A Marisela Ortiz, compartiendo su dolor, y en memoria de Jesús Alfredo Portillo Santos Pietro Grasso, Fiscal Nacional Antimafia, explica que en los últimos años el creciente control sobre los puertos y aeropuertos colombianos ha forzado a los cárteles de este país a buscar nuevas áreas de almacenamiento de la pasta de coca destinada al […]
A Marisela Ortiz, compartiendo su dolor, y en memoria de Jesús Alfredo Portillo Santos
Pietro Grasso, Fiscal Nacional Antimafia, explica que en los últimos años el creciente control sobre los puertos y aeropuertos colombianos ha forzado a los cárteles de este país a buscar nuevas áreas de almacenamiento de la pasta de coca destinada al mercado estadounidense y europeo, y que éstas se han ubicado sobre todo en México, donde los cárteles mexicanos han conseguido asegurarse el control del territorio. Para ello se han valido de las mismas estrategias que cualquier otra mafia: el terror, utilizando a grupos de sicarios que asesinan a cientos de testigos, presuntos informadores, magistrados y policías; y la connivencia -obtenida gracias a su inmensa riqueza- de amplios sectores políticos, funcionariales, empresariales y profesionales, hasta el punto de que puede afirmarse que estos grupos criminales han contaminado a la sociedad y la economía mexicana. El miedo y la corrupción son imprescindibles no sólo para actuar con eficacia, sino para asegurarse además la impunidad. Adicionalmente los grandes cárteles de la droga, que se reparten el país en áreas de influencia, en su afán de obtener el dominio de las rutas más practicables hacia Estados Unidos se enfrentan entre ellos por el control del territorio. El resultado son más de 3.000 personas asesinadas sólo en 2008.
En este contexto, durante los últimos quince años cientos de mujeres y niñas han sido sistemáticamente secuestradas, violadas, horriblemente torturadas, mutiladas y asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, lugar de paso de la droga hacia EEUU y de las armas y narcodólares que a cambio se envían desde ese país a México. Al mismo tiempo el Estado mexicano ha mantenido una actitud de permanente inhibición y se ha abstenido de promover investigaciones eficaces, enjuiciar a los culpables y procurar la reparación de las víctimas y sus familias. Ello ha generado un clima de impunidad que no hace sino multiplicar la violencia contra las mujeres.
Las víctimas no han sido elegidas al azar. En su mayoría son trabajadoras de las maquiladoras. Muchachas inmigrantes, pobres, que desafían a los estereotipos de género que en su entorno aún tienen tanta fuerza intentando obtener su independencia económica, su autonomía; son mujeres a las que hay que escarmentar y cuyo destino ha de constituir una advertencia para quienes pretendan imitarlas. La vida de una mujer joven, inmigrante y pobre en Ciudad Juárez no vale nada.
La sistemática selección de las víctimas y la reiteración de determinados patrones de actuación (secuestro, violación sexual tumultuaria, mutilación y/o tortura, asesinato, abandono del cuerpo en lugares desérticos o lotes abandonados) permiten hablar de feminicidio. Pero la cuestión de género por sí sola no lo explica todo. En otros lugares las mujeres también sufren discriminación en virtud de estereotipos de género y sin embargo no se da esa práctica sistemática, siguiendo pautas predeterminadas, de violación, tortura y muerte. Como dice Emilio Ginés, abogado integrante de la delegación para la defensa de las víctimas en el caso Campo Algodonero que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos ante una realidad poliédrica, y para entenderla no podemos atender sólo a una de sus facetas.
Aunque Marisela Ortiz (Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa) considera que la corrupción es algo profundamente arraigado en la sociedad mexicana, no cabe duda de que el creciente peso económico del narcotráfico y la necesidad de garantizar su práctica sin impedimentos y en condiciones de impunidad la agravan. A ello se une la violencia generada por dicha actividad. En los últimos tres años han muerto asesinadas de 10.000 a 15.000 personas, muchas de ellas sicarios. Esto significa que los cárteles al día de hoy y debido a la dificultad por reponer su «mano de obra cualificada» están recurriendo a las maras, que superponen al tráfico tradicional sus propias prácticas violentas (ritos de iniciación, etc).
Si a un contexto cultural de estereotipos de género discriminatorios se añaden la penetración de los intereses del narcotráfico en la sociedad mexicana y la violencia generada por dicha actividad, parece probable la conexión entre feminicidio, narcotráfico y corrupción, de tal modo que una lucha eficaz contra el feminicidio deberá abarcar estas tres facetas: la educación en la igualdad y la lucha contra la violencia, la corrupción y el narcotráfico.
Hasta que no se ponga coto a la corrupción, se mantendrá la impunidad, y continuarán siendo asesinadas las muchachas de Ciudad Juárez. Quienes allí intentan poner coto a estas violencias sufren presiones insoportables, amenazas, acoso o la muerte. Por ello es fundamental la presión internacional sobre el Estado mexicano para que cambien sustancialmente su actitud y empiece a combatir tanto la corrupción que lo corroe y que se traduce -en el caso de las mujeres de Ciudad Juárez- en facilitar interesadamente la impunidad de los culpables eludiendo la investigación, el castigo y la reparación.
Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia en el caso Campo Algodonero condenando a los Estados Unidos Mexicanos por su inactividad, se habrá dado un primer paso, pero no es suficiente. Es imprescindible que todos hagamos llegar nuestra voz contra el feminicidio, contra la violencia, contra la corrupción. A favor de las mujeres de Ciudad Juárez. A favor, en definitiva, de todo el pueblo mexicano.