Ante la crisis del Banco Central, el gobierno debió reconocer el fracaso del intento de echar a Redrado por decreto y ahora busca sacárselo de encima mediante el trámite de una comisión parlamentaria. Pero la cuestión del Fondo del Bicentenario, es decir, el destino de los 6.500 millones de dólares de las reservas, sigue empantanada. […]
Ante la crisis del Banco Central, el gobierno debió reconocer el fracaso del intento de echar a Redrado por decreto y ahora busca sacárselo de encima mediante el trámite de una comisión parlamentaria. Pero la cuestión del Fondo del Bicentenario, es decir, el destino de los 6.500 millones de dólares de las reservas, sigue empantanada.
El agotamiento de la autoridad de los Kirchner no está solo en las dificultades de imponer los Decretos de Necesidad y Urgencia (o los vetos presidenciales) que chocan con una nueva relación de fuerzas con la oposición en el Congreso, como resultado de las elecciones del 28 de junio pasado. Lo que, de fondo, está en juego es el intento del gobierno kirchnerista de arbitrar entre las clases fundamentales que determinan la relación de fuerzas en la Argentina semicolonial. Los Kirchner intentan conciliar los intereses del capital financiero con el plan del nuevo canje de deuda y, al mismo tiempo, mantener el gasto público hacia los sectores más bajos de la clase trabajadora, con la asignación por hijo y la obra pública de trabajo precario y controlar los acuerdos salariales de los trabajadores por debajo de la inflación mediante los pactos de la burocracia sindical de la CGT.
El régimen político en un impasse
Es tan frágil la posición del gobierno que Cristina decidió cancelar su viaje de negocios a China, con un Banco Central en virtual acefalía y ante la posibilidad que el vicepresidente Cobos utilice su facultad a cargo de la presidencia interina para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. A su vez, el contraataque oficial que pone el blanco en Cobos divide a los adversarios políticos patronales del gobierno en torno a la inusual actitud «institucional» del vicepresidente, el líder de la oposición que accedió a su cargo en la fórmula oficialista. Macri, que aprovecha esta crisis política para volver a lanzarse como presidenciable después de su propia crisis en la Capital, salió a pedir su renuncia, al igual que Felipe Solá en el peronismo disidente. Carrió, también competidora de Cobos dentro de la alianza de la Coalición Cívica con el radicalismo, viene desalentando cualquier «auto-convocatoria» del Congreso que lo tenga como protagonista central.
Los distintos intereses en que se fragmenta la oposición patronal favorecen a los Kirchner y dificultan las vías de «consenso» y estabilidad política que piden las distintas corporaciones patronales, empezando por los banqueros, para resolver la crisis en un año en el que pronostican grandes negocios para todas las fracciones de la clase dominante. Por eso viene naufragando el intento de la UCR de un acuerdo parlamentario con el oficialismo.
Esta situación de empate entre el Ejecutivo y el Congreso, al menos hasta marzo cuando termine el receso parlamentario, es lo que explica el creciente rol político de la justicia en el régimen. Lejos de la «independencia» del Poder Judicial que pregonan unos y otros, los jueces se embarran en la lucha política: de un lado, la jueza Sarmiento como abanderada de la oposición y, del otro, Oyarbide como espada del oficialismo. Mientras, la Corte Suprema se prepara por si la crisis escala a mayores. Kirchner, que la prestigió con nuevos funcionarios ante la población, terminaría siendo un aprendiz de brujo al revitalizar a una institución oligárquica que puede convertirse en el verdadero árbitro, en última instancia, en los «conflictos de poderes» entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Como decimos en la declaración del PTS del 13 de enero «ya sea con decretos presidenciales, con negociaciones entre peronistas y radicales en el Congreso o con fallos de los jueces que nadie votó, todos resuelven a espaldas del pueblo como destinan miles de millones de dólares a los usureros internacionales».
¿Estrellas mediáticas o fuerzas de clase?
A diferencia de la crisis del campo, ni el gobierno ni la oposición, han concitado apoyo activo de sectores de masas. ¿Cómo haría la CGT para enmascarar como «nacional y popular» un llamado a movilizarse si es para apoyar la entrega de miles de millones de dólares a los acreedores internacionales? ¿Cómo podría la oposición patronal volver a ocupar las calles como en el 2008 si, en lugar del chacarero De Angeli, esta vez el líder es el «golden boy» Redrado?
Ante la ausencia de movilización social en la escena, crecen las figuras mediáticas de la centroizquierda de Pino Solanas y Claudio Lozano.
Ocupando el flanco izquierdo de la clase media antikirchnerista con ilusiones en el Congreso opositor, Proyecto Sur llama a resolver «la cuestión central de la deuda» por una vía parlamentaria con la formación de una Comisión Bicameral que investigue la «deuda ilegítima» contraída por la dictadura.
Lejos de depositar expectativas en el Congreso y de la izquierda que como el PCR y el MST siguen como la sombra al cuerpo a estas figuras mediáticas sin anclaje de clase, nuestra orientación apunta a que intervenga la única fuerza social capaz de dar una respuesta en defensa del interés de la nación oprimida contra el imperialismo, la clase trabajadora.
En este sentido se orienta la declaración política emitida por el Sindicato Ceramista de Neuquén que impulsa el Plenario de Trabajadores Clasistas junto a los dirigentes de Kraft, la agrupación clasista del subterráneo y decenas de delegados y comisiones internas de todo el país. Bajo el lema de «una respuesta obrera y popular a la crisis» denuncian que las actuales direcciones sindicales son un obstáculo en este camino de intervención independiente de la clase trabajadora, tanto el «gesto vergonzoso» de la CGT que «le organiza un asado a la embajadora yanqui», como el silencio de la CTA que se debate entre los dirigentes que apoyan al gobierno y los que apoyan a la oposición patronal», exigiendo la convocatoria a «plenarios de delegados abiertos, asambleas para preparar la movilización de los trabajadores» por el no pago de la deuda externa y el conjunto de las reivindicaciones obreras y populares.
Perspectivas
Si la resolución de la crisis se prolonga puede fracasar el plan oficial de canje de la deuda, que los acreedores aprovechen la debilidad gubernamental para exigir mejores condiciones en la negociación y que naufrague el plan kirchnerista de «endeudarse a tasas más bajas». En el otro polo, si se desarrollan las tendencias inflacionarias y la pulseada de los de arriba se mantiene irresuelta, peligra el intento de paritarias controladas por la CGT y al mismo tiempo que se debilitarían los fondos del «gasto social» destinados a los planes asistenciales. Esto significaría un salto en la crisis del gobierno y del conjunto del régimen con la entrada en escena de la clase trabajadora. No es todavía la situación, pero está en el horizonte si la crisis sigue abierta. Este es el escenario que temen los jerarcas de la Iglesia. Con sano instinto de clase -burgués- el Episcopado, salió en medio de la crisis política a reclamar una «dosis de gran cordura de todos los sectores para no tensar aún más la cuerda» y alertan por el «agravamiento de la conflictividad» que daría lugar al crecimiento de la «izquierda dura» como en «la protesta de los trabajadores de Kraft»: el símbolo del «sindicalismo de base» combativo y antiburocrático.
Contra esta perspectiva milita la burocracia sindical de la CGT. Moyano se ha convertido en un verdadero vocero de la jefatura de gabinete. Después de haber agasajado a la embajadora norteamericana, los dirigentes de la CGT reivindicaron el Fondo del Bicentenario como un «ingreso soberano al mercado de capitales» que traería «inversiones» y «empleo». Acaban de apoyar al ministro De Vido que, contra el avance monopólico de Telefónica, teje un acuerdo con su capitalista amigo Werthein por la empresa Telecom. Y recientemente, tras las órdenes de Cristina pidieron la cabeza del «traidor» Cobos, que ellos mismos llamaron a votar en la fórmula presidencial del 2007.
Junto a este papel de primer orden en la política patronal, la burocracia sindical también ha salido a poner paños fríos ante la cuestión salarial. Omar Viviani aclaró públicamente que «Va a haber discusiones paritarias, pero no va a ser nada conflictivo como no lo fue otros años». Moyano volvió a reflotar el «Pacto social» con los empresarios y en febrero iniciará una ronda de reuniones con los industriales de la UIA. Lo que está claro es que en un contexto de inflación sostenida mes a mes, los jefes sindicales están dispuestos a pactar en detrimento del salario obrero. Escandalosamente, los burócratas de UPCN han reclamado un 11% de aumento para los sueldos estatales, aún cuando el INDEC, cuya intervención es apoyada por este gremio, reconoce que se trata de los salarios más atrasados. El repudiado Rodolfo Daer, como «preparación» ante las próximas paritarias, pretende -en acuerdo con la patronal norteamericana de Kraft y usando de «ayudantes de campo» a la CCC-, debilitar la fuerza imparable que viene de la base trabajadora y ha dado lugar a la nueva Comisión Interna y al surgimiento desde abajo de nuevos delegados por sección que se multiplican en la principal fábrica de la industria de la alimentación.
De la capacidad de control que tenga la burocracia sindical sobre los reclamos obreros descansa el frágil equilibrio no solamente del gobierno, sino de todo el decadente régimen político. En el desarrollo de las tendencias del «sindicalismo de base» para que se extienda a toda la clase trabajadora recuperando los sindicatos, sus comisiones internas y cuerpos de delegados como herramientas de lucha contra el capital, están depositadas las esperanzas de la única clase que puede dar una salida a la crisis nacional de la cual recién estamos viendo uno de sus primeros capítulos.
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