El lockout de las patronales agrarias frente a medidas fiscales redistributivas pone de relieve la necesidad de un programa político de este tipo que resulta fundamental para cubrir las necesidades de quienes habitamos este suelo y para que los intereses de pocos no se impongan a los de las mayorías.
Ante el decreto del gobierno nacional que elevó un 3% los derechos de exportación a la soja y derivados, las principales corporaciones del campo comenzaron el lunes un lockout patronal. La medida de fuerza, que afecta a la comercialización de granos y hacienda para la faena, se extenderá hasta hoy jueves a la noche. Se trata de una semana simbólica si se tiene en cuenta que el 11 de marzo se cumplen doce años del inicio del conflicto por la recordada Resolución 125, que buscaba un incremento en las retenciones móviles.
En este nuevo esquema, sobre 25 cultivos, las retenciones impositivas solo se aplican a uno. El resto se mantiene igual o bajan. Como explicó Lautaro Leveratto, referente de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), “el 74% de productores de soja cosechan menos de mil toneladas y representan el 23% de la producción total”.
Este porcentaje equivale a 42.406 productores “sobre los cuales se aplicarán compensaciones de forma tal que al 85% de ellos se le bajarán las retenciones y al 15% restante se le mantendrá el esquema que dejó el gobierno de Macri”, puntualizó el dirigente del MTE.
A su vez, el 26% de los productores restantes que producen más de mil toneladas cada uno y que representan el 77% de la producción sojera argentina “son 14.884 que deberán pagar 3% más de derechos de exportación”. Se trata de un porcentaje minoritario de “empresarios que tienen ganancias de más de 1200 millones de pesos anuales”, señaló Juan Grabois, dirigente del MTE y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Y son también quienes llevan a cabo este lockout de cuatro días a menos de 100 días de gestión del nuevo gobierno de Alberto Fernández.
A diferencia del 2008, la medida impositiva no tiene el rechazo unánime de la mesa de enlace. Motorizada principalmente por la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la entidad de cooperativas del campo (Coninagro), ha generado internas en la Federación Agraria Argentina (FAA) que decretó libertad de acción a sus afiliados.
En un contexto de crisis y emergencia alimentaria, este sector concentrado que produce la mayor parte de la soja para exportación se rebela contra una medida que tiende a buscar mayor justicia fiscal y distributiva. Y en el fondo también cargan contra la posibilidad de implementar una estructura impositiva progresiva que obligue a pagar más a los que más ganan.
Cabe recordar que, hasta hace unos meses atrás, algunos de ellos fueron funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que dejó un país con niveles récord de endeudamiento y de evasión de impuestos con la fuga de capitales a paraísos fiscales, con un 40% de pobreza y un 32% de inseguridad alimentaria.
Frente a esa situación, a fines de febrero se sancionó la ley de góndolas, una norma que busca favorecer la competencia y diversificar los productos en las grandes cadenas de supermercados. Asimismo, este 18 de marzo se tratará en el Congreso un proyecto de ley sobre los cinturones verdes periurbanos que propone establecer un comercio justo para el productor y el consumidor, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias agricultoras, fomentar la agroecología, cuidar la biodiversidad y satisfacer el derechos humano a una alimentación saludable, entre otras medidas. Se busca así mejorar la situación de los pequeños productores de los cinturones frutihortícolas del país que sufren la dolarización, la especulación inmobiliaria, y la ausencia del Estado.
Estas dos normativas pretenden a hacer más justas la distribución y la comercialización en el marco de un modelo productivo que descansa sobre un régimen de tenencia de la tierra injusto, concentrado y desigual.
Democratizar el acceso a la tierra para un modelo sustentable
Si bien en nuestro país hay muy pocos datos oficiales sobre la compra y venta de tierras, fue a partir de la primera oleada neoliberal de los años noventa donde, con el debilitamiento del rol del Estado, se agudizó el proceso de concentración y extranjerización de la tierra.
Actualmente las organizaciones, movimientos campesinos y de la agricultura familiar aseguran que “el 0,94% de los dueños de las mayores extensiones poseen el 34% de la tierra productiva. O sea que un puñado de familias se reparte millones de hectáreas, en su mayoría puestas a disposición del agronegocio transnacional”.
Asimismo, en toda América Latina según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. La región registra la distribución de la tierra más desigual del mundo. En ese sentido, el coeficiente de Gini que mide esta desigualdad, aplicado a la distribución de la tierra, alcanza a 0,79, muy por delante de Europa (0,57), Africa (0,56) y Asia (0,55).
Este problema estructural del continente, no sólo genera minorías privilegiadas que concentran la tierra, el agua, los minerales y los productos, sino que deja en manos de este sector algo tan importante para la vida de nuestros pueblos como la soberanía alimentaria.
Esta solo puede ser asegurada con la intervención del Estado evitando la concentración y favoreciendo el acceso a la tierra al “otro campo”. Ese sector de pequeños productores y productoras de la agricultura familiar son responsables del 70% de los alimentos que se consumen en el mercado interno y a la vez constituyen un pilar fundamental para cualquier plan que busque erradicar el hambre en el país.
Está demostrado que el mercado no autorregula nada y mucho menos el acceso a la tierra. Por el contrario, favorece a los grandes propietarios. Hoy es el extractivismo, pero antes lo fue el modelo agro exportador y en el pasado remoto el saqueo mercantil/colonial. Lo cierto es que además la lógica del mercado elimina de los territorios a pueblos originarios, campesinos y a cualquier grupo u organización que intente llevar a cabo sentidos y prácticas que desarrollen alternativas a las relaciones de producción y reproducción que la ganancia del capital impone.
Argentina como Estado nación se consolidó sobre la lógica del modelo agroexportador, para el que poblar significó otorgar enormes extensiones de tierra a muy pocas personas. El resto, aquellos que no lograron título, se convirtieron en fuerza de trabajo, engordando ese ejército de reserva necesario para el desarrollo del capital.
Sin embargo, el cambio de modelo, ahora dominado por la plantación de soja y el desarrollo tecnológico cada vez necesita menos manos trabajadoras y genera cada vez más exclusión y desigualdad.
Es cierto que hablar de reforma agraria implica mucho trabajo y conocimiento, adentrarnos en las muchas formas de trabajo, tenencia y propiedad que hoy constituyen al mundo agrario de nuestro país. Pero también es cierto que es necesario modificar la estructura de propiedad y producción de la tierra, aunque para muchos y muchas nunca va a ser momento para esto, porque supone enfrentar a uno de los sectores más poderosos de la Argentina.
No obstante numerosos países han aplicado reformas agrarias para evitar la concentración y proteger a la agricultura familiar. Dinamarca, Francia, Bolivia, Portugal, son algunos de ellos.
Pero ahora no se trata solo de una reforma que asegure los derechos posesorios de los pequeños y pequeñas productoras. Sino que es necesaria una transformación integral que involucre la defensa del medio ambiente, el comercio justo y modelos de producción agroecológicos sin químicos y transgénicos. En definitiva, es democratizar el acceso a la tierra construyendo un modelo de vida alternativo al agronegocio.
Por eso, revertir esta situación donde peligra la reproducción de la vida humana y la naturaleza por la voracidad del capital, implica la necesidad de ir más allá de las retenciones y empezar a discutir una reforma agraria integral y popular.
Una reforma que proteja la biodiversidad, que ponga nuestro suelo y nuestra agua en función de los intereses de la mayoría de la población y que garantice alimentos sanos y saludables para todos y todas, fundamentalmente los niños y niñas. Para ello es fundamental un Estado que no sólo proteja a quienes producen los alimentos sino que también fomente la organización de un modelo de producción agraria sustentable basado en los principios de la soberanía alimentaria, la agroecología, la cooperación, libre de agrotóxicos y semillas transgénicas.