De entre la multiplicidad y la diversidad de problemáticas que los analistas, tanto de izquierda como de derecha, sostienen de manera permanente en sus agendas de discusión para ofrecer todo tipo de diagnósticos sobre las condiciones imperantes en la vida pública nacional, en tiempos de la 4T, sin duda, aquellos que tienen que ver con las confrontaciones entre el presidente de México y ciertos grupos empresariales en el ramo de la radiodifusión y la prensa escrita son algunos de los que más presencia mediática y mayor impacto político tienen en el día a día, lo mismo al interior del proyecto de gobierno de López Obrador que entre aquellas personas (físicas y morales) que desempeñan sus labores cotidianas en esos ámbitos específicos del uso de la palabra.
De ello dan cuenta, por ejemplo, los reiterados pases de revista que lleva acabo el presidente López Obrador, en sus conferencias matutinas diarias, a un par de periódicos de circulación nacional y a las principales tendencias de discusión en redes sociales (generalmente Twitter) cuando los temas dominantes en uno y otro caso suelen ser sobre problemáticas que el jefe del ejecutivo federal tiende a considerar como puntos primordiales de su agenda de cambio en la conducción de la vida pública en el país. Y, proporcionalmente, a la inversa, de ello también son ilustrativas las respuestas con las que los medios —en palabras de sus voceros y personeros más cercanos— agredidos e intimidados responden luego de ser blancos de las palabras de López Obrador en su palestra mañanera.
Algo similar a lo anterior ocurre, en una línea de ideas adyacente —que de hecho, parece ser la síntesis de lo que se está jugando en esta disputa entre los medios nacionales (y algunos internacionales, como el diario El País), por un lado; y la figura del presidente de la república, por el otro—; en el caso de los dos desplegados emitidos por un conjunto de personalidades —que se asumen o son consideradas en el imaginario colectivo nacional como líderes de opinión o figuras ejemplares en el campo de la discusión y el debate públicos— en los que, por un lado (el de los medios, sus voceros y personeros que se sienten agredidos y/o intimidados) se acusa que la actitud del presidente es la de la encarnación del más despreciable autoritarismo mexicano, enemigo de las libertades republicanas y liberales tradicionales de la nación (en especial de la libertad de expresión); y por el otro (el del presidente mismo) se sostiene que eso de lo cual lo acusan es la inversión y tergiversación de sus intenciones, que no serían otras que las de ejercer ese preciado derecho de libre expresión en el que figuras como Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín se amparan para decirse víctimas del presidencialismo mexicano.
En ese sentido, siendo que las dos partes involucradas en este problema apelan al mismo derecho para justificar, legitimar y defender su posición frente a su opuesto, todo el asunto parece adoptar la forma de un círculo sin posibilidad de solución, en la medida en que el suscribir la postura de una parte supondría el silenciamiento de la otra; y viceversa: legitimar el discurso de cualquiera de los dos términos de la ecuación significaría convalidar la ilegitimidad de la parte restante. El problema de fondo, por eso (y por más que la intelectualidad de la derecha mexicana se niegue a reconocerlo y aceptarlo) tiene que ver con el ejercicio del poder, y no, como hipócritamente hacen creer en sus desplegados «En defensa de la libertad de expresión», con la lucha en defensa del ejercicio de ese derecho a la libre expresión en y por sí mismo.
Históricamente, después de todo, este derecho, como muchos otros propios tanto del republicanismo como del liberalismo (a menudo tradiciones intelectuales, ideológicas y políticas confundidas y asumidas como una misma en tiempos recientes) emergieron como estrategias políticas, ideológicas y culturales de resistencia, oposición y combate a los excesos de los ejercicios de poder practicados por estamentos minoritarios en las sociedades feudales de Occidente; es decir, como garantías de protección y de autonomía relativa ante las instituciones, las leyes, las normas y las prácticas sociales coactivas, restrictivas y constrictivas de, por ejemplo, la realeza, la nobleza y la aristocracia; el clero y el ejército, sobre los comerciantes y el pueblo llano.
Y si bien es verdad que esa historia hunde sus nervios más profundos tan lejos en los tiempos como hace cuatrocientos o quinientos años (cuando dichas libertades dejan de ser intentos aislados propios de personalidades eminentes y comienzan a ser experimentadas de manera sistemática por el grueso de cada colectividad), no es menos cierto que el impulso tomado por esos derechos y esas libertades únicamente terminó por consolidarse en el momento en el que el liberalismo hizo lo propio en tanto que ideología hegemónica a lo largo y ancho del mundo; aunque en el camino sus principales defensores (e incluso algunos detractores) perdieron de vista que el ejercicio de esos derechos no es, por antonomasia, una negación absoluta a todo ejercicio de poder.
Es esa pérdida del sentido de la lucha de la mayor parte de esas libertades (de expresión, de reunión, de protesta, etc.), de hecho, lo que explica que, en el tiempo-espacio presente, en México, el argumento en defensa de la libertad de expresión que vociferan con tanta desesperación los abajofirmantes del desplegado «En defensa de la libertad de expresión», sea a menudo asumido como una postura en defensa de la libertad individual y colectiva frente a un exceso del poder político (en este caso personalizado por López Obrador), pues consideran que la libertad, tomada en y por sí misma, es, así sin más, la negación por antonomasia de cualquier ejercicio de poder. La víctima, por lo tanto, desde su perspectiva, son ellos; y el victimario es, por su puesto, el presidente de la república. El problema es, no obstante, que la postura de López Obrador es análoga a la de estos intelectuales, pues, desde su perspectiva, es él el que constantemente se ve agredido por un poder político de facto que busca silenciarlo, a pesar de ser el presidente de una nación tan numerosa como lo es la mexicana.
En perspectiva histórica, la posición del presidente es, sin embargo, susceptible de ser considerada por el grueso de la sociedad mexicana como ingenua, hipócrita y falsa dado el pasado reciente del Estado mexicano y su sistema político, caracterizado por la vigencia de dos tipos de autoritarismos (el priista y el panista) que, en los hechos, sumieron a la nación mexicana en una guerra sucia, primero; y en una guerra abierta, después; resultando, en ambos casos, en el anquilosamiento de una clase política y empresarial minoritarias, sin escrúpulos, en la dirección y el control del Estado mexicano, que vieron incrementar su bienestar material sistemáticamente a costa de las avasallantes dinámicas de explotación (racial, genérica y de clase) de los estratos mayoritarios de la sociedad.
Es decir, que López Obrador se considere la victima de un poder de facto que intenta silenciarlo, en la conciencia política de esta nación, sin duda es susceptible de ser una postura tratada con escepticismo por parte, por lo menos, de las clases medias, en la medida en que la realidad que millones de mexicanos y mexicanas enfrentaron a lo largo de, por lo manos, los últimos cincuenta años, fue la realidad del más abierto y descarnado autoritarismo político mexicano: el de la guerra y el despojo en contra de las poblaciones indígenas del país, el de la represión estudiantil sistemática, el del desmantelamiento de la lucha obrera y campesina, el de la aniquilación del sindicalismo de oposición, el de la cooptación de los adversarios a través de la corrupción, el de la intimidación política a los intelectuales, analistas y comunicadores que fuesen contrarios a las posturas gubernamentales en turno, el de la desaparición forzada, la tortura y el asesinato de la oposición, lo mismo justificada por medio de argumentos que apelaban a accidentes, a lobos solitarios, a crímenes pasionales, a ajustes de cuentas entre grupos criminales, o similares y derivados.
Por eso, cuando López Obrador se asume como objeto de silenciamiento, los primeros destellos que vienen a la memoria del colectivo nacional son los de los excesos y los abusos de la clase empresarial y la clase gobernante que durante años silenciaron a la oposición porque tenían los medios para hacerlo: el Estado, en toda la extensión del término, era un instrumento a su entera disposición personal, con la garantía de que las reglas no escritas del juego político nacional garantizaban la impunidad de los involucrados en ese aniquilamiento de la crítica. La historia es amplísima, y va desde el actuar de la Dirección Federal de Seguridad, hasta la vigilancia exhaustiva de los contenidos audiovisuales y escritos por parte de la Secretaría de Gobernación; la contratación desproporcionada de espacios en radio, televisión y prensa escrita para agentes del gobierno; el empleo de intelectuales orgánicos (como Octavio Paz y su autoungido heredero, Enrique Krause) para hacerle el juego con críticas que en realidad no afectaban la legitimidad del régimen; el ejercer presión para cerrar espacios de expresión y el despido de comunicadores cuando se desalineaban, y un larguísimo etcétera.
Es así que se explica, entonces, que aquellos y aquellas que en algún momento del pasado (sobre todo del pasado priísta, anterior a los sexenios del Partido Acción Nacional) ejercitaron algún tipo de crítica en contra de ese régimen, hoy se justifiquen y legitimen sus demandas y acusaciones apelando a ese pasado, como si sus propios intereses (personales y/o empresariales), sus posiciones ideológicas, culturales y políticas no hubiesen cambiado en lo más mínimo a lo largo de estas décadas; como si el haber sido de izquierda (o lo que ellos consideran izquierda) en el pasado diese cuenta, en el presente, de su naturaleza aún de izquierda, contestataria y contraria a los abusos y excesos del poder político. Análogamente, al aceptarse esa aparente inamovilidad de las posturas de esos intelectuales, se asume, entonces, que el poder político personalizado por López Obrador es idéntico al personalizado, por ejemplo, por Díaz Ordaz, Echeverría, De La Madrid y así sucesivamente.
Dos son, en consecuencia, los problemas que se presentan con tomar por legitima la postura de los firmantes del desplegado «En defensa de la libertad de expresión» sin mayores reservas a sus argumentos. El primero es que consideran al poder político como una sustancia trascendental, cuya naturaleza es única e inamovible en el espacio-tiempo, pues, sin importar quién ocupe un cargo de elección popular (como la presidencia de una república), el carácter de su poder será siempre el mismo. Y si ello es así, entonces, todo argumento en defensa de la pluralidad y la diversidad democrática, de la sustitución de personalidades en el cargo (no reelección), de la alternancia de partidos políticos y de las variaciones en los planes y programas de gobierno resulta ser absurda, pues, al final, el poder a ejercer se mantendrá intacto, envolviendo con su manto a la persona que ocupe el cargo. Es decir, al afirmar que el poder político es, por antonomasia, un poder corruptor, corrupto y corrompido (nótese la tautología), al margen de toda consideración sobre los contenidos ideológicos y éticos que le den sentido y dirección en un espacio-tiempo determinado, intelectuales como Krause, Aguilar Camín y Denise Dresser, al final, terminan por asumir que todo aquello por lo que luchan como adalides de la democracia, la diversidad y la pluralidad es, en ultima instancia, una farsa, pues no importa cuántos cambios se den en los cargos de elección popular, el poder es siempre el mismo, y siempre es un poder negativo al cual hay que resistir y combatir en todo momento.
El segundo problema de su posicionamiento es que, así como afirman la invariabilidad de la naturaleza y el carácter del poder político, se asumen a si mismos y a sí mismas como individuos monolíticos, que no han variado en lo más mínimo sus concepciones del mundo, sus posturas políticas e ideológicas. Y la realidad de este problema es que dicha asunción es falsa, pues aunque en la era gloriosa del priismo anterior a la alternancia partidista del siglo XXI muchos de ellos y de ellas pudieron haber sido, en grados variables, incómodos e incómodas para ciertas personalidades de la política o, más aún, para un sexenio en general, hoy, esas mismas personas comparten intereses políticos con sectores importantes y fundamentales de la política oficiosa. Por eso, cuando Aguilar Camín o comparsas salen a defender a revistas como Nexos y Letras Libres —argumentando que en los años ochenta y noventa fueron bastiones de la crítica cultura, política y literaria—, lo que no dicen es que las posturas editoriales de esas mismas revistan han tenido cambios abrumadores, que las han hecho transitar cada vez más hacia la derecha (y todo porque su supervivencia depende de los dineros públicos que fluyen a sus cuentas bancarias).
Ambas revistas, por ejemplo, incluso justifican su papel de izquierda en el debate público nacional apelando a que entre sus plumas más reconocidas cuentan con la presencia de antiguos líderes revolucionarios de América Central y del Sur, o de dirigentes obreros, campesinos y estudiantiles de la oposición al priísmo a mediados del siglo XX, como si la historia de México y de América no diesen suficientes muestras de que muchas de esas personalidades y tantas otras, luego de sus momentos de mayor efervescencia revolucionaria, terminaron por alinearse con los regímenes a los que solían criticar, o, simplemente, mudando de piel ideológica, defendiendo políticas que antaño combatían. Krause, Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Roger Bartra —por mencionar sólo a algunos de sus mas destacadas figuras dentro de la intelectualidad nacional— son, sin ir más lejos, ejemplos claros de esos desplazamientos entre la izquierda y la derecha en donde su pasado de izquierda (o de crítica, disidencia, contestación y/o similares y o derivados), incluso si no era de tipo orgánico, por ningún motivo tiene que justificar que hoy sigan sosteniendo las mismas posturas que en aquellos sus años gloriosos de juventud, cuando la verdadera represión y el verdadero autoritarismo del sistema político mexicano les hizo destacar como figuras ejemplares de resistencia y denuncias de los excesos y los abusos del poder.
A esas personalidades, además, habría que recordarles e insistir en hacerles ver que las disparidades del poder político respecto del poder de los medios no son las mismas en el momento presente que hace cuatro o cinco décadas, pues a lo largo de los últimos años han sido los medios y sus personeros y voceros estelares quienes, apelando justo a esa supuesta naturaleza por antonomasia negadora del poder político, han adquirido un papel cada vez más determinante en la conducción de la política de las naciones, logrando influencias, condicionar y/o determinar preferencias electorales, posturas sociales colectivas en torno de temáticas como el aborto y los derechos sexuales y reproductivos, el consumo de estupefacientes etcétera. Creer, en ese sentido, que el intelectual (de la talla de Krause o Aguilar Camín) no cuentan con capacidades de influir políticamente en los rumbos de una nación, sólo por ser intelectual, es una consideración que deja al margen de su análisis los vínculos que su persona, sus negocios (empresas de medios y editoriales), sus productos (revistas, periódicos, cadenas de radio y de televisión, agencias publicitarias, Centros de Investigación) y sus colaboradores sostienen con regímenes políticos específicos, y ante los cuales siempre perciben una contraprestación.
En el extremo del absurdo (aunque de absurdo no tiene nada), piénsese, para dimensionar lo que está en juego en esta disputa, en que la historia de América Latina muestra cómo las agrupaciones más radicales de derecha, que llevaron a encumbrar a dictaduras cívico-militares durante décadas se valieron de la defensa de libertades republicanas y propias del liberalismo decimonónico para incrementar sus bases sociales de apoyo. Y piénsese, en simultáneo, cómo en esas situaciones la izquierda fue incapaz de visibilizar al grueso de la sociedad que esa defensa de esas libertades no se estaba dando en abstracto, al margen de contenidos políticos, ideológicos y éticos específicos, concretos, que hacían que aquello no fuese una luchas de la libertad por la pura libertad, pues toda libertad es siempre relacional: libertad en relación con un actor, un sujeto, una dinámica, una norma, una práctica social situada.
Ricardo Orozco, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México
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