Aunque una apelación logró un respiro de tres meses, Argentina se mantiene entre la pared y la espada de la justicia de Nueva York, que falló a favor del pago inmediato de títulos soberanos en poder de fondos especulativos que rechazaron la reestructura de la deuda declarada en «default» en 2001. Argentina, que acordó quitas […]
Aunque una apelación logró un respiro de tres meses, Argentina se mantiene entre la pared y la espada de la justicia de Nueva York, que falló a favor del pago inmediato de títulos soberanos en poder de fondos especulativos que rechazaron la reestructura de la deuda declarada en «default» en 2001.
Argentina, que acordó quitas y nuevos vencimientos para casi 93 por ciento de sus adeudos en «default» (cesación de pago), no puede librarse de la persecución de estos fondos de inversión, llamados «buitres» por su práctica de comprar a muy bajo precio títulos de país o entidades en graves dificultades financieras para luego accionar judicialmente con el fin de cobrar el 100 por ciento de su valor nominal.
Expertos consultados por IPS temen que los planteos de este grupo minúsculo de deudores, con apenas siete por ciento de los bonos argentinos pero con capacidad de presión internacional, pongan en cuestión la credibilidad de cualquier otro proceso de reprogramación de deuda soberana en el mundo.
En diciembre de 2001, Argentina declaró en default su deuda soberana de entonces en medio del vendaval económico-financiero que se llevó consigo primero al gobierno de Fernando de la Rúa, a mitad de su mandato de cuatro años, y luego a varios presidentes interinos en pocos días.
Cuatro años después de la peor crisis económica de la historia moderna de este país, el ahora fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007), de centroizquierda, enderezó la economía y negoció con éxito el canje de 76,15 por ciento de los títulos del Tesoro (bonos), que incluyó una quita en torno a 70 por ciento de su valor nominal, rebaja de intereses y la extensión del plazo de pago hasta más de 30 años.
En 2010, la actual mandataria Cristina Fernández, esposa y sucesora de Kirchner, hizo una segunda oferta bajo similares condiciones, consiguiendo tras esos dos canjes que 92,4 por ciento de la deuda ingresara al programa y se comenzara a pagar puntualmente a estos tenedores de bonos.
Aunque hubo críticas de parte de sectores de izquierda que consideraban que la deuda debió ser auditada porque buena parte de ella era ilegítima, el plan tuvo aceptación y Argentina comenzó a hacer frente a los vencimientos de servicio y capital con recursos propios, sin acudir al mercado financiero de deuda.
En la actualidad, el perfil de la deuda de Argentina es de los mejores de América Latina, totalizando al cabo del primer semestre de este año 182.741 millones de dólares, solo 41,5 por ciento del producto interno bruto, según el último informe del Ministerio de Economía. Ese monto no contempla la deuda sin renegociar.
No obstante, preocupa el siete por ciento de los acreedores, que se negaron dos veces a aceptar la reestructura.
El valor nominal de los títulos de deuda sin reestructurar es de 3.600 millones de dólares, todos comprados a un precio de entre 20 y 30 por ciento de ese monto. Unos 300 millones están en manos de inversores individuales, mientras que el resto es propiedad de los fondos especulativos.
En la última semana, Argentina debió recurrir ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para frenar el fallo del juez de primera instancia en ese distrito, Thomas Griesa, que ordenaba pagarle a los fondos «buitre», lo cual podía colocar al país al borde del llamado cese de pago técnico.
Griesa había dictaminado que Argentina dispusiera antes del 15 de diciembre de un fondo de garantía por 1.330 millones de dólares, más intereses, para pagar 100 por ciento de la deuda reclamada por uno de esos fondos especulativos.
Justo en esa fecha Argentina debe cancelar compromisos mayores con acreedores que aceptaron el canje, y la sustracción de una parte de ese depósito para constituir la garantía exponía al país al default, aún contra su voluntad.
El gobierno de Fernández apeló entonces el fallo y, por primera vez, sugirió que estaría dispuesto a reabrir el canje de bonos y ofrecer a los que no ingresaron las mismas condiciones que al resto, como quita de capital y aplazamiento de pagos.
El tribunal tomó nota y otorgó una tregua al país. Suspendió la propuesta de Griesa y fijó un cronograma para una negociación durante los próximos tres meses en la que participarán el gobierno y todos los acreedores, inclusive los que están cobrando.
Problemas en África
Argentina también debió apelar ante el Tribunal Internacional del Mar por el embargo que la justicia de Ghana dispuso sobre la fragata Libertad, un emblemático buque escuela de la marina de guerra detenido desde el 2 de octubre en el puerto de Tema.
La justicia ghanesa aceptó un recurso presentado por uno de los fondos especulativos que están entre ese siete por ciento de acreedores, quienes pidieron el embargo de la nave que.
El tribunal marítimo aceptó actuar en la controversia. Esta semana escuchó la posición de ambos países en su sede en Hamburgo y anunció luego que se pronunciará el 15 de diciembre.
En diálogo con IPS, el economista Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, sostuvo que «el canje de deuda argentino fue un proceso muy exitoso, favorable al país, y ahora está amenazado» por los fondos especulativos.
«Sería muy llamativo que un grupo tan reducido de acreedores pueda dar vuelta este proceso y, a nivel internacional, sentaría un mal precedente, porque perjudica a países desarrollados que hoy son los más agobiados por la crisis de deudas soberanas», dijo.
Castiñeira explicó que, si se hubiera aceptado la propuesta de Griesa, los demás acreedores que no ingresaron al canje habrían exigido también cobrar al contado el 100 por ciento de sus acreencias, sin quitas ni plazos.
Eso implicaría, dijo, un total de más 11.000 millones de dólares, que representan 25 por ciento de las reservas monetarias del país, estimó. Pero además, hay otras complicaciones que podrían devenir en caso de realizar este pago.
La reestructuración de deuda argentina permite a los acreedores reclamar los mismos beneficios de pago que consiga el resto. O sea que abre la puerta a una catarata de nuevas demandas y al fracaso de la reestructuración.
Por otro lado, Castiñeira advirtió que también «es difícil» creer que «fondos buitres» acepten las condiciones que rigen el canje vigente porque su razón de ser fue siempre la de litigar para obtener el valor nominal de cada bono más intereses, no menos.
Por su parte, el economista Leonardo Stanley, del Centro de Estudios de Economía y Sociedad, manifestó a IPS que «todos los arreglos de deuda soberana caerían si la justicia ordena pagar el total a los holdouts (acreedores que están fuera del canje)».
«Sí creo que es correcto que Argentina reabra el canje, aunque no creo que estos fondos acepten entrar», remarcó. Su opinión es que podrían especular con seguir litigando hasta que caiga la cláusula de acreedor más favorecido en 2015.