En las últimas semanas arreciaron huelgas en el sector público y privado, así como cortes de calles de ocupados y desocupados. Ni el gobierno ni la oposición entienden muy bien de qué se trata. Desde julio en adelante los medios debieron ocuparse del conflicto de los trabajadores de Kraft-Terrabusi. Y no era para menos porque […]
En las últimas semanas arreciaron huelgas en el sector público y privado, así como cortes de calles de ocupados y desocupados. Ni el gobierno ni la oposición entienden muy bien de qué se trata.
Desde julio en adelante los medios debieron ocuparse del conflicto de los trabajadores de Kraft-Terrabusi. Y no era para menos porque esa multinacional de la alimentación había despedido a 156 empleados y luego decidió más suspensiones.
Como era previsible, esos trabajadores, abandonados por la dirección del sindicato de la Alimentación, ocuparon parcialmente el establecimiento en General Pacheco, cortaron la Panamericana y marcharon por la Capital Federal.
El gobierno nacional y el bonaerense no tuvieron una actitud comprensiva. Al contrario, acusaron a los delegados y comisión interna de Kraft de adoptar posiciones ultras. Y en determinado momento enviaron la policía, que reprimió a hombres y mujeres, practicó detenciones y causó heridos.
En vez de sancionar a la multinacional con casa matriz en EE UU que violaba la legislación argentina y dejaba afuera de la planta a seis delegados, el gobierno osciló entre la incomprensión y la represión. Sólo después que los empleados mantuvieran sus demandas fue que el ministerio de Trabajo presionó para que Pedro López Matheu -ejecutivos «kraftkiano»- hiciera concesiones.
Así se reincorporaron 70 de los despedidos y los delegados pudieron regresar a cumplir sus funciones. Cada uno de los cortes y marchas motivó las protestas de los porteños y bonaerenses que se veían demorados en el transporte. Los medios monopólicos, sobre todo la TV, calentaban las cabezas de su audiencia contra esos cortes. Así demostraban su parcialidad porque no fue esa su postura durante los largos meses del lock out sojero.
La mayor parte de esos inconvenientes se pudieron haber evitado si el PEN apoyaba la demanda sindical de medidas de protección contra la Gripe A, el inicio del problema. O, una vez desatado éste, exigía a la empresa extranjera el acatamiento de la legislación del país.
Varios opinólogos del establishment dijeron que el problema de Kraft se debía a que la Interna estaba enfrentada con Rodolfo Daer. En agosto todos los sectores decían enfrentar la ofensiva patronal; Daer duró tres días en esa postura hasta que desertó y puso prudente distancia con el conflicto. Acaba de sufrir las consecuencias, pues su lista salió tercera y última en las elecciones para renovar la Comisión Interna. Ganó ajustadamente la encabezada por Javier Hermosilla (PTS), superando a quien dirigía hasta ahora, Ramón Bogado (CCC-PCR).
Los meses de confrontación en la planta de Pacheco se debieron a intransigencia patronal, insalubridad, bajos salarios, conducta antisindical de la empresa, represión policial y actitud «Poncio Pilatos» del ministerio de Trabajo nacional y provincial. No fue por «una interna gremial» como dijeron el gobierno y los medios.
Vamos en subte
El periodismo monopólico insiste en adjudicar los paros a esas internas. El título principal de Clarín de ayer, referida a las protestas sindicales, fue: «Cortes, tensión y paros por internas gremiales».
En el caso puntual del Subte, la pulseada entre el nuevo gremio y la UTA tuvo que ver con el paro desde las 11 horas hasta las 23 del jueves. Dicho sea de paso la medida tuvo un acatamiento total, lo que ayuda a entender cuál de los dos grupos tiene más predicamento entre las vías.
Pero de todos modos, incluso en este ejemplo, las causas del diferendo van más allá de la interna sindical. Es que durante años las medidas de fuerza tuvieron que ver con el reclamo de la declaración de insalubridad y el régimen de trabajo de 6 horas. Esto comenzó a destrabarse en la administración de Aníbal Ibarra. Los paros siguieron en demanda del salario, cuando los empleados ganaban 1.500 pesos y los directivos 30.000, siendo que allí iban a parar una parte de los subsidios millonarios pagados por el Estado a Metrovías (Roggio).
En el último tiempo apareció con más fuerza la cuestión de a qué gremio pertenecerían los empleados. Obviamente los Roggio preferían que se mantuvieran en la UTA, antes con Juan Manuel Palacios y luego con Roberto Fernández. La compañía y el gobierno juntaron fuerzas en la misma dirección: más vale burócrata conocido que nuevos dirigentes por conocer.
Pero ese no fue el pensamiento de la mayoría de los empleados, que se expresó mediante plebiscito a favor de una nueva Asociación Gremial de Empleados del Subte y Premetro. Hace catorce meses que, en función de esos resultados, se presentaron ante Carlos Tomada y le pidieron la «simple inscripción». Pese a tres fallos judiciales a favor, según la cuenta del delegado Néstor Segovia, el ministro sigue con el No a flor de labios.
Según la página web de Trabajo, son funciones suyas «dictar los actos relativos a los encuadramientos sindicales y asesorar en el otorgamiento, denegación y/o cancelación de las personerías o inscripciones gremiales de las asociaciones sindicales de trabajadores». También tiene que «dictar los actos relativos a la retención de cuotas y contribuciones establecidas a favor de las asociaciones sindicales de trabajadores».
¿Qué hizo Tomada? Denegó hasta ahora la simple inscripción y autorizó la retención de una cuota del 1 por ciento a favor de UTA. Fue la gota que colmó el vaso y desató el paro del jueves 5. Luego la policía allanó la casa de Segovia e hirió con bala de goma a uno de sus hijos, provocando nuevas asambleas.
De esto se deduce que el ministerio, en vez de administrar justicia con sus decisiones, está arrojando nafta al fuego.
Crece la conflictividad laboral
Tomada no fue el único que pifió en cuanto a Subterráneos; Aníbal Fernández, que ya había tenido expresiones descalificadoras hacia los empleados de Kraft, las reiteró. Adjudicó el «paro ilegal» en función de la «politización». De ese modo trataba de tranquilizar a Fernández, cuya patota gritaba en Constitución «son piqueteros, la puta que los parió», buscando ofender a delegados del nuevo gremio.
El gobierno nacional no puede entender lo que pasa, en parte por sus compromisos con la cúpula de la CGT y los Moyano, Viviani, Daer, Fernández, Cavalieri, Martínez, Lescano, etc.
Pero otra limitación le viene del alto concepto que tiene de sus políticas, según las cuales no debería haber problemas. Como el Estado paga 123.000 programas de Recuperación Productiva (REPRO) a las fábricas en problemas, aportando hasta 600 pesos por empleado para que no lo despidan ni suspendan, en Balcarce 50 deducen que no debería haber quejas.
Pero justamente, visto desde otro ángulo, esa «reivindicación», que tiene su costado verdadero, puede ser vista como señal de cuán deteriorada está la situación económico-social. Esto está dicho con la aclaración de la fuente de la crisis fue Wall Street y no los Kirchner, a los que se imputa todo lo malo, hasta la sequía.
Incluso los obreros amenazados por despidos debieron cortar rutas y tomar establecimientos, casos de Mahle, General Motors de Rosario, Ford, etc. Paga obtener el paliativo del REPRO.
Otro origen de la limitación de la visión del gobierno es el triunfalismo de Trabajo, que en junio de 2009 brindó un informe sobre los convenios colectivos firmados. Su conclusión fue: «los aumentos salariales acordados por el procedimiento de paritarias comprendió a 2.517.000 trabajadores asalariados. A esta cifra deberían adicionarse 600.000 docentes de educación normal, a los que antes del comienzo del ciclo lectivo se les determinó el nuevo valor del salario mínimo docente. Por lo tanto, el número total ascendería a 3.117.000 trabajadores».
El problema es que esos compromisos se suscribieron por menos de lo que demandaba la parte obrera. Y luego la inflación siguió comiendo esas mejoras. Los docentes argentinos, disconformes con esos ingresos, están a la cabeza de los paros de educadores en toda Latinoamérica, con 400 paros entre 2003/2007.
Otro segmento que está levantando cabeza es el desocupado. Según Rosendo Fraga, de Nueva Mayoría, «los piqueteros realizaron el 60% de los cortes de ruta y vías públicas ocurridos en octubre, lo que significa un aumento de 13 puntos».
A los desocupados les pagan desde 2002 un plan jefes de 150 pesos, sin aumentos en siete años. ¿Quién podía asombrarse de que el 2 de noviembre acamparan 31 horas en la 9 de julio? El sorprendido fue el inefable jefe de Gabinete, quien despotricó contra los acampantes. «Algunos hicieron stalinismo» dijo el hombre de muchos bigotes y pocas luces democráticas.
Fuente original: www.laarena.com.ar