En 1974 se estableció el 12 de mayo como Día Internacional de la Enfermería porque es el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale (1820-1910), considerada la impulsora de la enfermería moderna.
Les enfermeres están en la primera línea enfrentando el COVID-19, sin embargo, el día que se las reconoce no puede ser simplemente una fecha más en el calendario, sino la valoración genuina de su tarea transformada en su lucha por condiciones de trabajo y mejores salarios.
Las delegaciones sindicales de Fesprosa y ATE fueron recibidas por el Viceministro de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, los Secretarios, Alejandro Collia y Judith Díaz Bazán, y el director de Capacitación Pedro Zilberman. Como resultado de la insistencia de los gremios, las autoridades nacionales presentaron el Plan Nacional de Protección de los Trabajadores de Salud y sus familias, que entrará en vigencia en los próximos días.
Según informaron las altas autoridades ministeriales, el número de trabajadores de salud infectados se mantiene en el 16% del total de casos, acercándose a los 1.000.
Sobre el bono estímulo para trabajadores de salud, Fesprosa volvió a reclamar una modificación de las resoluciones ministeriales que dejaban por fuera del cobro a los establecimientos sin internación y de atención primaria.
El Ministerio respondió que amplió los fondos de planes de financiación internacional transferidos a las provincias y que los mismos podrán ser utilizados para el pago del bono estímulo a los trabajadores no incluidos en el decreto. También informaron que varias provincias ya habían decidido la utilización de estos fondos, y que en otras, la respuesta había sido negativa.
Frente a ello, Fesprosa insistió en que debían dictarse nuevos instrumentos en el orden nacional para garantizar el cobro del bono estímulo para todos los trabajadores de la salud.
Por último, se planteó la necesidad de apertura de la negociación colectiva en el ámbito nacional, tanto en los establecimientos que dependen directamente del Ministerio abarcados por decreto 1133, como en los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad).
Fesprosa reclamó la necesidad de una urgente recomposición frente al atraso salarial y sostuvo el pedido de desprecarización laboral.
Esta reunión se concretó luego de movilizaciones en todo el país y cumpliendo con el protocolo de COVID-19 de las y los trabajadores de la salud el pasado jueves 7 reclamando el cobro del bono para todo el sector, entrega de equipos de protección personal y apertura de paritarias en las provincias.
La jornada de protesta sumó a 40 organizaciones encabezadas por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA).
El secretario general, Jorge Yabkowski, estuvo con los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Legislatura Porteña. «En todas las provincias hubo movilizaciones y en todos los hospitales de CABA hubo acciones de sensibilización a cargo de la Asociación de Profesionales del Servicio Social.», declaró.
Las y los trabajadores de la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad), organizados en el SiTOSPLAD-CTA-A, realizaron una serie de asambleas en todo el país por medio de las que definieron un paro para el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, en reclamo del pago en tiempo y forma de sus haberes y por una urgente recomposición salarial.
Hace pocos días terminaron de cobrar los haberes de marzo, el jueves tenían que cobrar los de abril y la patronal no les informó nada al respecto ni había hecho el depósito. Por tal motivo hicieron un paro. «Después de este contundente paro que hicimos la semana pasada, y que generó como respuesta de la patronal el abono (fuera de término) del 30% de los salarios de abril, la OSPLAD vuelve a estar en mora con los trabajadores. Hasta la fecha es lo único que cobramos, y para la mayoría de los compañeros ese 30% representa menos de $ 10.000. Desde el SITOSPLAD insistimos -en todos los ámbitos- en la necesidad de apertura de un espacio tripartito (Estado, sindicatos y patronales) para el abordaje y solución de la problemática que nos ocupa, dadas sus múltiples aristas, incumbencias y alcances», explicó la secretaria Gremial de la CTA-A porteña.
La Asociación Trabajadores del Estado lanzó la Campaña Nacional por la reincorporación de todxs lxs trabajadorxs estatales que fueron despedida/os durante la presidencia de Mauricio Macri.
En todo el país las actividades gremiales llevadas adelante por ATE tuvieron la particularidad que fueron desarrolladas con el aislamiento social vigente. Aún así, lxs trabajadorxs estatales pudieron dar un marco de visibilización importante a esas políticas de achique del Estado, que se impulsaron en los 4 años de gobierno macrista, donde sectores como Fabricaciones Militares, ANSES, SAF, CNRT, Casa de la Moneda, INTI, Biblioteca Nacional, CCK, SENASA y el ministerio de Defensa, han sufrido la expulsión de sus puestos de trabajo de miles de trabajadora/es.
La iniciativa nacional dispuesta por la Comisión de Relevamiento y Reincorporación de los trabajadores y trabajadoras estatales despedidos en la era Macri (CORREDMA), fue llevada adelante en todo el país, a través de distintas actividades que se vienen planteando en CDP’S y Seccionales de ATE.
Además, ATE reclamó el miércoles completar la paritaria 2019 del sector y comenzar las negociaciones salariales pendientes de este año. Estaba acordada una mesa de revisión en marzo que nunca se reunió.
«Durante el gobierno Macri, entre 2016 y 2018, se perdió un 35% del salario de los estatales, mientras que en 2019 la paritaria fue del 28% frente a una inflación del 54%. Se retrocedió un 25% más. Por eso desde ATE afirmamos que los trabajadores estatales ya sufrimos la rebaja salarial», finalizó el gremio.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) movilizó el lunes a la sede Callao del ministerio de Trabajo de la Nación. Fue para protestar contra los descuentos de sueldos y amenazas de la empresa FATE.
«Intempestivamente la patronal de FATE realizó gruesos descuentos sobre el sueldo de los trabajadores, provocando inclusive que muchos de ellos no cobren prácticamente nada», señaló Alejandro Crespo, secretario General del gremio.
«Este insensible accionar, sobre 1.600 trabajadores en plena pandemia, es una desatinada acción extorsiva que busca la aceptación del pago al 75% del neto, mientras las demás fabricas del neumático ya acordaron la paga total de salarios», agregó.
El dirigente además apuntó contra Madanes Quintanilla, dueño a la vez de Aluar, INFA, Futaleufú y varias empresas más: «Dice que no arrancará la producción hasta que los trabajadores acepten esta rebaja. En otras palabras: Si los trabajadores hacen la cuarentena, Fate no les paga; si no aceptan esta rebaja salarial, no abren la fábrica. Nos obligan a salir a luchar por nuestros derechos en plena pandemia».
El
miércoles 13 de mayo, varias organizaciones sociales (FOL –Frente de
Organizaciones en Lucha, MTD Aníbal Verón, Frente Popular
Darío Santillán, Movimiento de los Pueblos, entre otras) concentraron en
el Obelisco y en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de
Buenos Aires, para demandar acciones concretas por la situación de
extrema pobreza que se sufre en los barrios populares
de todo el país.
Luego, a las 12:00, se trasladaron al Ministerio de Trabajo para
reclamar el ingreso masivo al Programa de Trabajo Autogestionado (PTA)
además de plantear que ni los despidos, ni la reducción de salarios son
una opción. Por último, fueron a las 13:00 a las
puertas del JP Morgan, porque sus riquezas son nuestra pobreza.
Como corolario de la marcha a Trabajo y de la reunión de representantes de las organizaciones sociales con el Viceministro de dicha cartera, se logró el ingreso al Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), a través de cooperativas de trabajo y que abarca a quienes ya tienen programas de salario social complementario, y al que se le sumarán 6.500 pesos y también recibirán esa cifra quienes no tienen el salario social ya otorgado.
Este jueves 14/05 desde las 11:00 en el Obelisco jóvenes trabajadores precarizados e informales convocaron a una protesta respetando el distanciamiento social y el uso de barbijos, desde la Red Nacional de Jóvenes Precarizadxs e Informales.
La movilización se dirigirá primero al Ministerio de Desarrollo Social y luego al de Trabajo en Callao al 100. Harán una presentación solicitando una audiencia, a todos quienes lo pidieron el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y que el Estado intervenga para que las empresas reconozcan sus derechos laborales, no los sigan despidiendo y les provean los materiales de prevención contra el Covid-19 como alcohol en gel, barbijos, guantes, etc. El colectivo tiene representantes de distintas empresas de APPS, comidas rápidas, gastronomía, trabajadoras domésticas, call center, etc.
Damián Zárate, trabajador de Rappi, uno de los convocantes expresó que «en nuestro caso es inédita la violación de la legislación laboral vigente, no se nos reconoce como trabajadores, nos cierran las cuentas de forma arbitraria por eso pedimos la reactivación, no tenemos derecho a organizarnos».
Felipe Sánchez, trabajador de Burger King, agregó: «Nuestro colectivo exige que se haga cumplir la ley de prohibición de despidos y se garantice el cobro total de nuestros sueldos, sin rebajas. Solicitamos que se otorgue el IFE a todos los trabajadores que quedaron sin ingresos por la pandemia, sin límite por grupo familiar. Además, reclamamos que el subsidio de emergencia sea de $ 30.000 porque $ 10.000, no alcanza».
Recordemos que trabajadores en bicicleta y motos se movilizaron la semana pasada desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo, reclamando por aumento salarial y condiciones de seguridad e higiene.
Los trabajadores y trabajadoras de la tradicional confitería París de La Plata se encuentran en estado de alerta y movilización por el modo ilegal en que la patronal impulsó el cierre total de la empresa.
Por ello, tanto el fin de semana como el lunes, efectuaron denuncias públicas sobre su situación, al manifestarse en las puertas de la tradicional confitería, ubicada sobre la céntrica Avenida 7, en intersección con la calle 49. Allí, mediante pancartas, pegatinas y corte de calle, se avisó a vecinos, transeúntes y conductores la actuación ilegal por parte de la reconocida confitería.
Más allá de las compulsivas e ilegales cesantías, las y los trabajadores aclararon que algunos poseen los sueldos de marzo mal liquidados y haberes atrasados. También denuncian que a otros les llegó solo el 50% del salario de abril y que la intensión última de la empresa sería abonar la mitad del total, dando por descontada la ayuda del Estado para completar los pagos.
“Se les hizo a algunos un depósito de una parte del salario y en una teleconferencia que tuvieron conlos dueños, Axel Francisco y Alana Pérez Muñoz, les dijeron a los ex trabajadores que de la otra parte se iba a hacer cargo el Gobernador de la provincia de Buenos Aires”, expresó un trabajador.
Los y las trabajadores también denuncian la inacción y falta de compromiso tanto del Ministerio de Trabajo como de la dirigencia del Sindicato de Pasteleros más allá de las publicitadas reuniones por redes sociales entre las partes, teniendo en consideración que la única respuesta efectiva del Estado, hasta el momento, fue la incursión de tres patrulleros, cuatro motos y efectivos policiales a fines de “contener” la manifestación realizada el día sábado.
El lunes a las 21:00 la Policía Bonaerense desalojó la permanencia pacífica en puerta de fábrica de las trabajadoras de La Nirva, quienes permanecían en el lugar en resguardo de la maquinaria.
El conflicto lleva siete meses y la permanencia en los portones una semana. La policía procedió a correr a las trabajadoras del lugar argumentando los condicionantes de la pandemia.
El conflicto se inició el año pasado, cuando la empresa comenzó a incumplir con el pago de sueldos y cargas sociales. Denuncian que les adeudan siete meses de salarios. Los sueldos de octubre, noviembre y diciembre de 2019 se pagaron con cheques a 60 y 90 días que no tenían fondos.
Además, desde febrero de este año, las trabajadoras dejaron de producir y se paralizó la planta, aunque concurren a su lugar de trabajo para hacer asambleas.Calculan que les adeudan entre 150.000 y 200.000 pesos por trabajador.
Ante este panorama, decidieron instalar este martes una olla popular en la puerta de la firma, en Dorrego 874, Lomas del Mirador, partido de La Matanza.
La Nirva es una empresa dedicada a la producción de galletas, alfajores y otros alimentos.
Reincorporaron a los 70 trabajadores de la empresa Valot que habían sido despedidos bajo el argumento de no haber respetado el distanciamiento social por el COVID-19 durante una asamblea en la que reclamaban el pago de salarios y horas extras adeudadas.
Tras una reunión en el Ministerio de Trabajo, Valot asumió el compromiso de abonar el próximo viernes todo lo adeudado.
Empleados del área de personal técnico de la empresa Prosegur (mantenimiento y colocación de alarmas) realizaron un paro y una protesta el lunes. Con una concentración en la base del barrio porteño de Boedo, ubicada en Agrelo al 3600, reclamaron descuentos de haberes arbitrarios y adeudados, mejores condiciones laborales y elementos de prevención sanitarios para poder efectuar sus tareas en medio de la pandemiapor Coronavirus. Son 130 operarios que visitan hasta 10 domicilios por día.
El mes pasado, Eduardo Lerner y Abel Nahón decidieron el cierre fraudulento de Ipesa y Publiexpress, las empresas que imprimen y editan Pronto, entre otras varias publicaciones. Un centenar de telegramas de despido llegaron a los trabajadores y trabajadoras, violando el DNU que prohíbe despidos por 60 días y la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo, que los obligaba a devolver las tareas habituales.
A través de un comunicado, los trabajadores y trabajadoras denunciaron que el 15 de abril pasado se dio la baja de toda la plantilla de ambas empresas en Afip, dejando a cientos de personas sin cobertura de salud y desprotegidxs ante la pandemia.
“Durante la primera semana de mayo, el Grupo Lerner decidió no pagar los salarios; a cambio, depositó de manera unilateral un pequeño monto a cuenta de una supuesta indemnización y aseguró que lo seguirá haciendo a cuenta gotas mientras dure la pandemia.
Al Grupo Lerner, que en los últimos meses ha ganado licitaciones del Estado Nacional por más de 100 millones de pesos, le decimos: ¡No queremos limosnas, queremos trabajar!”, expresaron y adelantaron que una vez vencida la conciliación obligatoria, iniciarán un plan de lucha conjunto exigiendo que se dé marcha atrás con los despidos.
En tanto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)se declaró “en estado de alerta” y denunció que los dueños de Pronto e Ipesa “intentan aprovechar la tragedia que vivimos todos los argentinos con la pandemia del COVID-19 y el aislamiento preventivo y obligatorio, para despedir a más de 80 trabajadores con indemnizaciones a la baja”. En ese sentido, el SiPreBA recordó que el presidente Alberto Fernández había asegurado que iba a “ser inflexible con los que despiden gente”.Y le reclamó al Gobierno que interceda para cuidar estos puestos de trabajo, “porque sin trabajo nadie puede cuidar la salud”.
Además de la revista Pronto, los despidos decididos por el grupo empresarial afectan a trabajadores y trabajadoras de prensa del Grupo Diario de la Salud, Saber Vivir y Buenas Ideas, junto con la imprenta del mismo Grupo Lerner. El grupo empresario ya había llevado a cabo esta misma maniobra con las revistas PopStar y Buenas Ideas.
Los mineros de Andacollo (Neuquén) llevan ya nueve días sobre la ruta 22, a la altura de Arroyito después de que la empresa Trident dejara de pagar los salarios a 238 trabajadorxs.
No solo continúan sin respuestas sobre el pago de sus salarios de marzo y abril y su continuidad laboral, sino que al cerco de las fuerzas represivas alrededor del piquete se sumó el secuestro de trabajadorxs durante toda la noche y la irrupción de Gendarmería en sus hogares durante la madrugada con la excusa de constatar domicilios.
“El gobierno le quitó la concesión a la empresa el viernes de la semana pasada y el miércoles la empresa se presentó en Buenos Aires a un concurso de acreedores, así que nosotros quedamos nuevamente en el medio sin tener ninguna respuesta de ninguno de los dos lados”, explicó: “hoy (13/5) es nuestro noveno día aquí apostados al costado de la ruta, esperando qué novedades nos van a traer; todos los días tenemos una lucecita de esperanza pero no nos han traído ninguna respuesta”.
Durante el transcurso del domingo se desarrollaron distintas marchas y ruidazos en la provincia de Chubut contra el gobierno de Mariano Arcioni, que mantiene a miles de estatales en una cuarentena sin salario: se le adeuda el mes de marzo a una gran parte y el mes de abril a la totalidad.
Las manifestaciones comenzaron en horas de la mañana con una concentración en el centro de Comodoro Rivadavia. Por la tarde los ruidazos y marchas se dieron en Trelew, Puerto Madryn y Esquel. En esta última localidad se realizó una caravana de autos y ruidazo con carteles que levantaban consignas sobre el no pago de salarios y el no a la mina.
En Trelew participaron docentes, trabajadoras y trabajadores de la salud y jubilados que concentraron en Plaza Independencia para luego marchar. La manifestación pasó por el Hospital Zonal de la ciudad para llevar solidaridad y el mensaje de la vigencia de la defensa de la Salud pública.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó este martes la continuidad de la huelga en todo el país hasta que los trabajadores perciban la totalidad de los salarios adeudados de abril último.
Las únicas excepciones de acuerdo con lo informado por el sindicato son San Juan, Salta Capital y cinco ciudades bonaerenses en las que ya hubo acuerdo. La protesta no se realiza en el Conurbano bonaerense ni en la CABA.
El secretario general del gremio, Roberto Fernández, explicó que luego de más de 20 días de negociaciones y cuatro audiencias y, no obstante las reiteradas advertencias respecto de la inminente problemática salarial, «los empresarios dijeron no poder pagar».
Para el sindicalista, esa postura patronal es «ilegítima y ofensiva», y «pone en jaque el sustento de 35.000 choferes del interior» de la Argentina, concluyó.
Rebajan sueldos y continúan los despidos
YPF, la mayor compañía petrolera argentina, aplicará una reducción de sueldos de entre 10% y 25%. Será para los trabajadores que están fuera de convenio.
En el mismo rubro, empresas de servicios petroleros, como Halliburton y San Antonio, ya habían realizado descuentos en los sueldos de sus trabajadores.
Mientras, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas no tendrán ninguna reducción de salarios, los empleados de otras compañías ven afectados sus ingresos.
La empresa multinacional de catering aéreo, Gate Gourmet, que tiene el monopolio en las aerolíneas que recalan en nuestro país, en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y que cobra sus servicios en dólares, a excepción de la línea de bandera nacional, decidió despedir a 190 trabajadores desde el 16 de marzo al rescindirles el contrato.
Esta empresa con sede en Zúrich, Suiza, provee a la mayoría de las aerolíneas en más de 60 países y 200 aeropuertos, hace poco compró a su competencia Sky Chef. Posee 800 trabajadores efectivos y 190 en Ezeiza y unos 40 en Aeroparque contratados que prestaban servicios actualmente, de unos 400 en total. A instancias del Ministerio de Trabajo y el sindicato FTIA (Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación) acordaron abonar el 75% de los salarios a 800 pero dejaron marginados a 230. La actuación sindical de la FTIA, afiliada a la CGT, terminó siendo funcional a la empresa y el gobierno nacional no interviene para hacer valer el DNU 329 publicado el 31 de marzo de 2020 que prohíbe los despidos por 60 días sin causa justa, comentaron los trabajadores.
Para visibilizar sus reclamos han armado una página de facebook “Contratados de Gate Gourmet” y desde ahí elevan el pedido a las autoridades nacionales y provinciales para que les den una solución.
Más de 200 obreros de Silos Areneros S.A. no cobran su salario hace dos meses. “En el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus la empresa muestra un desinterés total por sus trabajadores”, denunciaron desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
Es la única arenera que a pesar de estar autorizada a hacerlo, desde el inicio del aislamiento “no trabaja y en base a ello no paga”, señalaron desde el sindicato, a lo que agregaron que tras varias reuniones con la patronal sigue sin brindar ninguna respuesta a los trabajadores.
Según las estimaciones presentadas en un informe que vio la luz el pasado viernes el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 511.162 trabajadores del mercado formal sufren o han sufrido alguna de las modalidades que identifican como de “riesgo laboral” en el período que va desde 15 de marzo hasta el 30 de abril pasado.
Allí, incluyen las rupturas contractuales lisas y llanas, que cuantifican en 6.648, y las suspensiones, que alcanzan las 11.415 y que para los autores generan una posibilidad de pérdida de la fuente laboral.
Con relación al salario, el informe identifica cuatro modalidades diferentes de afectación de los ingresos de los trabajadores, que involucran a un total de 493.099 empleados. Allí, 39.723 trabajadores sufrieron atrasos en los pagos de los salarios, 103.410 experimentaron reducciones salariales unilaterales por parte de las empresas, mientras que 14.162 fueron suspendidos y, a la vez, vieron reducidos sus ingresos.
La categoría que aporta el mayor número de trabajadores afectados por la crisis es la que implica una reducción salarial acordada entre los gremios y las patronales, que afectó a 335.099 trabajadores.
La Cámara de la Construcción indicó que 100.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo en los últimos 24 meses. Y 46% fue la caída interanual en el rubro de la construcción, según el Indec.
Una nueva etapa de la cuarentena con nuevas habilitaciones ilusiona al sector pues según se ha anunciado se relanzarán proyectos que estaban postergados en casi todos los municipios del Gran Buenos Aires y en muchas de las provincias argentinas. Si se cumple con todo lo planificado, estiman que las obras a lo largo y a lo ancho del país permitirían recuperar alrededor de 50.000 puestos de trabajo y motorizar inversiones por más de $ 40.000 millones.
Serían unas 270 obras a lo largo y ancho de toda la Argentina que permitirán generar fuentes de trabajo directas e indirectas y reactivar varios sectores de la economía, que no sólo pretender abrir sino, generar ingresos.
El proyecto tampoco deja afuera la ciudad de Buenos Aires, pues se realizarán tres trabajos de magnitud: la planta potabilizadora de San Martín que depende de AySA, el edificio de la histórica confitería “El Molino” y el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
En territorio de Axel Kicillof también habrá muchas obras dependientes de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), rutas provinciales y nacionales, como en la autopista Presidente Perón y en la Ruta 8, y se relanzará una vieja y polémica obra: la limpieza y mantenimiento en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Algunas de las obras que este mapa indica hacia el interior del país son: el hospital de Portezuelo, en La Rioja; la terminal de ómnibus de Realicó, en La Pampa; la construcción del Hospital de El Calafate, en Santa Cruz; la puesta en valor de la Plaza Independencia, en San Miguel de Tucumán; y la ampliación del centro de salud de Tolhuin, en Tierra del Fuego.
La obra privada, también ha comenzado a reactivarse en forma sectorial y con más fuerza hacia el interior del país, particularmente en provincias con poca cantidad de casos de coronavirus o directamente sin contagio local, y se espera una multiplicación de proyectos a partir del 12 de mayo, aunque desde el Ejecutivo anunciaron una nueva cuarentena por 15 días más, que mantendrá inactivos a muchos sectores, todavía de riesgo.
El subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio porteño, Ezequiel Jarvis, precisó que el empleo cayó un 2% en la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, lo que supone una pérdida de 25.000 puestos.
Trabajadores y coronavirus
Trabajadores de GPS Aeroparque, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas denunciaron mediante un comunicado que aumentaron los casos de COVID positivos entre aeronáuticos.
“Ya son dos los casos positivos de trabajadores de GPS Aeroparque, empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, uno de ellos vive en la Villa 31 junto a toda su familia, que también dieron positivo. Hay casi 100 trabajadores de la empresa en aislamiento y crece el temor entre los empleados ante nuevos posibles casos positivos” expresaron.
Los trabajadores habían exigido al inicio de la cuarentena medidas de seguridad elementales, ya que denunciaron que los implementos que la empresa les había brindado eran insuficientes y de mala calidad. Por ese motivo, realizaron asambleas para exigir a la empresa GPS, Aerolíneas Argentinas que “gestionen ante el Gobierno nacional la realización de test masivos a todos los trabajadores y que garanticen las medidas sanitarias básicas como desinfección de los lugares comunes, mayor cantidad de insumos de protección y que se instale una base operativa nueva donde no haya hacinamiento de los trabajadores”.
Agregaron “rechazamos los ataques al salario y puestos de trabajo, ya que en este marco la empresa GPS intenta además hacer una reducción salarial a la totalidad de los trabajadores en Aeroparque y Ezeiza (1400) mediante suspensiones rotativas.
Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) manifestaron su preocupación por el incremento en la cantidad de pasajeros en el subterráneo porteño, en el marco de una flexibilización de hecho permitida por el Gobierno de la Ciudad. Ante el peligro de que esto se constituya en un foto de contagio, se solicitó al Ministerio de Trabajo la conformación de una “comisión de emergencia” para evaluar el tema.
Desde la AGTSyP también se emitió un comunicado planteando que en el contexto de crisis desatada por la pandemia se “exige un esfuerzo de los que más tienen y un estado de alerta de los sindicatos para defender los puestos de trabajo y el salario que nos permite sostener a nuestras familias”. En ese sentido, rechazaron el acuerdo firmado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y representantes empresarios que “habilita las suspensiones y la rebaja de los sueldos”. Y añadieron: “Creemos que no es momento para despedir trabajadores ni para pagar de menos o en cuotas”.
En cambio, reforzaron la necesidad de avanzar con el impuesto a las grandes fortunas “que va a permitir obtener recursos extras para destinar a la salud y a paliar la actual crisis económica”. En el marco de la renegociación de deuda externa que está llevando adelante el Gobierno nacional, también hicieron explícita su defensa al derecho de nuestro país “a cesar los pagos de la deuda externa”.
Los empleados de la empresa GIV y el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata se manifestaron el lunes para rechazar la modalidad en la que están trabajando. Aseguran que no se cumplen con las medidas de seguridad mínimas para protegerse de posibles contagios de Covid-19.
Cabe recordar que este Call Center atiende los llamados de la línea 147 de Mar del Plata como también de la Ciudad de Buenos Aires. Es un número que recibe todos los reclamos, denuncias y consultas de los vecinos de la Ciudad y marplatenses. Dos gestiones que comparten signo político PRO.
La empresa tampoco ha pagado sueldos del mes de marzo y abril lo cual tiene a casi 45 trabajadores en estado de asamblea permanente.
El Estado ayuda a las patronales con fondos del Anses
En el marco del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), el Gobierno desembolsó el lunes un nuevo pago del salario complementario para 150.000 trabajadores privados correspondientes al sueldo del mes de abril. Con ese desembolso el programa llegará a un total de 1.310.000 empleados.
El programa ATP consiste en un salario complementario abonado por la ANSES para los trabajadores en relación de dependencia cuyos empleadores cumplan con los requisitos previstos en la norma. El monto del pago de la ANSESes equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a un salario mínimo ($ 16.875) ni superar dos salarios mínimos ($ 33.750), o al total del salario neto correspondiente a ese mes.
En el Boletín Oficial se publicó la Decisión Administrativa 721/2020, que incluye dentro del ATP a actividades no contempladas hasta ahora y a las grandes empresas de más de 800 empleados, así como a las que abrieron este año sus puertas. Además, los empleadores podrán acceder tras demostrar una caída de su facturación menor a la que figuraba como requisito original del programa, por lo que en el Ejecutivo esperan en lo inmediato saltar de los actuales 1,7 millón de asalariados cubiertos a más de 2 millones.
El Gobierno anunció que auxiliará en el pago de los salarios de mayo y estarán incluidos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) docentes, transportistas y el personal de sanatorios, entre otros, por lo que a partir de ahora los empleados de estos sectores recibirán también el Salario Complementario.La medida se anunció a través de la Decisión Administrativa 747/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial.
Esta misma ayuda recibirán las instituciones educativas de gestión privada que cumplan con los requisitos necesarios para ingresar al programa, aunque haciendo una distinción entre aquellas que reciben subsidios y las que no, y siempre que puedan «asegurar el pago de la diferencia salarial para que todos/as los trabajadores/as perciban el 100% de su remuneración».
Al respecto, el titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, dijo el martes que el sector atraviesa una crisis severa debido a que «entre el 60 y el 70 % de las familias no pagaron la cuota del mes de abril» y aseguró que ya cerraron cuatro instituciones educativas durante la cuarentena por el coronavirus.
Tras confirmar que «cuatro instituciones educativas cerraron en lo que va del aislamiento», aseguró que el sector atraviesa «una crisis severa» y dijo que «estamos necesitando un salvataje del Estado».
También recibirán la ayuda algunas de las actividades del transporte como charters; servicios para ámbito portuario o aeroportuario; envíos de mercaderías a granel y los camiones cisterna, entre otros.
Por último, se informó que el Sistema Integrado Previsional Argentino estará incluido en lo que respecta tanto al Salario Complementario como a la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales correspondientes a mayo.
Traidores
«La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación procedió a realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a fin de iniciar las conversaciones con la patronal por la actualización salarial para el periodo 2020 – 2021″, explica una circular interna.
«Debido a la situación excepcional que atravesamos por la pandemia de coronavirus, nos vemos obligados a comunicar las novedades sobre la paritaria por este medio; y no como lo hemos realizado históricamente, en plenario de delegados y activistas para informar, consultar y escuchar a las compañeras y compañeros», explica el gremio.
Tal vez lo ocurrido en Mondelez explique mejor la propuesta de la burocracia sindical. Este martes los trabajadores de Mondelez Victoria reclamaron en la puerta de la planta contra el acuerdo firmado por el sindicato de Alimentación, encabezado por Rodolfo Daer, sin consultar a los trabajadores previamente. Los mismos habían manifestado su descontento la semana pasada, previendo la maniobra en ciernes, y habían votado en asambleas el repudio a la maniobra patronal, que avalaría la conducción del sindicato.
La maniobra de la empresa fue miserable y siniestra: adelantó la producción necesaria y ahora suspende con rebajas salariales. Todo esto en complicidad con el sindicato y el ministerio de Trabajo, que avala esta decisión empresarial, que va en desmedro de los trabajadores y es violatoria a la decisión presidencial de la imposibilidad de suspender trabajadores.
La semana pasada los trabajadores fueron notificados que a partir del 17 de mayo serían suspendidos 500 operarios, debido a la interrupción de la producción en la planta Victoria, hasta el 14 de junio, cobrando el 77 % de su salario bruto. Lamentablemente, ya había trascendido la posibilidad de que Rodolfo Daer, quien es el titular del Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA), gremio al que pertenecen los trabajadores, apoyara dicha medida.
“El capitalismo es así” afirmó Rodolfo Daer en una entrevista para justificar la complicidad e inacción del gremio ante esta situación. Y continuó que “se abarrotaron los depósitos” para explicar la medida.
Además, los trabajadores denuncian que la empresa el año pasado facturó alrededor de $ 41.600 millones, casi duplicando la cifra del año anterior. También, que en noviembre el sindicato había avalado, junto con el ministerio de Trabajo, el Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por la empresa.
Fue a partir de esto que incluso el Estado exoneró a esta patronal de realizar aportes de cargas sociales a la ANSES desde noviembre pasado hasta el día de hoy, ahorrándose en total más de 150 millones de pesos. Daer argumenta entonces que la empresa viene con caída en las ventas pero omite hablar de esta millonaria ayuda. Además, cabe destacar que Mondelez viene remarcando los precios de sus productos en más del 30% en el último año.
Es la eterna historia de las traiciones de la burocracia sindical que ni en situaciones de pandemia y severa crisis descansan, siempre del lado de sus propios intereses y de los grandes monopolios. Todo esto con la complicidad del Estado.
Entonces, los trabajadores votaron realizar un bloqueo de portones y un piquete para visibilizar su problema, exigiendo la anulación de las suspensiones y el cobro del 100% de sus salarios. Se logró un amplio apoyo y se consiguió cortar uno de los carriles de la avenida Uruguay.
Ahora Rodolfo Daer en solitario pretenderá homologar un Convenio Colectivo a la baja para todo el gremio en complicidad con la patronal y el M. de Trabajo
David Roldán, obrero y ex delegado de la empresa comentó: “Esto arranca el año pasado, en noviembre, cuando intentaron suspender a 150 compañeros en nuestra planta de Victoria y en la planta de Pacheco a 350. En ese momento se firmó un preventivo de crisis, cuando sabemos bien que un monopolio como este no tiene idea que es una crisis. Llegó un acuerdo con el gobierno de Macri de ese entonces y le perdonaron las cargas sociales. Es decir, que el Estado les pagó 150 millones de pesos, una fortuna. Ese acuerdo finalizaba este 31 de mayo, pero aprovechando la pandemia, vuelve a mentir diciendo que está en crisis para recibir la ayuda de este gobierno también. Mientras tanto, cerraría esta planta suspendiendo a 500 trabajadores. Eso sí, con la producción garantizada. Rodolfo Daer apoyando a la empresa firma este acuerdo sin consultar a los trabajadores. La causa es el artículo 223 bis, que establece que las empresas no pueden suspender si no hay aval del sindicato. El gobierno deja una puerta abierta muy grande para que la burocracia arregle con la patronal. Nosotros estamos en un plan de lucha permanente y nuestro pedido es por una suspensión, pero con el 100% del salario, como ya pasó en la pandemia. Nos hicieron trabajar durante más de un mes estockeándose muy bien”.
El Sindicato de Comercio (FAECYS) llevó al paroxismo esta entrega, al pactar que las empresas del sector de hasta 70 empleados pueden suspender de forma inmediata sin necesidad de consentimiento gremial alguno. Con la presentación unilateral de la nómina de suspensiones, las mismas quedan homologadas automáticamente.
Trabajadoras y trabajadores de SanCor denunciaron mediante la publicación de un comunicado que la reconocida empresa cooperativa de fabricación y comercialización de productos lácteos “dejó librados a su suerte a cientos de compañeros que mantiene desde hace meses suspendidos”, a la vez que “no les abona ni siquiera el porcentaje del sueldo (75%) que la patronal dispuso arbitrariamente, con el aval cómplice y la aprobación de Atilra” (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina).
En dicho mensaje, las y los trabajadores asimismo aclararon que la empresa láctea “tampoco ha cumplido con los pagos pactados en los acuerdos con el personal que firmó su desvinculación durante 2019, al mismo tiempo que mantiene a los activos con atrasos en salarios (hasta 45 días en algunos casos) y aguinaldos impagos (adeuda los dos SAC correspondientes al año pasado)”.
El comunicado describió que “el Centro de Distribución Acceso Norte (CDAN) ha iniciado a partir de este año, con la colaboración del sindicato y de la Comisión Interna, una persecución directa sobre aquellos trabajadores que mantuvieron una línea independiente en los últimos años. Pretende acallar a los que vinieron denunciando las maniobras que la empresa realiza para que los costos de la reestructuración la paguemos los trabajadores y la responsabilidad de Atilra en dejar pasar dicho ajuste”.
La denuncia pública de los obreros lácteos, asegura que “desde que comenzó el año en curso, el avance de la patronal ha tomado un carácter brutal, dejando sin trabajo a toda la rama de repositores. SanCor desarmó sectores completos y suspendió a todo el personal repositor, que actualmente se encuentra sin goce de sueldo”.
A su vez, las y los trabajadores, quienes se encuentran agrupados de manera independiente a la dirigencia del sindicato, expresaron que “SanCor paga como, cuando y cuanto quiere, violando incluso todas las leyes laborales. Y además presiona al personal para que acepte sus condiciones de desvinculación. Porque cuenta con total impunidad: la que le garantiza Atilra -que se la pasó tocando puertas para que subsidien a la empresa, no para organizarnos y pelear- y el Ministerio de Trabajo”.
Finalmente, convocan a todos los trabajadores de la cooperativa a organizar actividades de protesta y visibilización para los próximos días, denunciando la situación que atraviesan.
“Basta de extorsión, despidos encubiertos y persecución a los trabajadores. Reincorporación inmediata de los suspendidos. Pago inmediato de haberes y demás montos adeudados. Basta de financiar la reestructuración de SanCor con plata del Estado. Exigimos al Ministerio que garantice que SanCor cumpla con nuestros salarios y conquistas como está previsto en la legislación laboral. De lo contrario, que la empresa sea estatizada y puesto bajo control de los trabajadores para producir al servicio de las necesidades de la sociedad en el marco de esta pandemia”, cierra el comunicado.
Preparan nuevas traiciones
Una «mesa ampliada» de la CGT deliberará el jueves en la sede principal de la UOCRA sobre una variada agenda de temas, como el desempleo, la creciente ola de conflictos salariales y la realidad de las Obras sociales, pero también analizarán la futura integración de la conducción de la Central.
La «mesa chica» de la central obrera dará paso a una «mesa ampliada»,ya que en el edificio del gremio de la construcción de Avenida Belgrano al 1.800 de la ciudad de Buenos Aires participarán entre 20 y 22 dirigentes de los llamados sectores «gordos», independientes, del barrionuevismo y de la CATT (transporte).
No se cursaron invitaciones a los sectores disidentes más críticos al acuerdo con la UIA y la conducción actual. No estará presente el moyanismo, que empezó a hacer sonar a Pablo Moyano como candidato a conducir la central obrera, ni la Corriente Federal de Trabajadores, ni el resto de las organizaciones que se reúnen en torno al Frente Sindical para el Modelo Nacional.
Además de Martínez (Construcción), Daer (Sanidad), Acuña (Estaciones de servicio) y Andrés Rodríguez (UPCN), participarán el taxista Omar Viviani, los ferroviarios Sergio Sasia y Omar Maturano, el marítimo Juan Carlos Schmid, el colectivero Roberto Fernández, el lucifuercista Guillermo Moser y el textil Hugo Benítez, entre otros.
Empresas autogestionadas
Mediante una teleconferencia, el ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo encabezó la presentación del programa Recuperar que propone apoyo al sector de empresas recuperadas y autogestionadas de todo el país, que sostienen más de 18.000 puestos de trabajo.
La línea de créditos tiene como objetivos la compra, renovación y automatización de maquinaria, compra de insumos y asistencia financiera. Dentro de las propuestas de subsidios se destacan la capacitación integral de cada trabajador y trabajadora, según las necesidades de cada unidad productiva, así como la mejora en seguridad e higiene en el trabajo.
Desde las gestiones obreras ceramistas de Neuquén, Fasinpat, Confluencia y Cersinpat, junto al Sindicato Ceramista, lanzaron una campaña solidaria de fondo de lucha para hacer frente a la pandemia y la crisis económica.
“Las gestiones obreras estamos muy golpeadas a partir de la crisis desatada por la pandemia del Coronavirus. A la situación que venimos arrastrando desde hace años, por la falta de crédito, el ahogo financiero y falta de respuestas de los gobiernos nacional y provincial, se sumó todo el parate producido por la cuarentena”, explicó Natalio Navarrete, tesorero de la Cooperativa Fasinpat.
Con el aislamiento social, preventivo y obligatorio se pararon las tres fábricas y se mantuvieron guardias. “Las restricciones del Gobierno nacional, replicadas por el Gobierno provincial, no fueron acompañadas con asistencia financiera ni con ninguna iniciativa como las que les propusimos de reconvertir la producción al servicio de enfrentar la pandemia”, denunció Navarrete. “Si no trabajamos y no vendemos, no podemos garantizar el salario completo a los y las ceramistas y dejamos a 300 familias sin sustento», aseguró.
Recién esta semana, con el inicio de la fase cuatro de la cuarentena, podrán volver a producir luego de 50 días de parálisis.
Andrés Blanco, secretario adjunto del Sindicato Ceramista y actual diputado provincial del Frente de Izquierda, llamó “a las organizaciones solidarias con la lucha de Zanón a sumarse y aportar económicamente al fondo de lucha para sostener las gestiones obreras en esta situación tan difícil. “Estas fábricas tienen que estar abiertas. Son una conquista y una bandera de lucha para todos los trabajadores y trabajadoras que hoy ven cómo los empresarios cierran fábricas, despiden y suspenden dejando familias en la calle. Y las gestiones obreras son un ejemplo. Toda empresa que cierre tiene que ser ocupada y ponerlas a producir bajo gestión obrera. Para aquellas organizaciones gremiales, sociales, políticas y estudiantiles que quieran colaborar con las gestiones obreras “ponemos a disposición nuestro número de cuenta y CBU para poder hacer aportes. Y una casilla de correo para que puedan enviar el cupón de transferencia, sus datos y poder tener registro de sus aportes desde ya muchas gracias en nombre de las gestiones obreras y el Sindicato Ceramista”, explican los y las ceramistas en la carta enviada a las organizaciones solidarias.
COOPERATIVA DE TRABAJO FASINPAT LTDA. CUIT: 30-70939426-2
BANCO CREDICOOP Nº DE CUENTA: 093-0318851
CTA.CTENº DE CBU: 191 0093355009303188514.
[email protected]
Más pagamos, más debemos y menos tenemos
Uno de los fondos más grandes del mundo, Blackrock, acercó una propuesta al gobierno argentino que no incluyó ni reducción del capital ni del pago de intereses, fue solo una reprogramación de los pagos de intereses equivalente a una reducción de la deuda del 8%, confió el ministro Guzmán al Financial Times.
Mientras el gobierno argentino anunció un nuevo endeudamiento con el BID y se confirma el pago -esta misma semana- de otros 320 millones de dólares en intereses al FMI. Además, todavía negocia con el Club de Países Prestamistas de París, para seguir abonando intereses sobre intereses de deudas contraídas directamente por empresas privadas que, durante la dictadura, pasaron sus pasivos al Estado.
La semana pasada se conoció la propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires que prevé una quita de 55% en los intereses, más una reducción del 7 % en el capital con tres años de gracia. La Provincia debe reestructurar una deuda de U$S 7.100 millones.
La misma fue rechazada por los acreedores argumentando que no fue producto de una negociación de buena fe y “contiene elementos coercitivos dentro de su estructura que el Comité Directivo cree que no contribuirán a su amplia aceptación”.
Las feministas de Abya Yala, expresaron en un comunicado encabezado con las firmas de Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo, su rechazo a la reestructuración que propone el gobierno argentino, ya que consideran que la deuda es ilegítima.
“La reestructuración que ahora propone el gobierno argentino, por 68.000 millones de dólares, es sólo una parte de la deuda que Argentina tiene con prestamistas extranjeros. Es decir, las deudas que reclaman el FMI, el Banco Mundial, el BID, se siguen pagando, mientras atravesamos una crisis sanitaria y una crisis social profundísima, que está cobrando todos los días nuevas vidas, no solo por el COVID 19, sino por enfermedades reemergentes, como es el caso del dengue, por la falta de agua en las villas y en las comunidades originarias, por la falta de alimentos, por los altos índices de desnutrición que afectan la vida de miles de niñas/os, por la destrucción del sistema de salud público. Encima, mientras por un lado se sigue pagando, por otro se sigue endeudando, incluso con los mismos prestamistas. ¿Quién debe a quién? ¿Cómo pretenden que creamos que el pago o el canje de la deuda, puede traer “mejores condiciones, o buscar la igualdad” para mujeres y disidencias sexuales?”, afirman.
Asimismo proponen que se investigue de forma independiente cómo se contrajo la deuda y expresaron que hasta no tener un profundo conocimiento de la misma, suspender su pago.
Fuentes: Tiempo Argentino, Clarín, Anred, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, APU, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Infogremiales, Ambito Financiero, Página12