La reciente expropiación del 51% de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino, que tanto ha irritado al clientelismo político español, tiene dilatados antecedentes de injustícia social e impunidad ambiental practicada por Repsol durante más de una década. Recopilamos algunos fragmentos de un recorrido por los campos petroleros de Repsol en Argentina que […]
La reciente expropiación del 51% de las acciones de YPF por parte del Gobierno argentino, que tanto ha irritado al clientelismo político español, tiene dilatados antecedentes de injustícia social e impunidad ambiental practicada por Repsol durante más de una década. Recopilamos algunos fragmentos de un recorrido por los campos petroleros de Repsol en Argentina que ya daban motivos para la mentada expropiación.
1. Lo que el viento se llevó
YPF tenía más de 55 mil trabajadores, de los que solo quedaron unos 6 mil después de la privatización. Ciudades petroleras como General Mosconi, Tartagal, Luján de Cuyo, Berisso, Ensenada, Cutral Có, Plaza Huincul, Berisso, Caleta Olivia fueron afectados por la caída de empleos y la red social que sostenía la YPF estatal.
Felix Herrero, Vicepresidente del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) resume las pérdidas de la privatización: «Perdimos la configuración empresaria de YPF, la renta petrolera que hoy se va hacia el extranjero, mientras las empresas están autoriazadas a girar el 70 por ciento de las divisas obtenidas sin pasar por el Banco Central. Hemos perdido también por completo los recursos naturales, porque cuando se otorgan concesiones de transporte eléctrico por 95 años, o pozos petroleros por 35 años, se entregan los recursos hasta su agotamiento».
Durante los noventa, las compañías energéticas aumentaron tarifas incumpliendo las leyes, internalizando una renta extraordinaria que en ningún momento se invirtió para ampliar las redes troncales de gasoductos y de alta tensión de energía eléctrica. Tampoco se invirtió en buscar nuevos yacimientos de petróleo y gas natural a fin de extender el horizonte de vida de las reservas. Con las privatizaciones se beneficiaron de la tecnología, infraestructura y nivel de reservas hidrocarburíferas que el Estado les había entregado, y no invirtieron un centavo para desarrollarlas.
Por el contrario, el oligopolio energético transfirió la mayor parte de la fenomenal masa de ganancias al exterior, y el resto la invirtió en la construcción de 10 gasoductos que los conecta a mercados extranjeros. Exportación que, vale decir, no es controlada por el Estado y menos aún por las Provincias productoras, ya que se acepta la declaración jurada de las compañías.
En términos zoológicos, podríamos catalogar a Repsol , como una sanguijuela de Argentina. Sólo durante el año 2002, en el peor momento de la crisis, mientras millones de argentinos se empobrecían, ganó 2.096 millones de dólares de utilidad a nivel global, de los cuales más de la mitad povenían de sus operaciones en la Argentina. En una marcha realizada en diciembre de 2007, celebrando el centenario del primer pozo argentino, miles de personas se congregaron frente a las puertas de YPF para pedir su recuperación. Un video recoge argumentos económicos, jurídicos y sociales que ya lo justificaban.
2. El sobreprecio del GLP
En Argentina instauraron un oligopolio. Antes, YPF embotellaba las garrafas de Gas Licuado de Petróleo y las distribuía en unos camiones por los rincones más remotos del país. Ahí donde nunca ha llegado la red de gas natural. En cambio ahora, una sola empresa (Repsol-YPF ) tiene el 55 por ciento de la producción, el 64,2 por ciento del transporte y el 78,2 por ciento del almacenamiento. Una garrafa de 10 kilos cuesta unos 7 pesos pero en los últimos años, esta compañía ha inflado el precio por las nubes. Entre 2001 y 2003 la garrafa de 10 kilos aumentó de 8 y 9,5 pesos a 25 y 30 pesos según la zona del país. En Argentina, son entre 13 y 15 millones de personas que no tienen acceso al gas natural. De estos, más de 10 millones viven bajo el umbral de pobreza y gastan más de un 12 por ciento de su presupuesto para abastecerse de GLP. En otras palabras, de cada semana de trabajo, medio jornal es destinado a pagar a las distribuidoras de gas. Por otro lado, hay 2 millones de personas que ni siquiera alcanzan a poder pagar la garrafa, y cocinan quemando quemando leña, cartón, residuos vegetales o plásticos.
Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, la transferencia directa de los precios hacia los consumidores generó un beneficio empresario de más de 4.600 millones de dólares en los últimos años. Literalmente, se trata de una transmisión de dinero de los más pobres a los más ricos producto del oligopolio energético. Repsol se enriquece vampirizando a la población pobre argentina.
3. Los presos de Caleta Olivia
Con una población de 40.000 habitantes, esta ciudad petrolera a orillas del mar vive su peor época. La desocupación se multiplicó desde que YPF fue regalada por Menem a Repsol, Pan American y Vintage Oil, dueños de la terminal TERMAP desde donde diariamente se bombean casi dos millones de dólares de petróleo a los barcos exportadores.
Esta ciudad ha sido escenario de conflictos sociales que ahora se repiten en la vecina población e Las Heras. Las famílias ex petroleras, hoy día desocupadas, debían conformarse -en el mejor de los casos- con los planes asistenciales para vivir. Sin embargo se organizaron como piqueteros y se movilizaron por empleos efectivos.
Fueron al grano, sin rodeos, y ocuparon la terminal portuaria poniendo en juego los millonarios beneficios de las petroleras. Y lo lograron: más de 1.300 puestos de trabajo hasta la última toma de Termap, donde se hizo un acuerdo por mil puestos más. Era agosto de 2004: el invierno argentino y el ejemplo podía extenderse.
El 2 de octubre, 50 trabajadores volvieron a ocupar la Termap, mientras otro reducido grupo permanecía fuera. Fueron brutalmente reprimidos: esta vez combinando la intervención de los cuerpos de seguridad de las petroleras con la de 400 gendarmes. Los grupos de seguridad de la petrolera actuaron como bandas paramilitares. Así es como Repsol trató a sus extrabajadores en Caleta Olivia. Hubo 36 detenidos más, golpes, heridos de consideración… y en comisaría torturas. La movilización de los trabajadores y el pueblo fue inmediata y reiterada. Sin embargo, el juez dejaba pasar el tiempo manteniendo por pasiva la negativa de excarcelación de 6 compañeros.
El día 23 de noviembre, en pleno proceso de acuerdos entre el gobierno de Kirchner, Estados Unidos, las petroleras y el FMI-, el juez de Caleta Olivia confirmó la prisión preventiva de las seis personas detenidas y el procesamiento de otras 44 como parte de la misma causa. A la espera de juicio, los dirigentes de los movimientos sociales quedaron presos casi un año.
4. Oligopolio repsoliano
La ley de hidrocarburos en Argentina es tremendamente beneficiosa para las transnacionales. Comparando con Bolivia, en conflicto social permanente desde la guerra del gas de 2003 por un reclamo popular de elevar las regalías del 18% al 50% -que de todos modos pareció insuficiente- sorprende conocer que en la Argentina privatizada, desprendida de YPF que alimentaba la mitad del Tesoro General de la Nación, las regalías no superan el 12%. Según fuentes reservadas de la Secretaría de Energía de Neuquén, «en realidad es menos de un 11% , porque las empresas se aventajaron de descuentos como el reconocimiento del flete , el tratamiento y acondicionamiento del producto y otros.» Además hay condiciones expresas para el contrabando. Durante el gobierno de Felipe Sapag ( 1995-1999) se instalaron controladores volumétricos en los gasoductos terminales y oleoductos, pero cuando llega Sobisch ordena ignorarlos. ¿Qué motivos tenía el gobernador para no reconocer los aparatos una vez la inversión pública ya estaba realizada? Según las empresas, no es necesario un control estatal de la producción, porque durante el proceso, existe un «auto-control natural» de los volúmenes. Eso es: una petrolera «A» produce 1.000 barriles de petróleo en la planta de producción, una transportadora «B» recibe los 1.000 barriles y los manda a la empresa portuaria «C», que recibe 1.000 barriles. Todo auto-controlado por las propias reglas de juego del mercado. Pero qué sucede cuando Repsol es a la vez la empresa productora, y socia de las empresas transportadora y portuaria? No hay un mecanismo natural de control, porque ha habido una concentración vertical. Repsol tiene un oligopolio energético en Argentina y como las regalías se cobran en base a una declaración jurada, existen condiciones óptimas para el contrabando. A parte, existen otros mecanismos más sofisticados para estafar al estado en la fase de comercialización, como falsear la calidad del petróleo, el índice WTI (un indicador del precio basado en un promedio del petróleo de Texas), los descuentos…
5. Impunidad ambiental en Loma de la Lata
Cuando la impunidad afecta a los derechos civiles tan elementales como la vida, no sorprende que las compañías petroleras, que mantienen la mitad del presupuesto público, disfruten de una impunidad ambiental en sus operaciones. Desde 1982, YPF explotaba el yacimiento Loma de la Lata, un bloque de 33.000 hectáreas con más de 100 pozos, siendo el primer productor de gas de Argentina. En el interior de esta tupida maraña de rutas camioneras, planchadas con pozos, caños (oleoductos, gasoductos, poliductos), piscinas de crudo, depósitos y otra infraestructura petrolera, habitan desde mucho antes las comunidades mapuches de Kaxipayiñ y Paynemil, que ocupan 440 hectáreas aisladas al interior del lote petrolero.
En 1995, una familia de la comunidad Paynemil, perfora un pozo de agua para consumo y se encuentra que había gasolina en lugar de agua. La piscina de residuos de producción de un pozo petrolero cercano a la casa había contamintado la napa freática. En diciembre de 1996, los análisis de la subsecretaría de salud revelan altas concentraciones de mercurio y plomo entre otros en el agua subterránea, la cual «no se puede hervir porque se concentra la toxicidad ni poner lavandina porque puede crear nuevos complejos químicos». Unos meses antes, mayo de 1996, las comunidades mapuches, junto con la Universidad del Comahue elevan una denuncia por contaminación a seis organismos oficiales; Provincia, Nación, Secretaría de Energía, Poder Ejecutivo con copias al Congreso y a la Defensoría del Pueblo. El litigio llegó a las tres instancias judiciales , siempre favorables a la comunidad, obligando al Estado el suministro de agua. Sin embargo, la contaminación perduraba, así que agotadas las instancias nacionales se eleva la queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso Nº 12.010 ante la CIDH obligó al gobierno de Neuquén a suministrar agua potable a los pobladores de Kaxipayiñ y Paynemil. Luego Repsol construyó una planta potabilizadora que sólo hace un tratamiento biológico del agua, pero no elimina la contaminación química. Se le echa cloro al agua pero los hidrocarburos permanecen.
Mientras tanto, la demanda civil de 404 millones de dólares para la reparación ambiental de las comunidades sigue un lento camino judicial en los despachos provinciales. Repsol recurrió para que la jurisdicción sea federal, pero la alegación fue desestimada.
El conflicto de las comunidades mapuches ha sido aletargado con el cobro de servidumbres y la esperanza de una resolución judicial. Mientras tanto, las napas freáticas de Kaxipayiñ y Paynemil siguen contaminándose de condensados de gasolina, producto de la «sobreexplotación de un campo gasífero de condensación restringida, muy sensible a los cambios de presión y temperatura»- anota un empleado de la Secretaría de Energía de Neuquén y añade » Por la búsqueda de beneficios a corto plazo, Repsol está derrochando un recurso como la gasolina, que termina convirtiéndose en problema por mal manejo de la empresa por la permisividad administrativa».
Fuente: Fragmentos del libro «Viaje a Repsolandia», publicado en 2006
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