Luego de la eyección del presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, ordenado por la presidenta Cristina Fernández -originada por disidencias en torno a la utilización de las reservas monetarias de libre disposición- una arremetida política, judicial y mediática se ha desatado sobre el gobierno argentino. Lejos de acatar las órdenes presidenciales […]
Luego de la eyección del presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, ordenado por la presidenta Cristina Fernández -originada por disidencias en torno a la utilización de las reservas monetarias de libre disposición- una arremetida política, judicial y mediática se ha desatado sobre el gobierno argentino.
Lejos de acatar las órdenes presidenciales y reuniéndose con miembros de partidos de oposición, el destituido Redrado presento una apelación judicial para ser repuesto en el cargo, al que había llegado a propuesta de Néstor Kirchner y la propia Presidenta, intentando amotinarse por algunas horas en su ex despacho de funcionario. Una jueza aceptó luego su presentación judicial para no ser despedido y se declaró la suspensión de la disponibilidad de los 6.539 millones de dólares en juego.
El jefe de Gobierno, Aníbal Fernández acusa al vice-presidente Julio Cleto Cobos, de estar conspirando nuevamente para provocar una crisis institucional que socave la autoridad presidencial, tal cual lo ocurrido en marzo del 2008 con el recordado «voto no positivo», que produjera la mayor crisis política de la Argentina desde los sucesos del 2001.
Cobos y la oposición política (que conrtrolan varias comisiones y juntos poseen mayoría) preparan anticipar el inicio de las sesiones parlamentarias, previstas todos los 1 de marzo, al 3 de febrero (o antes) y provocar así otro «punch parlamentario» que arrastre definitivamente al gobierno de Cristina a una situación de no retorno.
El canal de televisión del grupo clarín, Todo Noticias (TN), es nuevamente el órgano ´»terrorista mediático» encargado de crear la matriz de opinión que sostenga las condiciones de zozobra, hasta llegada la fecha de autoconvocatoria destituyente parlamentaria que organiza, según la conspiración en marcha, el juicio político de la Presidenta por «mal desempeño de sus funciones y abuso de poder».
No es de extrañar por lo tanto, el arribo de los «tanques pensantes» latinoamericanos de ultraderecha, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, SIP y una campaña mundial a través de los medios concentrados de comunicación que prepararán las condiciones internacionales que justifiquen entonces, la planificada «crisis institucional».