficial sino también de su política regional. Un rasgo del proceso de centralización del capital en los noventa fue la tendencia a la concentración industrial en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (como lo prueban las inversiones automotrices o petroquímicas, por poner sólo dos casos), en detrimento de las áreas extrapampeanas.

La distribución del ingreso: ¿encarna el kirchnerismo un proyecto reformista?

El ciclo abierto en 2002 posibilitó un crecimiento del producto, de la inversión y del empleo. Asimismo, se verificó una recomposición limitada del salario real, a partir de los muy deprimidos niveles de la crisis. Esta recuperación tuvo un carácter diferenciado, porque en algunas ramas del sector formal -en la industria, por ejemplo- el salario pudo superar los niveles vigentes en la década del noventa. En cambio, los niveles salariales en los sectores informal (en negro) y público, dos esferas vinculadas más directamente a la política gubernamental, continúan por debajo de los niveles precrisis.

De acuerdo a Eduardo Basualdo, el salario promedio de los trabajadores se encuentra en 2007 casi en igual nivel que en 2001 y un 10% por debajo del valor obtenido en 1995, en tiempos de Menem. No obstante, la distribución del ingreso es más regresiva que la existente durante esos años.

La pobreza ha retomado el curso ascendente, ya que si bien el modelo vigente posibilitó la recuperación del producto y la ocupación, el empleo de tipo informal siguió conservando una gran participación en el total del trabajo asalariado y, además, en 2008, el salario real dejó de crecer. Esto avala la afirmación de que si bien la Argentina viene atravesando un ciclo de fuerte crecimiento del producto, los frutos de esa expansión no beneficiaron a los trabajadores sino, principalmente, a los capitalistas.

El modelo kirchnerista en el largo plazo.

Hasta el momento, el gobierno promovió un modelo agrícola asentado en los cultivos pampeanos y en altas retenciones y es difícil que encuentre una fórmula para reemplazarlo. Las perspectivas de reconversión en el plano industrial son también muy complejas porque la expansión manufacturera no ha sido capaz de sustituir importaciones. Por el contrario, los requerimientos del exterior necesarios para llevar adelante la producción crecen sin cesar y es probable que en 2008 el déficit de divisas del sector manufacturero supere los 26.000 millones de dólares. Esto nos pone frente a una estructura industrial que está apuntalada por las divisas del campo y si los precios internacionales bajaran, ese desbalance tendría que ser financiado mediante endeudamiento con el exterior. A pesar de su inclinación neodesarrollista y del dólar alto, el gobierno no ha podido implementar medidas tendientes a modificar, siquiera parcialmente, la actual estructura industrial, que no exhibe diferencias sustanciales con la existente en los noventa.

Al igual que entonces, la rama más dinámica en cuanto a producción y exportaciones es la automotriz, que tiene un bajo grado de integración local. Aun cuando durante estos años el crecimiento manufacturero ha impulsado las inversiones sectoriales, no existen grandes proyectos capaces de sustituir importaciones a una escala considerable (como, por ejemplo, los petroquímicos de fines de los noventa). El perfil exportador continúa dominado por la agroindustria y por manufacturas industriales con un escaso valor agregado y alto contenido de insumos del exterior. La posición de Argentina en el Mercosur está afectada por el serio desequilibrio comercial con el Brasil, que es muy difícil de ser resuelto. Esto hace que el mayor espacio para las exportaciones netas sean los restantes países sudamericanos.

Por otra parte, la inflación de 2007 y de 2008 con un tipo de cambio nominal estable (3/3.10 pesos por dólar), ha provocado una fuerte apreciación de nuestra moneda frente a la divisa estadounidense. Si bien esto se ha visto compensado por una depreciación frente al euro y al real brasileño, entre otros, hay que subrayar que la paridad del dólar tiene una gran importancia porque los mercados de commodities cotizan en esa moneda. Esta revaluación está indicando que tanto la inflación interna como las dificultades que se le plantean al gobierno para aumentar la cotización del dólar, nos colocan en un escenario de tipo de cambio real sustancialmente distinto al de los primeros años de la gestión Kirchner.

Existe otro camino para superar la crisis.

Bajo el período kirchnerista se experimentó un proceso de expansión del PBI a «tasas chinas». No obstante, a pesar de la retórica oficial, los frutos del crecimiento no han ido a parar a los trabajadores. No hay un aumento del salario real con respecto a los niveles vigentes en la década anterior y la pobreza retoma un curso ascendente en la Argentina, bajo el impulso de la inflación. Tales pautas no corresponden a un gobierno que se proponga encarar la reforma social.

Si el gobierno hubiese logrado aplicar su proyecto original de retenciones, hubiera podido conseguir un incremento impositivo de entre el 0.7% y el 0.8% del PBI. En términos del superávit fiscal -que es un indicador clave para la actual gestión- no sería una suma pequeña, pero aunque esa suma se hubiera volcado en su totalidad a mejorar los sueldos y las jubilaciones -algo que nunca estuvo en los anuncios oficiales- se estaría frente a un monto muy reducido en términos de las necesidades populares.

Desde nuestro lanzamiento, en enero de 2002, los Economistas de Izquierda (EDI) hemos planteado la necesidad de drásticas modificaciones para poder mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Una reconstitución del salario real -ya sea tomando sus niveles históricos o los requerimientos para cubrir el costo de vida- requiere un aumento de los impuestos sobre el ingreso del conjunto de las fracciones del gran capital. También, supone apropiar el actual nivel extraordinario de la renta agraria. Por otra parte, dado el grado de extranjerización de la economía, tal reorientación política y social, no podría ser llevada a cabo sin nacionalizar el comercio exterior, la banca, los servicios públicos y sectores claves del aparato productivo y sin suspender los pagos de la deuda externa.

Ninguna de estas medidas puede ser encarada por el gobierno de Cristina Kirchner y tampoco ésta se propone encararlas. Una acción que nos ponga en camino para cumplir aquellos objetivo exige la formación de un bloque popular capaz de plasmarlos. Esto quiere decir que se necesita una nueva política y un nuevo programa.

La política del kirchnerismo, la crisis agraria y la salida popular
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