Mientras en México se responsabiliza a la multinacional estadounidense Smithfield, la más importante compañía global de procesamiento de alimentos derivados del cerdo, de la epidemia a partir de su planta en el Estado de Veracruz, desde el centro financiero de Wall Street se difunde que fue la propagación de la gripe porcina lo que hizo […]
Mientras en México se responsabiliza a la multinacional estadounidense Smithfield, la más importante compañía global de procesamiento de alimentos derivados del cerdo, de la epidemia a partir de su planta en el Estado de Veracruz, desde el centro financiero de Wall Street se difunde que fue la propagación de la gripe porcina lo que hizo caer las acciones de las empresas en la Bolsa, dado que preanuncia menor producción y turismo. Es decir, que no sería la sed de ganancias de los capitalistas lo que provoca nuevas enfermedades, sino los enfermos los culpables de las caídas en sus ganancias. En la misma lógica, un gigante del capitalismo como General Motors propone la eliminación de, al menos, 21 mil puestos de trabajo para «sanear su crisis» o se declaran en quiebra, como si todo el trabajo apropiado a varias generaciones de obreros norteamericanos y de todo el mundo se hubiera evaporado. Por ello la consigna ‘que la crisis la paguen los capitalistas’ tiene un carácter universal en el Día Internacional de los Trabajadores, porque de uno u otro modo en cada país, significa la lucha para que sea la clase explotadora la que responda con sus ganancias, bienes y patrimonio acumulado, para sostener el empleo, el salario y las condiciones de vida de millones.
¿Cuál es la política de las direcciones sindicales?
Los dirigentes burocráticos de los sindicatos de la CGT y la CTA sostienen que las organizaciones del movimiento obrero tienen que mantener alguna política de colaboración con algún sector de los capitalistas, sus partidos y su Estado. Antes de la concentración del 30 de abril, la CGT anticipó que archiva hasta el cacareado proyecto del «fondo antidespidos» con impuestos a los empresarios: «Creo que no es momento para llevarlo adelante», dijo Hugo Moyano. Hasta los que están a su derecha lo corren por izquierda: «Momo» Venegas, el burócrata del sindicato de los superexplotados peones rurales que apoya a la Mesa de Enlace agropecuaria y al armado peronista de Duhalde, lo desafió denunciando 50 mil despidos en todo el país.
Moyano, que ató su destino al de los Kirchner, sin embargo declaró que, además, el acto será «una demostración ante propios y extraños» de la fuerza de la CGT, preparándose para mejorar su espacio de poder en las negociaciones pos-electorales, tanto con los empresarios como en la relación de fuerzas dentro de la interna peronista.
Por otro lado, en el terreno de las direcciones sindicales, la noticia es la activa participación de los dirigentes de la CTA en los proyectos de centroizquierda. Víctor De Gennaro, colocó a la dirigente de ATE-Mar del Plata Graciela Iturraspe en el segundo puesto de la lista de diputados que encabeza el intendente Sabatella. ¿Hay en Morón algún tipo de prohibición de despidos, como viene de reclamar la CTA en la jornada del 22 de abril, que los haya decidido a apoyarlo? Por el contrario, el parque industrial La Cantábrica es uno de los centros de trabajo en negro y precario, donde las patronales hacen y deshacen a su antojo, sin casi sindicalización de sus trabajadores. Tampoco Sabatella escapa a las reglas de «gobernabilidad» bonaerense; el Boletín Oficial de la intendencia de febrero del 2009, dice cual es la primera de las «10 inversiones destacadas» del presupuesto y no es ni las obras públicas ni la salud ni la educación: «El Gobierno municipal comenzó el equipamiento para fortalecer la seguridad ciudadana» con cámaras de seguridad, alarmas y patrulleros.
El proyecto del intendente Sabatella se nutre tanto de los que, como De Gennaro, son aliados de la Federación Agraria como de los que se fueron en desbandada del gobierno como el ex -transversal kirchnerista de Libres del Sur, Ceballos, de la misma manera que recibe apoyo del oficialista Hugo Yasky. «Tenemos diferencias políticas, pero unidad ideológica», definió el dirigente de la CTA Pablo Micheli para sintetizar la situación de la dirección de la central. La ideología vendría a ser que los sindicatos, para la CTA, deben «hacer política» dando apoyo y sostén a políticos arribistas, como ya hizo De Gennaro dando un memorable apoyo a Chacho Alvarez luego de las «Marchas Federales» contra Menem, lo que luego terminó en la catástrofe de la Alianza con De la Rúa y Cavallo. Como desarrollamos en estas páginas, el PTS llama a abrir un debate en todos los sindicatos de la CTA para oponer a este callejón sin salida, la construcción de un partido de la clase trabajadora basado en sus organizaciones de lucha y con un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.
Preparar la lucha política
Las fuerzas para encarnar esa lucha están en la resistencia que persiste desde los lugares de trabajo, a pesar de la distracción de la campaña electoral, y que irá creciendo. En los docentes que realizaron huelgas en casi todo el país y volverán a hacerlo junto a los estatales, que vienen de luchas y piquetes como en Mendoza, ante los déficit fiscales en las provincias. En los que reclaman salarios y resisten despidos en las multinacionales del complejo agroindustrial como los aceiteros de Molinos en Santa Fe o, hace poco, los de Dreyfuss; en la autopartista Mahle de Rosario, en la papelera Massuh de Quilmes, en los trabajadores del vidrio de Pilkingston de Munro que ocupan empresas ante cierres y despidos masivos. En las automotrices de Córdoba donde a pesar de los acuerdos del SMATA los trabajadores luchan en Renault y nuevos delegados dan batalla en defensa de los contratados despedidos y las suspensiones como en IVECO. En los que eligen nuevos delegados combativos en la industria de la alimentación como en Pepsico, en la del neumático como en FATE; y hasta fundan nuevos sindicatos como en el subterráneo. En los universitarios que, como parte de los miles que votan direcciones de izquierda, buscan poner a sus centros de estudiantes y a todo el sistema educativo al servicio de los trabajadores y el pueblo. Toda esta acumulación de experiencia, nuevas organizaciones y dirigentes para la lucha, serán decisivas cuando se agrave la crisis económica. A todos ellos nos dirigimos para abrir la discusión que desde el PTS consideramos más importante: la preparación política para enfrentar a un régimen que, después de las elecciones, será aún más hostil con los trabajadores. La preparación de un partido y militantes para la lucha de clases, que desde los lugares de trabajo y los sindicatos construya un polo de poder de la clase trabajadora para atraer a millones de desempleados y dar una alternativa a la asistencia estatal del aparato de intendentes y punteros. Un partido para que la clase trabajadora se transforme en la nueva clase dirigente y pueda presentar una salida de conjunto a la crisis nacional. Que la crisis la paguen los capitalistas significa oponerse a los muros y al reforzamiento del sistema carcelario contra los desocupados crónicos que tiene este sistema para empujar a la baja del salario, luchar por la prohibición de los despidos y suspensiones y por un plan para la construcción de un millón de viviendas populares que cubran el déficit habitacional y de trabajo a todos los desempleados, con fondos obtenidos del no pago de la deuda externa y fuertes impuestos a las grandes fortunas. Significa oponer a la salida de la devaluación, la escala móvil de salarios ajustados automáticamente según la inflación y el establecimiento del reparto de las horas de trabajo mediante el control obrero de las empresas. Significa que fábrica que cierra, fábrica que hay que poner bajo gestión directa de los trabajadores como hicieron en la crisis del 2001 los ceramistas de Zanon y exigir su nacionalización expropiando sin pago a los vaciadores. Significa quitar los recursos del país de las manos de los monopolios cerealeros mediante la estatización del comercio exterior, nacionalizar la tierra (empezando por los 4.000 grandes propietarios del campo) y toda la banca para evitar la constante fuga de capitales y centralizar los ahorros del país para ponerlos, bajo el gobierno de los trabajadores, en función de un plan que de respuesta a las necesidades de la mayoría.
Como parte de esta pelea, el PTS ha formado el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Anticapitalista y Socialista, junto al MAS e IS, que presentará candidatos en las elecciones de junio alrededor de un programa por la independencia política de la clase trabajadora, tanto del gobierno como de sus opositores patronales y de las alianzas de conciliación que encarnan las distintas variantes de centroizquierda.
Ni oficialistas ni candidatos sojeros
Scioli ha declarado en campaña electoral que «lo que estamos viendo con Macri, donde está parando todas las obras, es que van en el camino del ajuste, mientras nosotros creemos en la producción, en la recuperación del rol del Estado». La idea que la salida a la crisis capitalista en curso es «la intervención del Estado en la economía», que en una u otra medida aplican desde Obama hasta los Kirchner, se traduce en la utilización de los fondos públicos provenientes de los impuestos que recaen sobre millones, o de los jubilados que concentra la Anses, para destinarlos a distintos tipos de salvatajes y susbsidios a los capitalistas que, a su vez despiden y rebajan los salarios. El discurso de Kirchner, «si no nos votan se viene un 2001», es la demostración que sólo pueden aspirar a obtener consenso agitando el fantasma de una situación aún peor, para que se acepte el «mal menor» de la vida actual. Los que hablaban de «desacople», ahora utilizan la amenaza de la catástrofe económica para poner a la defensiva a los trabajadores: que se depongan los reclamos salariales y que los trabajadores en blanco acepten el despido de contratados y suspensiones con rebajas de sueldos para «evitar despidos». Ya ni demagogia hacen con la «distribución del ingreso»: directamente habilitan un régimen penal desde los 14 años que criminaliza a los menores de familias desempleadas que, en el mejor de los casos sigue cobrando 150 pesos como en el 2002. Ante los que proponen pena de muerte y muros como en San Isidro, el gobierno responde con la promesa de más cárceles y militarizando con la policía de gatillo fácil los barrios obreros y populares.
Todos los candidatos patronales a las elecciones legislativas de junio han dado sobradas muestras de haber utilizado las crisis contra los trabajadores. Margarita Stolbizer que encabeza el frente de la Coalición Cívica de Carrió y la UCR en la provincia de Buenos Aires, defendió como diputada de la Alianza la Ley Banelco de flexibilización laboral, en nombre de los mismos «valores» que hoy pregona. «Respeto el marco de consenso planteado por el señor diputado Atanasof en su discurso y la vocación puesta de manifiesto por muchos legisladores de la bancada justicialista para arribar a una propuesta de acuerdo haciéndose cargo, naturalmente, de la crisis que existe en este momento en la Argentina… la búsqueda de la competitividad que no separe o diferencie a los empleadores de los trabajadores. La competitividad debe ser un valor, un interés defendido en común por ambas partes.(…) Por eso nos duele profundamente que hoy el movimiento obrero esté realizando cuatro manifestaciones distintas en la Capital Federal». (24 de febrero de 2000, Actas del Congreso de la Nación).
En tanto en el «peronismo disidente», el millonario empresario Francisco De Narváez, junto a Macri, es directamente el capital hecho candidato; acompañado del secretario de Agricultura de Menem, Felipe Solá, que sostiene orgulloso que en su gestión se expandieron los negocios agrofinacieros de la mano de la introducciòn de la soja transgénica (además que las multinacionales pesqueras obtuvieron su permiso para la libre depredación de merluza en mar argentino).
Al medio, Reutemann, peronista y estanciero, se postula ante la decadencia de los Kirchner con la consigna de la tapa de Clarín del domingo: «No soy Kirchner ni Macri». Si gana Santa Fe parece ser el elegido por el establishment como candidato de equilibrio, de la «unidad nacional» y el «consenso». «Unidad nacional» que, bien entendida, significa cierta baja de las retenciones a la soja y, para compensar, una devaluación del peso que recomponga la alianza pos 2001 entre burgueses agrarios e industriales, favoreciendo a ambos contra el salario obrero. Tal como reclamó la cúpula empresaria para un «pacto social» y un «acuerdo de gobernabilidad», cuando se reunió la semana pasada en el cónclave del llamado G7 con la presencia de la UIA, la Cámara de la Construcción y las patronales agrarias de la Sociedad Rural y la CRA, que como un poder detrás del trono, salió a imponer la agenda que la clase dominante reclama para después de las elecciones de junio.