La detención de Genaro García Luna en los Estados Unidos por el presunto delito de encubrimiento de narcotráfico en México en beneficio del Cartel de Sinaloa, y la posibilidad del juicio en su contra que destape las relaciones del poder político y ese grupo, pone en relevancia la veracidad de las denuncias que desde el […]
Mientras académicos e intelectuales sobre todo los provenientes de lo que se llama la izquierda posmoderna se esforzaron, y lo siguen haciendo, de convencernos que las disputas entre la izquierda y derecha han desaparecido porque han esfumado los referentes políticos que sustentaban esas disputas, lo cierto es que el gobierno del PAN que había robado las elecciones de 2006 utilizó el combate al crimen organizado, que empezó con una declaración de guerra en la que no dudó en decretar a las posibles víctimas civiles como daños colaterales, para atacar a lo que para el presidente y su grupo, así como su partido y sobre todo el Super Policía García Luna, constituía el principal peligro: la izquierda política mexicana representada, en ese momento, por El Líder de la misma Andrés Manuel López Obrador y el partido que lo apoyaba, el izquierdista de la Revolución Democrática (PRD). Y en este caso no tiene ningún sentido discutir si El Líder y su partido del momento representaba o no alguna real alternativa de izquierda ya que tanto el gobierno como el partido que lo sustentaba (PAN) así como la casi absoluta clase dominante y sus castas periféricas, estaban convencidas de que así era y por lo tanto hacían todo lo posible por oponerse y de preferencia destruir a los que concebían como una real amenaza a sus intereses: las autoridades de ese momento no dudaron, en nombre de la venganza política y el miedo al supuesto comunismo que El Líder y los suyos representaban, en apoyar, o no, estados, municipios y ciudades que gobernaran partidarios u opositores. En un estudio acerca del origen de la guerra contra el narcotráfico en esos años, se expone lo siguiente:
«Nuestro principal argumento es que las autoridades federales en México (en el gobierno de El Carnicero de Michoacán, Felipe Calderón) desarrollaron intervenciones coordinadas en regiones bajo el control del partido del presidente, pero adoptaron estrategias de confrontación en estados gobernados por la izquierda -la fuerza política que negó persistentemente la legitimidad del presidente como autoridad legalmente constituida, se opuso a su programa legislativo de reformas económicas, y se había convertido en la principal amenaza electoral para el presidente y su partido» .
«En estados de derecha, las autoridades federales protegieron a los alcaldes de ataques criminales y los ayudaron a purgar sus fuerzas policiales; coordinaron operaciones entre el ejército y la policía federal con los funcionarios y las policías locales, y compartieron información de inteligencia; removieron de sus puestos a copartidarios corruptos pero no los enjuiciaron ni los expusieron públicamente, y trabajaron junto con los alcaldes para brindar bienes y servicios públicos en municipios donde los cárteles reclutaban jóvenes pandilleros. Estas acciones debilitaron a los cárteles y contribuyeron a detener la epidemia de violencia».
«En regiones subnacionales de izquierda, en cambio, el gobierno federal no cooperó con las autoridades locales y buscó castigarlas dejando que gobernadores y alcaldes enfrentaran solos la escalada de violencia, para luego culparlos de la intensificación del conflicto. En estados de izquierda, las autoridades federales diseñaron unilateralmente intervenciones militares y policiales sin compartir información con los gobernadores y alcaldes; enjuiciaron a funcionarios locales y los expusieron en medios nacionales como corruptos e ineptos, incluso sin tener pruebas concluyentes y sin haber un juicio de por medio; se negaron a brindar protección a alcaldes izquierdistas y a su personal que enfrentaban amenazas criminales; y optaron por no promover ninguna intervención de política social significativa. Estas estrategias confrontativas debilitaron a los gobiernos locales de izquierda y permitieron que los cárteles y las organizaciones criminales capturaran los municipios y a su población mediante la extorsión y el secuestro» [1].
La guerra contra el narcotráfico fue, y es, además de un gran negocio que ha beneficiado a las cúpulas viejas y nuevas, un ataque ideológico y político contra cualquier alternativa que pudiera parecer real o meramente nominal y que representara, por su mera existencia, una amenaza contra las castas divinas y la clase dominante que no están dispuestas a dejar de lado una sola de sus prebendas con tal de aliviar la miseria y el dolor de un pueblo cada vez más vejado. Prefirieron volver a éste blanco tanto de los sicarios como de las fuerzas policíacas y armadas decretando que sus muertos solo eran el daño colateral de una guerra necesaria, y solamente muchos sectores de la clase dominante y sus castas comenzaron a cuestionar esta guerra cuando empezaron a tener que sufrir las consecuencias de atacantes que hace tiempo perdieron cualquier referencia humanitaria posible que les hace no respetar las mínimas reglas posibles del combate, como la de no atacar a los civiles desarmados . Mientras les fue posible sostener esta guerra con sus consecuencias de muertos y desplazados y con apoyo de los estadounidenses vía el Plan Mérida, no dudaron en creer que esta era y es la mejor manera de contener cualquier plan que, insistimos, aunque fuera nominalmente, modificar a en algo las relaciones de clase y castas existentes. Por esto es su enojo con el gobierno de la 4T que a la vez se encuentra en su inútil búsqueda de la modificación de la forma en que se combate al narcotráfico en lo particular y al crimen organizado o no en lo general (porque el obradorismo-zen no puede o no quiere encarcelar y confiscar los bienes de cualquier elemento de las castas privilegiadas por muy involucrado que se encuentre con los elementos del terrorismo narcotraficante o con cualquiera que sea catalogado como delincuente a según los cánones aceptados, y se conforma, hasta el día de hoy, con personajes de segunda [2]): saben que si no se regresa lo más pronto posible a la política de tierra arrasada y terror que los sicarios, las fuerzas armadas y el Estado llevaron a cabo en esos años aliándose con uno de los principales combatientes como lo es el Cartel de Sinaloa, simplemente no hay forma sencilla de contener a la población y evitar que se organice, esto último es su verdadera pesadilla. A la clase dominante, sus castas y sus sicofantes les viene al fresco la gran cantidad de delitos y muertos con los cual el gobierno de la 4T cerró el año 2019 y firma el fracaso de sus estrategias de contención. Les importa que se regrese a la situación anterior de la guerra descarada porque saben que una población aterrorizada por los posibles ataques de los chacales del narco o por parte de la banda uniformada no cuestiona el expolio al que ha sido sometida por 40 años de neoliberalismo descarado, ni se opone a que la tercera parte del territorio esté cedida a las compañías mineras extranjeras, canadienses sobre todo. La violencia administrada con fines políticos, como medida para obtener un fin particular mientras se simula que se combate al crimen organizado en general [3], ha sido la característica constante de las administraciones gubernamentales que declararon y sostuvieron la guerra del narcotráfico y que hicieron crecer las atrocidades que con anterioridad ya se practicaban de forma un poco más selectiva [4]. Como bien mencionan Trejo y Ley, los gobierno de la Docena Trágica panista, y podemos decir que el de Peña también, prefirieron echar por la borda el monopolio de la violencia del Estado con tal de mantener los privilegios de la elite.
«A partir de una nueva base de datos sobre violencia criminal en México, construida mediante una revisión sistemática del periódico Reforma, nuestros resultados estadísticos demuestran que, aunque los municipios en los estados gobernados por cualquiera de los partidos de oposición sí experimentaron mayores niveles de violencia que aquellos en estados dirigidos por los copartidarios del presidente, los niveles más intensos de violencia criminal se dieron en ciudades ubicadas en estados gobernados por el PRD».
«En comparación con una situación de gobernanza unificada, donde el partido del presidente regía en todos los niveles de gobierno, nuestros resultados estadísticos muestran que los municipios de estados gobernados por la izquierda experimentaron niveles de violencia criminal cinco veces mayor» [8].
«Siguiendo el enfoque partidista de Riker, estudiosos de la violencia del narcotráfico en México han sugerido que la guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón y el despliegue del ejército para controlar la violencia del narcotráfico resultó más efectiva en condiciones de gobernanza unificada, donde los copartidarios del presidente panista gobernaban en los niveles estatal y municipal, y menos efectiva en condiciones de pluralidad partidista vertical» [9].
[2] En los hechos, los carteles de la droga no podrían haber crecido de la manera que lo hicieron sin la complicidad y la asistencia de políticos, los jefes de la policía, las fuerzas armadas y las agencias de seguridad locales. El tráfico de drogas en México siempre ha sido la alianza entre los profesionales de cuello blanco -los respetables y bien vestidos políticos mexicanos así como hombres de negocios que son parte de la elite educada en Harvard y Yale, y los pobremente escolarizados criminales de las clases sometidas a los cuales se les aguijonea de tiempo en tiempo con medidas anti-narcóticos. En cierta forma, los políticos y los líderes de negocios de México han mantenido un aire de respetabilidad y decoro con respecto a la comunidad internacional en la cual se presentan como defensores y campeones de las mejores tradiciones de comercio y como aliados del imperio Anglo-Americano -y todo esto ha sido reforzado por versiones que entidades como la BBC y CNN propagan- además de que muestran una condena (demonising) de los enemigos políticos y de cualquier medida que vaya en contra de sus políticas. Oponerse al generalizado mito de que existe una clara división entre las autoridades y el crimen organizado es una de las ambiciones de este libro, lo cual es esencial para entender la historia del tráfico de drogas en México. Peter Watt, Roberto Zepeda. Drug War Mexico. Politics, Neoliberalism and Violence in the New Narcoeconomy. Zed Books. London & New York. Estados Unidos, 2012. Página 6. Traducción propia.
[3] Desde el inicio del Plan Cóndor en los años setenta y ochenta del siglo pasado, que puede ser considerada la primera campaña contra los narcotraficantes independizados del control estatal y que derivó en la fundación del Cartel de Guadalajara, la convivencia entre las clases políticas y empresariales y los nuevos capos ricos empezó a ser la norma. Véase este ejemplo de un personaje singular cuya ferocidad contrastaba con su ayuda a las clases populares que lo adoraban, y con su convivencia con las elites locales: https://vanguardia.com.mx/
[4] Guillermo Trejo, Sandra Ley. Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México. Revista Política y Gobierno. Volumen XXIII, número 1, pp. 11-56. I semetre de 2016, pp. 20-21.
[5] Gerardo Torres Salcido. Bifurcación nacional y ciudadanía. Los orígenes del concepto y sus perspectivas en la visión de las elites mexicanas. En: Alejandra Salas-Porras, Karla Valverde Viesca. Elites y desarrollo. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Editores e Impresores Profesionales EDIMPRO. Primera edición, México, 2009, pp. 69-92.
[6] http://sinpermiso.com.mx/los-
[7] http://www.virginiacolwell.
Dicho grupo, fue conformado por el cuarto turno de custodia, que controló el penal y sirvió al entonces director Juan Alberto Antolín, quien a su vez respondía al jefe de la policía, el Negro Durazo. Formada la banda a mediados de 1979, duró hasta 1981. La mayoría de sus integrantes jugaban futbol americano con Los Perros de Santa Martha.
Eran los más fuertes y astutos, por lo que fueron elegidos para salir a robar a las calles carros Grand Marquis otros carros estadounidenses, además de centenarios, lo que más le fascinaba a el Negro. Sin embargo, La Cuarta Compañía y sus 38 integrantes solo les sirvió hasta donde quisieron, después fueron castigados y de terapia se les ponían todos los días un disco de Cepillín.
Más aún, dentro de tal entramado, una de las medidas de Durazo Moreno para desaparecer a asaltantes no «afiliados», sería la ejecución extrajudicial de los que llegaran a los separos, no así de los ladrones que fuesen simplemente arrestados o que robaran al amparo de la policía.
Sus cuerpos eran incinerados en la Penitenciaria, donde había una fundidora de acero, además de que algunos separos funcionaron como salas de tortura y confinamiento, tanto de asaltantes que trabajaban sin el permiso de la Policía, como de disidentes políticos, particularmente de la Liga Comunista 23 de Septiembre, durante la guerra sucia).
Las atrocidades como estas, así como la tortura, la compra de las más diversas autoridades y/o la complacencia, como tener sometida bajo a terror a la población de diferentes zonas del país, es algo que los terroristas del narcotráfico actual no ejercen como novedad, lo que hace pensar que fueron las más diversas autoridades y gobiernos del Estado mexicano las que enseñaron a aquellos mientras se dedicaban a exterminar opositores políticos al Estado y el capitalismo mexicano, estuvieran estos armados o no, organizados o no. Que después los alumnos se independizaran de los maestros y además se volvieran contra estos, es circunstancial y consustancial a las necesidades del negocio. De todos modos, los sicarios en todos los niveles por su historia personal eran los más indicados para entender el salvaje catecismo empresarial del neoliberalismo, a costa, eso si, de un gran daño psicológico (el narcotráfico, por todo lo anterior, puede ser considerada la primera gran empresa que entendió muy bien dicho catecismo neoliberal): https://www.eldiario.es/
[8] Guillermo Trejo, Sandra Ley. Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México. Revista Política y Gobierno. Volumen XXIII, número 1, pp. 11-56. I semestre de 2016, página 16.
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