Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, más de mil jóvenes murieron por medio del gatillo fácil y de la tortura. Los números son parte de un informe presentando por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que denuncia el sistema de represión que no se compara con […]
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, más de mil jóvenes murieron por medio del gatillo fácil y de la tortura. Los números son parte de un informe presentando por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que denuncia el sistema de represión que no se compara con ningún otro implementado por gobiernos constitucionales desde 1983.
En el archivo de casos de la represión estatal elaborado por la Correpi, el índice de muertes ocasionadas por el aparato represivo del Estado viene creciendo desde 1996, cuando el primer archivo fue divulgado. Este tipo de violencia se manifiesta de diferentes maneras. El fusilamiento o gatillo fácil es una de ellas. Según la Correpi, es evidente que las políticas de mano fuerte y tolerancia cero son aplicadas cotidianamente, amparadas por el consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar esos homicidios.
La entidad denuncia que, en algunas zonas, como en la Región Metropolitana de Buenos Aires y algunas áreas del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, es recurrente la acción de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de limpieza social, «eliminando» adolescentes en conflicto, real o supuesto, con el sistema penal.
Otra modalidad de ejecución por las manos del Estado ocurre en las penitenciarias o incluso en delegaciones policiales (comisarías). Esas muertes acostumbran ser presentadas oficialmente como suicidios por ahorcamiento o en incendios. Después del gatillo fácil, este tipo de ejecución es el más común, concentrándose en las ciudades de Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero.
También se registran muertes de transeúntes o de terceros que, según la Correpi, son provocadas por el desprecio de la vida humana por parte de los policías, que priorizan la captura de un delincuente, real o supuesto, aunque ello implique poner vidas inocentes en peligro.
El informe destaca además la represión selectiva, dirigida a la clase trabajadora. Protestas sociales, marchas, movilizaciones y cierres de caminos también provocaron víctimas: 52 personas murieron en las manos del Estado desde 1995. Durante el gobierno de los Kircher, ya son tres los trabajadores muertos.
Además de estas modalidades, la Correpi registra la participación de policías en crímenes comunes, vendiendo información, proporcionando armas o interfiriendo directamente en la organización de robos, tráfico de drogas, secuestros extorsivos, etc. La entidad denuncia que los policías llegan hasta a avisar a la prensa sobre operaciones de desbaratamiento de crímenes en los que ellos mismos están involucrados.
Lo que preocupa a la Coordinadora es que el fortalecimiento de esas políticas represivas viene contando con apoyo público de parte de las más altas autoridades gubernamentales de los últimos tiempos. Una de las conclusiones del análisis de los datos es que los nuevos cuadros policiales, incluso con curso de formación en derechos humanos, continúan actuando con represión y violencia.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]