Como viene haciendo todos los años, desde 1996, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó la tarde del viernes en un acto público en Plaza de Mayo la actualización 2009 del «Archivo de Casos» de personas asesinadas por el gatillo fácil y las torturas por parte del aparato policial provincial y nacional. […]
Como viene haciendo todos los años, desde 1996, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó la tarde del viernes en un acto público en Plaza de Mayo la actualización 2009 del «Archivo de Casos» de personas asesinadas por el gatillo fácil y las torturas por parte del aparato policial provincial y nacional. «Desde que comenzó el gobierno peronista de los Kirchner, que gusta definirse como ‘el gobierno de los derechos humanos’, ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 1.320 personas desde entonces», señala CORREPI en un tramo de su discurso.
El acto de la coordinadora comenzó a las 18hs con la tradicional presentación que realiza todos los fines de año en Plaza de Mayo, con la presencia de familiares de chicos asesinados por la policía, y de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantiles, sociales y políticas.
Antes de los discursos de los familiares y de los representantes de CORREPI, subieron al palco dirigentes y representantes de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a declarar su adhesión a la jornada y, además, denunciar hechos específicos de represión.
Por ejemplo, se hizo presente el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, cuyo vocero contó la situación de los derechos humanos en esa ciudad costera y denunció que hay una circular del intendente marplatense que establece – textualmente – que «se encuentra terminantemente prohibido que las cooperativas tengan asambleas o reuniones», luego de la movilización que realizaron a principios de año, cuando quisieron que el municipio les asigne las viviendas populares que habían sido construídas en las afueras de Mar del Plata, y habían sido duramente reprimidas. En este sentido, emparentó la situación en la ciudad con un «régimen militar».
Por otra parte, Antonio Bitto, del MTR 12 de Abril contó a los presentes la situación represiva que se había dado unas horas antes en Monte Grande: «el gobierno reprimió hoy en el partido de Esteban Echeverría a compañeros que fueron a reclamar puestos de trabajo. Los cagaron a palos, y como si esto fuera poco, detuvieron de ellos. Este es el gobierno democrático, popular y de los derechos humanos con el que quieren hacernos creer que es con el que nos gobiernan.»
La palabra de los familiares de víctimas
Antes de la lectura del informe anual de los representantes de CORREPI, los familiares de víctimas de gatillo fácil y asesinatos por torturas policiales se acercaron al escenario y leyeron, turnándose, cada uno un tramo de un documento único consensuado por todas las familias. Aquí los tramos más importantes:
«Las detenciones arbitrarias y la tortura en cárceles son un arma más de control social. Empezamos a luchar por justicia por nuestros familiares. Pronto entendimos que nadie murió de casualidad o porque tuvo mala suerte. Los que asesinaron a nuestros hijos, hermanos o padres no son loquitos sueltos. Son los ejecutores de una política de estado, los encargados de mantener las cosas como son, de mantener la paz social a costa de la vida de los trabajadores.
Y para que las cosas sigan siendo así, tienen que obligarnos a callar y obedecer; mostrarnos que pueden matarnos de hambre o con balas; que si protestamos por trabajo o por hambre, ellos van a mandarnos a sus perros guardianes a mantener su orden.
Nos hablan todo el tiempo de que tenemos que defender «la democracia». Los pobres no conocemos la democracia (…) El gatillo fácil es dueño y señor de los pibes del barrio. Los presos – que son todos pobres – mueren o los matan todos los días. En todas las comisarías y cárceles se tortura.
Nos hablan de inseguridad. Piden mano dura y condenas más altas. Cada tanto insisten con la pena de muerte. Ahí están nuestros familiares: más de 2800 muertos en 26 años de democracia, para probar que la pena de muerte en Argentina existe.
Todos los gobiernos van a reprimirnos, sean más autoritarios o más progresistas; todos necesitan tener las calles vacías de pobres que protesten y las fábricas ordenadas y produciendo para los patrones.»
«La represión es siempre de clase»
Finalmente, Ismael Salil y María del Carmen Verdú, de la CORREPI hicieron el discurso de cierre del acto. Salil señaló que en todas las medidas de lucha de los trabajadores, hayan sido huelgas, tomas de fábricas, movilizaciones o cortes de ruta, la represión siempre se hizo presente. «En todas las medidas de lucha los trabajadores debieron enfrentar a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, a las patotas de la burocracia sindical y del partido de gobierno. Los gasearon, los apalearon, los balearon, los llevaron presos», expresó. Por su parte, Verdú remarcó que «la represión, adopte la modalidad que adopte es siempre de clase, y tiene como finalidad garantizar y profundizar la explotación.»
Aquí, reproducimos los extractos más relevantes del informe 2009 de CORREPI (que se puede leer completo en el sitio www.correpi.lahaine.org):
– «Si la pertenencia a la clase trabajadora es la regla casi absoluta (…) el análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de la mitad de las muertes corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años, y el 30,50% del total tenían 21 años o menos.»
– «La dictadura cumplió la tarea, iniciada años antes, de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos, de organizaciones revolucionarias y de grupos políticos radicalizados. Reemplazados los gobiernos militares por los «presentables» gobiernos «democráticos», cobró central importancia esta «represión preventiva», cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación.»
– «Esta décimocuarta actualización, a fin de 2009, registra 2.826 casos, con un promedio de 20 personas muertas por el estado por mes. EL ESTADO ARGENTINO ASESINA A ALGUIEN CADA 28 HORAS. Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner, que gusta definirse como ‘EL GOBIERNO DE LOS DDHH’, ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 1.320 personas: 928 entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007, y 392 desde entonces.»
– «El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente «sospechosos», cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como «morocho, joven y de barrios conflictivos». Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes incluye mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de seis años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica.»
– «Es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco («bolsita») o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. (…)
– «También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar «intrafuerza» o «intrafamiliar», es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus «internas» y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional.»
– «Párrafo aparte merecen las estructuras de seguridad, custodia o vigilancia privadas, generalmente dirigidas por miembros de alto rango del aparato represivo oficial, en retiro o en actividad. (…) A ello se suma el accionar cada vez más visible de patotas paraestatales, en general dirigidas o compuestas por elementos de choque vinculados a la estructura del partido de gobierno (punteros barriales, «batatas» sindicales o miembros de barras bravas de fútbol), que toman en sus manos, en apariencia «privadas», la represión a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias. Este mecanismo, que ha usado con particular predilección el gobierno asumido en 2003 y reelecto en 2007, tiene la enorme ventaja de poner al aparato represivo oficial a resguardo de eventuales críticas, al tiempo que sirve para anatemizar la organización independiente de los trabajadores. Siempre que pueden, ante los ataques de las patotas, los medios titulan «batalla entre sectores sindicales», sin distinguir, deliberadamente, entre las burocracias oficialistas y los delegados o comisiones internas no burocráticas.»