Las negociaciones del gobierno por la deuda, los 20 años del fallo basado en investigaciones de Alejandro Olmos y la necesidad de enjuiciar el mecanismo de endeudamiento permanente, se dieron cita en medio de la pandemia.
Por esas ironías de la historia este mes coincidió la presentación de la cuarta oferta que el ministro Guzmán hiciera a los bonistas tenedores de deuda bajo legislación extranjera y el 20º aniversario del fallo del juez Jorge Ballestero basado en la causa iniciada por Alejandro Olmos. Su investigación y posteriores denuncias demostraron las irregularidades de la deuda externa contraída por la última dictadura militar que instaló el terrorismo de Estado en el país, cuyos efectos aún nos conmueven. El juez Ballestero remitió al Congreso Nacional sus actuaciones para que allí se investigara. Pasaron varios gobiernos, todos en algún momento tuvieron mayoría en las cámaras, pero nada sucedió. El reclamo sigue vigente.
El pasado que no pasa
El historiador italiano Carlo Ginzburg en su ensayo «El queso y los gusanos» trata de establecer un modelo de análisis cultural que se caracteriza por enfocar los problemas desde «la perspectiva misma de las víctimas» de los procesos históricos estudiados. Este modelo de historia crítica, con las salvedades del caso, puede aplicarse a la historia de la deuda desde la dictadura hasta hoy. Veamos:
En 1976 la deuda era de 8.000 millones de dólares; en 1983 saltó a 45.000; para 1989 ya sumaba 63.000; en el 2001 trepó a 144.000 y en 2004 alcanzó a 191.000. Con el canje de 2005 se redujo a 149.000, luego vendría el pago anticipado al FMI por unos 9.000 millones. Los distintos gobiernos que aplicaron el Plan Brady (1991), el Megacanje y el Blindaje (2001) y las reestructuraciones (2005 y 2010), no dudaron en decirnos que a las deudas hay que honrarlas, que entrar en cesación de pagos nos aislaba del mundo en términos financieros y comerciales; que luego de esos canjes y reestructuraciones se solucionaba el problema del endeudamiento y que se abrían las posibilidades para un crecimiento sostenido de nuestra economía.
Los resultados están a la vista. La deuda pública del Estado nacional al 31/12/2019 alcanzaba los 324 mil millones de dólares. De ese total unos 100 mil es deuda tomada en tiempo récord y a muy corto plazo por la administración Macri, pero el resto es deuda de arrastre que se ha reestructurado una y otra vez, sus orígenes se encuentran en aquella deuda contraída por la dictadura genocida de 1976.
Otra lectura
Ahora se esgrimen los mismos argumentos de siempre, que son los argumentos de las clases dominantes, de los gurúes de la City y de los medios hegemónicos a su servicio. Es decir de los ganadores de siempre. Pero siguiendo el modelo de Ginzburg podemos encontrar indicios de que la historia permite otra lectura. Esos indicios se encuentran en la investigación de Alejandro Olmos, que el Congreso ha desestimado una y otra vez. Se encuentran en los cientos de irregularidades que su investigación demostró, que van desde anomalías en la contratación de seguros de cambio, en forzar el endeudamiento de las empresas públicas, en deudas por proyectos de inversión que nunca se realizaron, en el desconocimiento expreso de la Carta Orgánica del Banco Central, en la inexistencia de registros de la deuda tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central, hasta una suerte de libreta negra donde se registraban las colocaciones de reservas en el exterior.
Si se continuaran las investigaciones seguramente se encontrarán muchos más indicios que permitirían caracterizar a esta deuda de fraudulenta, ilegítima y odiosa.
Ahora, si aplicamos el criterio de Ginzburg de estudiar este largo proceso desde «la perspectiva misma de las víctimas» sería suficiente con comparar la evolución del endeudamiento con la de los índices de pobreza, de desempleo, del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, del PBI per cápita y de las desigualdades sociales desde 1976 a la fecha. El balance sería lapidario.
Sacrificio social
Hay mucho escrito, incluso desde esta columna, sobre la negociación en curso. No abundaré más en ello, opto por reproducir un párrafo de una reciente declaración firmada por un numeroso grupo de profesionales, investigadores y docentes de diversas disciplinas:
«Tanto desde el gobierno como desde el FMI se sostiene que la deuda no es sustentable, que no existe capacidad actual de cancelación y por ende se sugiere un proceso de renegociación que involucra posponer cancelaciones de deuda al FMI y a los prestamistas privados, en algunos casos estirando vencimientos y en otros, generando quita de intereses y de capital. En cualquier caso, aún en una «exitosa negociación» el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias. Es un resultado que escamotea a los grandes beneficiarios del endeudamiento, o sea, del uso de los dineros desembolsados por los prestamistas, sean privados o el propio FMI».
La deuda a juicio
La «Autoconvocatoria por la Suspensión de los Pagos y la Investigación de la Deuda», que reúne a referentes de los derechos humanos, economistas y dirigentes sindicales, sociales y políticos, y viene desarrollando tareas de información y esclarecimiento sobre el impacto de la perpetuación de la deuda y la negativa a investigarla, se propuso iniciar un juicio popular e independiente al mecanismo de dominación que contienen tanto la deuda como las relaciones con el FMI.
Este juicio dio inicio el mismo día en que se homenajeó a Alejandro Olmos, evidenciando la necesidad de que al menos esta vez se investigue la deuda eterna. Será justicia.
Juicio popular a la deuda
La Autoconvocatoria ya presentó la estructura del juicio. Contará con 4 fiscales, 2 defensores, 3 peritos, 9 integrantes del jurado y una larga lista de testigos que desde distintas disciplinas -salud, educación, ambiente, trabajo, mujeres y disidencias- expondrán el impacto de la deuda en esas actividades y en su propia vida. Los foros temáticos darán inicio el 27 de este mes y continuarán hasta el 30 de septiembre. En octubre se instalará el juicio y se conocerá el veredicto final. Todo podrá seguirse por Facebook, Youtube y un enlace que se dará a conocer.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).