Cuando un analista político se propone escribir acerca del Kirchnerismo se enfrenta desde el vamos con una tarea complicada. No estamos ante una gestión que vaya indiscutiblemente hacia una dirección, como nos ocurría en los noventa, cuando sabíamos que el gobierno de Menem nos llevaba hacia la destrucción de la industria nacional, la desocupación, las relaciones carnales con los Estados Unidos, con las multinacionales, etc. Por el contrario, desde la asunción de Néstor Kirchner hasta la actual gestión del gobierno de su esposa, el kirchnerismo se ha mostrado tan heterodoxo en distintas materias y agendas de su política que el espectro progresista se ha dividido y confundido. Empecemos por aquellos gestos y determinaciones políticas que sedujeron al progresismo.
En la primera gestión que tuvo a Néstor Kirchner como presidente, el progresismo contempló entusiasmado la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, la entrega de la ESMA a las organizaciones de derechos humanos, la destitución de los jueces de la corte suprema corrupta que impuso el menemismo, los cambios en la cúpula de la Policía Federal, la renegociación de la deuda externa con los bonistas privados con una quita del 75 % (lo cual en la práctica resultó ser mucho menor). También a lo largo de las dos gestiones (de Néstor y Cristina) se observó un proceso de revitalización del rol del Estado en la economía. Podríamos mencionar la creación de ENARSA (que de todos modos no es una empresa que se destaque por su magnitud y relevancia dentro del sector), la estatización del correo, la estatización de Aerolíneas Argentinas, el regreso al sistema previsional regulado por el Estado. Esta revitalización del rol del Estado era una demanda que se hizo escuchar cada vez con más estridencia en las universidades y ambientes intelectuales -aunque también desde distintos sectores de la sociedad- en la década del noventa, cuando ya estaba haciendo estragos la política de entrega del patrimonio nacional que llevaba adelante la administración de Carlos Saúl Menem. De este modo ciertos académicos advertían que si bien el Estado de Bienestar, en un mundo globalizado, se tornaba obsoleto e ineficiente, reconocían a su vez que el destino al cual nos llevaba la administración menemista conducía, en las antípodas de aquél, a la desarticulación del tejido social. Es por eso que estos intelectuales comenzaron a hablar, ya no de un Estado omnipresente -como era el caso del Estado de Bienestar- sino de un Estado activo, «atlético», que dinamizara el sistema económico, haciéndose cargo de las áreas estratégicas para el desarrollo de un país, y dejando también que la iniciativa privada pueda complementarse con su accionar. De esta forma, la era kirchnerista vino a saldar esa deuda, colocando en su agenda política lo que durante varios años se venía constituyendo en una de las principales temáticas de la agenda social.
Hubo a su vez un intento de fortalecer los vínculos con los países pertenecientes al MERCOSUR, con una fuerte declamación conjunta con los países autodenominados socialistas del siglo XXI (con Venezuela y Bolivia a la cabeza, en el sentido de que es en estos países donde se están tomando las medidas más fuertes en materia de fortalecimiento del rol del Estado y redistribución de la riqueza).
A su vez con la devaluación de la moneda -el dólar alto- hubo una tibia recuperación de la industria nacional. Algunos pequeños y medianos empresarios -como el sector textil, juguetería, calzado, marroquinería, etc- pudieron reactivarse y tomar más mano de obra. Ni hablar del sector automotriz -aunque ya no nos estaríamos refiriendo a una pequeña empresa- que tuvo un crecimiento exponencial durante la gestión a la que nos referimos.
También podemos mencionar, como otras de las medidas que suscitaron respaldo, la promulgación de la ley de medios de radiodifusión -tendiente entre otras cosas a democratizar la información y terminar con los monopolios en el área- y la ley asignación universal por hijo. Con respecto a esta última medida, un estudio de CIFRA, el Centro de Investigaciones económicas de la Secretaría General de la CTA, dirigido por Eduardo Basualdo, estima que ampliará de cuatro a nueve millones de niños la población alcanzada por el régimen de asignaciones familiares. Según este estudio 1,8 millones de personas dejarán de ser pobres y 4 millones de personas dejarán de ser indigentes. («Derrota del oficialismo unido ante la oposición dispersa: A y B». Por Horacio Verbitzky. Página12. 07/12/2009).
Ahora bien: ¿qué ocurrió en todo este proceso que a pesar de estas políticas, que parecen haber invertido la tendencia de la década del noventa, los sectores progresistas no se han encolumnado masivamente al tren K, y por el contrario se han dividido en apoyos incondicionales o repudios acérrimos?.
Pues bien, digamos que ocurrieron muchas cosas.
Por empezar nos encontramos frente a un gobierno que a pesar de haber impulsado un crecimiento exponencial y sostenido de la macroeconomía, gracias a lo cual pudo gozar de un superávit fiscal excepcional -donde las retenciones al monocultivo de la soja transgénica cumplió un rol más que importante- no ha sido capaz de saldar la deuda interna (pobreza, indigencia, distribución regresiva del ingreso, en síntesis: exclusión social, con todas las consecuencias que para el tejido social eso acarrea). Por el contrario, con el dinero que supo acumular, el gobierno prefirió saldar con reservas del banco central las obligaciones con el FMI, organismo al cual le pagó en el 2006 la totalidad de la deuda, comportamiento que se repetirá ahora con la constitución de los fondos del bicentenario.
A su vez en los años de mayor bonanza y crecimiento económico el gobierno no aprovechó para hacer una reforma fiscal seria con orientación progresiva (lo cual en algún momento se prometió) donde el impuesto a las ganancias y a los bienes personales cumpla un rol predominante, en detrimento del IVA (impuesto que termina gravando el consumo, y que por lo tanto sale fundamentalmente de los bosillos de los sectores populares).
Para mencionar algunos datos, podemos decir que en el 2008 se recaudó del IVA 80.000 millones de pesos, mientras que de impuestos a las ganancias 17.000 millones. Si observamos lo que sucede en los países desarrollados nos encontramos con la situación inversa. Las arcas públicas se financian principalmente con el impuesto a las ganancias (un 45 por ciento de la recaudación proviene de allí) y no con el impuesto al consumo. Mientras tanto en Argentina el porcentaje de dinero que se extrae del impuesto a las ganancias es de un 5,5 por ciento.
A su vez la base de los impuestos a las ganancias en nuestro país no incluye las rentas financieras, o las ganancias de capital (valorización de activos), mientras que en los países desarrollados suelen estar gravados. (El cronista Digital. «Un sistema injusto: el fisco en el ojo de la tormenta». 12/ 07/ 2009).
Por otra parte, y siguiendo con las debilidades de la gestión K -o la deuda que tiene con el progresismo- nos encontramos frente a un discurso que parece confrontar con los factores reales de poder, pero en la práctica los intereses de los sectores más concentrados de la economía no han sido afectados. Por el contrario, la fortuna que algunos de estos sectores acumularon durante la era kirchnerista se ha multiplicado.
El sector automotriz, la minería, el agronegocio de la soja, son sólo algunos ejemplos.
A su vez, el sector minero (producto de la revalorización del oro, la plata y el cobre) se ha transformado en un meganegocio que ya mueve 35.699 millones, algo así como el 3,4% del PBI argentino, según datos del Ministerio de Economía. («Burocracia y Represión: una fórmula para contener las luchas sociales». Colectivo Indymedia. Córdoba. 05/12/2009)
Uno de los acontecimientos que más debilitaron a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner fue el conflicto con el campo. El discurso oficial reconocía que detrás de las retenciones móviles estaba la intención de redistribuir la riqueza, y ese hecho, no podemos negarlo. Pero se trata de un elemento parcial: fundamentalmente la medida estaba determinada por la necesidad de obtener un superávit fiscal para pagar la deuda externa, comprar divisas para sostener la cotización del dólar -y de paso mantener entonces la rentabilidad de los sectores exportadores más concentrados- y operar un retorno en subsidios para las grandes empresas transnacionales exportadoras. Por ejemplo, en el 2007 hubo compensaciones para el sector agropecuario de un orden de $1.400 millones, de los cuales, más del 55% se concentraron en apenas 10 empresas (la Serenísima, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza, Cargill, etc).
El gobierno hablaba de la «rentabilidad del sector» como si se pudiera poner a los distintos segmentos de la actividad agropecuaria en una sola bolsa. Por el contrario, existen distintos sectores al interior de lo que se denominó «el campo», con realidades económicas diferentes. No podemos comparar por ejemplo la situación de los denominados pooles de siembra, los grandes terratenientes, las empresas proveedoras de insumos y tecnologías, con la de algunos pequeños a medianos productores que han sufrido la aparición de aquellos y su desarrollo desde los noventa a esta parte. Los pooles de siembra -que a través del fideicomiso han especulado financieramente en el área agropecuaria y obtenidos grandes tasas de rentabilidad, con el menor riesgo- fueron socios del gobierno kirchnerista durante cincos años -antes de que comenzara el conflicto- en lo que podemos denominar como la patria sojera-extractiva, básicamente por una cuestión de caja, como lo dijimos anteriormente. Un modelo de producción basado en el monocultivo de la soja -que se afirmó en el país en los últimos 20 años, con lo cual, debemos decir que la culpa no es toda del gobierno de los Kirchner- que está desertificando los suelos de la Argentina, provocando los desmontes -y con ellos la fuga de millares de campesinos que se van de sus tierras a poblar las villas miseria de las grandes ciudades- y que ha convertido a la Argentina en una «republiqueta sojera», productora de forrajes para la exportación -China, India, Europa- destruyendo el modelo de agricultura orientada hacia el mercado interno, basado en la idea de soberanía alimentaria, es decir, en las necesidades alimentarias de la población (ganadería, lácteos, ovinos, porcinos, frutas, hortalizas, etc). Frente a este modelo devastador, el gobierno no ha hecho mucho. Por el contrario, se ha ensamblado al tren sojero-extractivo, con fines fiscales, lo cual sumó peso en el plato de la balanza sobre el que posan los sectores del progresismo que no se dejan seducir completamente por sus políticas.
Por otra parte -y para seguir con aquellas medidas que contradicen el impulso progresista con el que el gobierno K comenzó a seducir a la izquierda- esta gestión confía en revitalizar una industria nacional con una burguesía que de ‘nacional’ tiene muy poco, y que deposita gran parte de sus excedentes productivos en el exterior, sin reinvertirlos en Argentina, sin tomar más mano de obra ni innovar en materia tecnológica.
Esa llamada burguesía nacional tiene 150.000 millones de dólares en el exterior. Por lo tanto, al gobierno no le queda otra opción que salir a buscar capital extranjero. Y para eso tiene que crear las condiciones. Esto implica entre otras cosas arreglar con el FMI y con los bonistas.
Hay un grupo de empresarios nacionales que se vieron muy favorecidos con la actual gestión y acumularon grandes riquezas, a la vez que el matrimonio presidencial también engrosaba sus bolsillos, sin poder dar una explicación creíble acerca del origen de las mismas.
Se calcula que el patrimonio de la familia Kirchner en los últimos seis años creció casi siete veces, y esta compuesto por los lujosos hoteles Los Sauces y Alto Calafate; extensos terrenos comprados a valor fiscal; millonarios depósitos bancarios; numerosos inmuebles en alquiler; y la participación en diferentes empresas entre las cuales se encuentra Hotesur S.A. en donde participa la sobrina de Néstor Kirchner, Romina, cuya hermana Natalia es la fiscal que investiga la forma en la que su tío adquirió terrenos fiscales en Santa Cruz. (« Represión social tras el velo del seudo progresismo». Por Daniel E Benadava. Rebelión. 06/12/2009) .
Hablar de redistribución de la riqueza y de la posibilidad de desviar dinero desde los sectores más favorecidos (supongamos el caso de los pequeños y medianos productores del campo) a los sectores más empobrecidos, resulta chocante cuando la gestión que intenta realizarlo está teñida de sospechas de enriquecimiento ilícito: ¿A dónde va a ir a parar esa plata? Se preguntaban muchos ciudadanos. ¿Cómo la va a administrar el gobierno? que a la vez reparte subsidios y planes sociales a las organizaciones piqueteras a cambio del respaldo político -cooptación del movimiento social- y le niega todo tipo apoyo a las organizaciones independientes que reclaman trabajo genuino, condenándolos al aislamiento y al ostracismo político. A su vez, en el Congreso ocurre algo parecido: reparte dinero a los legisladores que votan las leyes oficiales y restringe los fondos para aquellas provincias gobernadas por la oposición. Una ley de coparticipación federal en este sentido se torna cada vez más necesaria, pero el gobierno tampoco militó mucho por esa idea. Hoy la coparticipación federal compromete sólo un 30 por ciento del total de los recursos, cuando en realidad debería comprometer un 20 por ciento más.
A su vez, hoy se está discutiendo la posibilidad de la coparticipación del impuesto al cheque (en la actualidad un 70 % de esos ingresos va a parar a la nación) pero la presidenta ya se negó rotundamente a resignar esos fondos.
Por otra parte, tenemos la política petrolera de la gestión K, que, tal como afirma Pino Solanas, constituye casi una continuación de la política iniciada en la era menemista. El petróleo, un bien que con el aumento demográfico mundial -principalmente de China y la India- y el crecimiento de la sociedad de consumo, se transformó en un bien cada vez más preciado (el precio del barril se ha multiplicado en las últimas décadas). Las petroleras privadas que se han quedado con los yacimientos en Argentina fueron beneficiadas con un negocio millonario, de aquí a 30 años, sin cumplir con sus obligaciones en materia de búsqueda de nuevos yacimientos y perforación (que es lo más caro). Con lo cual las reservas bajaron de 30 años a 6 ó 7 (lo cual nos deja en una situación prospectiva negativa, que nos hace pensar en que en pocos años podríamos estar importando petróleo a precios internacionales). En tiempos de YPF se perforaban 100 pozos al año, las privatizadas no pasan de 25. Las regalías que el Estado argentino les cobra son de las más bajas del continente (12 por ciento). Y esto ocurre a simple declaración jurada: a fin de mes son las empresas las que dicen cuanto han ganado. A su vez somos uno de los únicos países que les permitimos que realicen todo el ciclo de explotación: las empresas perforan, refinan y comercializan. Un negocio millonario (se calcula que se trata de una facturación anual de 25 mil millones de dólares) del que el Estado se ve privado. La era Kirchner, no ha hecho nada por cambiar esta situación. En vez de aprovechar el incumplimiento de las empresas y esperar a que expire el plazo de los contratos para rescindirlos y recuperar ese recurso para el Estado Nacional, extendió a 30 años las licencias, y como decíamos anteriormente, realizó el traspaso de los yacimientos petroleros a las provincias (2006) que quedan en una situación de vulnerabilidad para negociar con las multinacionales.
Toda esta situación coadyuva a debilitar la imagen del gobierno ante ciertos sectores de la centro izquierda, que ven como algunos países vecinos, al gozar de la propiedad estatal de estos bienes o aumentando notablemente las regalías, logran capturar una renta que les permite financiar políticas sociales que tienden con un poco más de seriedad a redistribuir la riqueza (otra vez, nos referimos a los casos de Venezuela y Bolivia).
Por otra parte, otro de los favores que el gobierno les hizo a las multinacionales, quedó evidenciado cuando Cristina Kirchner vetó la Ley para la protección de los glaciares, gracias a lo cual Barrick Gold continúa, legalmente, erosionando y contaminando las reservas de agua dulce que interfieren en su búsqueda de minerales.
Yéndonos a otro plano, podemos decir que con respecto al movimiento sindical, es notorio como el gobierno cerró filas con la burocracia corrupta que desde hace décadas maneja los sindicatos de un modo antidemocrático, y que se opone virulentamente a la emergencia de organizaciones sindicales independientes, como es el caso de los trabajadores del subte o los obreros de Kraft Foods (ex Terrabusi), a quienes los tildan de extremistas, que estarían influenciados por la cuarta internacional. En estas últimas semanas vimos como el gobierno nacional liberó a la policía para que reprimiera las manifestaciones de estos obreros, que sostenían reivindicaciones legítimas de protección de sus fuentes de trabajo, así como de seguridad e higiene, frente al peligro de la «gripe A».
Finalmente – y para ir cerrando- hemos intentado hacer un racconto de las medidas felices que ha tomado el gobierno y que han seducido a ciertos sectores de la izquierda -algunos de los cuales se transformaron en obsecuentes- y otras tantas que alejaron a los restantes. Tal vez la lista quedó muy engrosada en lo que respecta a las medidas que significaron una capitulación frente a los factores reales de poder, con lo cual puede quedar, al final de este artículo, la sensación de que se trató de un análisis opositor y «destituyente». Nada más lejos de nuestras intenciones. Afirmamos -a pesar de todo lo dicho hasta aquí- que la era Kirchner no puede compararse en términos ideológicos y políticos con lo que hemos sufrido en la década de los noventa ni con el gobierno de la alianza. Afirmamos también que el polo opositor que se ha congregado frente al actual gobierno -salvo algunos partidos u organizaciones puntuales- huele a un retroceso con el cual, quien escribe esta nota, nada quiere saber. Se trata en general de un polo opositor cuyo motivo aglutinante no es otro que el de derrocar a este gobierno, sin que exista un proyecto o plataforma coherente y superadora del actual estado de cosas.
Es por eso que tal vez esta nota ha sido escrita pensando en la demanda y las necesidades -un ejercicio siempre vacilante y errático- de los intelectuales, artistas, obreros, desocupados, indigentes, campesinos expulsados de sus tierras, que seguirán esperando que un gobierno se haga cargo de la agenda social y política pendiente, para constituirse en una opción verdaderamente popular y nacional, en vez de intentar cruzar un río para después quedarse a mitad de camino, distanciándose de las necesidades y esperanzas de su pueblo.
Mauro Paradiso es Licenciado en Ciencia Política
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