Ante la decisión del país de abandonar las negociaciones comerciales del bloque con Corea del Sur, Canadá, Líbano e India para proteger su sistema productivo, la investigadora Luciana Ghiotto señala la necesidad de ir más allá.
El último 24 de abril, el gobierno de Argentina, en su calidad de país miembro del Mercosur, anunció su intención de suspender su participación en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur, Líbano, Canadá y la India. Sin embargo, la decisión que tiene por objetivo proteger al sistema productivo nacional, salvaguardar la industria y los empleos locales frente al contexto de crisis del COVID-19, no se aplica para los acuerdos con la UE (Unión Europea) ni para el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio).
En esta entrevista, la investigadora argentina del CONICET con sede en la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), experta en la agenda de comercio e inversiones, y Coordinadora de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, Luciana Ghiotto, evalúa el impacto de la decisión en Argentina y en la región.
¿Cuál es su evaluación sobre el anuncio del gobierno argentino de retirarse de las negociaciones futuras de Tratados de Libre Comercio en este contexto de la crisis del COVID-19?
Luciana Ghiotto: El momento del anuncio del gobierno argentino de que suspende su participación en las negociaciones, especialmente con Corea del Sur, llega en un momento indicado. Actualmente vemos cómo la crisis económica, que se agrava con el Coronavirus, está redefiniendo el rol de los Estados a nivel global, ya que estos salen a intervenir fuertemente para hacer un salvataje de las empresas asentadas en sus territorios.
Pero, por otro lado, aun en este contexto de intervención de los Estados en las economías, sigue habiendo una enorme cantidad de negociaciones de Tratados de Libre Comercio que no son puestos en cuestión. Además estas negociaciones siguen por videoconferencia por parte de parlamentarios y representantes comerciales, sin información ni debate público ya que el contexto ayuda para que todo se haga rápido y tras bambalinas.
Un ejemplo es Ecuador. El 21 de abril la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) a la vez que el mismo día se anunció el cierre de las negociaciones de un TLC profundo con Chile. Es notorio el caso de Ecuador porque tiene hoy la tasa de muertos más alta del COVID-19 en la región, pero sus políticos se dedican al cierre de negociaciones comerciales que tendrán un fuerte impacto sobre su sistema de salud.
Recordemos que estos tratados incluyen cláusulas de propiedad intelectual y extensión de patentes y la liberalización de las compras gubernamentales de medicamentos, que ponen de igual a igual a las mega-corporaciones del sector farmacéutico con los laboratorios nacionales. Justamente el EFTA tiene como miembro a Suiza que es un gigante del mercado farmacéutico.
Otros casos de países que apuran hoy sus negociaciones comerciales son la Unión Europea, que sigue teniendo negociaciones por ejemplo para avanzar en un TLC con Australia y Nueva Zelanda. También India recientemente anunció que quiere pronto retomar su entrada en el RCEP (Asociación Económica Regional Integral, por siglas en inglés) con China.
Mientras los establishments aceptan reformular el rol de los Estados para salvar a las empresas, lo que no se pone en cuestión son los Tratados de Libre Comercio. Parece que existe un muro de silencio delante de este tema. Y esto sucede aun si, como decíamos, los TLC afectan directamente la capacidad gubernamental de dar seguridad sanitaria a su población.
En este contexto el anuncio de Argentina es muy interesante y tiene que ser resaltado porque, en esta coyuntura, Argentina está diciendo que las negociaciones de un acuerdo —como es el caso de TLC con Corea del Sur— no es compatible con una política de salud ofensiva en pos de mantener la seguridad sanitaria de la población argentina en el corto y mediano plazo.
¿Por qué el gobierno argentino pone un peso mayor en la negociación con Corea del Sur?
LG: El ojo del gobierno de Alberto Fernández está especialmente puesto en el TLC con Corea de Sur porque recientemente tanto la UIA (Unión Industrial Argentina) como la CNI (Confederación Nacional de la Industria) de Brasil lo denunciaron públicamente como un acuerdo que abrirá la importación indiscriminada a productos manufacturados desde Corea, que es un gigante del comercio de electrónicos y productos con alto valor agregado.
Esto no se basa en una especulación, sino que hay casos de otros países que firmaron TLC con Corea del Sur hace pocos años, como Colombia, Perú y Chile. Las organizaciones sociales y sindicales colombianas denunciaron que este tratado profundizaría el déficit comercial y pondría a Colombia en el lugar de proveedor de productos primarios contra la importación de productos con manufacturados con alta tecnología incorporada. El sector de la línea blanca colombiana denunció que tras iniciarse el TLC, la importación de productos con cero aranceles desde Corea del Sur estaba afectando fuertemente al sector, afectando especialmente empresas medianas y pequeñas y con ello, al empleo. Algo similar pasó con Perú y Chile. Cuando entraron en vigencia sus TLC con Corea, las exportaciones subieron, pero las importaciones crecieron el doble.
Pensemos que en Corea del Sur están situadas mega-corporaciones como KIA, Daewoo o Samsung. Por ejemplo Samsung no solamente fabrica productos tecnológicos del área de computación sino que también los productos de línea blanca como heladeras, lavarropas y cafeteras. Esto afecta a la industria nacional que también fabrica estos productos.
También hay que tener en cuenta que ni siquiera sería fácil para un país como Argentina vender productos agrícolas a Corea, porque este sector en ese país está altamente subsidiado y protegido por el Estado. Entonces estarías entrando a un acuerdo leonino que ni siquiera te deja vender aquello en lo que supuestamente sos competitivo. ¿Para qué sería deseable ese tratado entonces?
El Gobierno anunció que la decisión tenía por objetivo proteger a la industria nacional y también a los empleos y garantizar la seguridad sanitaria del país, más allá de promover la integración regional. Sin embargo, excluyó las negociones con la Unión Europea y el EFTA. ¿Hay una razón para esta selectividad?
LG: El acuerdo Mercosur-UE también tiene que suscitar la atención del Gobierno argentino este año porque también tendrá un fuerte impacto en la seguridad sanitaria del país. No nos olvidemos que el acuerdo con la UE cuenta con un capítulo de apertura de compras públicas en el cual se obliga el Estado a generar licitaciones públicas abiertas y poner en el mismo nivel a los laboratorios nacionales con las mega-corporaciones farmacéuticas europeas.
En este sentido, lo que ya está probado en otros países es que la liberalización de compras públicas lo que ha hecho es concentrar el poder en estas farmacéuticas y encarecer el precio de los medicamentos. En un reciente reporte que publicamos junto con el investigador Javier Echaide sobre este acuerdo Mercosur-UE, hemos denunciado esta situación.
En el caso de Unión Europea y el EFTA, hay que decir algo con claridad: lo que hace el gobierno argentino es tratar de ganar tiempo. Toma una decisión sobre una negociación que se lleva adelante este año, pero no sostiene una postura pública clara sobre los acuerdos que ya cerró el gobierno de Mauricio Macri en 2019. Por eso creemos que Argentina necesita salir del Acuerdo Mercosur-UE, si no, cualquier intento de proteger el sistema productivo estaría lejos de alcanzarse.
A nosotros nos parece muy preocupante que el gobierno argentino elija no tomar una posición sobre Mercosur-UE ahora, justo cuando es el momento de la revisión técnica y legal de este acuerdo, que sabemos que es un momento clave en la evolución de un tratado comercial.
Hay una parte importante del texto que todavía está entre corchetes, es decir que son partes sobre las que todavía no había acuerdo entre los bloques. Esto significa que en estos meses ha seguido una negociación bajo la mesa, donde funcionarios deciden de un modo opaco y sin control democrático sobre temas no sólo de forma, sino sustancias del texto.
Sabemos que desde que se cierra una negociación hasta que llega a los Congresos, el texto es modificado en un porcentaje importante. En el caso del CETA (Acuerdo de Comercio entre Europa y Canadá) sabemos que el texto fue modificado hasta en un 20% durante la etapa de revisión que supuestamente es técnica y legal. Entonces la etapa actual no es técnica, sino altamente política, y se pone en juego la forma final que tendrá el comercio y la relación bilateral.
Por eso es preocupante que el gobierno argentino solamente haya tomado una posición sobre Corea del Sur y es necesario que se abra el debate hacia la sociedad civil —que no solo está conformada por los organizaciones sociales sino que también el sector académico— y que se explique quiénes son los que están tomando hoy las decisiones en esta etapa de revisión técnica y legal y cuál será la postura de Argentina al momento en que el texto esté finalmente listo para su firma, tal vez a fin de año. Sería necesario que el gobierno argentino haga un salto de coraje y rechace finalmente este acuerdo Mercosur-UE.
Fuente: https://americalatinasintlc.org/2020/04/26/argentina-necesita-salir-del-acuerdo-mercosur-ue/